Por: Natalia Bedoya Alcaraz
Giovanni Rivera, licenciado en Ciencias Sociales y Maestro en Historia, hace unos años se vinculó como investigador a la Unión Sindical Obrera (USO) para trabajar sobre los temas que lo movilizaban desde que era universitario: la memoria histórica, el movimiento obrero petrolero y la violencia contra el sindicalismo en Colombia.
A través de diversos aportes para el informe final de la Comisión de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha podido conocer cómo la USO, uno de los sindicatos más grandes y antiguos del país, ha sido una víctima directa del conflicto armado. Su experiencia, además, le permitió aventurarse en la escritura del libro “USO 100 Años: Crónicas de vida y dignidad” que publicó con Olimpo Cardenas el año pasado para conmemorar el centenario del sindicato. Este, recoge aproximadamente 40 crónicas de vida de compañeros asesinados, que fueron escritas durante un año, después de recorrer casi todo el país en su búsqueda.
Según el caso «Verdades inaplazables: violencia antisindical en el marco del conflicto armado colombiano» de la CEV, la USO es el tercer sindicato más violentado después de Fecode y Sintrainagro, hay por lo menos 125 asesinatos registrados desde 1987 hasta 2019, y 865 hechos victimizantes. En todos sus años de investigación, Giovanni ha descubierto que, además del homicidio, estos hechos incluyen torturas, desapariciones, desplazamientos, secuestros y exilios.
Además, también ha podido entender por qué Barrancabermeja, ciudad en la que nació la USO en 1923, ha sido el foco de estas violencias, a pesar de que el sindicato esté activo en otras partes del país: Meta, Arauca, Norte de Santander, Casanare y Tolima son algunas de ellas.
Esta historia de ataque, persecución y violencia antisindical tiene sus raíces en los años 50 cuando el sindicato todavía se movía desde la clandestinidad. Después, la época más difícil para la USO fue entre 1980 y 2005, años que coinciden con las primeras reformas laborales de Ecopetrol y la avanzada del proyecto paramilitar en varias regiones del país. En esta conversación tratamos de develar la relación de la USO como un “enemigo” para estos actores:
Pregunta: ¿Qué tipo de afectaciones han sido las más frecuentes contra la USO en el conflicto armado colombiano y por qué se ensañaron contra ella estas violencias?
Respuesta:, La afectación ha sido tremendamente grande sobre todo porque la USO perdió una generación entera de trabajadores, de cuadros políticos, porque no solamente eran trabajadores sindicalizados, sino que eran trabajadores políticos, es decir, combinaban su labor sindical con su labor política y eso afectó el sindicato porque muchas de las reformas y contrarreformas laborales que se aplicaron al interior de Ecopetrol fueron en parte por toda esa cantidad de asesinatos, porque el sindicato ya no tuvo como responder, ni con huelgas, ni con paros. Esa fue una de las cosas que vimos. Empezó la tercerización, por ejemplo, la subcontratación, los contratos basura, la privatización de Ecopetrol encubierta, porque obviamente el sindicato se veía muy minimizado, que es otro de los objetivos de la violencia, minimizar la acción colectiva.
Y era un foco porque cuando la USO decía que había que hacer una huelga, paraba el país. Tenía un poder real. Nosotros hablamos con los dirigentes más antiguos y de verdad se paraba Barrancabermeja, y se paraba buena parte del país porque no había gasolina.
Otra de las razones es que la USO agrupaba diversos movimientos sociales, cuando decidía parar paraba toda la región. Los diferentes movimientos sindicales se agrupaban en la USO, y claro, se golpeaba a la USO y empezaban también ellos a debilitarse. Un ejemplo claro es Barrancabermeja, “la ciudad roja”, “la ciudad rebelde”, de cultura popular. Uno pasa hoy por Barranca, y ya no es ni la sombra de lo que era hace veinte o veinticinco años, y es por ese tipo de violencia. Los movimientos sociales empezaron a minimizarse, incluso algunos a destruirse. Hay sindicatos que tuvieron que extinguirse prácticamente. La USO sobrevivió porque es muy grande, pero también fue duramente golpeada en ese sentido.
¿De qué otros tipos de actos violentos fueron víctimas los sindicalistas de la USO además del asesinato?
R: En nuestra investigación, dimos cuenta de alrededor de 8 secuestros, 7 desapariciones, también tortura y desplazamientos forzados. Hubo líderes sindicales que no pudieron volver a Barrancabermeja por las amenazas, el exilio también golpeó muy fuerte a la USO. Otro fenómeno fueron los encarcelamientos, las detenciones arbitrarias. O sea, cómo se utiliza el aparato judicial para tratar de encarcelar a los dirigentes sindicales. Vimos, por ejemplo, en los 90 la mal llamada “justicia sin rostro”. Casi 35 compañeros fueron llevados a tribunales de la justicia sin rostro con montajes judiciales. Entonces era asesinatos, exilio, destierro y llevarlos a la cárcel, nosotros decimos que son todas las formas de lucha en contra del sindicato.
Al final la USO contrató un abogado brillante, Eduardo Umaña Mendoza, que descubre el entramado judicial, descubre cómo eran los montajes de la Fiscalía y cómo a los trabajadores se les imputaban los delitos de rebelión y terrorismo. Él descubre al final que era un montaje judicial y lo matan, y meses antes de su asesinato, se dice que lo están persiguiendo, que lo están amenazando y que entre algunas de esas llamadas estaban siendo del corporativo de seguridad de Ecopetrol. Eso al final nunca se investigó, nunca se investigó a Ecopetrol, ni a su corporativo de seguridad, hasta ahora vamos con la JEP a tratar de que Ecopetrol al menos declare cosas.
¿En qué escenarios sucedía esto? ¿Hubo momentos específicos que marcaron la historia de estas violencias contra la USO?
R: Nosotros vemos una correlación y es que cada vez que había una huelga o negociación de un pliego de peticiones, llegaban los asesinatos. Era una correlación huelga y asesinatos, negociación del pliego de peticiones y asesinatos, si no eran asesinatos, eran llevados a la cárcel, esa era la estrategia para no negociar. Es una correlación sobre todo porque las huelgas de la USO eran muy largas, de sesenta o setenta días, por ejemplo. En los Llanos Orientales hubo huelgas de cien y ciento cincuenta días.
Ecopetrol con toda la estrategia, pero a veces los trabajadores no tenían cómo mantenerse. A las huelgas, por ejemplo, se les daba trato militar, no como un conflicto entre Ecopetrol y los trabajadores, se le daba un tratamiento de guerra. Se militarizaban las regiones, incluso el DAS estaba haciendo inteligencia militar. Se allanaban las casas de los trabajadores que estaban en la huelga, había toda una estrategia de violencia también desde el Estado.
¿En qué épocas fue más dura la situación?
R: El periodo más violento contra la USO que pudimos descubrir en nuestras investigaciones es desde 1985 al 2005. En ese periodo son los casi 130 asesinatos, y fue cuando se empiezan a dar todas las reformas laborales, toda esa década fue de aplicación de todo ese recetario de contrarreformas que mencioné. La USO al interior de Ecopetrol se oponía, uno encontraba, en el momento de la investigación en los archivos, que el sindicato sacaba un periódico que se llamaba Frente Obrero y las noticias decían “en contra de la privatización de Ecopetrol”, “en contra de la tercerización”. Y algo que también es fundamental y clave es que ese período también coincide con toda la arremetida paramilitar.
¿Cuáles eran los intereses específicos detrás de quienes agenciaban la violencia? ¿Qué complicidad había entre ellos?
R: Hace tres meses la JEP llamó a un subjefe de seguridad de Ecopetrol que está vinculado con la masacre del 16 de mayo en Barrancabermeja, una masacre con la que empieza la toma paramilitar allá. Nosotros estuvimos desde la USO y el equipo jurídico en esa audiencia, y lo que dice este señor es tremendo. Dice, por ejemplo, que el corporativo de seguridad fue el que facilitó la llegada de los paramilitares a Barrancabermeja, y que eso no solo lo sabía el corporativo de seguridad sino también la junta de Ecopetrol, estamos hablando de 1998. Él dice que sabían y además apoyaban la causa paramilitar. Y dice algo más grave, que golpear a la USO era facilitar la privatización de Ecopetrol, porque la USO era un sindicato tan poderoso que lo impedía, y que para poder llevar las reformas laborales al interior de Ecopetrol había que golpear a la USO, lo dijo así abiertamente.
Entonces por eso uno ya entiende esa violencia contra la USO, no es una violencia aislada, una violencia que aparece un día para otro. Es un proyecto sistemático permanente para debilitar la acción colectiva del sindicato. Y él además dice que, gracias a esos golpes contra la USO, se pudieron llevar a cabo todos los planes que tenía la junta directiva de Ecopetrol para aplicar todo el recetario de privatización y de reformas laborales, ¿Qué intereses entonces? Los intereses de Ecopetrol y de personas cercanas, incluso se hablaba también de empresarios locales en el Magdalena Medio, empresas que tambien tenían intereses en que los paramilitares llegaran a Barrancabermeja.
¿Específicamente el proyecto paramilitar cómo se benefició de eso? ¿Este personaje dijo algo al respecto?
R: Sí, hay otra cosa que se llamaba el “Cartel del tubo”, que era cómo se extraía petróleo de los oleoductos que salían de Barrancabermeja. ¿Qué hacían los paramilitares? Sacaban el petróleo del tubo y con eso se financiaban, entonces él dice claramente, “sí, Ecopetrol lo sabía” y nosotros ayudábamos a que los paramilitares sacaran el combustible. Ahí uno también puede ver esa otra relación, porque el proyecto paramilitar más allá de ser un proyecto político-militar, que es lo que todo el mundo dice, es un proyecto económico.
Yo no sé cuántos millones de pérdidas tuvo Ecopetrol por toda esa cantidad de combustible extraído, pero llegó a comparecer a la JEP porque está involucrado en la masacre, él fue el facilitador de la masacre en las instalaciones del Ecopetrol, allá llegaban los paramilitares a hablar de cómo iban a planear la masacre, por eso lo llaman. Él dice que estaba en Barrancabermeja desde 1968, llegó 10 años antes, conocía toda la región y sabía cuáles eran los movimientos sociales y políticos. Eso habla de que todo esto era una estrategia para tomarse Barrancabermeja, tomarse Ecopetrol y también golpear a la USO, y ese proceso no se da de la nada, es un proceso organizado y pensado desde el Estado colombiano, eso es terrorismo de Estado.
¿Se puede decir que ese era el “pago” de Ecopetrol a los paramilitares?
R: Claro, era parte de toda esa estrategia. Por eso nosotros decimos que Ecopetrol debe responder por esto. Mucho se ha dicho que Ecopetrol tuvo que ver con la financiación del proyecto paramilitar porque tenía el músculo financiero, ¿Qué ha pasado? Pues que es una disputa entre la empresa más importante del país. Creo que hasta hoy es la única vez que se llama a Ecopetrol a comparecer a través de un dirigente de este tipo. Estamos hablando del subjefe de seguridad, nada más y nada menos, pero nunca había sido llamado a pesar de que había testimonios en Justicia y Paz de paramilitares diciendo cosas muy graves, diciendo, sí, Ecopetrol nos prestaba infraestructura, nos daba helicópteros para transportarnos. Lo que dijo Mancuso, que él estaba en la nómina de Ecopetrol y que les daban cien millones de pesos.
¿De qué otras formas se evidenció ese “terrorismo de estado” en contra del movimiento sindical?
R: Imagínate que entre 1990 y 1994 en Barrancabermeja se crea la red de inteligencia 07 de la Armada Nacional. En los últimos procesos jurídicos, en los últimos diez años más o menos, se investigó qué pasaba con ella y se descubre que participó en más de 100 asesinatos en Barrancabermeja y sus alrededores, asesinaban líderes sociales políticos y líderes sindicales. Una red de inteligencia del Estado, de la Armada Nacional, donde estaba vinculado el batallón Nueva Granada del ejército, la Policia y el DAS. Entre esos asesinatos están varios de la USO. En algunos testimonios que podemos ver uno de estos sicarios decía que por un asesinato de un trabajador de la USO se pagaban 200.000 pesos en esa época, porque se veía la USO como un problema, como un objetivo militar “legítimo” supuestamente, y eso es terrorismo de Estado, la concepción del enemigo interno que ha hecho tanto daño porque simplemente cubría toda la cantidad de gente que no opinaba igual o no tenía un proyecto político similar al de las clases dirigentes del país.
¿Y en otras zonas del país en las que también opera la USO cómo se evidenció ese accionar violento?
R: Si hablamos por ejemplo de los Llanos Orientales, allá se ve una cosa muy particular, porque los que hacían huelgas no eran trabajadores directamente contratados por Ecopetrol sino contratistas. Ya no eran los trabajadores directos con todas las garantías, sino trabajadores tercerizados, precarizados. Para los últimos 30 años ese ha sido el lugar, el epicentro de la industria petrolera, pasó de Barranca a los Llanos, y ahí también vivimos formas de violencia, no en la misma cantidad de asesinatos, sino de despidos, vetados, listas negras de trabajadores sindicalistas y un caso bien particular de secuestro que fue el de Gilberto Torres en el año 2002 por parte de paramilitares del departamento de Casanare. Él dura cuarenta días secuestrado y torturado, milagrosamente sobrevive y los paramilitares que lo hicieron dicen que los que dieron la orden fueron las empresas petroleras que, según ellos, pagaron cien millones de pesos por el secuestro.
Aquí hay otra relación, y muestra cambios, primero el Estado, luego Ecopetrol y ahora las empresas petroleras junto a los paramilitares; entonces ellos sí tenían relación con las petroleras y con los militares, específicamente con la Brigada 16. Hace poco la JEP dijo que más de 100 ejecuciones extrajudiciales se dieron en Casanare, estamos viendo si hay información de alguna empresa petrolera que estuviera ahí, pero esas relaciones que son poco conocidas sí existen entre el empresariado, los paramilitares y la violencia antisindical.
¿Cuáles han sido las principales consecuencias para el proceso organizativo del sindicato?
R: Quiero hablar de las familias de los compañeros asesinados, que es uno de los golpes al sindicato que no se tiene mucho en cuenta cuando realmente es una tragedia, porque, primero se asesinó al compañero, y segundo, nunca hubo justicia y mucho menos reparación. Y las que más asumieron toda esa carga de violencia fueron las compañeras de estos trabajadores afiliados al sindicato, fueron las mujeres. La mayoría de las entrevistas que hicimos para estos trabajos son de ellas, que asumieron toda la carga, tuvieron que sacar a sus hijos adelante, tuvieron que salir de Barrancabermeja por amenazas, y es una de las cosas que le hemos dicho a la JEP que hay que reparar. Muchos hijos tuvieron problemas psicológicos, y son cosas que la Comisión de la Verdad ni siquiera dimensiona, que no es sólo el asesinato sino todo lo que eso genera. El señalamiento, por ejemplo, “ah, pero usted es la esposa del compañero que asesinaron, por algo tuvo que ser”, o “ah, es que era de la USO”, porque esa es otra lógica para justificar la violencia.
Además, muchos dirigentes sindicales dejaron de ser dirigentes por el miedo. En un año, la USO tuvo 19 dirigentes asesinados, es una barbaridad. Entonces muchos procesos organizativos quedaron interrumpidos, la relación que tenía el sindicato con las comunidades se interrumpió porque la USO estaba en ese proceso de salvar la vida. Ya no hacían marchas por exigir mejoras laborales, sino para que no los mataran, las famosas “marchas por la vida” que se hacían en Barrancabermeja en contra de estos asesinatos. Muchos procesos se perdieron, reivindicaciones laborales se perdieron. El sindicato ya no tenía cómo seguir organizándose. Es que incluso presidentes del sindicato fueron llevados a la cárcel, y eso lo que hizo fue minimizar la acción colectiva.
¿Y cómo está la USO en esos términos ahora?
R: La USO, obviamente ya no es la de hace 30 años. Es importante, claro, pero ya no tiene esa fuerza que tenía antes por todo lo que lo que ha pasado, porque esas son las consecuencias de toda la violencia estatal y paraestatal a largo plazo. Y no sólo pasó con la USO, es que estamos hablando, según la Escuela Nacional Sindical, de más de 3.500 dirigentes sindicales asesinados. Por eso nosotros hablamos de un genocidio sindical en el informe de la Comisión de la Verdad, de un genocidio que no cesa. Si tu miras qué ha pasado con el movimiento sindical te das cuenta de que la tasa de sindicalización cayó en Colombia abruptamente, pasó de ser 17% a 4%. El presente de la USO es eso, arrastra todo lo que hemos hablado de violencia antisindical, que es un golpe contra la democracia.
Y con la arremetida paramilitar actual en varias regiones del país, ¿Qué podemos decir en términos de amenaza contra el movimiento sindical?
R: Que es cierta, tenemos un caso muy claro y es Barrancabermeja, el Magdalena Medio. Hace unos 15 días yo estuve en Barranca y apareció un panfleto del Clan del Golfo y después otro de las AGC, las mal llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Entonces ya pasó en Barrancabermeja que el proyecto paramilitar sigue vigente en la zona y ahora con más fuerza. Se han presentado asesinatos sistemáticos en los últimos dos años por cosas de microtráfico, pero también de algunos dirigentes de otros movimientos sociales y políticos de la zona.
Hace poco hubo una amenaza con nombre propio frente a una organización de Derechos Humanos muy importante que se llama Credhos.. Entonces vemos como el paramilitarismo ha tomado un nuevo aire y eso ha afectado las formas organizativas, no solo a la USO, sino de otras organizaciones sociales que yo conozco. Hasta el momento se sabe de amenazas a algunos compañeros de la USO. Entre el 2022 y 2023 hubo asesinatos de algunos compañeros en Barrancabermeja y en Puerto Wilches que parecen estar relacionados con paramilitares.
¿Todos estos hallazgos, además de hacer parte de los informes, se materializaron en algunas exigencias o propuestas de reparación?
R: Cuando publicamos el informe a la Comisión de la Verdad hicimos algunas propuestas de reparación. Y a la JEP sí, para ellos hay propuestas que a mí me parecen muy interesantes desde las mismas organizaciones sindicales. Por ejemplo, está la de hacer una universidad en Barrancabermeja, un museo de las víctimas de los movimientos sociales y políticos que han sufrido la violencia; la de crear cooperativas para que al menos las familias tengan proyectos productivos; y también crear un archivo en el Magdalena Medio sobre todos estos movimientos sociales y defensores derechos humanos. También que los archivos de las instalaciones militares en Barranca puedan ser desclasificados. Desde la USO hay otra y es formar una organización de familiares víctimas de violencia antisindical. Es pensarnos qué proponer para reparar, porque obviamente no va a haber reparación individual, financieramente es imposible, el Estado no lo va a hacer, pero sí al menos reparación colectiva.
¿Y en términos de verdad y justicia?
R: Con la con la JEP hay que decir que para los empresarios no es obligatorio la comparecencia, así quedó diseñado, es voluntario. Ahí tenemos un problema enorme. De Ecopetrol, esperemos que por la cantidad de pruebas y de testimonios de paramilitares y militares, pueda llegar a comparecer sobre todo a través de presidentes de la empresa de otras épocas, para la USO sería un posible acto de reparación. Y ya con mandos militares, que sí son obligatorios, nosotros hicimos una lista, entre miembros del ejército, policía y del DAS que han sido mencionados en procesos de asesinatos de compañeros de la USO, y se la pasamos a la JEP y ya va a empezar a llamar.
Obviamente es difícil, porque de pronto dicen “vamos a darles 30 años de cárcel”, y esas no son medidas restaurativas, pero ahí se abre una esperanza al menos. Obviamente estos casos de la USO son difíciles porque hay asesinatos de hace 35 años, y es muy complejo que algunos militares puedan comparecer porque están muertos o por su edad. Además, las víctimas necesitan la verdad, saber por qué, quiénes, dónde, y eso es lo que no se da, en el caso del movimiento sindical hay un 90% de impunidad, por eso digo que uno no alcanza a dimensionar la tragedia humana que esto ha significado, la tragedia social y política.
Finalmente, ¿por qué es importante llevar esta conversación a los talleres, asambleas regionales y a la III Asamblea Nacional en Bogotá?
R: Por un lado, por la importancia de la USO, por su trayectoria vital de más de 100 años, pero también porque muchos de estos temas de violencia antisindical los retomó Gustavo Petro. Hace un año hubo un evento de reparación al movimiento sindical en que él estuvo presente. Eso dio inicio a un proceso de reconocimiento del sindicalismo como víctima del conflicto armado y lo hace la Comisión de la Verdad también, eso no lo había planteado ninguna otra comisión antes.
Se ha abierto una ventana de esperanza para, al menos, dar a conocer lo que ha pasado con el movimiento sindical y por eso es importante hablarlo en este tipo de dinámicas de la USO, para que la gente lo conozca, porque hay mucho desconocimiento, se veía muy alejado. Yo presenté en la asamblea de Cúcuta una ponencia y expuse todo esto que hemos hecho en materia de investigación y hubo mucha recepción e interés en conocer qué había pasado con ese tipo de violencia antisindical. Por eso es importante llevarlo a los territorios, más que a la Asamblea Nacional en noviembre, para que sean las comunidades las que puedan plantear lo que opinan y cuáles son sus propuestas
