Texto: Agenda Ituango
Foto: David Guarín – Revista Raya
“Antes de la masacre, todo el mundo sembraba comida y la vendía, intercambiaba animales con vecinos de otras veredas, se compartían semillas para tener la comida todo el año, la tierra la teníamos para sembrar comida, no había coca” Campesino de El Aro.
Recuperar lo perdido es el anhelo de todas las personas que habitan en El Aro, lo material claro, pero de manera desesperanzadora hablan de la tranquilidad, de la confianza, de las organizaciones e incluso la presencia de instituciones del Estado. Las casi 600 personas que habitaban en el caserío y las veredas cercanas gozaban de la producción y las redes de comercialización que les permitía vivir dignamente.
¿Cómo la masacre barre de plano todo lo existente, población, medios de producción, cosechas, relaciones, organizaciones y confianza?
Sólo la contundencia del ataque, los medios e información que se le brindó al grupo paramilitar, el apoyo no sólo económico sino logístico, garantizó que todo fuera borrado. Hoy, 25 años después, los pobladores no conocen aún la verdad sobre las motivaciones, los autores y quienes siendo del territorio brindaron ayuda económica y logística para que este grupo paramilitar se quedaran en el territorio.
La reconstrucción del caserío, la seguridad para el retorno de los cientos de pobladores que fueron desplazadas, fueron las prioridades de un Estado que llegó en cabeza de los mismos cómplices de la masacre, ¿cómo creer, cómo volver?
Para esta comunidad son 25 años de promesas incumplidas, de una multipresencia desarticulada que no logra generar los impactos necesarios, que logren encauzar y dinamizar la vida de los pobladores.
La sentencia de la CIDH en contra del Estado colombiano por la masacre, proferida en el año 2006, así como la priorización en los PDET, los PNIS, la Zona Futuro del Bajo Cauca y estar ubicado en la zona de influencia directa de Hidroituango, no ha sido garantía para que dicha población vea restablecidos sus derechos fundamentales.
En el marco de la conmemoración de este año, por parte de Agenda Ituango, se programó la Primera Audiencia Pública por la Vida en El Aro, donde EPM, Ministerio de Salud y Protección Social, y la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, escucharon las inquietudes planteadas por la comunidad. Esto en presencia de autoridades del Ministerio Público, Congresistas, organizaciones sociales, líderes de la zona y comunidad en general.
Se abordaron temas estratégicos como la vía de acceso a El Aro, la medida de atención en salud, ordenada al Estado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente la formulación y puesta en marcha del Plan Integral de Reparación Colectiva por parte de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas.
Como hilo conductor de toda la discusión está la reconstrucción del tejido social, del fortalecimiento de la organización social, del empoderamiento de los liderazgos, principalmente de las mujeres y la recuperación de la interlocución de la comunidad frente con Estado.
Primero se hizo énfasis en lo que más preocupa a los habitantes: la vía de acceso, máxime en temporada de lluvias, a lo que se suma la ausencia absoluta de inversión por parte del Estado en el mantenimiento de las mismas; la emergencia climática se siente con mayor rigor en la ruralidad.
Se socializó también una línea de tiempo, donde se evidenció que desde el año 2016 EPM firmó convenios con la Gobernación de Antioquia y el ente territorial para llevar a cabo una obra de gran importancia, y que da cuenta de la responsabilidad social de reparar impactos generados por la construcción de Hidroituango. En la gráfica quedaron registrados los innumerables incumplimientos de la Empresa, por lo cual el primer convenio con la gobernación se venció. De igual forma, los dos años de la contingencia (2018-2019), que termina en octubre de este año, la empresa informó a la comunidad que no cuenta con los recursos para construir la vía (54 mil millones de pesos), según ella porque está en proceso de gestión de ante entidades como la Agencia de Renovación Territorial para cumplir con dicha obra. Es de anotar que EPM reportó ganancias por 23,6 billones de pesos en el último trimestre de 2022.
Queda como compromiso hacer seguimiento, por medio de la veeduría conformada por Agenda Ituango y líderes del territorio, a la vigencia del convenio de la gobernación, la utilidad del predio adquirido para tal fin por el ente territorial, y la vinculación de otros actores como Ministerio de Transporte y Batallón de Ingenieros.
En cuanto a la medida de reparación en salud física y mental, ordenada al Estado colombiano en el fallo condenatorio por la responsabilidad en la masacre de El Aro, el Ministerio de Salud y Protección social, a pesar de la solicitud de brindar una atención diferenciada, descarga esta obligación en el sistema general de seguridad social en salud, ignorando las múltiples barreras, principalmente para las mujeres, a la hora de acceder al servicio. Además del costo del flete (45.000 pesos por trayecto en mula) para salir hasta Ituango, donde el Hospital no tienen como cubrir citas o exámenes especializados, por tanto son remitidas y remitidos a Yarumal o Medellín. A pesar de existir la resolución que exige a las EPS cubrir el transporte para asistir a estas citas, debe legalizarse a través de la constancia del tiquete de una empresa de transporte, mientras que el costo del flete no hay como legalizarlo.
A esto se suma un elemento que es todavía más preocupante, y es que a pesar de contar con un centro de salud, no cuentan con personal y menos implementos básicos para atender una emergencia médica. Según la comunidad, desde hace un año no se lleva a cabo una brigada de salud en el corregimiento, bajo la excusa de los altos costos del transporte. Con relación a la atención psicosocial, esta se viene prestando a través de la Corporación Infancia y Desarrollo, contratada por el Ministerio para tal fin.
Como compromisos, la institucionalidad aseguro que oficiará al Hospital San Juan de Dios de Ituango para solicitar una brigada en el Corregimiento; igualmente revisar con Superintendencia de salud y Ministerio de salud esas barreras de acceso a este derecho por parte de la comunidad, en especial para las mujeres y los adultos mayores.
Finalmente, la comunidad se expresó sobre la formulación del Plan Integral de Reparación Colectiva, responsabilidad de la Unidad de atención y reparación a las víctimas. Son ya 10 años de trabajo y a la fecha no ha comenzado su implementación. Por su parte la delegada de la Unidad explicó que va a ser imposible reparar todo lo que se perdió en la masacre, pero que a través del plan se han priorizado tres proyectos productivos: ganado, gallinas y café. Además aseguró que se gestionó un material para el mejoramiento de las viviendas, pero el costo en el ingreso no ha posibilitado que se haga la entrega.
Como conclusión principal de la jornada es el descontento e indignación de la comunidad por estos 25 años de olvido, si bien no se logrará recuperar todo lo perdido en la masacre, es importante que el Estado brinde las garantías necesarias para que sus derechos sean restablecidos y sus principales necesidades cubiertas.
Es también importante que se fortalezca la Junta de Acción Comunal en su capacidad, no sólo de gestión sino de ejecución, al igual que la veeduría a los distintos proyectos que llegan al territorio, ya que la multipresencia por fuera de una agenda o plan de vida comunitario se queda en acciones puntuales, que además muchas veces genera rivalidades entre la comunidad por algunos recursos.
