Por Juan Alejandro Echeverri
SILOÉ, CALI – A lo largo del camino hecho con ramas de bambú, hay una serie de fotografías que recrean una línea de tiempo visual de la dolorosa brega por la verdad y la justicia: las primeras caminatas por la comuna 20 de Cali, los plantones, el registro de las primeras dos sesiones del Tribunal. Al recordar lo que la fuerza represiva del Estado les quitó y lo que han hecho para que los responsables respondan, se encharcan —una vez más— los ojos y el silencio nos ahoga. Yohanka León del Río, la magistrada cubana, nos redime con sus apuntes oportunos y enternecedores. Nos advierte que por el camino están revoloteando mariposas, y que para nuestros pueblos originarios las mariposas simbolizan el alma de los guerreros que combatían contra la injusticia.
Mañana, 14 Magistrados y Magistradas de Argentina, Cuba, Alemania, México, Portugal, Bolivia y Estados Unidos, familiares, amigos e integrantes de colectivos y organizaciones sociales, condenaran de manera simbólica al Estado colombiano por la estrategia letal que utilizó para acabar el estallido social de 2021 en Siloé, uno de los 35 puntos que se levantaron en Cali contra el hambre, la desigualdad y la desesperanza.
Hoy, en este encuentro íntimo, algunas familias de las victimas conocerán los pormenores del fallo condenatorio. La sentencia tiene más de 50 páginas, pero lo más valioso son las lecciones del proceso que lo hizo posible. De parte de esa familia extendida que conformó el Tribunal Popular de Siloé, las familias recibieron la empatía y solidaridad radical que esperaban del Estado. “Yo ya no lucho solo por mi hijo, lucho por los 44 jóvenes asesinados en Cali durante el estallido social, por todos los asesinados en Colombia”, dijo Abelardo Aranda, padre de Michael Andrés Aranda, asesinado por la fuerza pública el 28 de mayo de 2021, cuando se cumplía un mes del paro nacional.
La sentencia, leída de manera formal el 20 de febrero en el colegio Eustaquio Palacio, documentó 18 hechos que ocurrieron en Siloé entre el 28 de abril y el 19 de junio de 2021. Durante esos 46 días, 16 personas fueron asesinadas, 6 fueron victimas de tentativa de desaparición forzada, 74 víctimas de tortura y tratos inhumanos, 48 heridas con arma de fuego, 73 detenidas de forma arbitraria, 94 amenazadas o estigmatizadas. En total fueron 159 las víctimas, las cuales pueden serlo de una o varias modalidades de violencia. Según la sentencia, “la apelación a la violencia por parte del Estado en Colombia tiene una magnitud diferente a la de cualquier otro país de América Latina. En Colombia el régimen democrático se mantuvo formalmente, aunque en la acción política predominó la lógica de la guerra y el recurso al estado de sitio fue casi permanente”.
El equipo de Magistradas y Magistrados condenó y responsabilizó de los hechos a Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia; a Diego Molano, exministro defensa; a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación —por no darle celeridad a los procesos investigativos—; a Eduardo Enrique Zapateiro, excomandante general del Ejército en retiro; a Hoover Penilla, subdirector de la Policía Nacional en retiro; a Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca; a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali; a Juan Carlos Rodríguez, excomandante de la Policía Metropolitana de Cali; a Juan Carlos León, brigadier que reemplazó a Rodríguez —mas no su actitud represiva—; a Edgar Vega, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali; y a Néstor Fabio Mancilla, comandante del grupo de operaciones especiales de la Policía de Cali. El Tribunal también reconoce que “muchos de los autores materiales se encuentran por identificar debido al contexto en que ocurrieron los hechos, el temor de las víctimas, y la falta de actuación oficiosa de entes investigativos en Colombia que tienen el deber de realizar esta determinación de responsables”
Pese a que la sentencia no tiene un carácter vinculante en la justicia ordinaria, es una manera de romper el silencio político y social, de denunciar el daño colectivo y sus implicaciones ideológicas, de impedir que lo sucedido sea tirado al pozo de la desmemoria nacional, de reivindicar la digna rabia, de dignificar el nombre de quienes fueron asesinados, de recordarle al Estado que no puede asesinar un joven por tirar una piedra: “Esta Sentencia se profiere acudiendo a la ética ciudadana, la que nos compromete a la búsqueda de la verdad, la exigencia de justicia y reparación integral con garantías de no repetición, para que Nunca Más ninguna otra persona en ningún lugar del planeta sea sometida a aberraciones indignantes tras la acción u omisión de los Estados”.
Que la muerte pueda llegar primero que la justicia es ley en Colombia. El Tribunal Popular de Siloé finalizó una etapa que da inicio a otra, tal vez más fatigante que la anterior. Los avances penales y judiciales se han estancado. El aparato investigativo castiga a la víctima. Dilata los procesos, les desmoraliza, y premia con la impunidad al victimario. El Tribunal ya siente los efectos, una de las familias más activas se ha marginado del proceso.
El miedo también es un riesgo ocasional y latente. Las Magistradas y Magistrado calificaron el actuar de la fuerza pública y las autoridades como un “genocidio continuado contra la juventud y sus formas organizativas”. La estrategia de disciplinamiento puede no terminar allí. Las familias, y el Tribunal mismo, han recibido hostigamientos y amenazas de diversa índole. Cuando es la verdad la que está en disputa, hay quienes optan por reprender también a quienes hacen todo por ella; por enterrar vivos a los sobrevivientes.
El drama familiar tal vez nunca acabe. Algunas familias sufrirán viendo a sus hijos con invalidades para toda la vida, y tendrán que batallar con un sistema de salud indolente. Otros, como en el caso de Abelardo, deben lidiar con el reproche de sus seres queridos: “Yo quisiera estar en esta lucha las 24 horas, pero mi hija me dice ¿papá, a usted se le olvidó que yo estoy viva? Mi esposa a veces me pregunta ¿mijo, por qué nos metimos en esto? Son muchas las preguntas que uno se hace por la noche”.
De momento, Erika, Omaira, Italia, Blanca, Jenny, y Abelardo seguirán haciendo sus caminatas por la memoria el primer sábado de cada mes; cuantas veces sea necesario hasta que le tuerzan el brazo a la injusticia. Pues, como lo dijo Yohanka en otro espacio informal, cuidar la vida es un arte, y por ahora esa tarea no puede encomendársele al Estado.
*Si quiere leer el resumen de la sentencia: Resumen Sentencia TPS 20F
