Por Caribe Investigación*
Protección de la vida
Enhorabuena el Ministerio del Ambiente decretó la ampliación de más de 172.000 hectáreas para la zona de protección del Parque Natural Sierra Nevada de Santa Marta, que sumaría hoy más de 573.000 hectáreas, el más grande del Caribe colombiano.
La noticia tiene varios elementos que se deben resaltar: se da luego de un diálogo genuino celebrado entre el Gobierno y las cuatro comunidades indígenas que habitan el territorio ancestral (koguis, kankuamos, wiwas y arhuacos). La decisión pretende salvaguardar la cultura de estos cuatro pueblos, preservar la vida en general (incluyendo reservorios de agua), y frenar los proyectos extractivos mineros, de represas, agroindustriales o de turismo.
Esta decisión no es aislada, se suma a otras de carácter nacional como la reciente suspensión del proyecto de una base militar de Estados Unidos en Gorgona; o la suspensión de la entrega de contratos de gran minería a cielo abierto para el sector carbón, anunciada en diciembre pasado por la Agencia Nacional de Minería.
Todas estas medidas parten del principio de respeto y defensa de la biodiversidad de Colombia y del diálogo del Gobierno con todos los actores y sectores del país, algo que irrumpe con esperanza en un país expoliado y saqueado por las transnacionales mineras durante décadas.
Se suma en este sentido los ejes sobre los cuales trabajará el Gobierno para garantizar la transición energética, son cinco en total y todos apuntan a la descarbonización y diversificación de la economía (potenciar el turismo, por ejemplo). Una señal clara de hacia dónde vamos, aunque aún sin definiciones de hojas de rutas de cómo se desarrollarán estos ejes.
Vale debatir, por ejemplo, cómo será el desarrollo de los minerales críticos (cobre, cobalto y litio), indispensables para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, pero con impactos medioambientales y territoriales. Recordemos que hoy las transnacionales están migrando de negocio, pero no de lógica, y América Latina está en la mira del denominado extractivismo “verde”.
Maquinaria narco paramilitar
Un tema que sigue ocupando la agenda pública del Caribe tiene que ver con la violencia en todas sus dimensiones: auge, control y gobernanza paramilitar, inseguridad en las principales ciudades del Caribe, guerra entre bandas delincuenciales, sicariato, microtráfico de drogas, extorsión a pequeños comerciantes y amenaza y asesinatos de líderes sociales.
En solo una semana tres líderes sociales fueron asesinados en la modalidad de sicariato. Primero a Jeison Jácome en Cesar, luego a Néstor Martínez en La Guajira y por último al líder Miguel Arrieta en Atlántico, conocido cariñosamente como el “Pibe” soledeño.
A la muerte del “Pibe” soledeño le antecedió una masacre registrada el martes 14 pasado en el barrio Los Almendros de Soledad, o el atentado a bala registrado contra la residencia del
diputado por el departamento de La Guajira, Miguel Felipe Aragón; o las incesantes amenazas extorsivas que reciben los pequeños comerciantes y tenderos en el Atlántico, o la renuncia del gerente interventor de la Empresa de Servicios Públicos Acueducto y Alcantarillado de Valledupar (Emdupar) por las amenazas de muertes recibidas para que abandonase su labor de rescate de la empresa.
Más grotesca fue la comunicación atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por medio de la cual amenazaron a toda la dirigencia del Pacto Histórico en Sucre: “hemos declarado objetivo militar a los líderes del grupo guerrillero del Pacto Histórico de Sucre”, rezaba el documento. La dirigencia del Pacto aseguró en un comunicado que la autoría intelectual del documento era de las estructuras políticas tradicionales del departamento que buscan disminuir las posibilidades del Pacto en las próximas elecciones regionales. Más claro no canta un gallo.
En resumen, se ha incubado en el Caribe un ambiente de violencia con un claro mensaje de terror e intimidación dirigido a quienes defienden el territorio, que afecta los liderazgos sociales e impacta a los sectores vulnerables, mientras tanto crece el paramilitarismo, como denunció el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver: “el tal cese al fuego y de hostilidades no existe. Tenemos las mismas dinámicas de violencia en la región Caribe y estamos desesperados con ese tema del Clan del Golfo”.
- La lucha y movilización social se mantiene.
A pesar de la violencia, la lucha y movilización por la defensa del territorio se mantiene. Un hecho clave de la semana tiene que ver con el reconocimiento que hiciera la JEP al sindicato Sintramienergética como víctima de la violencia colectiva, cuya responsabilidad recae sobre la multinacional Drummond.
Es una lucha que se refleja en otros escenarios, como la titánica pero no imposible reparación colectiva que reclaman 60 comunidades del Cesar, víctimas de masacres, desapariciones o desplazamientos en las últimas décadas; o en la manifestación de apoyo de centenares de simpatizantes del gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, quienes fueron reprimidos por la fuerza pública.
También en el Cesar los estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz, iniciaron un paro de una semana para exigir la modificación del modelo educativo, mientras que transportistas boquearon la Troncal de Occidente en Sincelejo (quedó incomunicada Sincelejo de Barranquilla, Montería y Cartagena), para presionar a las autoridades locales por acuerdos incumplidos en materia de operaciones y tarifas.
Luchas y movilizaciones que de manera ascendente, aunque a veces de forma aislada, van ganando terreno en el panorama caribeño con reclamos y exigencias precisos: defensa del territorio y el ambiente, para denunciar corrupción, exigir derechos en general, denunciar desplazamientos amenazas, o la alianza capital privado nacional o internacional con el paramilitarismo.
Golpe a la corrupción
Dos hechos de corrupción fueron claves esta semana en la agenda pública del Caribe. Por un lado, destacan las capturas del alcalde Maicao, Mohamad Dasuki, el ex alcalde de esta entidad José Carlos Molina, la tesorera del municipio Jazmín Rivero y otros dos funcionarios por irregularidades en contratación y falsificación de documento en celebración de contratos.
El otro tiene que ver con la construcción del Hospital de La Loma, un elefante blanco que terminó costando 80% más de lo esperado. Desde 2015 se vienen denunciando los retrasos en esta obra, y los responsables directos de este elefante blanco son el ex gobernador del Cesar Luis Alberto Murgas, Luis Alberto Monsalvo, y otras autoridades relacionadas directamente con la obra.
Dos lecturas para cerrar: La Guajira sigue en la espiral de inestabilidad institucional con la captura del alcalde de Maicao, son más de 20 años de capturas o destituciones de alcaldes de Maicao o Riohacha o gobernadores del departamento, involucrados en hechos de corrupción, crimen o alianza narcoparamilitar. Lo del Hospital de La Loma es sintomático de una región donde clanes mafiosos, en alianza con empresarios, han desfalcado el erario sistemáticamente sin que nada cambie al respecto.
