Por Caribe Investigación
En el Caribe colombiano vivimos sitiados. No hace falta leer la prensa o citar los aterradores informes sobre el incremento del paramilitarismo, de las bandas criminales o del narcotráfico para corroborarlo. Se respira en las calles el tufo de la violencia.
La más reciente Encuesta Pulso Social del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) arrojó resultados que hablan por sí mismos. En las siete principales ciudades del Caribe los indicadores de inseguridad son alarmantes. En Cartagena y Valledupar más de 80 % de los consultados respondió sentirse inseguro o muy inseguro al caminar solos de noche, mientras que le secundaron Riohacha (79,8 %) y Barranquilla (75,3 %), y le siguieron Sincelejo con 68,2 %, Santa Marta con 60,9 % y Montería con 57,3%.
De 35 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en 2023, once corresponden al Caribe (32 %) según Indepaz. Al corte del 24 de marzo, se han registrado 27 masacres en el país de las cuales once sucedieron en el Caribe (40%), y de este último porcentaje el Atlántico encabeza la lista con cinco masacres (45,5 % del total de la región).
Si revisamos el contexto, encontramos que el paramilitarismo, encarnado principalmente por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), aumentó en presencia y control en el Caribe como indica el informe Desafío a la Paz Total publicado en noviembre pasado por Indepaz.
Entre 2016 y 2021, indica la investigación, las AGC han mantenido presencia permanente en 23 municipios de Córdoba y doce de Sucre. El narcoparamilitarismo, especifica Indepaz, afecta 93 % de los municipios de Córdoba, 81 % de Sucre, 60 % de La Guajira, 57 % del Atlántico, 56 % del Cesar y 43 % de Bolívar.
En este contexto de violencia, inseguridad y guerra, masacres, guerra entre bandas y entre paramilitares y/o narcoparamilitares, las poblaciones más vulnerables y empobrecidas son las más afectadas (pequeños comerciantes, conductores de transporte, mujeres, comunidad LGBTIQ+, juventud, líderes, indígenas).
La tercera ola de violencia
Especial atención merece el Atlántico, golpeado ferozmente los últimos años por la delincuencia común, el narcotráfico, la extorsión y el sicariato; y también por la corrupción policial y judicial, como reconoció recientemente el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria.
Este escenario de guerra solo es comparable con la toma del Atlántico que hiciera las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de 2000, cuando el departamento padeció una ola de asesinatos, extorsiones y masacres, con lo cual crearon la necesidad del servicio seguridad, como bien recoge El Tiempo en el reportaje “Así fue cómo los paramilitares se tomaron el departamento del Atlántico”, publicado el 3 de febrero de 2007.
“Primero atracaban las tiendas, hasta mataban sin razón, para crear la necesidad del servicio de seguridad. A los días pasaban pidiendo la cuota y el que se negaba tenía que irse”, cita El Tiempo a un comerciante, mientras precisa que solo en el 2000 los tenderos asesinados fueron 26.
Al igual que hoy, en aquella década los líderes políticos del Atlántico, en su gran mayoría, se desentendieron de tan atroz arremetida o eludieron sus responsabilidades, mientras arreció la persecución contra sindicalistas, profesores universitarios, estudiantes y líderes sociales.
La violencia va escalando y las economías de la muerte y la “necropolítica”, como escribió recientemente el senador Iván Cepeda Castro, se han entronizado en las principales ciudades del país y del Caribe. Estamos en pleno comienzo del tercer ciclo de violencia, mientras el Gobierno hace esfuerzos por llevar adelante una propuesta de Paz Total criticada muchas veces con válidos argumentos, pero también deslegitimada, atacada y saboteada desde los sectores tradicionales y mafiosos del poder.
“Mano firme, corazón grande”
Lo que sucede en el Caribe en materia de violencia se vive también en el Pacífico. Precisamente las dos regiones donde mayoritariamente votaron a favor de la propuesta de cambio del Pacto Histórico.
Y esto habría que enmarcarlo en el contexto de una campaña nacional que busca alentar la indignación no solo de los votantes de la derecha, sino también de aquellos que, esperanzados, tomaron las banderas de Petro.
Esta estrategia caló hace dos semanas en las redes sociales bajo el lema “Libertad y Orden” y apunta a exacerbar la desesperanza, como explicó el experto en comunicación política Carlos Andrés Arias en entrevista con El Espectador.
El peligro radica en posicionar la violencia e ingobernabilidad como responsabilidad absoluta del Gobierno y sus escasos ocho meses de acción, de cara a las elecciones de octubre para vender la solución a tan gris panorama: el regreso de la seguridad democrática de Uribe, la “mano firme, corazón grande”.
“Se trata de un motín simbólico, un golpe de Estado blando… Estoy de acuerdo parcialmente con lo que dice sobre una crisis institucional, pero no creo que haya todavía un resquebrajamiento del Estado, sino que estamos frente a la advertencia de que ese resquebrajamiento puede presentarse en el futuro, en particular en las elecciones de octubre”, advirtió Arias.
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