Por Caribe Investigación
La última semana de abril se perfiló como tendencia en el Caribe la movilización social para defender, reclamar y exigir derechos, en el contexto de la conmemoración del tercer año del levantamiento nacional popular. Al mismo tiempo se profundiza el proyecto paramilitar en todo el Caribe para frenar el auge social. La agenda pública en general sigue destapando la herencia de injusticias sociales y económicas, la ausencia de derechos a los presos sociales y políticos, inseguridad y violentización del Caribe.
Energías renovables: ¿cambio de matriz o defensa de la vida?
Desde la instauración del modelo económico neoliberal en Colombia, distintos gobiernos y medios defensores del Establecimiento han procurado afianzar la idea de que las consultas previas, libres e informadas a las comunidades étnicas, indígenas y afros, un derecho constitucional, son un factor de atraso para desarrollo minero, energético y económico del país.
En una reseña de una tesis de maestría publicada en El Espectador el pasado 24 de abril se reafirma esta premisa. Bajo el título “¿Dónde poner proyectos renovables a gran escala en Colombia?” tratan de concluir, después de evaluar el estado de los proyectos, en que territorio se pueden adelantar los proyectos de energías renovables y en qué condiciones.
Refiriéndose al proyecto Colectora en La Guajira, línea de transmisión que llevará la energía que producirán las plantas solares y eólicas de La Guajira y Cesar al sistema interconectado, afirman que el atraso “se debe a las numerosas consultas que se han debido de hacer”.
Este es el enfoque principal de la tesis denominado restricción; la mayoría de los medios tradicionales la repiten sin ni siquiera mencionar las objeciones de las 224 comunidades que habitan en el territorio.
Según el análisis “una restricción es una condición que impide que un cierto tipo de proyecto se haga en un territorio. Una de ellas puede ser la existencia de un resguardo indígena”. “¿A qué le daremos más importancia? ¿La última hectárea de bosque húmedo tropical o la última familia indígena?”, se cuestiona el autor de la tesis de maestría citada por El Espectador.
Neoliberalismo puro que hoy se disfraza de minería verde (nueva era extractivista) y transición energética que, a duras penas, solo apunta al cambio de la matriz energética. No se trata de elegir la muerte de un territorio de vida para que cobre vida un proyecto que, a final de cuentas, solo reproduce el interés del capital: reproducción de dinero.
Ante el atraso de tres años en la Línea Colectora el autor afirma que son más rentables los territorios de Bolívar, Santa Marta, Sucre y Córdoba para proyectos renovables, aunque alerta que otro factor importante de “restricción” pueden ser las alcaldías y gobernaciones.
De fondo existe una disputa por la gobernanza territorial que irá creciendo, el objetivo es garantizar el control de los territorios para el capital.
El reciclaje del paramilitarismo
No debe pasar por alto la reciente entrevista realizado por El Espectador al padre jesuita Javier Giraldo Moreno, defensor de los derechos humanos y sabio conocedor del paramilitarismo como política de Estado.
Al ser interrogado acerca de si los paramilitares tienen bases sociales Giraldo responde sin dudar: “Yo creo que sí tienen una base social. Por ejemplo, en San José de Apartadó, Urabá antioqueño, han cooptado la mayoría de juntas de acción comunal y muchos de sus líderes caminan con ellos… No sé cómo estuvieron las marchas del 9 de abril, pero me inclino a pensar que fueron exitosas porque tienen un dominio territorial muy grande. Lo han construido con el apoyo de la Fuerza Pública, al principio iban con el mismo uniforme patrullando por las veredas, Ejército y paramilitares, cocinaban juntos, planeaban las masacres juntos”.
Más adelante el padre Giraldo asevera que “la presión de la comunidad internacional hizo que se transformaran esas relaciones, se camuflaron. Incluso quisieron eliminar el mismo nombre de paramilitares”.
Esta entrevista debe ser ampliamente estudiada y difundida, así como todos los ensayos que ha escrito Giraldo Moreno.
Queda explícita una breve pero profunda explicación del significado del paramilitarismo, que cuenta con el apoyo y respaldo de los poderes regionales para lograr un mismo objetivo: someter a las población por distintos medios y gobernar garantizando triunfos electorales producto de la parapolítica. Todo el Caribe colombiano sigue bañándose en sangre.
Cartagena, entre el turismo y la mafia
Llama la atención la cobertura que se le ha dado este año a la explotación sexual, tema oculto por la agenda mediática tradicional pero ampliamente conocida por la gente.
Los tentáculos de las mafias, un verdadero revuelto empresarial, sicarial y paramilitar, han copado a toda Colombia de la mano de una oligarquía ambiciosa que convierte en negocio todos los hilos de la sociedad. Hasta la sexualidad han corrompido y convertido en una mercancía, que es objeto de insaciable de explotación.
En una reciente operación realizada en Bogotá “descubrieron” las atrocidades de la explotación y esclavitud sexual con ribetes parecidos a lo que sucede en ciudades caribeñas como Cartagena. Pero es una realidad nacional. Para el capitalismo no hay ningún límite cuando se trata de amasar dinero.
Por lo general el jefe de una red les quita a las mujeres (jóvenes, extranjeras y vulnerables) 60 por ciento de lo producido. El 40 por ciento restante las mujeres lo tienen invertir en pagar arriendo del sitio, la limpieza del mismo, multas por pasarse del tiempo y toda una cadena de cuentas que dejan a las explotadas en peores condiciones, con afecciones psicológicas y físicas irreversibles.
Conflicto social y precarización de la vida
La comunidad wayuu de Santa Clara, Riohacha (La Guajira), volvió a movilizarse para defender su territorio ante la violenta orden de desalojo ejecutada la semana pasada por la Policía Nacional bajo las órdenes del Distrito.
Esto obligó a la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) a denunciar la actuación violenta del Esmad en ese ilegal e ilegitimo desalojo que va a deteriorar aún más la situación de hambre, injusticia y muerte del pueblo wayuu.
Esta lucha por permanecer en el territorio a pesar de la arremetida del Distrito de Riohacha, seguirá creciendo dada la gran capacidad de resistencia de la comunidad y la solidaridad nacional e internacional que ha despertado.
Mientras tanto, el suspendido alcalde de Riohacha, apareció en redes sociales no para pronunciarse sobre los desalojos que auspicia su gobierno, sino celebrando en modo parranda en el Festival de Vallenato. Un descaro de autoridad.
En tanto, también desde las tierras guajiras los trabajadores de las Salinas de Manaure se declararon en asamblea permanente dada las múltiples violaciones a los derechos colectivos consagrados en el Pacto Convencional suscrito con la empresa. Es reiterativo que los empresarios pacten convenciones para desactivar la organización y movilización de los trabajadores, pero no cumplen con ningún punto de lo acordado; tal como ha sucedido en Colombia con los acuerdos de paz.
Por su parte, comunidades de la Sierra Nevada volvieron a bloquear la Troncal del Caribe por los problemas de los servicios públicos, sobre todo por las carísimas tarifas del servicio de energía que presta la empresa Air, que igualmente castiga a los usuarios con baja calidad del servicio.
En el Atlántico, a pesar de la violencia de los últimos meses, comunidades de Malambo bloquearon varias vías para exigir precisamente garantías para preservar la vida ante la ola de sicariatos y extorsiones que sufre el municipio. Es una constante en todo el Caribe: bloqueos de vías para reclamar derechos o el cumplimiento de acuerdos con autoridades regionales o nacionales.
Pero la precarización de la vida se manifiesta de distintas maneras en el Caribe, que es en todo caso el principal motivo de las movilizaciones sociales. Por ejemplo, las condiciones de reclusión en las cárceles del Caribe rayan en el hacinamiento y la violación de derechos humanos.
Señala un editorial de El Heraldo que en la Estación de Policía de San José, en Barranquilla, están recluidos 166 personas “en ese reducido espacio con capacidad para solo 6 personas, por lo que el hacinamiento supera 2.600 %. Igual situación, absolutamente inmoral, se registra en el CAI de La Victoria, donde en un área para 3 seres humanos se apiñan 62, sobrepoblación del 2.000 %”.
Esta es la situación de Barranquilla, del Atlántico, del Cesar, Sucre, de todo el Caribe colombiano y del país. Una gravísima violación a los derechos humanos de todos los privados de libertad.
La precarización de la vida en el Caribe se sigue manifestando en los hogares. Según la reciente Encuesta Nacional de Calidad de Vida de los hogares colombianos, revelada por el DANE, 25,7 % de los hogares de Bolívar viven en arriendo o subarriendo.
El arriendo o subarriendo en el Caribe se ha convertido en un lucrativo pero despiadado negocio, a veces familiar, pero en la mayoría de las veces manejado por grandes “casatenientes” urbanos que al igual de que los terratenientes del campo se han apoderado de grandes extensiones de tierras urbanas y explotan el derecho a la vivienda.
A pesar de la permanente tragedia que sufre el Caribe, y precisamente como un inicio para superar esta crisis, el gobierno nacional comenzó a lanzar pinceladas para transformar la mal llamada economía del rebusque, ahora denominada y categorizada como economía popular con el objetivo de fortalecer la vida económica de manera digna de la mayoría de las poblaciones del Caribe.
De allí que se celebrara el pasado miércoles el primer encuentro de tenderos y pequeños comerciantes de la economía popular en la ciudad de Valledupar, en el cual participó el presidente Petro. Queremos destacar algo adicional expresado por Petro: fortalecer la economía popular con la creación de un fondo crediticio muy blando para desplazar los despiadados, inhumanos y criminales gota a gota extendido en el país.
Excelente iniciativa, buena intención. Aunque faltan detalles para saber cómo funcionará, en qué se invertirá y cuál será el cronograma para hacerle seguimiento y aportar para su fortalecimiento y crecimiento.
