Por Caribe Investigación
La criminalidad en Barranquilla no tiene freno. Los niveles de violencia narcoparamilitar registrada en esta ciudad y su área metropolitana, así como en el Atlántico, se ha convertido en un asunto de Estado dada a la inercia e ineptitud de la clase dirigente que ha gobernado este departamento desde hace dos décadas.
La Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) anunció días atrás que entre enero y abril de 2022 en la capital atlanticense y su área metropolitana la extorsión a comerciantes se incrementó 443 por ciento, frente al mismo periodo de 2022. Si la cifra espanta, tomemos en cuenta que Asocentro habla de un subregistro que puede ubicar la extorsión en 700 % de aumento.
Delitos como el hurto a personas, a residencias y de motocicletas también se incrementaron: 26 %, 35 % y 7 % respectivamente. Las cifras fueron publicadas inicialmente por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla.
El primer fin de semana de mayo se registraron ocho muertes violentas y tres personas heridas en Barranquilla y su área metropolitana. De las 34 masacres registradas en todo el país en lo que va de 2023, cuatro sucedieron en el Atlántico según el conteo de Indepaz, es decir, 11,8 % del total nacional.
Sumemos a este panorama criminal las cobardes amenazas que paramilitares vienen haciendo a docentes de varios municipios del Atlántico, los sicariatos y la guerra por el control del microtráfico y las rutas exportación de drogas entre bandas y narcoparamilitares.
El Atlántico parece tierra de nadie. Hablando de tierra, el abogado Miguel Ángel Del Río se quedó corto al denunciar las mafias judiciales del departamento en torno a litigios por tierras. En entrevista con El Heraldo, la magistrada y presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Magda Acosta, amplió lo ya expuesto por Del Río, y de manera mordaz y sarcástica aseguró que el “Atlántico es el Disney de los estrados judiciales. Aquí tus sueños se hacen realidad”.
En resumen, según cada uno de los casos citados por la magistrada, varios de ellos en torno a litigios por la tierra, el Atlántico se convirtió en tierra de nadie, o mejor dicho en tierra de los que tienen poder. La justicia fue asaltada por grupos de togados, jueces y fiscales que se equiparan en corrupción al clan mafioso Char.
Mientras tanto el negacionismo de las principales autoridades de Barranquilla raya en el descaro y la falta de empatía con los que sufren a diario extorsiones, robos, intimidaciones o amenazas y/o acoso judicial.
Lafaurie, paramilitarismo y negacionismo
El mismo negacionismo de los dirigentes del Atlántico lo encarna José Félix Lafaurie, quien el pasado lunes 8 de mayo escribió una columna titulada “Las narrativas del odio”, con la cual negó la presencia de paramilitares en Codazzi, Cesar, en alusión a un reportaje escrito recientemente por el periodista Alfredo Molano Jimeno, al cual también calificó de sesgado.
Y la violencia del Atlántico tiene su espejo en el municipio Codazzi y toda la Sierra Nevada de Santa Marta. Medios locales y/o alternativos como El Pilón, Radio Guatapurí, Consonante, la Plataforma para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos en la Sierra Nevada, vienen registrando y constatando el crecimiento paramilitar en el territorio, el incremento de asesinatos y amenaza a líderes sin que el Estado haga absolutamente nada.
En todo caso Molano Jimeno refuerza denuncias pasadas y recientes realizadas por dirigentes como Dairo Bayona o Guillermo Pérez, del periodista Jacobo Solano, del sociólogo Lerber Dimas, o de la Asociación de Campesinos y Comunidades sin Tierras de Cesar (Asocamtice).
Precisamente, el 8 de mayo la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016-2023, con la cual advirtió la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en los barrios de las afueras de la cabecera municipal de Codazzi, el reclutamiento de adolescentes y jóvenes y la persecución de otros con el regreso de las mal llamadas “limpiezas sociales”.
La Defensoría previno además el incremento del consumo de drogas por parte de adolescentes y jóvenes en Codazzi, “lo cual tiene una relación con el crecimiento de las redes de microtráfico”; así como la coacción y cooptación de líderes sociales y dirigentes de las Juntas de Acción Comunal para hacerse de una base social.
En conclusión, el paramilitarismo ha venido creciendo y consolidándose en la Sierra Nevada de Santa Marta con conexión específica a la Troncal del Caribe, sur de La Guajira, Valledupar y sus periferias, con objetivos muy claros: controlar el corredor minero y turístico de Magdalena, Cesar y La Guajira, las plazas de microtráfico y las rutas de exportación de drogas, mientras dirigentes como José Félix Lafaurie siguen negando el conflicto.
