Por Caribe Investigación
La agenda pública del Caribe va mostrando una realidad inocultable. Aún se sienten los olores podridos de las mafias y clanes políticos, y su poder en la sombra, que obligan a la propuesta del cambio a profundizar en las transformaciones, será una lucha de largo aliento; la crisis humanitaria en el Caribe sigue golpeando a los más pobres y desprotegidos, tanto en el campo como en los cordones de miseria de las principales ciudades. A la par sigue avanzando la transición energética y los proyectos de energía eólica y solar en el territorio; ¿será suficiente la instalación de grandes parques de energía renovable?, ¿están tomando en cuenta los impactos ambientales, sociales y culturales que han acumulado los parques eólicos en la Alta Guajira en los últimos años?
- La cara de la crisis humanitaria.
La crisis humanitaria que vive el Caribe es la misma que padece toda Colombia. La sufren miles de almas agobiadas por el sicariato, las extorsiones y los asesinatos, las víctimas siguen siendo los más vulnerables: líderes juveniles, afros, mujeres, campesinos, indígenas, comunales, comunitarios.
El mes de abril fue el más violento contra los defensores de derechos humanos, se registró casi un asesinato diario. En otro informe el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), ha registrado 24 masacres en 2023 y al menos diez firmantes de paz asesinados. En 2023 ya suman 55 líderes y defensores muertos según Human Rights Watch.
Iniciando mayo se han agudizado las amenazas en el Caribe. La directiva del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en el Atlántico, en un comunicado público rechazaron de manera enfática las amenazas en contra de sus instructores y de profesores de la Institución Educativa Técnico Comercial del municipio de Sabanalarga.
En tanto la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) le salió al paso a las amenazas que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) lanzaron en contra de docentes de Sucre y Bolívar. Caribe Afirmativo denunció que, en el municipio de La Paz, Cesar, atentaron con arma de fuego en contra de la vivienda de una miembro de la comunidad LGTBIQ+ que se desempeña como gestora comunitaria del colectivo en Valledupar; en el mismo departamento (Chiriquí) fue condenado a muerte un líder comunitario por parte de las AGC.
¿Por qué teniendo un gobierno progresista crecen aún más los asesinatos individuales y colectivos, las amenazas, los destierros y toda una política criminal? Una de las respuestas la hallamos en el abogado defensor de derechos humanos Miguel Ángel Del Río, que asiste la defensa de una tierra robada a campesinos, cuando afirma que “aquí hay una mafia que controla todo el robo de tierras”.
Hacemos nuestras las palabras del defensor Miguel Ángel Del Rio en el sentido de que “la Fiscalía de Barranquilla es una cueva de ladrones”, ya que “nada funciona allí si no es con corrupción”. Esto se puede extender a todo el Caribe y Colombia, siguen operando las mafias criminales en detrimento de la vida y el bien común.
- Activos Especiales, activos codiciados
Como ‘déjà vu’ el problema de la tierra se repite en todos lados, por eso el abogado Miguel Ángel del Río acierta en la denuncia de mafias en torno al despojo de tierras en Atlántico. En torno a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) se han descubierto entramados de corrupción que vienen gestándose desde hace por lo menos 20 años, y la mayoría tiene que ver con la administración de tierras.
Recientemente esta entidad entregó una tierra a 42 familias campesinas de San Marcos, Sucre, para desarrollar proyectos agroalimentarios. Este proyecto -y sus protagonistas- venía siendo hostigado por el concejal Libardo Zayas del Partido Cambio Radical, que dispuso arbitrariamente de estas tierras para engordar su ganado.
La pelea que se está dando por adecentar y democratizar los activos de la SAE debe ser analizada en su justa dimensión, ya que de ello depende que todas esas tierras rescatadas sean puestas al servicio de proyectos agroalimentarios, para sembrar la soberanía alimentaria que necesita el Caribe.
- Transición energética
Un nuevo estudio de Indepaz presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, bajo el título Por el mar y la tierra guajiros vuela el viento wayuu, indica que de las 19 empresas que tienen asignados proyectos eólicos en La Guajira, 12 son de capital extranjero y cinco nacionales, lo que significa que el departamento ha sido entregado y vendido al capital privado.
La Guajira está en manos de las transnacionales. La sentencia de la investigadora y autora del libro, Joanna Barney, es clara y contundente: “Con los parques eólicos le estamos entregando La Guajira a los extranjeros”, según expresó en una entrevista al portal Consonante.
El Caribe es el epicentro de las energías renovables. La semana pasada la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció que el Atlántico será sede de los primeros proyectos de energía eólica costa afuera del país y América.
Barranquilla y la región Caribe serán parte de la producción y exportación de hidrógeno verde en Colombia dada su cercanía al mar, la confluencia de importantes ríos, condiciones para la construcción de puertos de aguas profundas, abundante mano de obra barata y una política económica de exenciones de impuestos a inversionistas.
Lejos del inaplazable camino que recorrer el mundo para frenar la crisis climática, todo indica que el Caribe viene siendo sitiado por cientos de proyectos energéticos. Lo que debe debatirse es que el aprovechamiento de las fuentes de energías renovables no implique el despojo territorial y los graves impactos socio ambientales, y con un claro beneficio a la sociedad y las comunidades.
- La pobreza no da tregua.
Según un estudio de Cedetrabajo y del Observatorio de Políticas Públicas del departamento de Bolívar, titulado “El Panorama de la Pobreza en Bolívar”, los índices de pobreza monetaria en la actualidad afecta al 48,5 % del total de población de este departamento, cerca de un millón cincuenta mil personas. Esto es un desastre social de donde se nutre toda la situación de inseguridad y delincuencia que se expresa en la mitad de la ciudad de Cartagena.
Más de un millón de personas tienen un ingreso promedio de 8.400 pesos diarios, es decir, dos dólares diarios o 60 dólares al mes. Solo en servicios públicos una persona está gastando un aproximado de 250 mil pesos.
El informe más reciente entregado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) develó un panorama alentador para el país, la inflación empezó a ceder, aunque la realidad en el Caribe es poco esperanzadora.
Las principales ciudades del Caribe están por encima del promedio nacional de precios al consumidor que es de 12.82 %. La variación anual ubica a Sincelejo con 14,03 %, Cartagena (13,7 %), Montería (13,58 %), Barranquilla (13,21 %) y Valledupar (13,4 %).
La inflación en el Caribe está relacionada con el alza en los precios de la electricidad, que para las ciudades de la región supera la media nacional de 19,49 %.
En este sentido habría que evaluar con mucho tacto el impacto que pueda tener el aumento progresivo de los precios de la gasolina y la eliminación gradual del subsidio. La ministra Vélez anunció precisamente que evaluarán el tema junto con el ministerio de Hacienda y Ecopetrol para no afectar el bolsillo de los más vulnerables.
Gran reto: superar la pobreza, y al mismo tiempo sanar las finanzas maltrechas por años de un subsidio al combustible mal manejado y con evidentes pérdidas para la nación.
- Pueblo caribe no se deja apabullar.
Mientras los trabajadores de Francia se movilizaron masivamente el primero de mayo para protestar la reforma pensional lesiva de Emmanuel Macron, en toda Colombia se celebraron masivas movilizaciones de trabajadores, jóvenes, campesinos, afros, comunitarios y otros sujetos de lo popular para apoyar las reformas sociales presentadas por el Gobierno nacional. Diferencias profundas.
Todo a pesar de la violencia ejercida contra líderes y defensores, a la criminalización y victimización de los que protestan; las calles del país se llenaron de pacíficas movilizaciones en apoyo al gobierno y en reivindicación de las masivas protestas contra la reforma de Duque de 2021.
De manera aleatoria la movilización social en el Caribe se mantiene activa. La semana pasada líderes wayuu viajaron a Bogotá para exigirle al Gobierno alternativas para frenar el brutal ecocidio que significa la explotación del carbón; la vía férrea de El Cerrejón fue bloqueada nuevamente por comunidades indígenas para exigir soluciones concretas al problema de salud, agua y continuidad en el territorio; mientras que habitantes y comerciantes de Uribia protestaron por el pésimo servicio de energía prestado por Air-e.
