Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 46)
Por Caribe Investigación
- Contradicción total.
La comunicación pública de las delegaciones del Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) suman más de un año de errores, salidas en falso, contradicciones, inexactitudes y acusaciones mutuas.
En otras ocasiones hemos afirmado que estas “pifias” le restan credibilidad a la mesa, vengan de la delegación del Gobierno o de la guerrilla.
Una comunicación asertiva y consensuada no solo impacta en la percepción que se tiene sobre los diálogos y sus alcances, permite también construir un proceso a pesar de las contradicciones y antagonismos.
La entrada de Vera Grave como jefa de la delegación del Gobierno para los diálogos con el ELN suponía la superación de esta dificultad.
Este año la propuesta de Paz Total del Gobierno, por ejemplo, y las comunicaciones con respecto a la mesa de negociación con el ELN, siguen cojeando en este sentido.
Continuar anunciado públicamente acuerdos o decisiones no pactadas es una de las principales críticas que analistas y medios le hacen al Gobierno.
Las contradicciones o ambigüedades no se limitan a ambas delegaciones, trascienden a lo interno del Gobierno. Veamos
El Comisionado de Paz Otty Patiño desmintió la veracidad del supuesto informe de inteligencia citado por la W Radio sobre el aprovechamiento que hace el ELN del proceso de paz para fortalecerse militarmente, mientras José Félix Lafaurie lo avaló sin inmutarse.
La delegación negociadora del Gobierno afirmó en X que “se está difundiendo un documento apócrifo que busca desacreditar este proceso de paz”.
Lafaurie, citado por la misma W Radio, aseguró que daba “toda” credibilidad al informe.
“Aquí lo que hay simplemente es un reacomodo más de las estructuras en el territorio (…) muchas veces se gana tiempo justamente para consolidar territorios”, declaró Lafaurie.
Otra de las contradicciones expuestas la semana pasada tienen como protagonista al mismo Lafaurie, quien expresó en una columna de opinión su preocupación por la no presentación del informe del Mecanismo de Monitoreo y Verificación sobre el cese bilateral al fuego de 180 días.
Una fuente cercana a la mesa, citada por El Espectador el pasado 13 de febrero, aseguró que “no es del todo cierto que la Misión de la ONU no haya entregado un reporte sobre estos hechos”.
Contradicción total.
- Cesar y las Convivir de Lafaurie.
Para nada sorprende que Fedegan, en cabeza de José Félix Lafaurie, haya lanzado el pasado martes 13 de febrero un plan piloto en el Cesar de los “frentes de solidarios de seguridad ganadera”.
El año pasado ensayaron mediáticamente con la propuesta de “brigadas solidarias ganaderas”, lo que ocasionó el rechazo inmediato del Gobierno porque éstas pueden ser la antesala a nuevas organizaciones paramilitares.
Lo que indigna hoy es que cuenta, ahora sí, con la venia del Gobierno.
“Yo hablé con el presidente de Fedegan hace unos 10 días. Me manifestó de un propósito de trabajar con la Policía y las autoridades de un plan piloto, yo espero sentarme con el presidente de Fedegan para compartir con él de manera directa el plan. Si hay una vocación de ayudar y contribuir a la seguridad, bienvenida”, señaló a la prensa el general William Salamanca, director de la Policía Nacional.
El sector ganadero, voceros e intelectuales de la derecha han tratado de justificar estas brigadas alegando que existen las guardias campesinas y cimarrones en el país.
Lo que callan convenientemente es que las guardias campesinas no son armadas y existen para defender la vida en los territorios.
Convenientemente también estigmatizan a los sectores populares al señalarlos como aliados de las guerrillas.
Una lectura particular tiene el lanzamiento de este “plan piloto” en la capital del Cesar, uno de los departamentos más golpeados por el paramilitarismo en décadas recientes y donde hoy el Clan del Golfo se ha venido fortaleciendo.
Un informe reciente de la Unidad Territorial de Búsqueda de Personas (UBPD), citado por Radio Guatapurí, lleva un registro de 3.800 víctimas desaparecidas en los departamentos del Cesar y La Guajira desde la década de los años 70 hasta 2016.
- Sobre el informe de la FIP.
El reciente informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) tuvo impacto en la prensa nacional.
Titulado “Paz Total: los grupos armados ganan con cara y con sello”, deja en entredicho la disminución de los impactos humanitarios durante 2023, es decir, que esta no obedece a los ceses al fuego propiciados por la Paz Total.
Sale a relucir la pérdida de control por parte del Estado y el juego a dos bandas de los grupos armados: negociar con el Gobierno en busca de beneficios y fortalecerse militarmente, consolidarse territorialmente.
Sobre la disminución de los impactos humanitarios, un caso puede darle razón a este informe de la FIP: en el sur de Bolívar, donde históricamente opera el ELN, el cese al fuego no ha tenido ninguna repercusión.
Esto responde a los enfrentamientos que las AGC y disidencias de las FARC mantienen con el ELN para desplazarlos del territorio. Los principales afectados son las poblaciones desplazadas y los líderes sociales acusados por paramilitares de ser aliados de la guerrilla.
Con el agravante de las acusaciones hechas por la delegación del ELN sobre la supuesta connivencia de la fuerza pública con las AGC.
Sobre la pérdida del control del Estado en los territorios. Sí y no. Ciertamente, el Estado perdió el control en parte de los territorios donde operaban las extintas FARC. O nunca lo tuvo.
Lo que no se puede obviar es que, gracias al incumplimiento sistemático de los Acuerdos de 2016, y a la política del dejar hacer y dejar pasar del gobierno Duque, la violencia en los territorios fue creciendo permanentemente y dejó este ambiente de desasosiego y guerra por doquier.
Sobre el juego a dos bandas nuestro aporte. En varios procesos de paz, tanto Estado como grupos armados jugaron a dos bandas, o al menos con dos tableros distintos.
Lo otro, el incumplimiento y la traición de lo acordado ha estado a la orden del día, como bien explicó el activista y columnista César Jerez en un artículo publicado en octubre de 2022 en la Revista Raya.
“Los firmantes de paz han sido reiteradamente perseguidos, entrampados y asesinados”, recuerda Jerez, mientras cita los asesinatos de Benkos Biohó, Jacobo Prías Álape, Guadalupe Salcedo, Carlos Pizarro o Jesús Santrich.
Esto sin mencionar el incumplimiento del Estado con el primer acuerdo con las FARC y el posterior exterminio de la Unión Patriótica, o el asesinato sistemático de los firmantes de paz de las antiguas FARC desde 2016.
¿Es casual que hoy 68 proyectos clave para los Acuerdos de Paz estén en riesgo de hundirse en el Congreso? Para mayores detalles al respecto revisar análisis publicado por El Espectador el pasado 16 de febrero.
No es casual y eso demuestra que los procesos de paz también dependen de la capacidad de transformación del Estado y su inclinación por crear las condiciones para respetar lo pactado.
Pastrana y su gavilla acusaron a las FARC de fortalecerse militarmente mientras negociaban durante el proceso del Caguán. Es cierto, se fortalecieron.
Y no es menos cierto que el Estado comenzó el proceso de modernización más importante de sus fuerzas militares con apoyo financiero de Estados Unidos en el marco del Plan Colombia.
En pleno proceso de paz con las FARC, según investigación publicada por la Revista Raya, organismos de inteligencia de Colombia perfilaron, persiguieron y espiaron a periodistas, diplomáticos venezolanos y cubanos, líderes sociales y políticos de izquierda.
Entonces, asegurar que grupos armados juegan a dos bandas mientras el Estado se muestra inerme es ingenuo. Ningún gobierno, por más buenas intenciones que haya tenido para construir la paz, suspende sus planes militares ni tareas de inteligencia.
Coincidimos con la FIP en que se debe clarificar la estrategia de paz del Gobierno, contradictoria en los últimos meses.
También se deben fortalecer los mecanismos de verificación de los ceses al fuego y, aún más, ampliar el cese de hostilidades más allá del Gobierno y guerrillas, que comprometa también a las organizaciones paramilitares.
De lo contrario, cada cual velaría por no extinguirse ante el avance del otro.
- Contra el Clan del Golfo.
Dura sentencia del presidente Petro en contra de las AGC (Clan del Golfo).
La muerte de varios oficiales en enfrentamientos contra esta agrupación paramilitar en Segovia (Antioquia) y sur de Bolívar obligó a las Fuerzas Militares a pronunciarse.
Desde el año pasado, organizaciones sociales y líderes del sur de Bolívar venían denunciando la incursión del Clan del Golfo en sus comunidades, en connivencia con las fuerzas militares.
El ELN ha hecho eco de estas denuncias.
Mientras, algunos medios y analistas, y el propio Clan del Golfo, han sugerido que el Gobierno actúa para complacer a la guerrilla. Afirmaciones sin sustento y malintencionadas.
Lo cierto es que el clamor de comunidades enteras era que el Gobierno actuara más allá de enviar refuerzos militares a las zonas en combates.
- Impuesto a las renovables.
Zanjado el tema del impuesto a las energías renovables en Barranquilla.
El Consejo de Barranquilla aprobó un cambio al estatuto tributario con el cual aclara que serán los grandes generadores de energías los que pagarán tributos a la ciudad.
El alcalde Alejandro Char se quiso anotar un triunfo sobre el tema asumiéndose como el paladín de la transición energética.
Lo que en realidad sucedió es que, en diciembre de 2023, antes de finalizar la administración de Jaime Pumarejo, se presentó una polémica por el decreto de autogeneración de energías limpias y el pago de impuestos para quienes instalaran paneles solares.
Lo que hicieron fue retractarse ante la presión de comunidades y usuarios y el cuestionamiento público que hiciera el presidente Gustavo Petro.
- Tarifa diferencial.
Gana terreno en el Caribe el reclamo por establecer una tarifa diferencial en el servicio de energía, y este va más allá de las justas protestas y reclamos a Afinia y Air-e por la usura en el cobro del servicio.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) es la institución con competencias para establecer las tarifas del servicio de energía en el país.
Pero el movimiento regional por la justicia tarifaria se ha estado organizando y debatiendo propuestas y alternativas al precio especulativo que mata el presupuesto de las familias más humildes.
A este movimiento se vienen sumando voces de todos los sectores, con argumentos técnicos sobre transmisión, comercialización local, pérdidas, valor unitario del kilovatio y de defensa de los usuarios.
Una apuesta en la que todos los sectores deben participar.
- Crisis de la yuca.
Una verdadera crisis sufren los productores de yuca del departamento Sucre y Córdoba por la caída de los precios del rubro y la importación del almidón.
Productores y empresarios de ambos departamentos bloquearon las principales vías para protestar por la caída del precio de la yuca en más de 50 % con respecto a 2023.
Durante 2023 la tonelada de yuca se cotizó entre $ 1.000.000 y $1.200.000, mientras que en 2024 se valoró en 400 mil pesos la tonelada.
Según reportes de prensa, en Córdoba tienen represadas 30 mil toneladas de yuca, mientras que en Sucre se calcula en 50 mil.
Oportuna la intervención de la ministra de Agricultura, Jenifer Mojica, quien tendió puentes con los yuqueros para buscar una solución a la crisis.
Entre las propuestas asomadas por el ministerio está mantener la compra del tubérculo a través de la procesadora de Sucre, entregar líneas de crédito, labores de control sanitario de la plaga gusano cachón.
