Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 50)
Por Caribe Investigación
- Altas tarifas de energía
Las altas tarifas de energía que deben pagar los usuarios del Caribe pueden provocar un estallido social. Así lo advirtió la semana pasada el arzobispo de Barranquilla, monseñor Pablo Emilio Salas, en declaraciones al medio local Atlántico en Noticias.
Razón no le falta al religioso, las protestas en rechazo al aumento excesivo de las tarifas de energía en el Caribe forman parte de los eventos de conflictividad social más visibles de los últimos dos años. De hecho, para el 11 de abril, varias organizaciones civiles anunciaron protestas masivas en Barranquilla, Riohacha, Cartagena y Santa Marta contra la empresa Air-e como operador del servicio.
La crítica situación no se limita a los departamentos donde opera Aire-e. En Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y sur de Magdalena, la operadora Afinia ha desahuciado los bolsillos de los usuarios.
Gobernadores, alcaldes y autoridades de la región, entre tanto, juegan a ser los defensores de las causas justas, aunque las propuestas que han hecho hasta los momentos se acomodan a los intereses de las operadoras, no de los usuarios. La semana pasada, por ejemplo, el senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez, propuso crear una ‘vaca’ para aliviar las altas tarifas de energía. El diputado de la Asamblea del Atlántico, Alfredo Varela, criticó la propuesta de Gómez porque ésta apunta a aliviar las finanzas de las operadoras, pero no los bolsillos de los usuarios. “No estoy de acuerdo con “vacas” a favor de air-e y de distraer la responsabilidad que se tiene en tramitar proyectos para reducir el valor del recibo de energía. No es razonable que estemos aburridos pagando altas tarifas de energía y pretender que la solución es que pongamos más”, dijo Varela a la prensa.
Como expresó monseñor Pablo Emilio Salas, los costeños no deben seguir pagando a las empresas las pérdidas de las operadoras. El colmo del descaro es que hoy, en su afán por enfrentar al gobierno de Petro bajo cualquier pretexto, mandatarios regionales le pidan al gobierno no “politizar” el debate sobre las tarifas de energía en el Caribe.
Piden no politizar el tema, pero cada una de las propuestas que han hecho solo beneficia a los operadores. Se sintieron ofendidos cuando el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, asomó la palabra “constituyente” para destrabar el problema actual, pero posan de justos, equilibrados y honestos cuando plantean al gobierno delegar en las autoridades departamentales la administración del servicio de energía. Es decir, piden no politizar el tema mientras defienden el modelo privatizado del servicio de energía o proponen una “vaca” para salvar a los operadores.
- Riohacha a la deriva
Parece imposible una solución inmediata a la crisis humanitaria que atraviesan comunidades indígenas y afro de la zona rural de Riohacha, desplazadas desde hace más de un mes por los combates que sostuvieron las Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) en las inmediaciones de la Sierra Nevada.
Es por ello que la Procuraduría solicitó la semana pasada una intervención urgente para resolver la crisis de las comunidades wiwas y afro. Son más de mil personas refugiadas en albergues del Distrito y esperan respuestas institucionales oportunas para retornar al territorio. Según la Procuraduría, la atención prestada por las autoridades es insuficiente: “Persiste la escasez de agua, hay hacinamiento, malas condiciones para dormir y brotes de enfermedades respiratorias que están afectando a un gran número de menores de edad, mujeres gestantes y lactantes”, aseguró el ente en un comunicado.
La viceministra para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Lilia Solano Ramírez, convocó el pasado 27 de marzo a una reunión de seguimiento del caso para este 1 de abril. Para la cita, agendada en la sede del Ministerio del Interior en Bogotá, estaban convocados voceros de las comunidades desplazadas, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, del Interior Luis Fernando Velasco y el Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño.
Desde la cuenta X de Caribe Investigación objetamos el lugar de la reunión (Bogotá), lejos de las deplorables condiciones de los albergues donde se encuentran refugiados más de mil seres humanos. El investigador y defensor de los derechos humanos, Lerber Dimas, también mostró su desacuerdo: “Este mecanismo centralizado de ver y resolver todo desde Bogotá es desgastante. La pregunta es: ¿para qué tenemos senadores, representantes y diputados? ¿Para qué tenemos concejales, alcaldes y gobernadores?”.
A pesar de una primera reunión celebrada a principios de marzo entre las autoridades y las víctimas, crece la incertidumbre de las familias desplazadas. Dimas agregó que “necesitamos acciones de fondo y, la eco región Sierra Nevada y Serranía del Perijá, no está para paños de agua tibia. Nos acostumbramos a que hoy tenemos una noticia mala, pero mañana la tapa otra peor”.
Desde el año pasado se viene advirtiendo sobre la gravedad de los combates y disputas protagonizadas por las AGC y las ACSN en la zona rural de Riohacha, y los impactos humanitarios en el territorio. Esto nos lleva a concluir que las autoridades nacionales y regionales están desconectadas de lo que sucede en el territorio. A pesar de las advertencias, alertas tempranas de Defensoría, no hicieron absolutamente nada para prevenir la situación actual.
En este contexto de falta de garantías para la vida en la zona rural de Riohacha, fue asesinado el docente de la comunidad de Juan y Medio, Roberto Mejía, la noche del pasado 26 de marzo. Cuatro hombres armados derribaron la puerta de la casa de Mejía, lo sacaron y lo asesinaron en el patio.
- Riesgo en la Sierra Nevada
La crisis humanitaria que padecen las comunidades indígenas y afro de la zona rural de Riohacha está relacionada con la situación de vulnerabilidad en la que viven las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, según advirtió recientemente la Defensoría del Pueblo. La disputa territorial por el control de la Sierra Nevada es protagonizada desde hace más de 10 años por las AGC y las ACSN.
La Sierra Nevada es un territorio estratégico para ambas organizaciones porque conecta con la Troncal del Caribe y la zona rural de Riohacha, y posibilita la construcción de un corredor militar y económico con conexión al sur de La Guajira y la Serranía del Perijá.
Es por ello que la Defensoría del Pueblo advirtió que los habitantes de la Sierra Nevada están riesgo por el control ejercido por estas dos organizaciones armadas.“Desde la Defensoría del Pueblo expresamos nuestra preocupación por la precaria acción del Estado, a través de sus políticas públicas y presencia institucional, en la Sierra Nevada, donde deben ser garantizados los derechos de quienes allí habitan”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis. En los últimos cinco años, la Defensoría del Pueblo ha emitido Alertas Tempranas e informes de seguimiento “sobre los riesgos de violaciones masivas a los derechos fundamentales de todas las comunidades que residen en la Sierra Nevada”.
- Santa Marta, epicentro
Santa Marta se presenta como el epicentro de la crisis de violencia que azota a Magdalena, según datos de la Policía Nacional citados por el medio El Informador. El mes de marzo dejó una cifra record en Magdalena en cuanto a muertes violentas se refiere. Se registraron 88 muertes violentas, doce más que en febrero. De esta cifra, 54 muertes fueron a balas. En Santa Marta hubo 16 muertes a tiros, en Zona Bananera 12 y en Ciénaga 11.
En el mismo Caribe colombiano, otra ciudad despunta en la lista de las más violentas e inseguras del país: Barranquilla. Es por ello que el pasado 19 de marzo, más de mil comerciantes salieron a protestar por las extorsiones de las cuales han sido víctimas los últimos meses. Y la respuesta del Estado es la misma de siempre: aumentar el pie de fuerza, pero ahora con el refuerzo y acompañamiento del Ejército en los operativos que desplegará la Policía en la ciudad.
Dolorosa también la cifra de muerte de mujeres en el Atlántico: 22 mujeres han sido asesinadas durante 2024.
- Cesar, líderes amenazados
Durante 2024 seis líderes y lideresas sociales del Cesar han sido amenazados por grupos armados, según reportes policiales. En 2023 fueron amenazados 12 líderes y defensores de derechos humanos en el departamento. Es grave la situación, lo mismo que sucede en otros departamentos del Caribe.
- De las AGC al EGC
Desde hace pocas semanas las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) comenzaron a firmar sus comunicados como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). El abogado de esta organización, Ricardo Giraldo, afirmó a la prensa que “envían un mensaje donde se desmarcan de autodefensas y se autoproclaman Ejército Gaitanista…”. Un claro mensaje que busca tender puentes para una negociación política con el gobierno de Petro, es decir, obtener estatus político dentro de la Paz Total para no someterse a la justicia ordinaria.
Pensamos más bien que se trata de una estrategia de “blanqueamiento” para deslindarse de las AUC y de todo lo que suene a paramilitarismo. Lobos con piel de cordero.
Las etiquetas de blanqueamiento no son exclusivas de las AGC. Desde el segundo gobierno de Uribe se comenzó a acuñar el término Bandas Criminales (Bacrim) para referirse a las estructuras paramilitares que no se acogieron al Proceso de Justicia y Paz. Primero, para desconocer que el paramilitarismo persistió y se reconfiguró a pesar del “proceso de paz” entablado entre Uribe y las AUC; y también para que el Estado ganara legitimidad nacional e internacional, habida cuenta de su responsabilidad con el paramilitarismo.
Luego Juan Manuel Santos las rebautizó como grupos armados organizados (GAO), grupos delincuenciales organizados (GDO) o grupos armados residuales (GAOR). Santos, en su terquedad por no reconocer la gravedad en la continuación del paramilitarismo, denominó a las AGC como Clan del Golfo.
Así han ido mutando las etiquetas los últimos años.
- Los niños yukpas
Repudio causó la muerte de cinco niños de la etnia yukpa en Codazzi, Cesar. Las primeras versiones señalaban que se trató de una muerte accidental por envenenamiento. Sin embargo, el asesor y defensor del pueblo yukpa, Eduard Álvarez, señaló que se trató de un crimen. “No es cierto que hayan consumido coroso”, aclaró.
Detrás de este horrendo crimen, un escenario de impunidad indigna. El hecho ocurrió fuera del resguardo indígena Iroka porque este pueblo no tiene tierras. “La Agencia Nacional de Tierras no ha cumplido las dos sentencias emanadas de la Corte Constitucional”, argumentó el jurista.
