Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 54)
Por Caribe Investigación
- No al carbón en Cañaverales
El Consejo Comunitario Ancestral Los Negros de Cañaverales, del corregimiento Cañaverales en San Juan de Cesar (sur de La Guajira), rechazó una vez más el proyecto de explotación de carbón a cielo abierto que la minera Best Coal Company (BCC) quiere desarrollar durante diez años en su territorio.
El pasado 13 de abril, el Consejo Comunitario celebró una asamblea con la comunidad y con esta ratificaron el rechazo al proyecto y declararon no grata la presencia de la minera, según el comunicado publicado en la red social X el pasado 15 de abril. “Defendemos la vida, la agricultura, la soberanía alimentaria y el agua. No más mentira y abuso”, resaltaron.
Esta decisión se da un mes después de que la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) archivara la solicitud de licencia ambiental de BCC para el proyecto minero, según reseñó el portal Consonante, que le ha hecho seguimiento a la lucha de esta comunidad para evitar que el Manantial Cañaverales sea arrasado por la explotación de carbón.
Ha sido firme la lucha de esta comunidad, la única de nueve comunidades que serán impactadas por el proyecto. “La medida (de Corpoguajira) sirvió de insumo al Consejo Comunitario para sustentar que la empresa no está llevando a cabo procesos de consulta previa ni tiene licencia ambiental, y por eso su presencia no es bienvenida en el territorio. En la comunidad es leída como una posición de resistencia ante una multinacional”, resaltó Consonante.
Estas dos noticias, sin embargo, no significan el impedimento del proyecto, ya que “la empresa está reiniciando el proceso para solicitar la licencia de nuevo, y el comunicado puede quedarse en lo simbólico o en procesos internos de la comunidad si la autoridad ambiental o de consulta previa no lo tiene en cuenta”, recoge Consonante, según respuesta de la BCC.
No sin razón el Consejo Comunitario ha denunciado que la minera lleva a cabo en el territorio prácticas poco éticas para ganarse la voluntad de la gente. Realizar actividades sociales sin hacer una consulta previa y sin discutir el tema de los impactos ambientales que tendrá el proyecto, lo que ha ocasionado la división en las comunidades.
Son viejas prácticas de las mineras en Colombia para avanzar en sus proyectos sin mayor resistencia de las comunidades, ya que el Estado ha estado prácticamente al servicio de sus intereses. Pero, ¿qué se juega con este proyecto? Nada más y nada menos que la vida misma de las comunidades, la contaminación de su manantial de agua, la posibilidad de truncar su vocación agrícola y convertir a Cañaverales en otro escenario apocalíptico como sucedió con el Cerrejón.
- ¿Limpieza social en la región?
Compartimos la preocupación del editorial de Radio Guatapurí de este 29 de abril, titulado “¿Limpieza social en la región?”, porque este tema ha venido escalando en los últimos meses y tiene como patrón común la muerte de jóvenes, del departamento Cesar en este caso.
Señala Radio Guatapurí que las víctimas son “en muchos casos menores de edad, asesinados en parques de la ciudad o la vera del camino, y sobre cuyos cadáveres se dejan letreros con las siglas ´AGC´ y consignas como ´por jíbaro´, ´por rata´, ´por sapo´ o ´por vicioso´”.
El terror y la zozobra de la limpieza social se han sembrado en los corregimientos del sur de Valledupar, en jurisdicción de los municipios Mariangola, Villa Germania, Aguas Blancas y La Mesa-Azúcarbuena, como denunció a mediados de 2023 la Defensoría del Pueblo. También se extiende a otros como señala Guatapurí: La Paz y Codazzi (Serranía del Perijá), Bosconia Pueblo Bello y El Copey (Sierra Nevada).
“Es imperativo que las autoridades determinen si existe o no alguna conexión entre los casos de homicidios mencionados y, si de existir, corresponde o no a condenables acciones de una mal llamada práctica de ‘limpieza social’ en la región”, exhorta el editorial.
Volviendo a la centralidad del tema, preocupa sobre manera la ejecución de las poblaciones más vulnerables en el territorio, doblemente victimizadas, olvidadas y sin oportunidades de estudio, ni trabajo ni vida digna. Por un lado, representan la principal “mano de obra” de las bandas criminales y de las AGC en la región y, por el otro, son víctimas de ejecuciones sistemáticas propias de “acciones de vigilantismo” como señala el medio radial.
- Sierra Nevada y la miopía
Otro tema de interés, y que en la práctica se conecta con el de la limpieza social en el Cesar, tiene que ver con el incremento de la violencia en su vecino departamento Magdalena, con el que comparte geográficamente espacios de la Sierra Nevada, y donde se registraron 56 panfletos amenazantes (solo en Zona Bananera) durante 2023, según denunció el sociólogo y defensor de derechos humanos Lerber Dimas en una columna publicada en Opinión Caribe el pasado 28 de abril.
“Hay profesores amenazados, extorsionados, asesinados y hay un déficit enorme de docentes en todas las zonas rurales de la Sierra Nevada a tal punto que han tenido que decretar, pico y clase”, reclama Dimas. Y solo estamos mencionando brevemente el contexto de violencia que reina en Magdalena, sin mencionar, como bien indica Dimas, que Santa Marta sigue estando en el rancking de las 50 ciudades más violentas del mundo, y la extorsión sigue disparada.
Ante esta realidad, ¿cuál ha sido la política del Gobierno? Aparentemente ninguna, salvo amagar con una mesa de diálogo con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Compartimos en su conjunto la reflexión del artículo porque a pesar de la grandilocuencia con que se anunció la paz total, en esta tierra la violencia paramilitar sigue a la orden del día, marcada sobre todo por la disputa territorial que mantienen las AGC y las ACSN en el territorio.
Ni la evidente crisis humanitaria que se viene acumulando los últimos años en Magdalena y la Sierra Nevada, ni los llamados de sectores sociales pidiendo diálogos y transformación del territorio han hecho que la paz total aterrice en esta región.
“El silencio, la miopía y la conveniencia política no pueden estar por encima de la vida de las personas, el restablecimiento de derechos y la necesidad de pacificar la Sierra Nevada de Santa Marta es una prioridad. El problema ya está creado, necesitamos resolverlo y parar las dicotomías”, asegura Dimas.
No sabemos a qué se refiere con “pacificación”, lo cierto es que la crisis humanitaria de la Sierra Nevada es insostenible y no tiene límites, algo parecido a lo que viene sucediendo en el sur de Bolívar, donde las AGC vienen amenazando los liderazgos sociales desde hace años para establecerse sin ninguna oposición.
- Sicariato en Cartagena
El maquillaje a la gestión de Dumek Turbay en Cartagena con respecto al tema de seguridad no es un monopolio de la prensa local. La Revista Semana, sin ningún tipo de contrapeso informativo y con el amarillismo que los caracteriza en los últimos tiempos, publicó el pasado 26 de abril una nota con la cual alertaba sobre el incremento del sicariato en la capital de Bolívar, aunque en ningún momento cuestionó el Plan Titán 24.
Ciertamente, Cartagena es una de las ciudades con mayores problemas de seguridad del Caribe. Durante 2024 se registraron 83 casos de sicariatos, 27 durante el mes de abril, esto representa un aumento del 18,6% en relación con 2023.
Ahora bien, repetir, sin ningún tipo de contrapeso, que la criminalidad se ha incrementado por la pelea entre bandas, según informó la Policía de Cartagena, esconde la irresponsabilidad e incapacidad de la Policía y el nulo impacto que ha tenido el tan cacareado Plan Titán 24 que, por cierto, contará con el apoyo de Estados Unidos.
- Criminalidad en Atlántico
El reciente informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte advirtió sobre la
Presencia de un centenar de bandas locales en el departamento Atlántico, “al servicio de un grupo armado organizado y 3 grupos delictivos organizados, que dinamizan crímenes como homicidios, narcotráfico y extorsiones”, según reseñó la W Radio.
La criminalidad en Barranquilla, Soledad y Malambo las ubican como “zonas críticas con disputas criminales abiertas, acumulando 13 masacres en los últimos 2 años”, destaca el informe, que más adelante precisa: “La ciudad pasó de una tasa de 25.4 homicidios por cada 100.000 habitantes (2022) a una de 28.3 (2023)”.
- Movilización por la tierra
Las comunidades campesinas y recuperadoras de tierras del Sur del Cesar se movilizaron la semana pasada en Tamalameque para exigir al Estado que cumpla los acuerdos sobre tierras y garantice la vida de los liderazgos sociales y campesinos de la región.
Esta movilización se da en medio del dolor de comunidades del sur de Bolívar y del Magdalena Medio por la muerte del líder campesino Narciso Beleño, asesinado en la puerta de su casa de manera cobarde.
