Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 56)
Por Caribe Investigación
- Comisión de La Verdad
Entendemos la preocupación del Diario del Norte sobre la crisis social y humanitaria que padece La Guajira. Pero la lectura expresada en su editorial del pasado 17 de mayo es incompleta, parcializada, interesada, manipulada.
Mezcla una situación con otra, un hecho con otro, sin dar ningún contexto o detalle. Así cualquiera concluye que el gobierno de Petro es amo y señor de todo el desastre social y humanitario del departamento.
Habla este diario de crear una Comisión de la Verdad para determinar responsabilidades. Estará el pueblo guajiro de acuerdo cuando esa hipotética comisión establezca como objetivo principal —con total claridad y sin ocultamientos— desnudar toda la crisis institucional y social que padece el departamento desde hace décadas, donde actores y grupos políticos mafiosos se han apoderado de la renta de todos y las transnacionales han hecho lo que les ha dado la gana.
La honestidad sería muy útil para conseguir la verdad que tan anodinamente reclama el Diario del Norte. ¿Olvida este diario que el pueblo wayuu fue desplazado varias veces de su territorio para que entraran las empresas mineras? ¿Olvida que el gobierno de Duque ferió el territorio para que entraran las transnacionales del viento con todo tipo de trampas y mentiras? ¿Olvida que el departamento tuvo 11 gobernadores en ocho años?
Se trata de una crisis profunda en lo ambiental, institucional (corrupción política institucionalizada), infraestructura, salud, educación y alimentación. A La Guajira le truncaron su vocación agrícola con el cuento del progreso (carbón) en la década de 1980. Le secuestraron parte de sus afluentes de agua (río Ranchería) y pretenden seguir haciéndolo (caso de minería en el manantial de Cañaverales).
La Corte Constitucional declaró el “Estado de Cosas Inconstitucionales” en 2017 y hasta hoy el Estado ha sido incapaz de revertir esta situación por varias razones: la pobreza del departamento es estructural y tiene que ver con el modelo económico que subyace, la respuesta va mucho más allá de unas tibias políticas asistencialistas para garantizar el acceso al agua y alimentos de las comunidades más vulnerables y pobres; sistematicidad de la pobreza y la exclusión y de las condiciones que lo permiten; impunidad y desinstitucionalización.
- Emergencia sanitaria en La Guajira
Maicao lleva más de una semana sin el suministro de agua, luego que comunidades indígenas del corregimiento de Carraipía se tomaran el acceso a la planta de agua potable que abastece al municipio, y bloquearan el pasado viernes 17 de mayo la entrada de las dos estaciones de bombeo desde donde cargaban los carrotanques destinados a atender los puntos críticos.
Con justeza, las comunidades están protestando porque la empresa Air-e aumentó el valor del kilovatio y pretende cobrar el retroactivo por una deuda de las comunidades con la antigua Electricaribe; por esta razón pidieron a la empresa derogar la deuda y establecer una estructura de costo distinta a la actual.
En respuesta, Air-e ha señalado que “ninguna de las dos propuestas es viable, por lo que pidieron la intervención de las autoridades”, según reseñó el diario El Espectador.
La situación es delicada porque pone en riesgo el suministro de agua potable para más de 200.000 personas. Razón por la cual la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) declaró el pasado 16 de mayo la alerta amarilla. Y supone también el empeoramiento de las condiciones de vida de los sectores más pobres de Maicao.
Panorama más grave aún si se toma en cuenta que Air-e, a pesar de las protestas y reclamos de todo el Caribe por una tarifa justa y un servicio eficiente, se ampare en la ley e ignore el clamor de los ciudadanos de a pie, incluyendo los sectores económicos y comerciales de la región que ven afectada la producción de bienes y servicios.
Sin bostezar si quiera, Air-e anunció hace poco que acudiría a la ley para embargar los instrumentos financieros de los deudores. Para ellos el dinero es lo que importa y la ley es la ley (gracias al gobierno de Duque entraron al Caribe con todas las prerrogativas a favor).
Distintas voces vienen advirtiendo que, de no resolverse el asunto de las altas tarifas, se desataría un estallido social en la región. Hasta hoy, nadie ha dicho que tal previsión sea exagerada, menos aún en uno de los departamentos más pobres del país, donde mueren niños por desnutrición y la falta de acceso al agua potable en las comunidades rurales es una norma.
- Rebaja a las tarifas de energía
El Gobierno decidió pagar la opción tarifaria a las empresas de energía Air-e y Afinia en el Caribe, aunque alivie el bolsillo de la gente porque saldará la deuda que se acumuló desde la pandemia, no solucionará el problema de fondo. La estructura de costo seguirá siendo la más alta del país; la infraestructura la más precaria.
El llamado “crédito a los comercializadores”, anunciado por el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, no concuerda con los reclamos y propuestas que se vienen haciendo desde hace meses para superar la crisis por las altas tarifas de energía.
La Liga de Usuarios de Servicios Públicos del Caribe planteó que paralelo al pago se debe modificar la normativa tarifaria y financiar proyectos de infraestructura. Esto último es contradictorio y la sociedad caribeña toda debe rechazarlo. ¿Por qué se debe financiar la infraestructura si esa es la responsabilidad de las prestadoras de servicio?
Esta propuesta de financiar las obras de infraestructura de los privados es la que venían planteando la mayoría de los dirigentes políticos y gobernantes de región, los mismos dirigentes que le dieron la venia a Duque para que sirviera en bandeja de plata un nuevo y despiadado régimen tarifario a las empresas Air-e y Afinia.
En lo que se debe insistir y trabajar es en la creación de una empresa regional de carácter público, que cuente con financiamiento del Estado, para brindar un servicio eficiente y justo, y no financiar los desastres e irresponsabilidades de los privados.
- Los parques eólicos: ¿transición energética?
Sin duda alguna el país reclama una transición energética justa y protagónica que garantice la biodiversidad de los territorios y todas las formas de vida, promueva nuevas formas de interrelación entre comunidades y ambiente, y nuevos modelos de producción y satisfacción de necesidades básicas, que no de consumo.
Es inocultable que el país viene teniendo resultados en el desarrollo de proyectos de energías renovables no convencionales, pero las obras que se han promovido hasta ahora siguen reproduciendo las lógicas de explotación de las empresas mineras tradicionales, que impactan ecosistemas y comunidades.
Un nuevo proyecto de energía eólica vuelve a prender las alarmas de los ambientalistas y no se trata de los ya cuestionados casos de La Guajira, sino de un reciente proyecto que será desarrollado en Sitionuevo, Magdalena, al frente de Barranquilla.
“Una advertencia viene haciendo el gremio de ambientalistas de la región en los últimos días, tras conocerse el otorgamiento de una licencia ambiental para un posible proyecto de energía eólica en inmediaciones del Parque Isla Salamanca, al frente de Barranquilla”, reseñó el diario El Tiempo.
La dirección general de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) entregó una licencia ambiental a la Sociedad Grand Energy para el proyecto Parque Eólico Fluvial Río Grande de la Magdalena, ubicado sobre el espejo de agua (margen derecha del río Magdalena).
Varios ambientalistas recordaron que este espacio es vital para la conservación de aves migratorias (31 especies), por lo cual la instalación de un parque eólico modificaría las condiciones de vida del sitio; algo que también se les cuestiona a los parques eólicos instalados y por instalarse en La Guajira, ya que modificarían la ruta migratoria del flamenco rosado.
Debemos profundizar la discusión sobre el modelo que soportará la transición energética. Nada hacemos con cambiar la matriz energética del país, o potenciar las energías alternativas, si no cambiamos los patrones de producción y consumo y seguimos viendo el derecho a la vida como una cuestión menor.
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre conflictos socioambientales en el sector minero-energético registrados durante el 2023, reafirma que sobre los proyectos de energía eólica y solar persisten demandas de comunidades por su derecho al territorio y a un ambiente libre de perturbaciones.
“En La Guajira, el documento centra su análisis en los conflictos que han surgido por las preocupaciones de la comunidad en relación con la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Igualmente, las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares”, reseñó el Diario del Norte el pasado 15 de mayo.
- Canal del Dique
El retraso en la construcción del Canal del Dique sigue presionando el ambiente político contra la gestión del Gobierno nacional.
Por un lado, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) alega que se debe obtener la licencia ambiental para adelantar los trabajos de infraestructura, y por el otro, Cormagdalena sostiene que no adelantar la licencia ambiental impactaría en la subregión por la llegada del fenómeno La Niña.
La posición de Cormagdalena es la que defienden los gobernadores y alcaldes de la región alegando que se deben prevenir emergencias y proteger a las comunidades vulnerables. sin embargo, se quedan en lo superficial.
De lado dejan la discusión sobre las implicaciones ambientales en la construcción de la infraestructura (compuertas y exclusas) que, según intereses de los que apoyan la propuesta, garantizaría la navegabilidad en el Canal del Dique y evitaría inundaciones.
“Este costoso esquema conlleva el grave peligro de que alguien deberá decidir qué cantidad de agua pasará por la compuerta, mientras que el ritmo de la navegación determinará en forma caprichosa cuanta pasará por las esclusas”, escribió en septiembre de 2023 el Periódico Unal, en un reportaje que da pistas sobre los intereses que hay detrás de esta obra y sobre los falsos argumentos que han impuesto en la agenda mediática.
Si los gobernantes de la región de verdad piensan en la gente, deberían reflexionar sobre la dolorosa historia de los miles de personas asesinadas por Frente Canal del Dique del Bloque Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos cuerpos fueron arrojados al Canal con el fin de desaparecerlos.
Esto último aún queda pendiente. ¿Cómo afectará las obras el proceso de reparación y verdad a los familiares de las víctimas? Porque la obra del dragado supone también un nuevo tipo de violencia contra el territorio y la biodiversidad. ¿Quiénes, entonces, están detrás de esta campaña por la construcción del Canal del Dique?
- Desplazados de Magdalena
Hace pocos días se registró el desplazamiento de 54 personas de Palmor, en la Sierra Nevada, por los combates protagonizados por las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
Lo que se vislumbra a corto plazo es el empeoramiento de la crisis humanitaria por cuenta de la confrontación entre ambas organizaciones paramilitares. Que ya no solo se limita a los municipios y corregimientos que hacen parte de la Sierra Nevada o de la Troncal del Caribe, va mutando y copando otros territorios.
Mientras tanto, un proceso de diálogo entre el Gobierno y estas dos agrupaciones para distensionar el panorama y garantizar la vida en el territorio, se queda en declaraciones altisonantes o intenciones sin propósito genuino de construir alternativas de paz.
