Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 68)
Por: Caribe Investigación
- Mujeres bajo amenaza
El plan feminicida ejecutado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el departamento Chocó provocó el repudio de todos los defensores y defensoras de derechos humanos del país.
La denuncia tuvo mayor eco este fin de semana, cuando la Fundación Pares y El Espectador publicaron sendos reportajes en los cuales detallan las múltiples violaciones a los derechos humanos y la violencia de género –en gran parte contra la población indígena y las mujeres– en el Chocó. Según las denuncias, desde hace días circula en redes sociales un “plan feminicidio” por parte de las AGC. En el mensaje aparecen los nombres de 27 mujeres junto con sus fotografías. Además, hablan de un plan de inteligencia y seguimiento contra las mujeres.
Esta amenaza viene precedida por el abuso y asesinato de una adolescente de 14 años en el municipio el Carmen del Darién (3 de agosto); el feminicidio de la activista de Quibdó Luz Berilia Chalá (28 de agosto); el ataque masivo contra un grupo de mujeres en la capital del departamento a principios de septiembre; y el sometimiento y humillación que infringieron miembros de las AGC a varias mujeres de una comunidad embera, y el posterior secuestro de cinco mujeres que intentaron escapar de este sometimiento.
El mensaje es claro, buscan deslegitimar el liderazgo de las mujeres al señalarlas de ser “campaneras” de grupos armados en el territorio. De esta manera pretenden justificar su plan de expansión y violencia, sobre todo su plan de sometimiento, vejación y abuso contra las mujeres. Son víctimas por ser mujeres y este plan es la expresión máxima de la violencia contra la vida; pretender doblegar al enemigo sometiendo a mujeres por supuestos vínculos con actores armados. Un escenario ensordecedor tomando en cuenta que “de acuerdo con los denunciantes, Chocó ha registrado 108 homicidios en lo que va de 2024, muchos de ellos atribuidos a bandas criminales y al Clan del Golfo (AGC)”, como recoge Pares.
En el fondo se repite lo que ha explicado el defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno en varios ensayos, cuando se refiere al genocidio en Colombia como política de Estado: se pretende controlar y exterminar todo sujeto social que difiera o esté por fuera del canon de sociedad construido por el Establecimiento, sobre todo los sujetos sociales más vulnerables (mujeres, indígenas, jóvenes).
¿Qué tiene que ver el plan de las AGC con lo que señala Giraldo? Sencillo, las mujeres ejercen un liderazgo de primera línea en los territorios. Acabar con ellas, diezmar su liderazgo, significa nada menos que consolidar los planes de desarrollo industrial y extracción de minerales que se vienen desarrollando durante décadas en Colombia, imponer la guerra sin mayor resistencia y silenciar los procesos de paz de los territorios.
Solo desde la firma del Acuerdo de Paz (2016) hasta marzo pasado fueron asesinadas 179 mujeres líderes por distintos actores armados en el país, según registros del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz). “Atentar contra sus vidas afecta el tejido social, político, cultural y emocional de la comunidad”, expresó en marzo pasado el director de Indepaz Leonardo González.
- La toma del Atlántico
El 19 de agosto advertimos que el incremento actual de la violencia y el crimen en el Atlántico tenía su antecedente en la toma paramilitar que hicieran las otrora Autodefensas Unidas de Colombia (AGC) a principios de la década de 2000 en la entidad.
Un reciente reportaje aborda de manera amplia y profunda el tema: “La ´toma´ del Atlántico: el regreso a la época más oscura de la barbarie paramilitar”, es el título del trabajo de la Liga Contra el Silencio, publicado el pasado 12 de septiembre en su portal. “Una nueva alianza entre Los Costeños y el Clan de Golfo, la supuesta complicidad de miembros de la Fiscalía y el fortalecimiento de otras estructuras criminales han devuelto al Atlántico a los primeros años de la década del 2000, cuando reinaba el paramilitarismo, que dejó miles de muertos”, resume La Liga en el sumario.
Datos consultados por el portal aterrizan de antemano la tesis de manera contundente: “Cifras de homicidios de Medicina Legal entre los años 2000 y 2011 (periodo de consolidación de las AUC, desmovilización y posterior accionar de las llamadas Bacrim o bandas criminales) arroja un saldo de 7.402 homicidios, la mayoría en Barranquilla y su área metropolitana. En otro lapso de doce años, entre 2012 y 2023, la cifra llega a 7.248”.
“La radiografía de aquellos tiempos indica que las AUC ejercían un control territorial hegemónico. No solo había un dominio total sobre las rentas ilegales, sino que –como ocurrió en otras zonas del país– se establecieron vínculos con empresarios y políticos que les facilitaron el camino… Y de aquellas lluvias, estos lodos. El ciclo de violencia en el que está inmerso el departamento del Atlántico tiene antecedentes en esa maquinaria narcoparamilitar”, explica La Liga.
Sin más, recomendamos el estudio y lectura de este reportaje, un trabajo de investigación impecable.
- Las tiendas de barrio
A principios de los 90 fracasó la predicción de expertos, quienes anunciaban el fin de las tiendas de barrio con la llegada de las grandes cadenas de supermercados. Desde varios medios regionales vienen advirtiendo, sin embargo, sobre el perjuicio que sufren los tenderos y las tiendas de barrio los últimos años debido a tres elementos comunes en la costa Caribe: crimen y extorsión, la instalación de cadenas de tiendas en los principales barrios y las altas tarifas de energía.
Las altas tarifas de energía afectan incluso centros de producción y pequeñas empresas, por lo cual no resulta difícil imaginar cuánto puede impactar las finanzas de un tendero y su entorno familiar.
En cuanto al impacto del crimen y la extorsión, en el caso de Barranquilla, por ejemplo, tenderos y pequeños comerciantes han tenido que cerrar por amenazas. Por cierto, ¿alguien ha leído una noticia de amenazas u hostigamientos a cadenas de tienda y grandes negocios?
La instalación de cadenas de tienda en los principales barrios de las ciudades caribeñas, o la venta de productos de consumo masivo al mayor y detal bajo un mismo esquema de precios, también está dejando al tendero al margen del circuito de comercialización. En Colombia existen aproximadamente 500.000 tiendas de barrio. Aunque sobre la cifra no hay consenso porque muchas no están legalmente constituidas, las tiendas de barrio representan un modelo de economía popular sintonizado con las necesidades y carencias de la comunidad, donde las familias compran estrictamente lo básico según el alcance de su economía, sin necesidad de pagar transporte para trasladarse a otro sitio.
Las tiendas de barrio se convirtieron en espacios de intercambio comunitario y humano, de cercanía y reconocimiento de la vecindad, donde los habitantes del barrio pueden “fiar” los alimentos básicos sin que el tendero le cobre ningún interés adicional. Difícilmente podrán ser reemplazados por cadenas como D1 u Olímpica, pero hoy deben ser atendidas, potenciadas y protegidas.
- ¿Déficit de gas?
Desde sectores energéticos del país están presionando al Gobierno por el suministro y reservas de gas para el período 2025. Se pueden leer desde vaticinios apocalípticos hasta señalamientos manipulados (en contra del Gobierno, por supuesto). Las críticas se intensificaron “luego de que la estatal petrolera Ecopetrol anunciará la suspensión de Gas Natural para vehículos a raíz de la sequía y la urgencia de mantener encendidas las termoeléctricas”, como reportaron varios medios.
Dos temas de fondo seguirán tensionando el ambiente entre el sector energético y el Gobierno. Por un lado, la apuesta de Petro por la transición energética y el no otorgamiento de nuevas licencias de exploración y explotación en gas, ya que las actuales reservas pueden satisfacer la demanda por varios años, según expresó el presidente días atrás. Por otro lado, la decisión de importar gas de Venezuela a través del gasoducto transcaribeño Antonio Ricaurte. Esta decisión ha tenido detractores tanto en las empresas de gas del país como de los sectores de la derecha, sin que prevalezca una razón técnica de peso.
De hecho, Colombia viene importando gas desde 2016 con altos costos, sin que los zares y dueños del negocio del gas hayan osado levantar la voz ¿Quedarán fuera del negocio de la importación del gas? Al parecer, esto último es lo que les interesa.
- Contrabando
El contrabando de cigarrillos y licores se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las autoridades del Atlántico. Recientemente expresaron que el departamento deja de percibir 3 mil millones de pesos debido a la evasión de impuestos. Y esto impacta no solo las finanzas del departamento, sino también la salud de los consumidores y los programas sociales de salud y deportes financiados con los impuestos provenientes de este sector, según declaraciones de la secretaria de Hacienda de la entidad, Nini Cantillo.
La lucha contra el contrabando en el departamento no es reciente ni tampoco única. Otros departamentos del Caribe reportan el mismo problema. Según el último informe de Incidencia del consumo de cigarrillos ilegales en Colombia (2023), nueve departamentos alcanzaron más de 35 % del consumo de cigarrillos ilegales. Los resultados por departamento son más dicientes y dejan al Atlántico como un cuento de hadas: La Guajira con 91 % de consumo ilegal, Cesar con 85 %, Sucre con 75 %, Bolívar con 74 %. Según la Federación Nacional de Departamentos, los últimos cinco años el contrabando reportó 3,6 billones de pesos de ganancias.
- Bicitaxis
En reciente resolución, el Ministerio del Transporte autorizó la implementación formal del bicitaxi como medio de transporte, estos forman parte de la economía popular de algunas ciudades del Caribe como Manaure y Uribia (La Guajira), Santa Marta y Ciénaga (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico).
Este medio de transporte es más económico y no contaminante, y en algunas zonas es utilizado exclusivamente para prestar servicios al sector turístico. Con normativas adecuadas y el apoyo del Gobierno, los operadores de Bicitaxis podrían dignificar esta herramienta de trabajo en una región donde domina la informalidad y la falta de empleos estables.
- Barranquilla y la Ocde
La ciudad de Barranquilla será sede en julio de 2025 del Foro de Desarrollo Local (LDF, por sus siglas en inglés), de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), según informó el alcalde de la ciudad Alejandro Char.
Según el alcalde, Barranquilla disputó la sede con otras ciudades como Oporto (Portugal), Cali (Colombia), Florencia (Italia) y Melbourne (Australia), y “fue elegida por su compromiso con el desarrollo sostenible, su transformación urbana, el cierre de brechas sociales y su trayectoria en eventos internacionales”, reseño Portafolio.
Vergüenza debería darle al alcalde hacer semejante anuncio tomando en cuenta los índices de violencia contra la mujer, el auge y control del crimen organizado durante las gestiones charistas de los últimos diez años, el cobro de la infame tasa de seguridad en el recibo de energía, el desastre con los arroyos por falta de políticas de prevención e inversión en obras.
Sí, Barranquilla es una de las ciudades con mayor número de obras de infraestructura, pero con impacto negativo en la salud fiscal del municipio por el creciente endeudamiento. En fin, es una ciudad que le reporta ganancias al gran capital, signada por la corrupción y el tráfico de influencias, que adolece de una política social y de prevención del delito que pueda satisfacer los mínimos de una ciudadanía acosada por el crimen.
