Por: Caribe Investigación
Reactivación de la venta de energía a Venezuela
Días después de la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región del Catatumbo, que provocó el desplazamiento de más de 50 mil personas y una agenda mediática que buscaba enturbiar las relaciones bilaterales entre Colombia y Venezuela por la supuesta incursión del ELN desde la frontera, el Gobierno Nacional tomó una medida clave para el intercambio de energía con nuestro país hermano.
El gobierno de Gustavo Petro busca reactivar el intercambio de energía eléctrica con Venezuela, suspendido desde hace más de 10 años. En este sentido, el Ministerio de Minas y Energía flexibilizó los requisitos para la revisión de sistemas de medición, lo que permitirá interconexiones internacionales por 12 meses.
Es importante contextualizar esta decisión. Sectores de opinión de la prensa tradicional y algunos analistas intentaron involucrar a Venezuela y su gobierno en la crisis humanitaria del Catatumbo, lo que parecía más una campaña orientada a provocar una disputa diplomática entre ambos gobiernos y agregar una excusa más para señalar a Venezuela como territorio de amparo para las guerrillas, justificando así más sanciones.
Desde el inicio de su gobierno, Petro ha destacado la importancia de intercambiar energía con Venezuela, dada la infraestructura y los acuerdos existentes entre ambas naciones, el costo significativamente menor del gas venezolano y la existencia del gasoducto binacional Antonio Ricaurte (en La Guajira de ambos países). Además, ambos gobiernos tienen la intención de permitir que Ecopetrol participe en actividades extractivas en el Lago de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia.
Como es habitual, analistas y sectores energéticos de Colombia auguran un futuro sombrío debido a las sanciones contra Venezuela. Sin embargo, ignoran que el gobierno de Estados Unidos (bajo la administración de Trump) renovó la licencia de Chevron para operar en Venezuela, luego de la visita del enviado especial del presidente Donald Trump, Richard Grenell, para discutir temas migratorios.
Este hecho podría interpretarse como el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre ambos países, donde prevalecerá el pragmatismo. Con una economía venezolana que muestra proyecciones positivas para 2025 y un importante crecimiento registrado durante 2024, se abre un ambiente favorable para que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos otorgue el permiso a Colombia para vender energía a Venezuela y, más importante aún, se consolide un intercambio energético entre ambos países.
Desde el inicio de su gobierno, Petro ha destacado la importancia de intercambiar energía con Venezuela, dada la infraestructura y los acuerdos existentes entre ambas naciones, el costo significativamente menor del gas venezolano y la existencia del gasoducto binacional Antonio Ricaurte (en La Guajira de ambos países). Además, ambos gobiernos tienen la intención de permitir que Ecopetrol participe en actividades extractivas en el Lago de Maracaibo, capital del estado venezolano de Zulia.
¿Nuevas tarifas energía?
Un tema que preocupa a la ciudadanía caribeña desde la pandemia hasta hoy es el costo de las tarifas de energía. La semana pasada, Barranquilla fue escenario de una masiva protesta contra este “robo”, una movilización liderada por el Movimiento Nacional por la Democracia Energética (Moden).
El presidente Petro se unió a la movilización, criticó a las empresas generadoras de energía y prometió cambios en la fórmula tarifaria. La protesta también cuestionó el control de empresas como EPM e Isagen, acusadas de enriquecerse a costa de los consumidores.
La presión parece estar dando resultados, ya que la compañía XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, anunció que a partir del 1 de marzo comenzará a aplicar la nueva fórmula de liquidación para las tarifas de energía.
Marchas, protestas, movilizaciones, asambleas, trancones y tomas se llevaron a cabo antes de la movilización convocada por el presidente Petro. El acumulado social logrado hoy con iniciativas de todo tipo está dispuesto a acompañar al Gobierno en la causa justa por reducir el costo de las tarifas.
Sin embargo, aún faltan sortear los inconvenientes jurídicos y financieros por los que atraviesa la intervenida AIR-E. A mediano y largo plazo, el Gobierno debe materializar la creación de una empresa pública capaz de superar más de 20 años de tropiezos, corrupción y acumulación de pasivos.
La movilización de la semana anterior y el anuncio de XM coinciden con la publicación de una hoja de ruta para garantizar la sostenibilidad financiera de Air-e. Se inyectarán 300.000 millones en subsidios y 100.000 millones para la compra de energía. Además, se promoverán proyectos de modernización y energía renovable, aunque la crisis financiera de Afinia, la otra empresa operadora del Caribe, sigue siendo un desafío a corto plazo.
Sí, otra crisis dentro de la crisis: generación y transmisión eléctrica con un desfase de aproximadamente 20 años. Para comprender este punto, recomendamos la entrevista que Radio Guatapurí le hizo al ingeniero eléctrico Alejandro Aroca, quien explica de manera sencilla el panorama de estas dos fases del sector eléctrico.
“La expansión de la capacidad de generación no se puede llevar a cabo de manera efectiva sin un desarrollo paralelo en la infraestructura de transmisión”, sentenció Aroca, quien agregó que, aunque existen proyectos al respecto, varios se han visto paralizados por retrasos relacionados con las consultas previas.
Petro entiende la situación y su Gobierno se mueve al calor de los reclamos para dar respuestas concretas y evitar un estallido social. Todavía queda camino por andar y trabas por superar, además de las deudas de la opción tarifaria que el ejecutivo no ha podido saldar.
Violencia e inseguridad
El tema del costo de la energía en el Caribe es de primordial atención, así como encontrar una solución para otro de los dolores de cabeza del Gobierno y la gente: la creciente violencia e inseguridad que azota a la región.
Informes de varias organizaciones señalaron a finales de 2024 que, durante el mandato de Petro, se redujo en cierta medida el asesinato de líderes sociales y las masacres. Sin embargo, varias ciudades del Caribe experimentaron a final de año un creciente ambiente de violencia que se extendió hasta enero, sin que se vislumbre una perspectiva diferente para el resto de 2025.
“Ola de violencia en el Caribe” sería el titular de hoy para describir el aumento alarmante de homicidios, con ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta entre las 50 más violentas del mundo, sin contar la creciente y permanente violencia de la que nadie habla en la Troncal del Caribe, Riohacha, Maicao y el sur de La Guajira.
“Desde que cantamos el ‘feliz año’ y hasta el 26 de enero, cada 10 horas mataron a una persona en Barranquilla y su área metropolitana: 63 asesinatos. Al menos, dos diarios. Una cifra que, lamentablemente, guarda sintonía con los datos de inseguridad que están rompiendo récords en esa capital, que hoy tiene la tasa de homicidios más alta desde 2016”, escribió la periodista Laura Ardila en su columna dominical de El Espectador.
Las extorsiones en Soledad y Barranquilla siguen marcando el día a día de la gente, con impactos graves para las actividades económicas de pequeños comerciantes, tenderos y transportistas, principalmente. Además, el Atlántico es uno de los departamentos con mayor riesgo para la vida de las mujeres: más de 540 están en riesgo de feminicidio, según cifras de la Policía. La diputada Alejandra Moreno Astwood denunció la falta de protección efectiva para las víctimas de violencia de género, muchas de las cuales siguen viviendo con sus agresores por falta de alternativas.
En Santa Marta, un grupo autodenominado ‘La Muerte’ anunció una “limpieza social”, y “cuatro personas fueron asesinadas en cuestión de 72 horas, desatando el pánico en la ciudad”, reseñó El Tiempo. En Cartagena, se registraron 24 asesinatos en lo que va de enero.
En las áreas metropolitanas de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, en el período de 2022-2024, asesinaron al menos a 4.200 personas. “Es un hecho bastante diciente de una realidad que está bastante desbordada. En virtud de ello, Barranquilla va a estar por segundo año consecutivo dentro de las 50 ciudades más violentas del mundo. Cartagena y Santa Marta, por tercera vez”, explicó el experto en materia de seguridad, José Villamil.
Aunque tardía, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación contra comandantes de la Fuerza Pública y funcionarios de la administración distrital para que respondan por no acatar las alertas tempranas sobre violencia en Barranquilla durante el período 2019-2023. ¿Complicidad u omisión?
En La Guajira, la semana pasada se registraron múltiples hechos violentos, incluyendo una masacre en Albania que dejó tres muertos y dos heridos. Circulan panfletos de grupos paramilitares que anuncian “limpieza social”, lo que impacta en la tranquilidad de las comunidades. En total, en La Guajira se contabilizaron cinco muertes en una semana, lo que llevó a la administración local a decretar ley seca este fin de semana y suspender de manera indefinida la celebración de los carnavales en el sector.
En esta suerte de semana límite por hechos de violencia, la comunidad indígena Emberá Katío, del resguardo Alto Sinú en Tierralta, Córdoba, denunció su desplazamiento forzado debido a los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y grupos armados ilegales de la zona.
Victoria popular
Aunque momentánea, la sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Sabanalarga a favor de las organizaciones sociales étnicas en su lucha contra la construcción del peaje en Arroyo de Piedra, un proyecto a cargo de la Concesión Vial Autopistas del Caribe, se presenta hoy como una importante victoria de las luchas populares de la región.
Primero, porque la sentencia reconoce el derecho a la consulta previa de las comunidades afectadas, así como su participación en las decisiones que impactan sus territorios. Segundo, porque este es uno de los temas de mayor impacto y conflictividad social de la región, con implicaciones para la movilidad, el costo de la vida, el derecho a la autodeterminación, la planificación urbana y la economía del transporte.
Revelaciones de Goudreau
La semana pasada publicamos un análisis sobre la confrontación armada en la región del Catatumbo entre el ELN y las disidencias de las FARC, y cómo este hecho fue aprovechado por sectores de opinión de Colombia para sugerir o acusar al gobierno de Venezuela de ser cómplice del ELN.
Concretamente, demostramos, citando cinco hechos, que Colombia ha sido utilizada desde la década de 2000 como centro de operaciones para la desestabilización de Venezuela. Entre esos hechos, la Operación Gedeón, planificada y ejecutada desde Colombia con conocimiento de las autoridades del Gobierno Duque.
Uno de los integrantes y cabezas visibles de la operación, Jordan Goudreau, exboina verde y mercenario estadounidense, reveló detalles sobre Gedeón, un plan para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Aseguró que el expresidente Iván Duque y otros líderes venezolanos estuvieron involucrados en la conspiración y pedían “asesinar” a Nicolás Maduro.
El tiempo le otorgó la razón al gobierno venezolano, que había denunciado al gobierno Duque y a la estrategia del Cerco Diplomático como excusa para intervenir violentamente en la soberanía de Venezuela.
Sanciones gringas
Después del impase diplomático protagonizado por los presidentes Petro y Trump por la deportación de migrantes colombianos en condiciones indignas, gremios y alcaldes de la región Caribe expresaron preocupación por la amenaza de imposición de sanciones arancelarias por parte de Estados Unidos, lo que afectaría las exportaciones e importaciones colombianas.
Dos comentarios al respecto. Primero, la indignación del presidente Petro estaba totalmente justificada. Trump entra al escenario regional como mejor sabe hacerlo: presionando y acusando a sus pares para negociar en medio del conflicto temas migratorios y arancelarios. En esto, el Gobierno venezolano tiene una maestría, de allí el aparente giro de la política exterior estadounidense en torno a Venezuela.
Segundo, Colombia sigue siendo vulnerable económicamente por el tratado de libre comercio que mantiene con Estados Unidos, con una balanza comercial favorable al vecino del norte. Superado el impase, se apagaron las alarmas del sector industrial, comercial e importador del Caribe y de Colombia.
Por eso reza el dicho: “Cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo”. Por años, la derecha colombiana ha apoyado las sanciones y el llamado a la intervención militar contra Venezuela, sin imaginar que su apoderado colonial, Estados Unidos, amenazaría con la imposición de duros aranceles si el gobierno de turno (Petro) no se arrodillaba ante sus pataletas.
