Por: Wilmar Harley Castillo Amorocho
Después de la emisión del consejo de ministros, el 4 de febrero, el presidente Petro ha girado más hacia la derecha, al defender sus aliados del Partido de la U y señalar de sectarismo a los miembros de la izquierda progresista del gabinete, quienes expusieron sus críticas a los representantes de ese partido político que representa la oligarquía tradicional colombiana. Este suceso puede responder al manejo militarista de la emergencia humanitaria por parte del Gobierno en los territorios de Colombia. Actualmente, en algunos departamentos, las Fuerzas Militares junto a bandas paramilitares combaten al Ejército de Liberación Nacional (ELN); en otros, donde no hay confrontación con esa guerrilla, buscan consolidarse con la excusa de combatir a grupos armados ilegales como las Disidencias de las FARC.
El actual episodio de la guerra en el Catatumbo sigue exponiendo la tradicional forma de resolver por la vía militar el conflicto social de un territorio, ignorando el histórico tejido social y sus propuestas de solución integral. Tal cual ocurrió en Argelia, municipio del Cauca, mismo tratamiento tuvo la conflictividad en el departamento de Arauca, asimismo ha ocurrido en el Chocó. En estos departamentos se justifica la guerra por la existencia de grupos armados que se disputan el control de negocios ilegales, dejando de lado las propuestas de las comunidades para resolver de raíz las causas de ese conflicto armado, el cual es efecto del histórico abandono estatal. Una vez más, el Gobierno progresista repite las soluciones militares de corto plazo y no implementa soluciones de largo plazo con la gente.
Sin embargo, preocupa también la otra cara de la estrategia estatal, aquella donde se implementa el terror sicológico con mentiras mediáticas para justificar el incremento de fuerza pública y la contratación de asesores militares, que en últimas responde al objetivo de seguir controlando con armas estatales un territorio. Así pasa en los departamentos de Tolima, Caldas y Antioquia.
En el caso del Tolima, no existe el ELN, pero sí las Disidencias de las FARC. La fuerza pública ha capturado y asesinado a miembros de este grupo armado, también ha regado panfletos firmados por paramilitares (águilas negras) o por supuestas estructuras del ELN, amenazando a las comunidades y sus liderazgos sociales, ambientales y comunales, creando así un ambiente de miedo y terror exacerbado en los campos y ciudades para lograr la legitimidad social de los uniformados legales frente a las comunidades. Situación similar ocurre en Caldas y Antioquia, donde un supuesto comunicado del ELN anuncia su llegada a tres municipios. Vale mencionar que en Antioquia coexisten diferentes bandas paramilitares con diferentes niveles de control territorial, mientras que Caldas es una zona que el conflicto armado casi no ha tocado desde la firma del Acuerdo de La Habana en el 2016.
Podría decirse entonces que el mantenimiento y uso de grupos paramilitares, en los departamentos donde no se enfrentan con el ELN, sirve para garantizar la presencia y fortalecimiento de las fuerzas militares, y así copar el territorio nacional en un estado de guerra estatal permanente, donde el miedo y el terror infundado es la principal arma sicológica entre las poblaciones para que apoyen y saluden con el pulgar arriba a cada uniformado que camina por el barrio y la vereda. Ahora bien, el estado de guerra permanente se agudiza cuando se contratan a exmiembros del ejército para “asesorar” en temas de seguridad a una gobernación departamental como el caso del Tolima, donde el cuestionado exgeneral Eduardo Zapateiro tiene esta función.
Con, o sin uniforme militar, siguen teniendo un papel influyente en la maquinaria de guerra estatal. Porque, al igual que Zapateiro, las conocidas “reservas activas” del ejército o de la policía también son usadas para determinadas acciones contra focos de protesta social en ciudades capitales como Ibagué, Cúcuta, Bogotá. Contra estos hostigamientos de actores “civiles” no se ha pronunciado Petro (ni en su cuenta de X o en algún discurso público), ya sea en rechazo o poniendo en duda ese accionar que se mueve entre lo legal y paramilitar.
Al hacer una comparación entre estos escenarios del conflicto social y armado en Colombia, se pueden aventurar algunas conclusiones que no dejan bien parado al “Gobierno del cambio” e imponen más retos de lucha y resistencia para las comunidades:
1. Aunque el militar se vista de seda, militar se queda. No importa que cuelgue su uniforme para gozar de su pensión, ese exmiembro de la fuerza pública no olvida su doctrina del enemigo interno en el chifonier, por el contrario, seguirá implementado dicha doctrina vestido de civil, alineado política e ideológicamente con los sectores de derecha y los clanes familiares regionales.
2. En los últimos días Petro cedió aún más ante los intereses de la oligarquía colombiana, manteniendo representantes de esta clase en su gabinete ministerial; y facilitando el control territorial local y departamental que la derecha impuso en las elecciones de alcaldías y gobernaciones.
3. El “Gobierno del cambio” también cree que la paz en Colombia se logra con plomo y rendición.
4. Las comunidades son vistas como comité de aplausos de los discursos presidenciales, para recibir acríticamente ayudas sociales del Estado y no participar directamente en el ejercicio de gobierno territorial, mucho menos en la solución política del conflicto social y armado.
