Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 76)
Por: Caribe Investigación
- Doctrina de Seguridad
El nombramiento del general Pedro Sánchez como nuevo ministro de defensa provocó distintas reacciones en el país. Algunas consideraciones queremos hacer al respecto, más allá de la “tradición” de nombrar civiles como jefes de esta cartera desde la Constitución de 1991.
Sería lo de menos el nombramiento de un militar si Colombia no tuviese una tradición militarista y de violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado, donde han estado involucrados y comprometidos altos mandos castrenses en contubernio con la clase política tradicional y los sectores económicos más poderosos del país.
Esto nos lleva a un debate más complejo. La Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) asumida por Colombia “por recomendación” de la Misión Yaborough en 1962, no fue más que la imposición de una política de guerra diseñada por Estados Unidos para reprimir las insurgencias en América Latina y a la vez acabar con los movimientos sociales y políticos que se oponían al establecimiento, tanto en Colombia como en el continente.
El establecimiento colombiano institucionalizó el paramilitarismo con la creación de leyes y manuales contrainsurgentes, algunos de los cuales siguen vigentes, como lo ha denunciado y documentado el defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno. Esta doctrina ha tenido doble objetivo porque normatizaron la figura de un enemigo interno común: los sujetos que no caben en lo normativamente institucionalizado, las comunidades que hacen resistencia a los proyectos extractivos, en fin, está diseñada para acabar con el disenso.
Como escribió el columnista Ramón Jimeno en abril de 2022, Petro guardó silencio —y lo guarda aún— frente a las reformas del poder militar y de la policía y sobre el concepto del enemigo interno, que “tantas sentencias de muertes ilegales provocan”.
No debe extrañar entonces el nombramiento de Sánchez. Las reformas al poder de la policía nunca estuvieron en la agenda del entonces candidato Petro, ni mucho menos el desmantelamiento de las bases militares gringas, ni la renuncia a la “ayuda” militar brindada por Estados Unidos.
Las decisiones que Petro tomó durante sus primeros dos años de Gobierno, como el nombramiento de Iván Velásquez, favorecieron una actuación de la fuerza pública mucho más respetuosa de los derechos humanos, pero no se salió de lo normativamente establecido.
Sánchez y la DSN
Preocupa entonces que la DSN siga intacta, tan intacta que el nombramiento de Sánchez se da en el marco de un desborde de violencia e inseguridad en todo el país, no solo en Catatumbo. O bien están dando un giro en la política de seguridad, o bien quieren enviar un mensaje de calma a todo el país. Lamentablemente, lo primero es lo que está prevaleciendo.
En las primeras declaraciones dadas por el nuevo ministro de Defensa a Señal Colombia está la clave: Sánchez aseguró que miembros del ELN se disfrazaban de civiles en el Catatumbo para eludir a la fuerza pública. Desafortunadas e irresponsables declaraciones que estigmatizan y le colocan una corona fúnebre a los líderes y comunidades que se encuentran en medio de la confrontación armada del ELN y la disidencia del frente 33.
De paso, Sánchez habla de hacer un trabajo de inteligencia para depurar las instituciones del Estado infiltradas por el enemigo. Es decir, el Gobierno no se preocupa por reformar la DSN, pero retoma la vieja política macartista de perseguir a funcionarios públicos con la excusa de combatir el crimen.
Sánchez entra a la cartera de Defensa en medio del decreto de conmoción interior para atender la crisis del Catatumbo (militarización rampante), la no ejecución del Pacto Social por el Catatumbo (apuesta social de líderes y organizaciones de la región), y en medio de la suspensión de la mesa de diálogo con el ELN.
Queda la percepción de que la paz total se convirtió en un espejito con la cual el Gobierno intentó objetivos inmediatos en distintas mesas: desmovilizar a los actores armados en menos de lo que canta un gallo, lo que nos hace recordar a la fracasada política de paz de Belisario Betancur, en la que por un lado se ofrecía la zanahoria de la reinserción y, por el otro, se les daba garrote a las guerrillas y movimientos sociales por igual.
Por último, desesperanza un tema que es de dominio público. El Gobierno ha hecho poco o nada para combatir o siquiera investigar las denuncias de connivencia entre la fuerza pública y los paramilitares en Chocó, el Sur de Bolívar y el Urabá antioqueño; connivencia debidamente documentada y denunciada por distintas organizaciones regionales, nacionales e internacionales, entre ellas la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle Jaramillo, la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos.
- Sierra Nevada
Interesante la entrevista realizada por El Espectador al jefe militar de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), José Luis Pérez Villanueva (“Cholo”).
En la entrevista, el comandante militar expresó varias contradicciones. Una de ellas cuando le preguntan sobre la responsabilidad de esta agrupación en torno a la violación sistemática de derechos humanos en la Sierra Nevada y los territorios adyacentes donde operan.
Es inconcebible que controlen estrictamente un territorio sin que tengan nada que ver con el asesinato de líderes, amenazas a comunidades y comercios, decapitación o descuartizamiento de cuerpos y desplazamientos, especialmente en Santa Marta, la Troncal del Caribe y la zona rural de Riohacha.
Es cierto que parte de la violencia empeoró con la entrada de las AGC al escenario, pero las ACSN no pueden negar su cuota de responsabilidad en todos los tipos de violencia que se registran en el territorio.
Lo otro tiene que ver con el origen de esta agrupación. Negar que tiene sus raíces en el Bloque de Resistencia Tayrona, y al mismo tiempo pedir la participación de Hernán Giraldo como negociador en la mesa con el Gobierno, no solo es una contradicción sino una mentira del tamaño de la Sierra Nevada. Además, varios de sus miembros actuales vienen de las AUC.
Lo que llama poderosamente la atención es la insistencia del comandante militar de las ACSN en cuanto a la salida del conflicto, pues afirma que pueden llegar a un acuerdo con el Gobierno en menos de un año o al finalizar el mandato de Petro, si se crea una ley con garantías, “nosotros estamos dispuestos a dejar las armas”, dijo a El Espectador.
Este punto es especialmente problemático porque hasta hoy el Gobierno no cuenta con un instrumento jurídico que pueda convencer a las ACSN o cualquier otro actor armado, tampoco con la correlación de fuerzas necesaria para lograr una ley expedita que sirva para estas negociaciones.
Lo que segundo es que, si el Gobierno no logra avanzar en la mesa de negociación con las AGC, ni en las respuestas que exigen las comunidades y defensores de la Sierra Nevada para garantizar la vida y los derechos humanos de la población y liderazgos, difícilmente los Conquistadores firmarán un cheque en blanco porque significaría entregar las armas mientras su contraparte sigue asechando un territorio en disputa.
La insistencia del comandante militar de las ACSN por lograr un acuerdo con el Gobierno para dejar las armas tiene una lectura adicional. Durante 2024, el ejecutivo les infringió duros golpes militares, a la par el plan de expansión de las AGC en ese territorio parece no tener retroceso.
Es en todo caso un proceso de desgaste para las ACSN que, desde el año pasado, le han insistido al Gobierno para instalar la mesa de negociación.
- ¿Adiós, Otty Patiño?
Poca consideración se le hizo al artículo publicado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), en el que su coordinadora del eje de Paz, Soraya Gutiérrez Argüello, afirmó que “es urgente un relevo en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ya que Otty Patiño no ha escuchado ni a las organizaciones de derechos humanos ni a las comunidades en los territorios afectados por el conflicto”.
Es cierto, Otty Patiño no solo está provocando el rechazo de las organizaciones de derechos humanos por ignorar sus demandas; su política de divide y vencerás ha fracturado las mesas de negociación que mantiene el Gobierno con varios actores, al menos fue parte de lo que pasó con el ELN-Comuneros del Sur.
En ambos casos, analistas se explayaron en señalar falta de unidad de mando a lo interno del COCE y el ELN, y en el segundo hablaron de la fragilidad de las alianzas entre disidencias. Estamos seguros más bien que ha sido parte de la agenda oculta del comisionado, dividir a las partes, negociar a escondidas, repetir lo que hizo el Estado en la década de 1990: fragmentar a las agrupaciones guerrilleras con incentivos exprés para los voceros y grupos que no quisieron continuar con la lucha armada, como ocurrió con la Corriente de Renovación Socialista en 1994.
Volvamos al artículo publicado por el Cajar. Su lideresa aseguró que “el cierre de la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tras los hechos de violencia en el Catatumbo, no debería ser la única razón para frenar el proceso de paz. Nosotros creemos que la paz es la salida, y que la militarización profundiza la violencia en los territorios”, añadió.
Otty encaja perfectamente con el viraje que dio el Gobierno en temas de seguridad y de paz.
- Gasolina
Ecopetrol anunció que a partir de marzo disminuirá un 10 % el suministro de combustible en todo el país, luego de que una de las tres unidades productivas de la Refinería de Barrancabermeja entre en mantenimiento programado de 74 días.
Esta medida coincide con el aumento de combustible que entró en vigencia el pasado 1 de febrero, como parte de la política de disminución del déficit fiscal provocado por el Fondo para la Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC).
A propósito de estos dos hechos, queremos recordar que desde principios de 2024 se comenzó a reportar en La Guajira colombiana contrabando de combustible venezolano, algo que habíamos advertido en octubre de 2023 por una simple ecuación: la gasolina venezolana mantiene un precio en parte subsidiado mientras que el ACPM (diésel) conserva un subsidio total.
En la medida que el combustible colombiano vaya aumentando, según la programación del Gobierno, seguirá creciendo el contrabando del combustible venezolano, sobre todo en la frontera norte (Cesar y La Guajira). Esto puede provocar impactos económicos y de seguridad en el corredor fronterizo binacional.
- Fracking
La pugna por la prohibición u aprobación del fracking en Colombia sigue latente. En el Congreso de la República cursan dos proyectos de ley, uno para aprobar y otro para prohibir el fracking.
El proyecto para la aprobación cuenta con el respaldo de los sectores económicos y la clase dirigente tradicional del país, y con el beneplácito y eco de los medios. No es fortuita la oposición de la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), Luz Stella Murgas, a las decisiones del Gobierno nacional en diversos temas.
Y a este tema en particular porque goza del respaldo de empresas nacionales e internacionales, interesadas en explotar el gas de esquito que se encuentra en el departamento del Cesar, sin importar los serios impactos medioambientales que esto causaría.
- ¿Reducción o justicia?
La empresa Air-e anunció recientemente que dejará de cobrar más de 508 mil millones de pesos en deudas que no pueden ser cobradas judicialmente por tener más de cinco años de mora, reseñó la prensa.
Según cómo se mire, representa una reducción del 10 % del total de la cartera de la compañía. O más bien, un acto de justicia por el cual se beneficiarán 203.979 usuarios de 59 municipios, principalmente de estratos 1, 2 y 3.
Tan grave es la situación financiera de la Air-e que hoy están implementando “un plan de financiación para aquellos usuarios que deseen pagar el saldo restante de su deuda en mora. La empresa invita a los clientes a acercarse a los centros de atención o a las jornadas comunitarias para normalizar su situación y evitar suspensiones en el servicio”.
Es decir, el desastre lo provocaron Duque, Ríos Revilla y los dirigentes de Cambio Radical que apoyaron el régimen especial tarifario (robo institucionalizado), pero le piden a la gente que sigan pagando. El colmo.
