Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 77)
Por: Caribe Investigación
- Arroz en la mesa, ¿y el dinero?
El paro del sector arrocero nacional completó su primera semana sin que se asome una salida integral a la crisis que atraviesan, ni una respuesta por parte del Gobierno Nacional que satisfaga las demandas mínimas de los productores.
“Pese a que fue instalada una mesa de diálogo en la que hacen parte representantes de los arroceros y del Gobierno, los productores de arroz sostienen que las primeras propuestas no brindan soluciones concretas y efectivas”, precisó este lunes 10 de marzo el medio Portafolio.
Se ha “decidido de común acuerdo suspender las negociaciones hasta que se concrete una solución clara, que abarque en su totalidad el pliego de peticiones”, agregó el portal.
Si bien la producción nacional de arroz se concentra principalmente en los departamentos del Meta, Casanare, Huila, Tolima y Norte de Santander, productores del Caribe colombiano se sumaron activamente al paro, con impactos bastante significativos para el transporte y la movilidad de la región.
Como detalla el diario El Tiempo, en la región de La Mojana y el San Jorge (Sucre), los arroceros mantienen bloqueada la vía que conecta San Marcos con Majagual. En Córdoba, los bloqueos se centran en la vía que une Moñitos, San Bernardo del Viento y Lorica, con la amenaza manifiesta de bloquear indefinidamente el puente San Jorge, lo que anularía la conexión con el centro del país.
En Bolívar, se mantiene el bloqueo en El Achí, mientras que productores del sur del Cesar mantienen un bloqueo intermitente en la vía entre San Martín y San Alberto, y en Badillo, norte de Valledupar.
¿Qué sucede?
Un artículo publicado por La Silla Vacía es clave para entender el conflicto por el cual atraviesan los arroceros, pues explica el impacto de las importaciones, el origen de la “caída” de los precios del arroz y la falta de decisión del Gobierno nacional para ponerle un pare al duopolio molinero que maneja los hilos de la comercialización y de los precios.
Para acercarnos a la médula del problema, compartimos cuatro párrafos de este artículo escrito por el economista David Mora:
“El problema se originó por una disminución unilateral, inconsulta, de los precios de compra de la cosecha de mitaca por parte del duopolio molinero a cargo de la Organización Roa Florhuila y Grupo Diana, los cuales concentran el 85% del mercado de arroz empaquetado.
El duopolio argumenta que el mercado está sobre abastecido, cosa que es cierta. Lo que no dicen, es que esto se debe a la política antinacional de los tratados de libre comercio del que ellos se benefician comprando arroz importado, generando un excedente en la oferta que empuja el precio del arroz nacional a la baja, obligando a nuestros arroceros a vender la carga por debajo de sus costos de producción, es decir, vender a pérdidas. Esto lo hacen a sabiendas de que la producción de arroz nacional puede abastecer el consumo interno y exportar el excedente.
Lo sorprendente es que en las mesas de negociación con el Gobierno Petro es muy difícil avanzar, porque tienen un enorme desconocimiento del sector y no hay voluntad política para dar solución a los justos reclamos de los arroceros.
Este gobierno eliminó el incentivo al almacenamiento que ganaron los arroceros desde el gobierno de Samper luego de un gran paro nacional y, sobre el precio mínimo de sustentación para no vender a pérdidas, punto uno del pliego de peticiones, el Ministerio de Agricultura y la ADR ofrecen tan solo $10.000 millones de pesos, equivalente a menos de $2.000 pesos por carga cuando el diferencial de pérdidas supera los $20.000 pesos por carga”.
- Yuqueros en quiebra
Los productores de yuca industrial del departamento de Sucre también se fueron a paro el pasado 6 de marzo, manifestándose en la Troncal de Occidente, a su paso por el corregimiento de Bremen, y en la vía al mar, en el corregimiento Las Majaguas. Con la protesta, los productores buscan llamar la atención del gobierno departamental, en cabeza de Lucy García Montes, porque los ha dejado plantados durante dos semanas consecutivas.
Denuncian además que la gobernadora no cumplió con la gestión de acordar con el Gobierno Nacional controles en la regulación de las importaciones, “que compiten con bajos precios y los dejan a ellos sin ser competitivos”, resaltó El Heraldo en una nota de prensa.
A principios de 2024, la mandataria sucrense se comprometió a comprarles a los productores 2 mil toneladas de chips de yuca seca, “y no lo hizo, y ello ocasionó que por esa espera perpetua más del 60% de los cultivos se nos pudriera y el resto tuvimos que venderlos a muy bajo precio a los ralladores de harina, este incumplimiento nos impactó duramente y muchos estamos en quiebra”, resaltó una fuente al medio citado.
- Energía: ¿crisis sin solución?
La reducción de las tarifas de energía en el Caribe está entrampada a pesar de los anuncios y propuestas del Gobierno Nacional.
A pesar de la anunciada congelación de tarifas por tres meses, usuarios denunciaron la semana pasada que hubo un aumento del precio de la energía. Pasó de $907,22 kilovatio-hora, a $943,46 kWh en febrero de 2025, correspondiente a lo que se cobra en el mes de marzo, es decir, como nueva tarifa plena en la intervenida empresa de energía Air-e.
Aparte de este aumento, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “no ha acatado las medidas proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenaron a las autoridades nacionales derogar el régimen tarifario en la Costa”, denunció Norman Alarcón, presidente de la Liga de Usuarios de la Costa.
A esto se suma la inminente crisis que enfrenta la desahuciada Afinia, que opera en los departamentos Sucre, Córdoba, Cesar y varios municipios del Magdalena. Y cuando decimos desahuciada, no queremos caer en el error de victimizar a esta operadora, tanto Afinia como AIR-e son corresponsables del desastre en la prestación del servicio y el cobro excesivo de tarifas de energía en la región.
Lo cierto es que Afinia viene anunciando un apagón en los departamentos donde opera por la deuda que el Gobierno Nacional acumula con ellos por $2,5 millones, correspondiente a los subsidios destinados a los estratos más bajos.
En este peregrinar quienes sufren son los usuarios, por un lado, ilusionados con las propuestas y promesas del Gobierno Nacional, y por el otro, angustiados porque las soluciones son tardías y las tarifas siguen iguales.
Algunas veces queda la percepción de que el Gobierno tiene un diagnóstico preciso de lo que sucede en la región, incluso elabora propuestas elocuentes, pero entre las propuestas y la realidad sigue habiendo un trecho bastante largo.
- Discurso de odio
Inadmisible, pero cierto. La Confederación Indígena Tayrona denunció recientemente una campaña de odio contra el pueblo arhuaco. En los últimos días se han registrado en redes sociales mensajes despectivos y estigmatizantes. En las publicaciones han encontrado frases como: “Indio estar caído, indio dedicar canción, indio encontrar trago barato, indio comprar caneca”.
La Confederación Indígena Tayrona hizo un llamado urgente a las organizaciones defensoras de derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, y al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo que más merecen es respeto y solidaridad.
- Los nadie de Cartagena
El pasado 7 de marzo, la Procuraduría General de la República instó a las autoridades de Cartagena y Bolívar a intensificar una política pública para atender a los habitantes de calle, ante el alarmante aumento de esta población vulnerable.
Según el programa Habitantes de Calle de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito, durante el mes de febrero del 2025 se identificaron 45 nuevas personas en situación de calle, lo que suma un total de 584 personas censadas.
Sigue siendo Cartagena una ciudad contradictoria y excluyente, que muestra un lado de opulencia, lujo, turismo internacional, mientras gran parte de su población es víctima de la delincuencia y el sicariato, con comunidades pobres y deprimidas, y niñas y adolescentes esclavizadas en redes de tráfico y explotación sexual. La Cartagena que mucha gente prefiere ignorar por conveniencia, por falta de empatía o por nauseabunda ignorancia.
Inseguridad, gran problema
La última encuesta de Invamer, realizada entre el 14 y el 23 de febrero de 2025, reveló cómo los ciudadanos perciben las principales problemáticas que afectan a Cartagena, entre ellas el desempleo y la inseguridad como las más sustanciales.
De los encuestados, 50,7% considera que la falta de seguridad es el principal problema de la ciudad. Y le acompañan otras dificultades conexas: desempleo (7,6%), bandas criminales (6,8%), violencia (5,1%). Según Invamer 57,6% de los encuestados se siente “inseguro”, el 27,9% se siente “seguro” y 14,2% se siente “muy inseguro”.
- Paz en la Sierra Nevada
Hace dos semanas nos referimos al inicio de la negociación entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Por ahora, solo queremos resaltar las propuestas de defensores y líderes de la región para que esta mesa vaya por buen camino.
El Espectador las recogió la semana pasada de manera detallada. En resumen: el proceso debe contar con la participación de la sociedad civil y ofrecer garantías para la participación de los distintos sectores sociales y comunidades; la “institucionalidad debe esforzarse en profundizar la comprensión de las dinámicas del territorio” para evitar vulneraciones a las personas que lideran los procesos.
“Es muy importante establecer unos mínimos humanitarios en el espacio de diálogo. Si no vamos a contener las violencias, no podemos permitir que sigan avanzando”, aseguró el defensor de derechos humanos Lerber Dimas Vásquez, representante de la PDHAL.
Búsqueda de acuerdos no solo entre el grupo armado y el gobierno, sino multilaterales para evitar que las comunidades queden en medio de la confrontación armada de los grupos en disputa. Reconocimiento de verdad y responsabilidad de estos grupos en relación con las afectaciones que han ocasionado a la población civil. “Si no hay acceso a la verdad, unos mínimos de verdad, reparación y justicia, es muy difícil iniciar un proceso, es muy difícil que haya confianza y es muy difícil que la gobernanza criminal no siga consolidándose de la manera en que se ha consolidado el territorio”, dijo la defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar.
- Persecución contra firmantes
Bajo amenaza y persecución han vivido los últimos cuatro años los firmantes de paz del Espacio Territorial de Pondores en La Guajira.
Por segunda ocasión son allanados por la SIJIN y el Ejército espacios habitados y/o administrados por los ex FARC, según denuncia hecha por la Fundación Lazos de Dignidad la semana pasada.
“Los hechos ocurrieron en la madrugada [del 1 de marzo], cuando agentes de la Sección de Investigación Judicial (SIJIN) allanaron la finca “La Envidia”, administrada por un líder social firmante de paz, mientras el Ejército Nacional ingresó sin previa explicación al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de Pondores y a la Finca Nueva Colombia, lugares clave para proyectos productivos de exguerrilleros”, detalla el portal de comunicación alternativa Desde Adentro.
En mayo de 2023, El Espectador publicó una denuncia similar y, según reportes de prensa, durante los últimos cuatro años han asesinado a tres firmantes vinculados al proceso de Pondores, tal como detallamos en esta nota.
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