Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 83)
Por: Caribe Investigación
1. El chantaje de la Andeg
El gremio energético colombiano, alcaldes locales, partidos políticos tradicionales y bancada Caribe en el Congreso vienen saboteando cada una de las iniciativas que ha tomado el Gobierno para lograr una reducción significativa del costo de la factura de energía en los departamentos donde operan las intervenidas AIR-e y Afinia.
Se opusieron a la fórmula tarifaria propuesta por el gobierno; se oponen a las comunidades energéticas impulsadas por el Ministerio de Minas y Energía; defienden los intereses de Afinia y AIR-e, pero callaron (y respaldaron) a estas operadoras ante el robo descarado con las tarifas impagables. Se oponen absolutamente a todo lo que proponga el Gobierno, salvo que sea para decir que va a pagar los 1.3 billones de pesos que adeuda por concepto de subsidios.
Desde inicios de año viene chantajeando al ejecutivo, sobre todo a los ciudadanos del Caribe con la amenaza de un apagón energético si el Gobierno no cancela la deuda por los subsidios de energía. Asumen que la gente es tonta e ignorante, y que nadie es capaz de evaluar de manera crítica lo que está en juego.
Ante el hundimiento de la consulta popular en el Congreso, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) se pronunció favorable a la propuesta lanzada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, para redirigir parte del presupuesto destinado a la consulta popular hacia el pago de la deuda que mantiene la empresa intervenida Air-e con el sector eléctrico.
Antes del hundimiento de la reforma fiscal, que buscaba un escenario positivo en materia fiscal (incluyendo la atención al tema energético del Caribe), la Andeg no dijo nada; sus fichas y voceros políticos se batieron en duelo con el Gobierno para hundir la reforma.
Andeg y otros gremios y sectores económicos del país y del Caribe pasan constantemente del chantaje al descaro, no tienen fronteras visibles entre sus intereses y la ética.
2. Reforma laboral consensuada
A propósito del descarado chantaje político de la Andeg en torno a la deuda del Gobierno y los recursos que se destinarían a la consulta popular, otro actor muy bien curtido en el trance y la negociación habló la semana pasada de una reforma laboral consensuada. Se trata de Bruce Mac Master, un conspicuo opositor a cualquier cambio en el régimen político, económico y social.
En el marco del Encuentro Nacional de Laboristas, el presidente de la Andi se mostró a favor de que, tras la apelación, se tramite nuevamente la reforma laboral para “buscar soluciones consensuadas”. Es lo que llaman control de daños. Mac Master está siguiendo el guion del sector económico y político tradicional que busca evitar un desborde de las calles por el hundimiento de la consulta popular.
Ni el poder económico ni el poder político tradicional le permitirán al gobierno ninguna reforma, por más domesticada que esta sea. Ellos hicieron sus cálculos: no dan los tiempos ni la correlación de fuerzas para que el Gobierno logre una reforma, y en 2026 la derecha cobrará estos fracasos en las urnas.
3. Red de robo de tierras
Se siguen conociendo detalles sobre la red de robo de tierras y falsificación de titularidades que operaba en Soledad, municipio del departamento del Atlántico.
La red criminal operaba mediante un esquema de corrupción que involucraba funcionarios públicos (incluyendo al secretario de gobierno municipal, Carlos Valencia) y actores privados de la región. Su modus operandi consistía en:
1. Falsificación de documentos: se omitían revisiones legales y se alteraban registros para dar apariencia de legalidad a terrenos ocupados ilegalmente.
2. Venta fraudulenta de predios: los terrenos eran fraccionados y vendidos a terceros que, en muchos casos, desconocían el origen ilícito de las tierras.
3. Uso de amparos policivos: se emitían resoluciones a favor de usurpadores para legalizar la ocupación de predios públicos.
4. Participación de funcionarios: entre los implicados había registradores de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios y funcionarios de la Alcaldía de Soledad.
Hasta el momento, 17 personas han sido capturadas en relación con esta red criminal. Los detenidos incluyen servidores públicos y particulares vinculados a estructuras de poder político en la región y al grupo criminal Los Costeños, según la presentación del caso por parte de la Fiscalía.
Este caso nos hace recordar al denunciado el año pasado en Magdalena, cuando se señaló a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de liderar una red de extorsión e intimidación para apropiarse ilegalmente de tierras en la zona rural de Santa Marta.
La red de compra ilícita de tierras en la zona rural de Santa Marta recurrió a la violencia y la intimidación, al chantaje y la persecución de residentes y titulares comerciales para logra el dominio de la titularidad en esta zona estratégica de la ciudad.
4. Plan Pistola en Maicao
Habitantes, transportadores, comerciantes y migrantes de La Guajira están preocupados por la creciente ola de atracos que se vienen registrando en la vía que conduce de Paraguachón a Maicao, en la Troncal del Caribe, departamento La Guajira.
No está de más recordar que esta es una de las zonas de mayor movilidad, tránsito e intercambio comercial del corredor fronterizo colombo-venezolano; ruta que permanecía custodiada por al menos cinco puntos de control de la Policía Nacional y eventuales puntos del Ejército Nacional. Por lo general era segura.
Debido al Plan Pistola ejecutado por las AGC, la Policía Nacional replanteó el esquema de seguridad de la zona y solo mantiene dos puntos de control en la vialidad, a veces movible. ¿Qué denuncia la gente?
Con este cambio se dispararon los atracos en plena vía pública. Lo más diciente es que conductores y mototaxistas señalan que se debe no solo a la falta de funcionarios policiales, sino a la complicidad de los llamados “goleros” con los atracadores.
¿Quiénes son los goleros? Son pobladores de esta zona que trabajan para los policías cobrando coimas (vacunas) a los transportadores de mercancía de contrabando. Sí, la Policía Nacional apostada en la Troncal entre Paraguachón y Maicao tienen montada toda una red de extorsión. Y son los goleros los que informan a los atracadores del movimiento o cambio de guardia de los dos puestos policiales actuales.
5. Corrupción al galope
La corrupción y la impunidad están tan arraigadas en la cultura política del Caribe colombiano, que bien pudiera disputarle centímetraje (ahora algoritmos) a las noticias sobre la inseguridad (robo, sicariatos, extorsión, etcétera).
Un ejercicio superficial (cuantitativo) de los titulares de los principales medios de la región nos deja esta triste conclusión: corrupción en alcaldías y gobernaciones en el manejo de recursos destinados principalmente al Programa de Alimentación Escolar (PAE), proyectos de transición energética, obras de infraestructuras y escuelas; también por la creación de mafias en torno a la titularidad de la tierra (Atlántico y Magdalena), un sinfín de componendas políticas para cualquier tipo de pillaje.
La impunidad es el acompañante predilecto en este ejercicio criminal de asalto a las arcas. Impunidad y complicidad. Sociedad de cómplices.
6. Riohacha sitiada
El paro de Asodegua (Asociación de Trabajadores de la Educación de La Guajira) en Riohacha se extendió por 22 días, lo que afectó a miles de estudiantes en instituciones públicas. La protesta surgió por la falta de garantías en el transporte escolar, el nombramiento de 400 docentes, y el deterioro de la infraestructura educativa. Durante la movilización, los docentes bloquearon vías estratégicas, incluyendo el acceso al aeropuerto, lo que llevó a las autoridades a iniciar negociaciones.
Esto demuestra dos cosas: la educación es un tema clave para un departamento como La Guajira, y la fuerza de las movilizaciones también es crucial a la hora de negociar con los gobiernos locales y regionales, así como a nivel nacional.
El Gobierno Nacional, la Gobernación de La Guajira y la Alcaldía de Riohacha finalmente establecieron una mesa técnica con representantes de Fecode y Asodegua. Se logró un principio de acuerdo que permitió la suspensión del paro y el retorno a clases el lunes 19 de mayo. Sin embargo, los docentes advirtieron que si no se cumplen los compromisos, retomarán la protesta.
7. Movilización de kankuamos
El Pueblo Kankuamo se movilizó el 15 de mayo en Valledupar, Cesar, para exigir justicia y protección tras un ataque ocurrido el 28 de abril de 2025 en la comunidad de Minakamena (Los Laureles), en el predio Monte Sión.
La comunidad protestó contra lo que denuncian como una invasión de sus tierras ancestrales en la zona de Minakamena, dentro del resguardo Los Laureles, por parte de un sector del pueblo Arhuaco liderado por Zarwawiko Torres, quien fue imputado en 2021 por la Fiscalía con cargos por fraude procesal.
Durante la marcha, los kankuamos exigieron la restitución integral del predio Monte Sión, que consideran parte fundamental de su territorio. Además, reportaron que 36 personas, incluyendo niños y niñas, permanecen confinadas en el predio de Minakamena, lo que se presenta como una vulneración grave.
La comunidad sigue concentrada en la Casa Indígena de Valledupar, desde donde coordinan sus acciones y esperan garantías por parte de las autoridades. El Gobierno, por su parte, aunque ha abogado por el diálogo entre las partes, parece no entender toda la complejidad del conflicto actual, sobre todo tomando en cuenta los señalamientos que existen contra el Ministerio del Interior por no atender esta conflictividad de manera oportuna.
8. Acuerdo con la Drummond
Tranquilidad y sosiego fueron las sensaciones que dejó la firma de un acuerdo laboral entre Drummond Ltd. y los sindicatos del carbón en el departamento del Cesar, en medio de la incertidumbre por la reducción de operaciones de la empresa. La compañía firmó convenciones colectivas con 10 sindicatos, incluyendo Sintramienergetica, Sintramined, Sintradrummond y Sintradem, lo que asegura mejoras salariales y beneficios adicionales a los ya establecidos.
El acuerdo beneficia al departamento de Cesar al mantener empleos en el sector minero y evitar un impacto económico negativo por el cierre de operaciones de manera abrupta. Para la clase trabajadora, se establecieron incrementos salariales progresivos y mejoras en prestaciones como pólizas de salud, auxilios de vivienda y transporte, lo que fortalece la estabilidad laboral. En términos económicos, la negociación busca garantizar la sostenibilidad de la producción de carbón, alineándola con las condiciones del mercado internacional.
Queda en vilo una vez más el tema de la transición energética tanto en Cesar como en La Guajira. Mientras no se concrete una ruta de transformación en el corredor minero de ambos territorios, difícilmente se podrá avanzar en la descarbonización y el cambio en el uso de la tierra en estos territorios.
