Por: Juan Alejandro Echeverri
El Campamento Nacional Pedagógico y Popular congregará el próximo 14 y 15 de junio a más de 400 profesoras y profesores de toda Colombia. Luego de trece encuentros departamentales previos, las y los docentes compartirán en Bogotá sus reflexiones y conclusiones sobre la coyuntura política, tanto nacional como internacional; la situación gremial-sindical; y, sobre todo, las consecuencias de desfinanciar la escuela pública, imponer estándares curriculares supeditados al mercado, entre otros preceptos neoliberales que han mercantilizado el derecho a la educación pública.
Periferia conversó con Willy Carmona, quien ha sido profesor desde 1997, actualmente se desempeña como docente coordinador en la localidad bogotana de Bosa, y ha sido testigo del desmonte paulatino de las responsabilidades estatales frente a la educación pública, producto de las recomendaciones políticas y económicas impulsadas por Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos a partir de la década de 1980, lo que se conoce también como el Consenso de Washington. Carmona, que también es miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores (FECODE), nos adelantó algunos detalles del evento en el que esperan construir un mandato educativo y una propuesta pedagógica que recupere la postura crítica, humanista, liberadora y territorializada de la escuela:
Periferia: ¿Cuáles son las consecuencias de aplicar ese modelo privatizador a la escuela?
Willy Carmona: Colombia es un Estado social de derecho, según la Constitución del 91. El garante del acceso a la educación pública estatal en Colombia es el Estado, quien provee los recursos y además administra la prestación del derecho. Esa lógica que está en la Constitución, los gobiernos de derecha y neoliberales no la cumplen, porque, a través de la Ley 715 del 2003, establecieron que en Colombia el sector privado podría administrar recursos públicos, privatizando la educación por medio de la figura de administración contratada con comunidades religiosas, oenegés, o colegios en concesión. No cumplen el mandato de la Constitución y generan una Ley que permite que el sector privado se apropie de los recursos públicos en el sector educativo.
P: ¿Es decir que la plata para garantizar el derecho está, pero quien la aprovecha y termina beneficiándose son los privados?
W: Una parte de la plata está porque lo mandata la Constitución y es direccionado a través de los ingresos corrientes de la Nación. Pero bajo el gobierno de Andrés Pastrana, en el año 2001, se genera el acto legislativo 001, que lo que hizo fue recortarle presupuesto al sector educación, que en pesos constantes al día de hoy equivale a un recorte de 315 billones de pesos, lo que ha llevado a la desfinanciación de la escuela pública, teniendo un impacto negativo en la infraestructura, el programa de alimentación escolar, los comedores escolares, la planta docente, la ampliación de planta, el material didáctico y la garantía de pago de salarios profesionales a los docentes.
P: El campamento va a discutir justamente eso…
W: Sí, en Colombia desde la década de los 70 tomó mucha fuerza el movimiento pedagógico que complementaba la lucha de carácter gremial-sindical, y se proponía un tipo de escuela para el desarrollo de las fuerzas productivas, la autonomía y la independencia nacional. Ese movimiento pedagógico tuvo un pico muy alto en la década de los 80 y los 90, plasmado en el Estatuto Docente, en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, en la propuesta de una escuela diferente.
Ese movimiento ha venido en declive, y en los últimos 30 años ha sido precisamente la política neoliberal la que se ha incrustado en la escuela. La propuesta del Campamento Nacional Pedagógico y Popular quiere discutir cómo juntar los sentires y propuestas de diferentes colectivos magisteriales de base de Colombia para contraponerse a la agenda neoliberal. Construir una agenda de una educación que le sirva a los intereses de la Nación y a los intereses del pueblo.
P: ¿Qué propuestas o conclusiones han surgido en los encuentros previos al Campamento?
W: Lo primero, es que la educación pública estatal en Colombia debe ser un derecho universal y gratuito. Por lo tanto, debe ser financiada completamente por el Estado. Eso lleva entonces, a confrontar la política de racionalización del gasto de la regla fiscal, que limita la inversión en la escuela pública.
Lo segundo, es la construcción de una propuesta pedagógico-curricular de acuerdo a las necesidades de cada territorio, el sistema educativo indígena propio, los proyectos educativos comunitarios, el proyecto educativo institucional con lecturas acordes a las necesidades de los territorios, y no a la estandarización de los lineamientos curriculares, que es lo que pretende esa herencia de la nueva escuela, desconociendo la particularidad de los territorios.
Tercero, la defensa de los derechos laborales de los maestros en clave de garantizar, de manera progresiva, mejorar sus condiciones de carácter laboral. La disputa por una salud de los maestros que también sea garantizada por el Estado. La construcción de una agenda pedagógica que permita ligar la discusión de la escuela con la transformación del contexto, y la articulación con otros sectores del pueblo para las transformaciones que necesita el país.
P: ¿Qué caracteriza a ese estudiante que está formando hoy esa escuela neoliberalizada?
W: Al ser el neoliberalismo una etapa del capitalismo, también tiene una concepción ideológica. Entonces impulsa la competencia, el desempeño en la lógica del mercado, centrando la solución de las problemáticas de la gente desde lo personal y no desde lo colectivo, apuntando a destruir las posibilidades de organización social, comunitaria y popular. Por eso es importante confrontar ese modelo de escuela que tiene ese perfil de ciudadano, y anteponerle una escuela democrática, liberadora, humanizante, que le proponga al estudiante un pensamiento crítico para transformar su realidad.
P: ¿En el grueso del movimiento de profesores hay una alienación a ese modelo o existe un interés real por pensar una escuela distinta?
W: En términos generales, hay un enfoque al interior del movimiento obrero-sindical, centrado en el tema gremialista y económico, es decir, dar luchas que resuelvan en lo concreto su situación material de salarios, y eso limita la capacidad de comprender otras dinámicas de carácter político.
Lo que se pretende con el campamento, precisamente es dar una discusión de carácter ideológico y político frente al papel del capitalismo y del neoliberalismo en la escuela, generando entonces en el maestro un salto en la comprensión de la transformación de las dinámicas de la escuela y la sociedad más allá de los salarios.
P: ¿La educación popular es una bandera de lucha más allá de los salarios?
W: La institucionalidad de la escuela formal tiene unos limitantes curriculares, de espacio… y nosotros creemos que todos los escenarios de los territorios sirven para generar procesos de aprendizaje. A eso lo hemos denominado educación popular, y consiste en romper el esquema de la escuela y del aula, y entender que también el obrero, el campesino, la ama de casa y el joven desempleado tienen escenarios de aprendizaje propios de sus prácticas cotidianas y hacen parte de la educación popular, que se liga a las necesidades de los pueblos y, por lo tanto, tiene implícito un enfoque de transformación del territorio.
P: ¿Cómo imaginas esa escuela que responda a los intereses de los pueblos y no del capital?
W: Democratizar la escuela va de la mano de la democratización de la sociedad. Nos tenemos que imaginar un escenario de transformación colectiva de las necesidades de los pobladores, y un aspecto es la escuela. Yo me separo del discurso de que el gran diferenciador en una sociedad para superar la inequidad es la escuela. Eso es muy romántico. La escuela da elementos para ayudar a transformar los entornos, pero la transformación de una nación, de las condiciones de un pueblo, es una tarea conjunta. Es decir, que se debe articular la democratización de la escuela con la democratización de la sociedad.
P: ¿Conoces algún caso o alguna experiencia territorial que sea inspiradora y ejemplo a seguir?
W: Me llama la atención cómo la escuela en el Cauca y el sindicato han logrado articular esto con el debate de la economía popular. Han hecho un ejercicio de autofinanciación, de construcción de vivienda para maestros, de adquisición de un supermercado que abarata los costos, una estación de gasolina, es decir, un ejercicio que liga la lucha gremial-sindical con un enfoque diferente desde lo cooperativo y desde lo mutual de la economía de los maestros.
P: ¿Qué evaluación haces de la política educativa Gobierno actual?
W: Creo que se centró, principalmente, en resolver unos temas de carácter económico, en los cuales hay avances importantes, por lo menos en la destinación de recursos. Dar un salto de 54 billones de pesos a 72 billones de pesos, es decir, casi 19 billones de pesos, ha permitido resolver una serie de temas económicos puntuales, por ejemplo, los ascensos de los docentes vinculados bajo el decreto 1278, las bonificaciones pedagógicas y la nivelación salarial. Esto ha sido importante. Sin embargo, consideramos que, dentro de la agenda de un gobierno progresista, se ha quedado corto precisamente en confrontar todo el andamiaje neoliberal que está plasmado en la política educativa colombiana.
P: ¿Cuáles serían las medidas concretas y urgentes que debería tomar un siguiente gobierno progresista?
W: Clave, el tema de la financiación, porque precisamente la desfinanciación tiene como consecuencia ineludible la privatización. Una agenda de carácter progresista debería resolver la deuda histórica, que, repito, supera 315 billones de pesos. Y garantizar la financiación de la escuela pública desde un postulado, y es que el responsable y garante de la educación universal y gratuita es el Estado, y, por lo tanto, debe proveer los recursos. Eso llevaría a que existiera en Colombia una política educativa que garantizara, independientemente del gobierno, que la educación pública estatal sea una política de Estado.
También la discusión de una reforma curricular que se ajuste a las necesidades del desarrollo de las fuerzas productivas propias de la nación, y que se contraponga al enfoque de instrumentalizar la escuela en clave de la apertura económica y de los tratados de libre comercio, es decir, una escuela con contenidos de carácter nacional y científico al servicio del pueblo.
