Por: Antonia Bedoya y Natalia Bedoya Alcaraz
A orillas del Río Calderas, en una vereda entre San Carlos y Granada que lleva el mismo nombre del afluente, se realizó el pasado 27 de agosto el Encuentro de Comunidades Afectadas por el Sector Eléctrico, que convocó alrededor de 300 personas para exponer los conflictos relacionados con las represas que han afectado por años a algunas comunidades del Oriente antioqueño: Peñol-Guatapé, Calderas y Punchiná.
El encuentro señaló una serie de puntos clave. Primero, que el sector energético en la región ha sido responsable del desplazamiento de las comunidades y ha tenido una relación histórica con el conflicto armado. Segundo, que es responsable también de la pérdida de la vocación agropecuaria y la descampesinización que están atravesando. Y, tercero, que el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio, sigue siendo afectado hoy por hoy, 43 años después del inicio de sus operaciones a raíz de la repotenciación de los proyectos.
La vida útil de estas hidroeléctricas, además de devastadora, es finita. A cambio de todo el impacto ambiental y las afectaciones sociales que sí son permanentes, sólo se obtienen hasta 50 años de energía. Y la única manera de extender un poco su utilidad, es con un proceso igualmente agresivo que el anterior: abrir las compuertas y dejar correr río abajo todo el lodo —y el sufrimiento— acumulado durante años.
Por otro lado, las comunidades repitieron lo que han dicho hasta el cansancio sobre la incompetencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y Cornare, quienes han hecho y deshecho a su amaño con los planes ambientales. Además, recalcaron que el 6% de los recursos de la producción de las hidroeléctricas que les llega a los municipios está siendo destinados a “mejoras” invisibles para la calidad de vida de la población.
La hidroeléctrica Calderas, de la empresa energética ISAGEN, está unos cuantos kilómetros río abajo del lugar donde se realizó el evento. En ese punto, el agua ya no se ve ni se escucha con la misma fuerza; los peces ya no abundan como antes; el caudal del río ya no alcanza para bañarse; y el agua ya no tiene el color verde esmeralda que brilla en los ríos más vírgenes de la zona. De toda la productividad que se extrae de sus tierras, esto es lo que ISAGEN les deja a los campesinos y campesinas.
“Nosotros acá en el oriente producimos más o menos entre el 37 % y el 42 % de la energía del país. Uno de cada tres bombillos lo prende el Oriente, mejor dicho”, afirma el profesor Bladimir Ramírez, docente, investigador y promotor comunitario de la Asociación de Pequeños y Medianos Productores de Antioquia (ASOPROA), para explicar el aporte de esta región en materia de energía.
ASOPROA, una de las organizaciones sociales que organizó el evento, ha sido un actor de resistencia en este conflicto. Nació hace 21 años, en el momento más álgido de la violencia de la región, juntando al campesinado que años atrás vivía la violencia agenciada por estructuras paramilitares y guerrilleras.
“Esta Cuenca, el río Calderas, fue uno de los mayores teatros bélicos de todo el país. Equiparables al Catatumbo, a la zona de la Serranía de La Macarena en Meta, o a lo que sería el norte del Cauca”, explica Bladimir Ramírez. Él, en su tesis Las Matanzas Vitales, registró 71 casos de ejecuciones extrajudiciales entre el 2002 y 2006 que, según sus conclusiones, tuvieron que ver con la reactivación de la hidroeléctrica Calderas. La cual había suspendido operaciones desde 1998 por los daños ocasionados en una tormenta y un atentado guerrillero (Granada: Memorias de guerra, resistencia y reconstrucción, CNMH).
Las muertes registradas en las veredas La Merced, Los Medios, la Gaviota, Buenos Aires y Villa Nueva sucedieron todas alrededor de la hidroeléctrica y coinciden con perfiles de personas campesinas que estaban organizadas resistiendo desde comités, promotorías, Juntas de Acción Comunal o asociaciones como ASOPROA.
Según Bladimir, “no necesariamente donde hubo insurgencia, hubo paramilitarismo. Pero sí donde hubo proyectos de reforma agraria, de empoderamiento del territorio, de denuncia frente a hidroeléctricas o proyectos extractivistas, ahí sí ha estado el paramilitarismo”. Esto explica por qué en esta zona del Oriente Antioqueño, el conflicto ha sido tan fuerte.
“Eso está todo anclado, porque cuando uno habla del tema del paramilitarismo no tiene que ver solamente con el actor armado. Tiene que ver necesariamente con un entramado, una red de actores, donde una arista es lo militar, pero también está lo político, está lo económico-empresarial y está lo ideológico, sobre todo frente al movimiento comunitario que ha sido tan fuerte en esta cuenca”, concluye Bladimir.
A esto se le suman las nuevas problemáticas que aumentan la amenaza, como la gentrificación, el turismo y la extensión de una idea neoliberal de “desarrollo”. Pues, como afirma Francis García, presidente de Asoproa, existe la posibilidad de una ampliación del aeropuerto José María Córdova, así como la construcción de un nuevo tramo de la autopista Medellín-Bogotá y la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás.
Francis explica que hay una exacerbación de hambre del capitalismo dentro del Oriente Antioqueño, todo con la intención de materializar la estrategia de convertir a Antioquia en “la mejor esquina de América”. Una esquina que en la práctica no se traduce en una verdadera mejora en la calidad de vida para quienes viven dentro del territorio, sino más bien en beneficios para la inversión americana.
“Eso obviamente va a hacer una presión sobre elementos limitados que ya conocemos, como la oferta ambiental, de agua y servicios, en energía, en capacidad de proveer alimentación, en capacidad de proveer el componente biótico. Cuando planteamos que un Valle de San Nicolás quede convertido en casi una ciudad, estamos planteando que uno de los escenarios más ricos en biología sea limitado a lo mínimo, y eso nos preocupa”, plantea Francis.
Esto no solo genera una nueva problemática, sino que acrecienta otras. Al conjunto de ricos que están migrando a la zona, poco les importará preguntarse por lo que pase con el pedazo de tierra que les resulta tan ajena. No les dice nada el 6 % de recursos que tributan las empresas hidroeléctricas y que son asignados a la comunidad con la que rara vez tienen contacto; y que salen de la explotación de los ríos, quebradas y montañas con las que solo tienen una relación cuando salen a “avistar aves” o hacer trekking.
Para Asoproa la pregunta sigue siendo la misma que hace 20 años: ¿quién va a sembrar, de dónde va a salir la comida? A los citadinos se les olvida que el dinero no se come. Como agrega Francis, “son seres humanos que obviamente se han enajenado de su condición humana, de su situación real de conexión directa con el entorno ambiental y la naturaleza, que es realmente la que nos da el sustento para existir. Situación que el campesino nunca olvida y que siempre tiene presente y vive con ella”.
Al inicio del Encuentro desarrollado en el Calderas, el delegado del Ministerio de Ambiente habló por el micrófono para invitar a las comunidades a unirse a la Mesa Nacional de Afectados por Represas y a los Consejos Territoriales alrededor del agua, y decir que se necesitaba más educación ambiental en Colombia. Por su parte, Asoproa compartió con todos y todas las asistentes la idea con la que viene soñando de la mano de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y otras organizaciones sociales: construir el primer Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) del departamento. “Para que podamos hablarle de frente a ISAGEN”, se dijo, “sin necesidad de estar subordinados a diálogos arreglados entre la institucionalidad y la empresa”.
La propuesta se está impulsando en los municipios de Cocorná, Granada, San Francisco, San Luis y Argelia. Y está en el proceso de socialización en las veredas que componen la cuenca del Río Calderas para ver consultar con las comunidades si quieren sumarse a la iniciativa. El eje estructurador del proyecto es el agua, lo que implica que esta sea entendida como un recurso de vida. Por ello, la propuesta reúne veredas que quedan sobre la cuenca de los ríos Santo Domingo, Calderas y La Paloma.
Hernán Pineda, integrante del equipo de formación del CNA y profesor universitario, explica que la apuesta de un TECAM en el Oriente antioqueño se basa en una territorialidad comunitaria y el reconocimiento del campesinado como sujeto especial de derechos. Por eso, la propuesta busca estructurar una forma de ordenar el territorio ante proyectos extractivos y proyectos de turismo que hoy amenazan a las comunidades y están estimulando el proceso de descampesinización.
Como explica Hernán, el TECAM hace parte del camino hacia una Reforma Agraria, porque se basa en la construcción de planes de vida que articulan el acceso a la tierra, su formalización y el fortalecimiento de la economía campesina. Es un medio no solo para proteger la concepción campesina del territorio, sino también para organizar la vida rural en torno a proyectos productivos que refuercen el tejido comunitario.
Es un mecanismo de protección frente a problemáticas históricas como el despojo ocasionado por el sector mineroenergético; o problemáticas actuales como el turismo, “que termina generando un proceso sobre la renta del suelo y expulsando a las comunidades campesinas”, manifiesta Hernán.
Por eso, la iniciativa de este TECAM es una forma de reparación frente a todo el daño ocasionado. Sin embargo, no es algo brindado, es algo exigido. Es el resultado de más de dos décadas de historia y resistencia campesina en el territorio. Es el fruto de la lucha de hombres y mujeres que, frente a la violencia y el despojo, han sabido tejer alternativas colectivas como Asoproa, construyendo proyectos comunitarios que reivindican sus derechos. Es la materialización de múltiples esfuerzos por asegurar lo que históricamente se les ha querido arrebatar una y otra vez. Como dice Francis:
“Es un proceso que surge no al calor de la lucha, sino al calor de la resistencia. Bajo el fragor de múltiples discusiones y formas de entender y politizar nuestro diario vivir en el territorio”.
