Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 90)
Por: Caribe Investigación
1. ¿Qué sucede en el Caribe?
La crisis de seguridad que sufre el Caribe colombiano es inocultable. El impacto que se viene registrando los últimos meses está sobrepasando los límites geográficos y humanos. La cartografía de la guerra no es la misma de hace 20 años: líderes campesinos de regiones rurales están sufriendo tanto como sufre un tendero o transportista de barrio de Barranquilla y Santa Marta, o un líder comunitario de Riohacha o San Juan del Cesar.
Cada ciudad o subregión guarda características propias. Pero el paraguas de la violencia es el mismo. Un breve repaso por las noticias actuales confirma que el Caribe colombiano se convirtió en el centro de una disputa armada (con ciudades y corredores estratégicos); situación similar a la que se vivió en la década de 2000, sobre todo por la amenaza que esto supone para el ejercicio de liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos, ambientales y territoriales.
No haremos una radiografía exhaustiva sobre el tema porque no es el objetivo de nuestras síntesis semanales, pero sí daremos unas pinceladas sobre lo que ha sido abordado con preocupación los últimos días.
La Defensoría del Pueblo emitió el jueves pasado la Alerta Temprana 009 de 2025 para el municipio de Chiriguaná, centro del departamento del Cesar, ante el grave riesgo de violencia por la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el ELN. Según el informe, esta confrontación amenaza derechos fundamentales como la vida, la integridad y la seguridad de la población urbana y rural. Además, en la zona opera el Frente 41 Cacique Upar, disidencia de las extintas FARC, que busca consolidar su presencia, agravando el panorama.
“Dado el nivel de riesgo extremo, la Defensoría del Pueblo les formuló 31 recomendaciones a los entes estatales competentes, como los Ministerios del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía de Chiriguaná, entre otros, con el propósito primario de que pongan en marcha acciones urgentes, bajo la perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario (DIH)”, puntualizó la Defensoría del Pueblo.
Recordemos que el centro del Cesar, entre la década de 1970 y 1980, vio nacer y consolidar la presencia e influencia de la guerrilla del ELN y también de las extintas FARC, pero experimentó el surgimiento de organizaciones paramilitares financiadas por terratenientes y transnacionales; en ese contexto de irrupción y crecimiento paramilitar (para supuestamente combatir a las guerrillas) se le dio impulso a proyectos de ganadería extensiva y cultivos de palma de aceite y, a la par, se persiguió a sindicalistas e integrantes de organizaciones de izquierda y familias campesinas.
El centro del departamento sigue siendo de interés estratégico por la interconexión que esto supone entre la región del Magdalena Medio, el Catatumbo, la frontera colombo-venezolana y el corredor minero que conecta al norte del Cesar con el sur de La Guajira. Es estratégico, más no se limita a un tema de corredores estratégicos del narcotráfico, como nos han querido imponer algunos analistas.
A pesar de este panorama de violencia, la lucha campesina por la tierra sigue siendo determinante en las dinámicas no solo del centro del departamento, sino de otros municipios, como describimos en este trabajo: La recuperación de tierras en el Cesar: entre la vanguardia y el estigma.
No es un dato menor que el Cesar sea el departamento donde más tierras se han entregado a campesinos y comunidades étnicas los últimos tres años, con más de 28 mil hectáreas, según informó recientemente la Agencia Nacional de Tierras. Aunque persiste la desigualdad y los reclamos, es un hito que no se debe menospreciar por dos razones: el liderazgo campesino se reconfiguró en el territorio a pesar del arrase paramilitar de la década de 2000; este nuevo liderazgo está siendo amenazado con igual alevosía en los últimos años.
Todo lo anterior sin obviar que el centro del Cesar, por su ubicación geográfica pero también por sus vínculos sociales y culturales con el centro del país (los Santanderes), tiene mucho que ver con las dinámicas y conflictos que sacuden al Catatumbo y está estrechamente vinculado con los aconteceres del sur del departamento.
Sierra Nevada y sus estribaciones
Sobre la Sierra Nevada de Santa Marta se han escrito varios análisis, informes, alertas y reflexiones olímpicamente ignoradas o mal atendidas por el Gobierno. El último informe (julio de 2025), elaborado por la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL), da una cruda lectura sobre cómo la política de expansión y control territorial —y también de disputa a sangre y fuego entre las Autodefensas Gaitanistas (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN)— definitivamente maniataron el territorio.
La semana pasada, la Defensoría del Pueblo ratificó esta lectura al emitir la Alerta Temprana (AT) 010 de 2025 para la ciudad de Riohacha y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira. Advirtió la Defensoría que ambos grupos buscan a toda costa consolidarse en los cascos urbanos y las zonas rurales y que “tiene en riesgo extremo a los habitantes de los dos municipios y de la capital guajira”.
“La actual situación puede derivar en graves impactos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH), personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales”, señaló la Defensoría.
Aunque está fuera del alcance de la AT de la Defensoría del Pueblo, la ciudad de Maicao forma parte también de este eje de violencia e inseguridad desmesurado que experimenta La Guajira y el Caribe: sicariatos, atracos, narcotráfico, entre otros. Aunque el alcalde de la ciudad, Miguel Felipe Aragón desmintió de alguna manera lo que viene sucediendo en esta ciudad fronteriza, tuvo que pronunciarse la semana pasada en la prensa local para calmar a la ciudadanía.
En entrevista con la emisora local Cardenal Stereo, el alcalde Aragón señaló que gran parte de los hechos violentos obedecerían a disputas entre estructuras delincuenciales y no a un patrón de criminalidad sistemática. Esto no solo es falso, sino irresponsable. Es la manera más simplista de tratar un tema tan delicado como el de la seguridad.
Olvida el alcalde que la ciudad de Maicao, por su importancia comercial y geográfica (conecta al norte con Venezuela y mantiene vinculación directa con el sur de La Guajira, Riohacha y la Media y Alta Guajira), no es ajena a lo que sucede en la disputa entre las AGC y las ACSN en todo ese corredor. Es una ciudad estratégica, de importancia logística y operativa, y viene repitiendo el patrón de Riohacha.
Atlántico
El mes de julio cerró con la cifra de 79 muertes violentas en Atlántico: Barranquilla y Soledad encabezaron la lista de los municipios más afectados. Esto ratifica la tendencia del primer semestre de 2025, periodo durante el cual Barranquilla y Soledad concentraron la mayoría de los asesinatos, “mientras que municipios como Sabanalarga, Baranoa y Juan de Acosta comienzan a registrar picos inusuales de violencia”, reseñó el diario El Tiempo citando fuentes policiales.
“En lo que va de 2025, el departamento ha registrado más de 450 homicidios, de los cuales 396 ocurrieron en Barranquilla y su área metropolitana”, puntualizó el medio. Una cifra escandalosa si tomamos en cuenta que entre los meses de enero y junio de 2025 los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira registraron 634 homicidios en total.
Anuncios van, anuncios vienen. También la promesa de una paz total urbana con los principales actores armados del departamento, que a corto plazo permita desescalar la violencia, similar a la que se vivió en este departamento en la década de 2000 con la entrada de las AUC. Por supuesto, las dinámicas de poder y de violencia, incluso la hegemonía de quien ejerce la violencia, ha cambiado. Todo esto aderezado con un cambio en la dinámica geográfica del conflicto social y armado del país, la concentración de la violencia (paramilitar, de bandas o delincuencia común) en las principales ciudades del Caribe.
Las víctimas son las mismas: ciudadanos comunes, jóvenes que son reclutados por los actores armados en disputa, líderes y docentes amenazados, transportistas, tenderos y pequeños comerciantes bajo el yugo de la extorsión. Esta realidad se repite en Cartagena, Valledupar, Riohacha, entre otras ciudades del Caribe.
Sur de Bolívar
La crisis humanitaria del sur de Bolívar recrudeció. Un paro armado decretado por las AGC y el ELN contaba la semana pasada con 15 días. Según reportes de las comunidades recogidos por la prensa y la Defensoría del Pueblo, este paro incidió en confinamientos, restricciones a la movilidad de los servicios de salud, desabastecimiento de alimentos y combustibles, lo que afecta a más de 7 mil familias.
“El panorama es preocupante en la zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur, donde están afectados los corregimientos de Buena Vista, Fátima, Villaflor, Los Canelos, San Juan de Río Grande, La Marizosa, el sector de Guamoco y todo el sector minero”, precisó El Universal de Cartagena.
Lo que más reprochan las comunidades es el silencio del Gobierno ante la grave situación humanitaria. Crisis que viene acumulándose los últimos años, donde organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos han denunciado la connivencia entre la fuerza pública y las AGC. Lo anterior nos lleva a recordar puntos claves:
- Si en Colombia no se ejecuta una política de desmonte del paramilitarismo, y sigue intacta la doctrina del enemigo interno, este tipo de denuncia de connivencia seguirá afectando la paz en los territorios.
- No existe un compromiso real por parte de las AGCpara respetar los liderazgos y comunidades que se oponen a su plan de expansión; aunque públicamente expresan lo contrario.
- La negociación Gobierno-AGCno tiene una agenda clara, ni siquiera se conoce un avance concreto, que permita abordar la crisis humanitaria que sufren los territorios del sur de Bolívar o de la Sierra Nevada y sus estribaciones.
- El fracaso de la mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELNincide también en las decisiones que toman las autoridades en relación con el sur de Bolívar, ya que priorizan la respuesta militar y esta, sin duda, termina afectando aún más a las comunidades.
En conclusión, el Caribe colombiano está experimentando un escenario cruento de violencia y confrontación armada, de expansión territorial de actores paramilitares y de bandas con alto poder de fuego, de confrontación entre paramilitares y guerrilla, con un impacto directo en las dinámicas sociales de amplios territorios y de las principales ciudades (en algunos casos interconectados entre sí), con cero garantías para el ejercicio de liderazgos y una crisis humanitaria creciente ignorada o atendida a retazos.
