Por: Desanastesico
Fernando Manugama me recibe con un fuerte apretón de manos. Deja ver una sonrisa tímida al reconocerme de la anterior visita que hice el año pasado a la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja en la ciudad de Bogotá, de donde algunas familias salieron el 19 de mayo por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran desde hace 3 años. Además, La Rioja presenta graves problemas de infraestructura debido a la cantidad de población Emberá que fue trasladada allí, supuestamente, de manera temporal por 30 días, los que se alargaron a 3 años. La unidad con capacidad para albergar 450 personas, contaba con alrededor de 1.800.
Algunos continúan allí, pero alrededor de 500 de ellos se vinieron de nuevo al Parque Nacional para exigir nuevamente las garantías de una vida digna, la que les ha sido vulnerada una y otra vez.
Como líder designado por 12 mayoras y mayores, Fernando accede a la entrevista y a que yo documente la actual situación. Es algo que vengo haciendo desde el 2020 cuando estaban en el Parque El Virrey, luego en el Parque Nacional, La Rioja y ahora nuevamente en el Parque Nacional. Sin embargo, me expresa la inconformidad de que llegan cámaras, pero pocas soluciones.
La situación actual se da en busca de respuestas a sus demandas. Estas comunidades, originarias del Chocó y Risaralda, han sido desplazadas por el conflicto armado y la inseguridad. Los procesos de retorno a sus resguardos han sido imposibles debido a la falta de garantías, la violencia y el abandono estatal en los territorios de donde vienen. En enero de 2024, cerca de 500 Emberá regresaron a Bogotá tras un mes en sus resguardos, denunciando la persistencia del conflicto armado. Desde entonces han muerto al menos 24 menores de edad Emberas en Bogotá debido a las enfermedades, ya que en La Rioja no cuenta con acceso a agua potable y se han registrado brotes de tuberculosis, enfermedades respiratorias, gástricas e intestinales.
En el Parque Nacional las condiciones no cambian mucho, los plásticos por todas partes intentan detener el agua que cae con fuerza en la capital. Adentro las cocinas y algunas carpas se disputan el poco espacio para hacerle el quite al frío y la lluvia. Se ven varios funcionarios del distrito que hacen labor de acompañamiento, sin embargo, la comunidad sacó a muchos de ellos porque no se sentían seguros, además de que todo el tiempo les tomaban fotografías sin su consentimiento. Ahora son menos; pero los sigue habiendo, dan vueltas por el sector y están en puntos de ingreso para evitar que extraños intenten entrar.
Las exigencias siguen siendo las mismas, quieren retornar dignamente a sus territorios de origen, con garantías en salud, vivienda, educación, vías, proyectos productivos, además de las garantías para quienes ya no quieren regresar y se quieren quedar habitando la ciudad. Las negociaciones siguen con el Gobierno Nacional y distrital, pero ya no quieren seguir viviendo de la manera indigna en que lo han hecho los últimos años. Su estancia en la capital les ha costado mucha sangre y estigmas por una parte de la sociedad colombiana que, desde sus privilegios, los señala y no entienden que están ahí no porque quieran, sino porque son víctimas del conflicto armado y no tienen a donde más ir.
