Por: Juan Alejandro Echeverri
*Este trabajo fue posible gracias al apoyo logístico de Barracón Digital
TOCOA/Honduras. Esly Emperatriz Vanegas sabe que el jugo de guayaba es uno de los favoritos de Xiomara Castro Sarmiento, la actual presidenta de Honduras y primera mujer en lograrlo en toda la historia de la República. Cuando volvieron al país centroamericano tras casi dos años de exilio —provocado por un golpe de Estado que le arrebató el poder presidencial a su esposo, Manuel Zelaya Rosales, en junio de 2009—, Esly recibió a la pareja y les hizo varias cenas en su casa, una propiedad amplia y apacible ubicada en Tocoa, ciudad capital de Colón, uno de los departamentos del litoral atlántico hondureño. “Yo era muy xiomarista, nunca fui melista. Pero ahora no, ninguno de los dos”, dice con un desencanto notorio la lideresa de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
—¿No volverías a votar por Xiomara?
—No, no, no, jamás —responde sin titubeos.
Xiomara era considerada, al menos para Esly, parte de la resistencia social y ciudadana. Ella y la organización de la que es coordinadora, suponían entonces que la presidenta daría respuestas concretas y estructurales a la lucha por la redistribución y el acceso a la tierra que COPA lidera hace casi treinta años. “No porque se le estén pidiendo favores, es porque el derecho se nos ha negado y se nos ha violentado históricamente”, afirma Esly en una de las oficinas de la plataforma que aglutina 25 organizaciones campesinas y sindicales.
Luego de varias movilizaciones, COPA firmó un acuerdo con funcionarios del actual Gobierno, sin embargo, a cuatro meses de que se celebren nuevas elecciones presidenciales, todo se ha quedado en el papel. Tal vez porque una persona en ese rol no puede carecer de ella, Esly dice que todavía conservan la esperanza de que algo pase, pero inmediatamente reconoce que son conscientes de que a lo mejor no haya mayor avance. A pesar de intentarlo una y otra vez, COPA no pudo reunirse con la presidenta, ¿por qué ahora que va de salida y su partido está en campaña si lo conseguirían?
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Xiomara heredó un lastre de vieja data. El Valle del Aguán, región que comprende los departamentos de Colón y Yoro, y que es ejemplo de la milagrosa convivencia pictórica y ecológica de la serranía y el mar, estaba casi que despoblado hace medio siglo. En la década del 70, fue el Instituto Nacional Agrario (INA) quien indujo la migración colonizadora sobre esas tierras fértiles y prósperas. El INA, institución encargada de materializar la reforma agraria, cuya primera Ley fue promulgada en 1962 y posteriormente fue actualizada en 1974, entregó a los colonos unas 23.000 hectáreas de tierra, las que luego serían sembradas con palma de aceite y banano.
Las primeras versiones de la reforma deseaban transformar la estructura agraria del país, privilegiando el acceso de la tierra para los hondureños y distribuyendo su tenencia de forma equitativa, de manera que no existieran pequeños minifundios ni grandes cantidades concentradas en pocas manos. Además de eso, la reforma agraria incluía la construcción de escuelas, puestos de salud, vías y demás infraestructuras que garantizaran el acceso a derechos básicos. Pero en la práctica, sucedió lo contrario.
En 1992, la Ley de Modernización del Sector Agrícola hizo las veces de contrarreforma agraria, permitiendo que cualquier persona o empresa pudiera comprar las tierras que antes había entregado el INA. El aparataje normativo se acomodó para que los terratenientes, ayudados por las fuerzas militares, pudieran profundizar y legalizar el despojo que venían fraguando desde años atrás. Un estimado de 84 cooperativas campesinas, amparadas por los primeros intentos de reforma agraria, fueron víctimas de sobornos, amenazas, secuestros, asesinatos y presiones de todo tipo para que entregaran a otro la propiedad de la tierra. Los antiguos dueños pasaron a ser mano de obra de las palmeras y las bananeras. Quienes no fueron empleados, cuenta Raúl Ramírez, secretario de la Plataforma Agraria de Honduras, tuvieron que desplazarse, buscar el auxilio de algún familiar, y, en el peor de los casos, “murieron de depresión” o vivieron en la miseria a la orilla de algún río. El líder asegura que algunas actas de propiedad fueron falsificadas y firmadas por personas que no tenían potestad ni relación alguna con las cooperativas.
Según los entrevistados, uno de los principales beneficiarios de esa calculada concentración de la tierra fue la Corporación Dinant, empresa fundada en 1960 y dirigida hasta el momento de su muerte por Miguel Facussé Barjum, quien le heredó la responsabilidad a su hijo Miguel Mauricio Facussé. El prontuario de los Facussé no solo se limita al mundo empresarial y económico, Carlos Roberto Flores Facussé, sobrino del patriarca Miguel, fue presidente del país entre 1998 y 2002, y presidente del Congreso Nacional de 1994 a 1998. Dinant, conglomerado empresarial que tiene presencia en República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, desarrolla productos para el cuidado del hogar, snacks, grasas, aceites y otros agronegocios. En Honduras es dueña de 13.300 hectáreas sembradas con palma de aceite, y compra la fruta que cosechan productores independientes en otras 32.000 hectáreas. Una investigación del medio ambiental Mongabay, cifraba en 200.000 la cantidad total de hectáreas plantadas con palma de aceite en ese país, de las cuales casi la mitad estaban localizadas en los departamentos de Colón y Yoro.
Tomado de Mongabay: (https://es.mongabay.com/2024/08/palma-de-aceite-honduras-comunidades-con-tierras-inundadas-agua-aceitosa/)
“Ellos siempre han tenido esa potestad de creerse los dueños de la tierra, aún cuando saben que los propietarios son las familias campesinas —asegura Esly—. Pero aquí no hay justicia, aquí impera la impunidad. Hay muchas leyes, más de 5.000, pero esas leyes no se respetan y no defienden realmente los derechos del pueblo hondureño”.
El pico más intenso de despojo y concentración, cuenta Raúl, duró hasta 1998. Un año antes, un 6 de junio de 1997, nació la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), cuya historia está plagada de mártires. A solo meses de su nacimiento, el 17 de octubre, fue asesinado Carlos Escaleras Mejía, uno de sus referentes más importantes, quien había renunciado a la coordinación del movimiento para continuar su aspiración a la alcaldía de Tocoa en representación del partido Unificación Democrática. El asesinato de Carlos vive en la impunidad. Esly cuenta que uno de los autores materiales fue capturado y firmó un acta notarial en la que afirmaba que Miguel Facusé había pagado por el homicidio, sin embargo, un juez encargado del caso no quiso darle validez al acta. También, dice la coordinadora de COPA, en su momento conocieron que una fiscal fue despedida por solicitar una orden de captura contra Miguel Facusé, luego de eso, el proceso se pausó.
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La tragedia provocada por el huracán Mitch entre octubre y noviembre de 1998, paradójicamente significó un renacer de la reivindicación por el acceso a la tierra en el Aguán. Más de 5.000 muertos, un país destruido y sumido en la pobreza, fue el resultado de las lluvias torrenciales que azotaron durante 8 días a Honduras. En ese contexto de miseria, a partir del año 2000 iniciaron y se multiplicaron las recuperaciones de tierra en el Valle. La primera generación de colonos y fundadores de las cooperativas campesinas, se reagruparon, juntaron sus familias, y osaron entrar a las tierras de las que habían sido sacados.
Una de las primeras y más emblemáticas recuperaciones fue la del predio donde funcionó el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), en el municipio de Trujillo. En las casi 5.700 hectáreas que ocupaba el CREM, y que hoy son el hogar de familias campesinas, las tropas estadounidenses entrenaron a las milicias contrainsurgentes que intentaron impedir los alzamientos guerrilleros en Nicaragua y El Salvador.
El reverdecer el movimiento agrario obligó al gobierno a negociar una salida estructural a la problemática. En 2005, dirigentes sociales y funcionarios firmaron actas y acuerdos. Para sorpresa de la organización, el aparato estatal utilizó esos acercamientos para castigar a los perfiles más visibles de las recuperaciones. Esly, que en aquel entonces dirigía el sindicato del Instituto Nacional Agrario —que a su vez hacía parte de COPA—, fue una de las 11 personas que fueron procesadas y detenidas por usurpación de tierras. El revuelo nacional e internacional neutralizó la medida represiva: los dos procesos fueron sobreseídos y la detención solo duró 24 horas.
Las recuperaciones continuaron en adelante, acompañadas de movilizaciones multitudinarias y cierre de carreteras, lideradas por el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), que también estaba afiliado a COPA. La Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que favoreció la compra-venta ilegal de tierras por parte de los terratenientes, favoreciendo el acaparamiento de la tierra, se convirtió en un debate nacional, sobre todo en un momento en el que aumentaba la densidad poblacional del Valle, y resultaba urgente construir nuevas viviendas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas.
Manuel Zelaya, quien llegó a la presidencia con un discurso de izquierdas, intentó apaciguar los ánimos con una Comisión Técnica-Jurídica compuesta por representantes del INA, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la Secretaría de la Presidencia y el MUCA. Las negociaciones quedaron interrumpidas tras el golpe de Estado de 2009.
La militarización y la violencia contra el campesinado se agudizaron con el rompimiento del orden constitucional. El Aguán se convirtió en un imperio operativo y logístico de la droga, especialmente durante el mandato de Juan Orlando Hernández, quien gobernó desde 2014 hasta 2022, y, al igual que su hermano, fue extraditado a Estados Unidos y condenado por narcotráfico. Personas entrevistadas para este reportaje, y cuyo nombre se omite por razones de seguridad, aseguran que los hermanos Hernández y sus aliados tenían mansiones y pistas de aterrizajes clandestinas en lo profundo de las plantaciones de palma y banano.
Según datos del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, citadas por el medio Eric, entre 2008 y 2013 se registraron 123 asesinatos y seis 6 desapariciones forzadas en la región. Esa época sangrienta que sigue viva en la memoria de COPA y las organizaciones afiliadas a ella, les hizo merecedoras de una medida cautelar otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2014. La decisión del organismo internacional cobijó a 126 personas que integraban el Movimiento Campesino Recuperación del Aguán, el Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez, el Movimiento Unificado Campesino del Aguán, y el Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán. Entre los elementos analizados, la Corte señala que “después de concluir su visita a Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el uso de mercenarios expresó su preocupación sobre el involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos asesinatos, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán”.
La medida cautelar no paró el asedio contra las personas y las organizaciones beneficiarias. Dos años después de la sentencia, el 18 de octubre de 2016, justo el día en que se conmemoraban los 20 años del asesinato de Carlos Escalera, fue asesinado José Ángel Flores, coordinador del MUCA y una de las personas cobijada por la sentencia. Tan solo una semana después, el 30 de octubre de 2016, cuando se realizaban las votaciones para elegir a las autoridades del Partido Libre, agrupación opositora de izquierda, asesinaron al hijo mayor de Esly, otra de las beneficiarias y quien competía ese día por hacerse con un lugar en el partido. “No he tenido información. Ni siquiera de los asesinos materiales. Mucho menos de los intelectuales. Dos meses después del asesinato de él, asesinaron a mi exesposo. Y mi hija, que era también hija de él, tuvo que asilarse fuera del país. Ya de mi actual matrimonio tengo un hijo que también tiene asilo político fuera de Honduras”, cuenta Esly con una serenidad sobrecogedora.
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Desde un inicio, Xiomara demostró voluntad política para atender las demandas del campesinado del Aguán. El 22 de febrero de 2022, a tan solo un mes de iniciar el mandato, cuatro ministros y un viceministro firmaron un acuerdo con COPA y otros 15 movimientos campesinos. El objetivo, materializar una promesa incumplida: echar a andar una nueva reforma agraria. Al año de haber firmado el acuerdo, el Gobierno instaló la Comisión Tripartita que debía revisar la legalidad de las actas de compra-venta, facilitar el acceso y la redistribución de la tierra, y documentar las violaciones a los derechos humanos. COPA y sus afiliados aportaron la información y los informes pertinentes que demostraban la ilegalidad del despojo. Pero dada la negligencia gubernamental, y de instituciones como la Procuraduría y el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), es casi nulo el avance de los objetivos para los que fue creada la Comisión.
Pese al nuevo talante del Gobierno, incrementaron los desalojos consumados por grupos de seguridad privada contra las empresas cooperativas que habían recuperado tierras. Raúl, quien también hace parte de la Cooperativa La Lempira, ubicada cerca de Tocoa, me mostró un video que capta las escenas de pánico durante uno de los ataques. En él se ve incluso a los policías, que estaban en el lugar de los hechos para proteger a los campesinos, escondidos detrás de unos árboles para evitar ser víctimas de las balas disparadas por los mercenarios que sirven a los terratenientes. Según Esly, desde que firmaron el acuerdo con el Gobierno, fueron asesinadas 20 personas que hacían parte de las organizaciones afiliadas a COPA.
Las balas no solo han sido disparadas contra campesinos recuperadores, también contra líderes ambientalistas. Primero, mataron tres integrantes del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, organización que se ha opuesto a la explotación minera en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escaleras Mejía. Luego, el 14 de septiembre de 2024, fue baleado Juan López, coordinador general del Comité. Además de hacer visibles los daños causados por las prácticas extractivas sobre los ríos Guapinol y San Pedro, Juan López denunciaba que la empresa Inversiones Los Pinares explotaba hierro en el Parque, pese a no contar con los permisos requeridos para ello.
El coordinador del Comité también era regidor de Tocoa y férreo opositor del actual alcalde de la ciudad capital, Adán Fúnez, quien lleva 20 años atornillado en el cargo, hace parte del partido de gobierno y es amigo íntimo de la familia presidencial. Funez salió salpicado en un escándalo de corrupción revelado por Insight Crime el 3 de septiembre del año pasado. En el video que provocó un maremoto político en el país, se ve al alcalde de Tocoa y a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta, hablando con narcotraficantes sobre una presunta financiación para la campaña presidencial de Xiomara en 2013. Una vez publicada la investigación, José Manuel Zelaya, hijo de Carlos, renunció a su cargo como ministro de defensa. 10 días después de que Juan López exigiera la renuncia de Adán Fúnez, lo asesinaron.
Las autoridades han detenido a tres personas. Cuando está por cumplirse un año del homicidio, solo se ha realizado una audiencia. Las demás han sido pospuestas porque, según el Ministerio Público, no han podido hacerles el peritaje a los celulares de los detenidos. “Hay toda una maquinaria en contra de las organizaciones y en contra de quienes alzamos la voz. Quisiéramos nosotros encontrar un lazo que nos lleve a algo de justicia en esta zona del Valle del Aguán, pero cada vez encontramos todo lo contrario. Fiscales, policías, jueces, magistrados, tribunales que deben investigar, pero no hay respuesta en ningún lado”, se lamenta Esly.
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La ruta que lleva al suroriente de Honduras, donde está ubicado Tocoa y el Valle del Aguán, es un viaje entre opuestos. A lo lejos, las montañas tupidas abrigadas por densos nubarrones. En las planicies que bordean la carretera, densas plantaciones de palma y banano ajenas al paisaje. Durante el recorrido terrestre, de tanto en tanto son comunes los ríos y las quebradas, que en algún momento fueron exuberantes, y que hoy están reducidos a un arrume de piedras. Es la metáfora paradójica de la escasez, en una tierra que fue y todavía es abundante. Es la cicatriz de los monocultivos que humillan a miles para beneficiar a un puñado. “El agua que consume una familia en un año, la planta donde se procesa el fruto de la palma, la consume en un mes”, recuerda Esly que decía Juan López.
La palma y el banano robaron las tierras, y además acabaron con ellas. En los alrededores de la planta donde la Corporacion Dinant transforma la palma en aceite, la mayoría de fuentes hídricas se han secado, las pocas que quedan están contaminadas con desperdicios químicos, enfermando a quienes se proveen de ellas. El veneno entra por boca y nariz. La polución emitida por las máquinas extractoras provoca asma y bronquitis a los habitantes aledaños.
Aunque no existen estudios que lo comprueben, el impacto climático es notorio. Las lluvias que eran frecuentes en los primeros meses del año se han ido. Del cielo llueven ahora los pesticidas que las avionetas derraman sobre los plantíos de banano. Las empresas han sido demandadas por usar nemagón, un insecticida que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) prohibió por ser un posible agente cancerígeno. “Pero son demandas que no prosperan, que quedan como todo lo que tiene que ver con la justicia en este país”, acentúa Esly.
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Por donde corría agua, en el Aguán hoy corre sangre. Días antes de publicar este reportaje, en Bonito Oriental, municipio cercano a Tocoa, fue asesinado Abel Monroy, recuperador de tierra vinculado a la Plataforma Agraria. En un escenario tan adverso, no deja de sorprender la entereza de personas como Esly, que, pese a que hombres armados han llegado hasta la puerta de la sede de COPA, han asaltado las oficinas, se han llevado equipos, su casa ha sido rondada por drones, han intentado matarla y le han tratado como una criminal, en lugar de huir persiste en la lucha:
“Yo creo que la gente merece que se le respeten su derecho, un poco de justicia. Y no sé, yo siento que aquí es mi lugar. Aquí tengo un lugar por el cual seguir luchando. A una madre con que le asesinen a un hijo, siento que no pueden hacerme más. Ya con eso es como que te arranquen una parte de la vida. Seguro piensan que ya me hicieron lo que me iban a hacer. Pero tampoco podemos decir que ya no me van a hacer más, porque las amenazas continúan”.
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Paola Vásquez es morena, sonriente, y tiene una actitud portentosa. Es la secretaria de la Cooperativa 9 de agosto, ubicada en Isleta, vereda del municipio de Sabá. En la Plataforma Agraria, donde confluyen varias cooperativas como la suya, ocupa el cargo de Fiscal.
La tierra donde hoy vive, fue recuperada hace tres años. Las 50 familias que están rehaciendo su vida allí, ocupan 244 hectáreas, aunque el título de posesión original entregado hace años por el INA indica que son propietarios de 393. Las familias recuperadoras subsisten vendiéndole el fruto de palma a un intermediario, a la par siembran plátano, maíz, yuca, rábano, entre otras cosas. “La idea es poder producir otros rubros, sembrar granos básicos, porque realmente eso es a lo que nosotros los campesinos nos dedicamos”, dice la joven.
La de Paola es una vida acorde con su linaje. Su abuela y algunos de sus familiares hicieron parte del MUCA. Los más veteranos la alentaron a que tomara y luchara por un pedazo de tierra para que ella no tuviera que vivir con sus papás y las otras familias no tuvieran que pagar alquiler. A diferencia de otras 11 cooperativas que no han podido terminar el trámite, la suya cuenta con el aval y la personería jurídica de CONSUCOOP.
Por fortuna, la Cooperativa 9 de agosto no ha sido asediada por los desalojos. Pero ha tenido que brindar techo y apoyo logístico a otras que sí han sido violentadas. Pese a que las condiciones parecen ser más favorables, el temor duerme con ellos. Paola cuenta que algunas familias han preferido no sembrar cultivos o construir una vivienda de concreto por miedo a que los desalojen.
Como si en realidad fuera necesario, Paola aclara que las casi 25 cooperativas y procesos de recuperación que hay en la zona no son producto de la ambición o un capricho: “Todos los que nos organizamos lo hacemos porque lo vemos como un proyecto de vida. Yo no tengo hijos, pero sé que en algún momento los voy a tener, y me gustaría que ellos pudieran tener esto por lo cual estoy luchando. Hemos visto muchos niños que realmente merecen tener un techo digno para vivir. Entonces es eso lo que lo motiva a uno a organizarse”, dice Paola.
En el Valle del Aguán sobra tierra para satisfacer las demandas del movimiento campesino y de las familias recuperadoras. Casi 50 años después de rubricada la Ley de Reforma Agraria, poco y nada se ha materializado. Por el contrario, en los antejardines y solares de las casas que ven al borde de la carretera, crecen palmas que dan un fruto que no se puede comer. De todas, la incongruencia más latinoamericana.
