Por: Juliana Builes
Cuando ya llevábamos más de siete horas caminando, uno de los compañeros que venía desde Bogotá se detuvo un momento, nos miró a los dos periodistas que apenas lográbamos convencer a nuestras piernas de seguir bajando por una montaña llena de piedras, y lanzó la siguiente frase: “Germán Castro Caicedo decía que este no era el camino de la esperanza, sino de la desesperanza”.
Se refería a la ruta que conecta El Santuario con la vereda Pueblo Viejo, en el páramo de Pisba, Boyacá: la misma que hace 206 años recorrió Simón Bolívar y que hoy conocemos como la Ruta Libertadora.
Un total de 42 personas, entre integrantes de organizaciones sociales y medios de comunicación alternativos, llegamos a Cómeza Hoyada, Boyacá, para participar en la Caravana Humanitaria Ruta de Los Libertadores, desarrollada del 26 al 28 de septiembre. El propósito era recoger denuncias de violaciones a los derechos humanos en la región y presentarlas en una mesa de concertación con representantes del Gobierno nacional, departamental y municipal, con el fin de abrir un proceso de negociación que atendiera las necesidades de los campesinos del territorio.
La caravana no surgió de la nada. Según explicaron sus organizadores, todo comenzó cuando el Coordinador Nacional Agrario (CNA) identificó una publicación en el medio Entre Ojos en la que se estigmatizaba a los liderazgos locales y al proceso comunitario en torno a la carretera, relacionándolos con la insurgencia. Ante ese señalamiento, el CNA buscó contacto con las comunidades, propuso un plan de acompañamiento y ayudó a consolidar un proceso organizativo.
De ese trabajo nació, en agosto pasado, la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora, conformada por alrededor de 170 afiliados de 16 veredas de los municipios de Pisba, Socha y Socotá. El plan incluyó apoyo jurídico frente a los señalamientos, fortalecimiento organizativo y, como acción central, la propuesta de realizar una caravana humanitaria. Inspirados en experiencias similares en otras regiones, se convocó a organizaciones e instituciones para acompañar el recorrido. Así fue como, después de meses de gestión, se concretó la ruta que atravesó el mismo camino histórico de Bolívar, pero cargado esta vez con las urgencias y reclamos de los campesinos del presente.
Los ojos del abandono
Fue en el Colegio Jairo Albarracín Barrera, de la vereda Cómeza Hoyada, donde se instaló la Caravana. Allí se presentaron los participantes y se expusieron las problemáticas del territorio. Las palabras del alcalde de Socotá marcaron la presentación con un tono de intimidación: “Sería bueno que aclararan el fin de la caravana. Si vienen de turistas, pues la situación de seguridad no es buena en el municipio y están acá bajo su propio riesgo”, dijo frente a varios niños de la institución.
El miedo estaba presente. Colombia es un país que durante décadas ha alimentado la guerra como motor de control político, económico y social. Sin embargo, la comunidad decidió alzar la voz. En la cancha de la escuela hablaron en nombre del abandono que los ha mirado durante generaciones.
El rector del colegio denunció la falta de infraestructura: no hay salones suficientes, faltan profesores, laboratorios, salas de cómputo y espacios de recreación. “La gestión educativa se hace con las uñas”, afirmó. Después, campesinos y campesinas tomaron el micrófono para hablar de las necesidades de conexión, salud, alimentación, titulación de tierras y, sobre todo, de una vía que permita vivir con dignidad.
Las veredas lejanas
Al día siguiente, la caravana siguió hasta la vereda Pueblo Viejo, una de las más apartadas. Para llegar allí se necesita viajar en carro por más de hora y media hasta el páramo de Pisba, caminar otra hora hasta El Santuario y luego recorrer a pie 35 kilómetros por una trocha que en algunos tramos se reduce a 50 centímetros de ancho, cubierta de agua y piedras.
Pueblo Viejo fue alguna vez hogar de más de 600 personas. Hoy quedan apenas 11 familias. Allí nos recibieron, con aguapanela y pan, unas 30 personas que contaron por qué la carretera que atraviesa el páramo es una necesidad urgente pospuesta por más de dos siglos.
Cuando una persona se enferma de gravedad en Pueblo Viejo ya no tiene opciones, la única forma es cargarlo en una camilla improvisada con palos y tela, subir durante siete horas por la montaña y esperar llegar a un punto donde pueda acceder una ambulancia. Muchas veces, como relató Josué Brandon Carvajal, presidente de la Junta de Acción Comunal, no alcanzan a llegar: “La última persona murió en el camino. No hay electricidad, no hay señal de celular, los avisos se siguen pasando de voz en voz, de finca en finca”.
Carvajal habló desde el colegio de la vereda, que hoy solo tiene un estudiante: “Para los impuestos sí saben dónde estamos. Para las votaciones también, hasta nos instalan una mesa aquí. Ellos saben que existimos, pero ¿qué hacen los gobiernos?, se hacen los pendejos. A los padres les toca irse, llevar a los hijos a otros lugares. Los chinos ya se cansaron de echar tanta pata”.
Sus palabras fueron aplaudidas por la comunidad, que se reconoció en cada frase. El miedo también bajó hasta Pueblo Viejo, pero la gente habló. Otro campesino, antes de intervenir, miró a toda la caravana y dijo: “Yo sé que tengo la lápida a un lado y la reja al otro, pero tengo una familia y una comunidad que necesitan que hable”.
Las dificultades son múltiples: no hay cómo sacar los alimentos para comercializarlos; las frutas se dañan en el camino; el café apenas logra sobrevivir; algunos viven de unas cuantas cabezas de ganado que deben trasladar a pie, acampando en la trocha para evitar que los animales mueran de frío. No hay cobertura de necesidades básicas, menos aún oportunidades productivas. La educación apenas sobrevive, pero la muerte aparece todos los días como amenaza cierta, mientras la esperanza campesina resiste a pesar del abandono y de las promesas incumplidas de cada campaña electoral.
Las veredas de El Oso, La Reforma y Chipa Viejo, que también rodean el páramo de Pisba, viven la misma situación que Pueblo Viejo. Son miles de personas que podrían mejorar su calidad de vida con la construcción de una vía que permita verdadera conectividad en la región.
El domingo 28 de septiembre, después de caminar nuevamente siete horas desde Pueblo Viejo, la Caravana llegó al sector de El Santuario para la instalación de la mesa de negociación y concertación entre las comunidades campesinas y las instituciones del Estado.
Allí hicieron presencia tres funcionarios de la Dirección para la Igualdad y la Equidad del Campesinado del Ministerio de Igualdad, una delegada del Ministerio de Salud y otra de la Gobernación de Boyacá. A ellos se sumaron el senador campesino Robert Daza y la consejera presidencial para las Regiones, Luz María Múnera, quienes acompañaron el recorrido de la Caravana a través de sus delegados.
Tras casi tres horas de interlocución con campesinos de los municipios de Socotá, Socha, Pisba y Paya, la consejera Múnera anunció la instalación de una mesa de trabajo con la Asociación Corredor Humanitario Ruta Libertadora. “El compromiso que traigo hoy es que antes de noviembre se va a instalar una mesa con ustedes, aquí en el territorio, para avanzar en soluciones concretas. Y esa mesa no va a ser para prometer lo mismo de siempre: va a ser para construir con ustedes un plan real, con tiempos, con responsables, con presupuesto”, afirmó frente a los campesinos, en medio del frío y la lluvia del páramo.
Los diferentes entes institucionales —Ministerio de Igualdad y Ministerio de Salud— respaldaron la decisión y se comprometieron a articular la gestión de la mesa desde sus áreas de competencia. Por su parte, el senador Robert Daza dirigió un llamado a la organización comunitaria: “Aquí lo que ustedes están pidiendo no es un favor, es un derecho. Y es deber del Estado garantizarlo. Yo como senador me comprometo a llevar esta voz al Congreso y a las instituciones, pero también quiero decirles que la fuerza más grande está aquí: en la organización comunitaria, en la unión de ustedes como campesinos”.
El tiempo, sin embargo, juega en contra. Después de noviembre empezará a regir en Colombia la Ley de Garantías, lo que dificultará la gestión de presupuestos para obras como las que se necesitan en el páramo de Pisba. Por eso, la instalación de la mesa debe ser rápida, y la negociación y ejecución avanzar al mismo ritmo. De lo contrario, la articulación prometida entre la Consejería Presidencial, el Ministerio de Igualdad y el Ministerio de Salud corre el riesgo de convertirse en una promesa más, adornada con la visita al territorio como “ofrenda de compromiso”.
