Por: Natalia Bedoya Alcaraz
14 de octubre. 8:37 a.m. Universidad Industrial de Santander. De a poco llegan las busetas y los carros que recogieron en la madrugada a aproximadamente 70 personas en la entrada del municipio El Socorro, Santander. Fue la única forma que encontró la Policía Nacional de garantizar que llegaran a salvo a la ciudad, después de permitir hostigamientos, atentados y amenazas contra líderes y lideresas de organizaciones sociales, juveniles y campesinas, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas de diferentes medios de comunicación alternativos, que llegaron hasta la sede universitaria después de caminar cuatro horas y media desde Confines, municipio del mismo departamento.
En Confines estaba estipulado iniciar el 13 de octubre una acción de movilización pacífica, articulada a la jornada de protesta nacional organizada por el movimiento social del país, en cabeza del Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional Agrario, para denunciar la emergencia humanitaria que viven los territorios, denunciar los acuerdos incumplidos y exigir reformas estructurales. Diferentes organizaciones se unieron bajo la consigna Aquí en la lucha por las transformaciones. La idea era concretar acciones de diálogo directo con el Gobierno Nacional desde diferentes puntos del país exigiendo el desmonte del paramilitarismo, la defensa de la soberanía nacional frente a los poderes económicos, mediáticos y armados que controlan los territorios, el cumplimiento de los acuerdos para garantizar una vida digna y en paz, y el avance en una reforma agraria y una reforma urbana integral. Todas estas demandas constantes del movimiento social desde que inició el gobierno del “cambio”.
En aquel municipio de Santander se agruparon por lo menos 200 personas de organizaciones sociales y campesinas provenientes de los departamentos de Santander y Norte de Santander, que no pudieron llevar a cabo la agenda estipulada porque, desde el momento de su llegada a Confines, alrededor de las 2:30 p.m., los llamados a garantizar el derecho a la protesta social, al debido proceso y a la no estigmatización que se le hicieron al Mayor de la Policía Julián Ramírez no fueron atendidas con prontitud, aún siendo las peticiones muy específicas. La primera, instalar un protocolo de garantías para la movilización que incluyera el establecimiento de un perímetro y el dejamiento de las armas de fuego de los agentes de policía, así como su debida identificación. Y la segunda, la instalación de una mesa de interlocución en la que participaran los miembros del Ministerio Público.
Antes de comprometerse con ello, ya había militares, agentes de tránsito, más policías y agentes de la SIJIN rodeando la zona, haciendo intimidante el escenario. A ellos, se fueron sumando civiles armados, alcoholizados y desinformados que amedrentaron a las y los manifestantes, quienes no alcanzaron a subir ni siquiera insumos vitales como la hidratación a una de las camionetas que los transportaban porque ya tenían golpes encima. Tampoco fogones, bolsos, equipos de producción audiovisual y una planta de energía. En este primer momento de tensión, el líder social Polidoro Guaitero tuvo que soportar una amenaza directa contra su vida y su permanencia en el territorio. Mientras que algunos defensores de derechos humanos sufrieron violentas agresiones; incluyendo uno al que además le robaron su celular.
Que no eran bienvenidos, decían algunos habitantes, pero sobre todo hombres de sombrero, en camioneta y con actitudes patronales rodeados de trabajadores. Que nadie en Confines quería protestas, que a trabajar. La respuesta era mejor: para ocupar las calles no se pide permiso, ¿o acaso habían comprado toda Colombia?
Antes de salir corriendo, los manifestantes presenciaron la llegada de varios vehículos sospechosos, así como interacciones entre miembros de la policía uniformados y de civil que involucraron la entrega y recarga de armas de fuego. De ahí en adelante, este grupo y la policía avanzó detrás de la caravana que encabezaron los manifestantes hasta la entrada al Socorro, en la que padecieron tortura y hostigamientos verbales, físicos y psicológicos inhumanos.
En cada uno de los caseríos que se encontraron en su camino, hubo grupos de gente gritando y estigmatizando la manifestación. Durante la marcha, la Policía no estableció protocolos serios de seguridad vial para quienes iban caminando y se negó a intervenir sobre los hechos violentos que se estaban dando, actuando además como cómplice al desaparecer esporádicamente mientras un grupo de motociclistas, también armados, iban y venían por todo el trayecto, logrando adelantarse, acercarse y agredir a varias personas.
El personero de Confines, Marcos Jesid Prada Ortiz, hizo presencia minutos antes de la arremetida, advirtiendo a las organizaciones que “no debían invadir predios privados”, y volvió a ausentarse con la excusa de instalar el Puesto de Mando Unificado (PMU) correspondiente. Alrededor de las 6.30 p.m. regresó sin dar respuesta sobre los ataques ya acontecidos. ¿Qué nos va a garantizar ya que volvió? Respondió que un bus.
Ese bus transportó a adultos mayores, niñas y niños hasta el parque del Socorro, donde el vehículo no pudo quedarse porque había otro grupo de personas apedreándolo. Allí se reportó la presencia de por lo menos 5 encapuchados. El bus tuvo que seguir la ruta por el municipio de San Gil, en donde también los esperaron para agredirlos, hasta que llegó a Bucaramanga.
Las aproximadamente 70 personas restantes, que llegaron a la entrada del Socorro casi a las 2:00 a.m., se mantuvieron en la entrada del municipio hasta que hicieron presencia el alcalde Ángel Acevedo, y el personero Jairo Alonso Niño. Los funcionarios recibieron la denuncia tardía e hicieron una logística bruta para el transporte de todas las personas hasta Bucaramanga, donde se encontraron con las demás y se establecieron en la Universidad Industrial de Santander (UIS) para recibir alimentación y atención a los heridos.
La estigmatización estuvo presente de principio a fin. Se difundieron noticias en diferentes medios de comunicación y redes sociales tergiversando el papel de las organizaciones sociales en la jornada nacional de movilización, convirtiendo la acción en una “toma” de tierras privadas de parte de “guerrilleros” y “petristas”, que “no eran campesinas y campesinos, sino personas extrañas al territorio a quienes les estaban pagando”.
Las organizaciones de derechos humanos, quienes procuraron mantener comunicación con entidades del Gobierno Nacional, demandaron en todo momento la implementación inmediata de un corredor humanitario que posibilitara la salida de los manifestantes de forma segura de la región, sin embargo, estos manifestaron que la Gobernación de Santander no autorizó dichas medidas humanitarias. Al mismo tiempo, a través de publicaciones oficiales en redes sociales, funcionarios difundieron información que no esclarecía los hechos estigmatizantes, a pesar de haber tenido conversaciones con las vocerías del movimiento social. Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, el concejal Andrés Parra y otros integrantes del partido Centro Democrático están involucrados en estas acciones.
Las personas agredidas hoy recalcan la gravedad de estos acontecimientos: “Es grave que nos ataquen con palos, piedras y botellas. Es grave que nos amenacen con armas cortopunzantes y de fuego. Es grave que se rían y griten que van a picar, desnudar y violar mujeres para rifar sus pantalones y ropa interior como trofeo. Civiles gritando: “viva la seguridad”, “estamos con ustedes PONAL” o “agradezcan que los policías los cuidan, malparidos”, es grave. Y, por supuesto, es grave que al movimiento social lo sigan reduciendo al petrismo, aún hoy, cuando en un ejercicio de su autodeterminación y autonomía política sale a exigirle, no sólo a los gobiernos locales y departamentales, sino también al nacional, que la crisis que padecen las comunidades necesita atenciones y acciones urgentes”.
Todo este accionar fue catalogado como una asonada paramilitar por el grupo de defensoras y defensores de derechos humanos, que, en conjunto con las organizaciones campesinas, señalan que tiene una relación directa con las políticas de seguridad del departamento. Más específicamente con iniciativas como los frentes de seguridad y las reservas activas de militares retirados impulsadas por el gobernador y validadas en la Ley de Veteranos (Ley 1979 de 2019).
María José Vega, integrante de la plataforma Aguante Popular, explica que los hechos ocurridos delatan la materialización de lo que como movimiento social han venido denunciando anticipadamente: “Es un paramilitarismo que tal vez comparado con décadas anteriores no llega por medio de la masacre, pero se instala dentro de las comunidades por medio de organizaciones supuestamente de derechos humanos, por medio de terratenientes que en el municipio de Confines son los dueños de las fincas y le pagan a sus jornaleros para que salgan a hostigar a los manifestantes. Estas prácticas son propias de una cultura y de una ideología paramilitar que se ha ido interiorizando dentro de las comunidades. Muestra de esto es como con palos, con machetes, con piedras hostigaron por más de 5 horas a los manifestantes en hechos de tortura física y psicológica. Es particularmente interesante que uno de los promotores de los frentes de seguridad en el departamento, como es el gobernador Juvenal, sea quien salga prácticamente a dar vía libre para que estos hechos sucedan, poniendo en riesgo la vida de muchos habitantes de su propio departamento que estábamos en ese momento protestando. Concluimos que el paramilitarismo sigue los territorios. Pero también que queda una muestra flagrante de cómo actúa en coordinación con la fuerza pública”.
Pese a la asonada y los hostigamientos promovidos por los funcionarios de Santander, la movilización a nivel nacional siguió adelante. En el transcurso del martes 14 de octubre, las organizaciones que convergen en la iniciativa Aquí en la lucha han instalado refugios humanitarios en las oficinas centrales del Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad de Víctimas, localizadas en Bogotá; también se presentan movilizaciones y bloqueos en el departamento del Cauca sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cesar sobre la Ruta del Sol, en corredores viales que comunican a Chocó con Antioquia, y en los alrededores de la Planta de Gas de Gibraltar, Norte de Santander.
El equipo de voceros de la acción ha informado de algunos acercamientos con instituciones como el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, sin que se haya pactado una mesa de conversación. De momento, como balance de derechos humanos en este primer día de movilización, a través de un comunicado público, rechazaron las constantes violencias basadas en género de las que fueron objeto las mujeres que se encontraban en el punto de Santander y el posicionamiento social de discursos de odio y estigmatización promovidos por los políticos señalados anteriormente.
Algunas de las exigencias que incluyen en el comunicado son la apertura de investigaciones de carácter disciplinario y penal contra los participantes en las acciones de agresión coordinada; la retractación de Juvenal Díaz Mateus sobre sus afirmaciones estigmatizantes; garantías de retorno seguro para las y los participantes en la mencionada protesta social; el respaldo público de la Presidencia de la República y el Ministro de Defensa para los dirigentes sociales y comunales del territorio, entre otras.
A pesar de la retirada a la fuerza, el movimiento social mantiene el fuego encendido en otros puntos como un llamado urgente a la organización y visibilización de las luchas campesinas y populares en el país. Para ello, desde Santander les mandan mensajes de amor y resistencia en forma de consigna: “Seguimos en pie de lucha por el desmonte del paramilitarismo, por la protección de la vida y el territorio”.
