Por: Natalia Bedoya Alcaraz
El próximo 9 de noviembre se hará una consulta en 8 municipios del Oriente antioqueño, en la cual sus habitantes saldrán a votar por el SÍ o por el NO frente a la propuesta de crear un Área Metropolitana en esta región. Guarne, Rionegro, El Retiro, San Vicente Ferrer, Santuario, el Carmen de Viboral, La Ceja y La Unión, según sus líderes y lideresas sociales más unidos por dinámicas rurales que urbanas, saldrán a “decidir” sobre un proyecto con pretensiones tan ambiciosas como la construcción de dos millones y medio de viviendas en los aproximadamente 80 km cuadrados que suman dichos municipios juntos.
Cada municipio en el que la iniciativa obtenga la mitad más uno de votantes a favor, hará entonces parte de esa figura territorial. Sin embargo, esta toma de decisiones tan “justa” como se pinta, esconde en el fondo una serie de irregularidades que resultaron, por ejemplo, haciendo válidas estas votaciones con un umbral del 5 % del censo electoral en cada municipio, cuando antes se exigía mínimo un 25 %. Hoy, a tres semanas de la votación, la propaganda política a favor no responde esta, ni ninguna de las demás denuncias que han hecho las organizaciones en contra de la iniciativa.
Las trampas jurídicas que hay detrás
Desde la Gobernación de Antioquia, las razones para justificar la propuesta del Área Metropolitana del Oriente Antioqueño (AMO) han sido las mismas de tiempo atrás. Hoy en cabeza de Andrés Julián Rendón, antes en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez: crecimiento demográfico, desarrollo inmobiliario, vial y de servicios públicos. Según sus promotores, las áreas metropolitanas son la figura de asociatividad más conveniente, aunque en la práctica sería la más burocrática y centralista.
Las áreas metropolitanas están inscritas dentro de un conjunto de esquemas asociativos de ordenamiento territorial determinados en la Ley 1454 del 2011. Gustavo García, sociólogo y exconcejal de Marinilla, explica que esta figura, en su esencia, es de carácter centralista, pues responde a un modelo centro–periferia basado en una vieja idea de que el núcleo puede desarrollarse a expensas de los municipios que lo integran y están a su alrededor. Por lo tanto, ese “núcleo” recibe excesivos poderes, hoy establecidos en la Ley 1625 de 2013 que regula la figura.
“Esa Ley establece que para la elección del director [del área metropolitana], para el presupuesto anual de rentas y gastos, para las inversiones y para el plan metropolitano se debe contar con el voto positivo del alcalde del municipio núcleo, que en este caso sería Rionegro. También determina que el máximo órgano de decisión es la Junta Metropolitana, que estaría conformada por los alcaldes que conforman el esquema asociativo más un representante del consejo del municipio núcleo, lo que quiere decir que Rionegro de entrada contaría con dos votos. Pero como si eso fuese poco, el alcalde del municipio núcleo tiene poder de veto para aprobar el Plan Metropolitano, que debe indicar como mínimo cómo se va a distribuir el suelo, cómo va a ser la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de transporte, y demás. Para que ese plan sea aprobado, el alcalde del municipio núcleo tiene que votar de manera positiva. ¿Qué pasa si el alcalde en el municipio núcleo no vota de manera positiva? Que el plan no se aprueba, ese es el poder de veto. ¿Y qué pasa si el plan no se aprueba? [Si el escenario fuera al contrario y el acalde del municipio nucleo esté interesado en que sea aprobado]. La misma norma lo faculta para hacerlo por decreto”, expone Gustavo.
El mito de que los municipios no pierden autonomía quedaría entonces develado, ¿cómo no va a perder autonomía un municipio si la norma dice que el Plan Metropolitano es de superior jerarquía normativa que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y que, por ende, estos últimos tendrán que ajustarse al primero?
Como lo plantea Gustavo, esta sería una democracia de carácter meramente accesorio. Cuente con respaldo o no, Rionegro tendría todos los mecanismos necesarios para aprobar únicamente lo que los funcionarios en su nombre deseen. Así, el área metropolitana no es una figura que garantice realmente asociatividad, autonomía o beneficios por igual, como se ha planteado. Es una figura vertical, no horizontal, que concentra el poder en un municipio muy específico y que va en contravía de las lógicas de descentralización que pregonan los mismos políticos de Antioquia.
Además, la propuesta del AMO fue construida jurídicamente sobre una serie de anomalías. Gustavo explica que la primera tiene que ver con que la Ley señalada (1625 de 2013) establece que dos o más municipios que “formen” características de área metropolitana podrán asociarse para serlo. Es decir, que se crea un área metropolitana cuando existen unas condiciones reales ya determinadas, no porque se prevea que estas se darán en el futuro. Para el caso de los municipios de San Vicente Ferrer y La Unión, los mismos promotores establecieron que tienen bajas características de metropolización, aun así, estos municipios forman parte del documento técnico que se presentó como propuesta.
La segunda tiene que ver con el literal g del artículo 8 de esa misma Ley, que exige que el documento técnico sea radicado previamente en las comisiones de ordenamiento territorial de la Cámara y el Senado, antes de ser radicado en la Registraduría. Sin embargo, el control de versiones de dicho documento, al que sólo se tuvo acceso vía tutela, demuestra que fue entregado en la misma fecha a ambas instancias.
Y la tercera es que el concepto en el que se basó la resolución de la Registraduría para convocar la consulta está viciada de nulidad. Esto, explica Gustavo, se debe a que la Ley 5 en su artículo 93, establece que las sesiones de las comisiones constitucionales permanentes no pueden ser simultáneas con la sesión plenaria de la misma cámara. Sin embargo, al momento de votar el concepto de la consulta, como quedó registrado respectivamente en el acta, se estaba sesionando simultáneamente en ambos escenarios.
Por este último hecho, varias organizaciones sociales tienen ante el Consejo de Estado una solicitud de nulidad de la resolución de la Registraduría que convoca a la consulta. Sin embargo, sobre la misma hay una medida provisional de la que todavía no tienen respuesta, ¿la tendrán antes del 9 de noviembre?
No sólo es la figura, sino los interesados
Erney Montoya Gallego, docente de la Universidad Católica de Oriente, comunicador social-periodista, especialista en pedagogía y didáctica, y magíster en desarrollo, descubrió en una de sus investigaciones cómo en los documentos y estrategias de planificación de la subregión del Altiplano del Oriente Antioqueño (AOA), desde el año 1991 hasta el 2012, hubo una influencia marcada de agentes del capital, especialmente inmobiliarios, fundiarios, industriales y del Estado, interesados en la acumulación.
Este trabajo arrojó las primeras pistas sobre un tema que siguió estudiando: las estrategias propias de la Alcaldía de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) para ampliarse y fortalecerse como plataforma competitiva, bajo la idea de una gran región metropolitana, en la que el Oriente siempre ha jugado un papel crucial, con su Valle de San Nicolás ajustándose perfectamente dentro de ese imaginario.
Para Erney, el área metropolitana, que se presenta como propuesta de consulta popular, es simplemente una variante dentro de ese tipo de intereses que han buscado históricamente incidir desde posiciones externas en un territorio que siempre ha intentado constituirse como sujeto político activo con capacidad de determinación, pero que poco puede imponerse sobre los poderes de esas fuerzas externas. Así es que el sueño de expandir el “desarrollo” en Antioquia, excluye totalmente el trabajo organizativo que han generado las comunidades hace décadas de acuerdo a sus formas de vida propias. Unas formas de vida asociadas más a la ruralidad, que a una visión urbana sobre el territorio, que, de hecho, ya ha fracasado.
Así lo expone Sergio Sáenz, secretario técnico de la Mesa de Derechos Humanos y Atención Humanitaria del Oriente Antioqueño: “Realmente lo que nos une a nosotros no es lo urbano, y por lo tanto, vemos que la figura que se está proponiendo no aplica acá. Lo que están diciendo ellos es que como eso se viene, entonces van a hacer la figura para ver cómo planifican mejor, pero resulta que los que lo están ofreciendo no son grandes expertos en planificación. Rionegro es un municipio mal planificado que le regaló el agua a EPM porque no la sabía administrar. Ahora, supuestamente tiene resuelto el tema del agua, pero claro, uno resuelve el tema del agua en estas grandes urbes a costillas del agua de los otros municipios. Además, Rionegro es un municipio que acabó con los humedales. Hace poco salió una demanda contra el municipio por haber autorizado la construcción de unos edificios en un humedal, edificios que tuvieron que tumbar. Es una demanda multimillonaria por el abuso y la mala planificación del territorio…”.
¿Quiénes son los políticos de Rionegro? ¿Son personas con quienes valga la pena planificar el territorio? ¿Realmente los problemas de los otros 7 municipios son tan graves como para que los solucionen personas que demostraron en los últimos 8 años que no tienen una buena idea de la planificación de su territorio, y que terminaron vulnerando el medio ambiente y a su propia población? Son preguntas de partida que propone Sergio.
Sobre esto, las organizaciones sociales y civiles que se oponen a la creación del AMO señalan con claridad los vínculos cuestionables entre algunos de sus principales promotores: el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el senador Esteban Quintero, ambos del partido Centro Democrático. Rendón, exalcalde de Rionegro, es además primo materno de Quintero, quien pertenece a una familia vinculada al grupo político y económico conocido como Tertulia La Glorieta, responsable de impulsar el proyecto legislativo que dio origen a la Ley 1625 de 2013. Esta misma norma fue posteriormente modificada por el propio Quintero para favorecer intereses particulares, como se detallará a continuación.
“La democracia es un error estadístico”
La convocatoria a la consulta del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás se dio a partir de la firma de una carta de intención por parte de los 8 alcaldes de los municipios anteriormente señalados, que fue suscrita ante la Gobernación de Antioquia. Esta acción, como lo han denunciado varias colectividades, se realizó de espaldas a la ciudadanía, desconociendo los espacios de deliberación de los consejos municipales y olvidando las promesas que en campaña habían hecho los funcionarios sobre no formar parte de una figura como estas. Según denuncia Gustavo, los alcaldes que firmaron lo hicieron bajo el chantaje para no enemistarse con Andrés Julián Rendón, quien incluso, para discutir este tema en su oficina, les quita el celular a los asistentes con el fin de evitar grabaciones o evidencias de las reuniones.
Antes, la Ley 1625 de 2013 establecía que en las votaciones sobre la conformaciónde areas metropolitanas debía participar por lo menos el 25 % del censo electoral de cada municipio para que la consulta tuviera validez. Sin embargo, Esteban Quintero logró, a través del proyecto 075 del 2018, que este umbral se redujera al 5 %. Esto es preocupante porque ese 5 % fácilmente puede representar la capacidad burocrática y contratista de las administraciones municipales que están a favor de la figura, más no el mínimo para determinar la decisión que está en juego.
Sergio Sáenz enfatiza en la manera cómo ese umbral tan bajo de participación ciudadana pondría en cuestión la legitimidad de la figura: “Hay que parar el mito de que este es el esquema asociativo más democrático porque es el único que le consulta a la gente si quiere pertenecer a él o no. Borges lo decía: «La democracia es un error estadístico». Si lo queremos ver mejor, es solo el 2.5 % de la población la que podría imponerle eso al otro 97.5 %. Imagínate el error estadístico de creer que el 2.5 de la población tiene la razón, y no el 97.5 que no salió a votar porque no se ha informado, o porque no sabe lo que está pasando”.
Esa es una de las razonas por las que ciudadanos y organizaciones sociales hacen lo posible para que se vote masivamente NO en cada uno de los ocho municipios, y para ello han convocado caravanas, han hecho jornadas pedagógicas, han repartido volantes, y han luchado contra ocho administraciones municipales y una gobernación departamental con capacidad económica para pautar en medios, publicitar videos en redes sociales, hacer eventos y poner vallas sobre las vías a su antojo.
¿Por qué se insiste en el NO?
Lo que se preguntan las comunidades y las organizaciones sociales sobre la propuesta, es cómo esta se vería materializada más allá del discurso beneficioso que se está construyendo de ella. Si bien existe una necesidad de asociarse, no se les hace muy acertado apostarle a una figura que esconde unos intereses muy específicos.
Lo que sucede realmente con una figura como estas, como lo explica Sergio, es que estas van absorbiendo en sus dinámicas todo lo que hay alrededor. ¿Qué pasará entonces con Cocorná, San Francisco, San Luis, San Juan, Argelia, municipios de otras subregiones del Oriente Antioqueño que no harían parte del AMO? Serán municipios aledaños que, aunque no estén oficialmente vinculados a la propuesta, van a terminar siendo afectados por la cercanía de una megavilla que lo único que hará será demandar y demandar recursos para poderse sostener.
Medellín, por ejemplo, no tiene autonomía alimentaria, energética ni hídrica, ¿qué pasaría si los servicios que vienen del Oriente Antioqueño dejarán de estar a disposición?, ¿qué pasaría si otra megavilla empieza a disputárselos también?, ¿de dónde va a salir el alimento para sostener a los habitantes de ambas urbes?, ¿hay una conciencia real sobre los lugares y agentes que hacen posibles nuestras comodidades? Las respuestas a estas preguntas suponen hipótesis de consecuencias negativas, que, por supuesto, van a vivir directamente las comunidades periféricas.
“Los municipios están sacrificando sus zonas de producción agrícola, las mejores tierras para producir comida, para construir ciudades y construir edificios. Eso es un error. Por donde se lo mire, es una mala planificación. Los que saben hacer comida en estas montañas, en estas laderas, son los campesinos”, expone Sergio. Campesinas y campesinos, hoy sujetos de derecho, que siguen padeciendo la violencia de los poderes extractivistas y paramilitares que aún controlan el territorio, quienes están sometidos además a dinámicas de gentrificación y turismo que responden a los mismos discursos de falso progreso.
Con el AMO no solamente puede darse la privatización de los acueductos comunitarios a manos de EPM, el establecimiento de rellenos sanitarios que desaparezcan veredas enteras, o el incremento de los impuestos —escenarios previstos y muy bien justificados por la ciudadanía que está en contra—, sino que también existe el riesgo de que aparezcan nuevas expresiones de violencia, se reestructuren las vigentes y sigan pasando de largo las denuncias por el cuidado y protección de los ecosistemas vivos.
“Hoy nadie quiere darse la discusión de reformar, por ejemplo, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que en última instancia son las licenciadoras de las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, ¿y dónde está ubicada la CAR [en el Oriente Antioque]? Pues en el Altiplano. Desde el Altiplano se licencia la afectación de un río en San Francisco. La clase política del Altiplano toma las decisiones sobre los otros municipios. No puede ser posible que el eslogan simplemente sea que juntos nos va mejor, sin decirnos mejor en qué y a quiénes, porque no les va a ir bien a todos. El tema hidroeléctrico va a ser vital en el silenciamiento, porque sencillamente no hay una apuesta por que ese problema sea visible”, señala Gustavo García.
Entre los promotores del SÍ no hay nadie pensando en qué va a suceder con los recursos sobre los cuales las organizaciones sociales han venido reclamando cuidado y soberanía. Las lógicas burocráticas de una figura como la AMO, como señalan voceros de varios procesos y colectivos, harían más difícil y costosa la denuncia y la incidencia en las problemáticas territoriales que cada uno trabaja.
Santiago Larrea Botero, habitante de El Santuario e integrante del comité organizador del Festival de la Chicha y la Cultura, señala que “para las comunidades del Oriente Antioqueño un área metropolitana significa un ente que, más que acercar el Estado, lo hace distante a las exigencias que hagan las comunidades frente a esa institucionalidad; y representa también una figura a la cual no se quiere pertenecer porque va en contra de los intereses comunitarios y sociales de la comunidad”.
Las colectividades prevén bastantes “Aquí no es, diríjase al Área Metropolitana”, en donde el poder estará concentrado en lo que quieran o no decidir unos pocos personajes. Eso, además de demandarles más preparación y recursos, terminaría también desgastando los procesos de denuncia y veeduría:
“Evidentemente se burocratiza la incidencia que las organizaciones podamos tener sobre una administración municipal. Si ahora es difícil hacer incidencia, eso se va a complejizar muchísimo más. Quedarían silenciados asuntos como el del agua, el de la descampesinización, todo ese tipo de cosas. Si uno como organización o como persona natural está intentando incidir en una problemática, y va donde algún secretario y te dice que hay que decirle al alcalde, y luego el alcalde que hay que ir directamente al área metropolitana, y luego el área metropolitana que hay que pasar por la alcaldía del municipio núcleo, la consecuencia lógica es que la gente se va a cansar”, agrega Juan Camilo Silva Hoyos, politólogo, director ejecutivo de la Asociación de Recicladores de El Santuario y presidente de la junta directiva de la Asociación de Recicladores de Antioquia.
Lo que se exige
Lo primero que exigen las organizaciones sociales es darle tramite y respuesta a lo urgente: la demanda de nulidad contra la resolución de la consulta y la contra el registrador delegado por prevaricato.
Lo segundo, es que la Gobernación de Antioquia le dé un giro a los espacios de socialización del AMO, en los que haya información real sobre sus impactos y se dejen claras las intenciones de las personas que hay detrás de ella. Así mismo, que no se utilice convenientemente los recursos públicos para promover únicamente el SÍ; ni se sigan utilizando los eventos de socialización de iniciativas —como los que hablan de la región aeroportuaria o de las vías en desarrollo— para generar la sensación de que están ancladas a la propuesta del AMO, aunque en realidad estas medidas se aplicarán haya o no haya área metropolitana.
Y, por último, que se abran espacios de diálogo reales sobre las necesidades y posibilidades de asociación, en los que las élites políticas y económicas no desconozcan la agencia de las comunidades sobre sus territorios, ni reduzcan su poder de autodeterminación. Esta es una exigencia que pone en el centro preocupaciones más profundas: las áreas metropolitanas no son la única figura de asociatividad posible, pero sí la más conveniente cuando se quiere evitar pensar, por ejemplo, en cómo llevar servicios públicos, hospitales, escuelas, universidades hasta San Francisco, San Carlos o San Luis, para que no tengan que depender de Rionegro.
“Que los desplazamientos sean más cortos, que los desplazamientos sean menos, que la gente encuentre los servicios más rápidos, eso es planificación con sentido. No hacer dobles calzadas para que los transportadores sigan haciendo un montón de plata, gastando un montón de gasolina, contaminando, poniendo a la gente más en riesgo, buscando servicios lejísimos. Eso no tiene sentido. A lo que nosotros invitamos es a parar, a sentarnos y a decirle no a la metrópolis. A que repensemos lo que realmente necesita la región para vivir. Que declaremos unas veredas de cada municipio como veredas para la producción agrícola y campesina, que sean las zonas donde vamos a proteger el agua, los bosques y la alimentación propia del territorio. Nosotros no ponemos ni los fríjoles que nos comemos. Eso no tiene ningún sentido. Con las tierras tan ricas que tenemos, podríamos tener plátano, uva, yuca, frijol, todo lo que comemos lo tendríamos en menos de 2 horas si nos pensáramos una buena distribución de los recursos y de los alimentos, pero eso se puede hacer dialogando, sin necesidad de crear una burocracia innecesaria”, manifiesta Sergio Sáenz.
Hoy, como siempre, las organizaciones sociales y comunitarias del Oriente Antioqueño se niegan a perder agencia sobre su territorio, a pesar de las intimidaciones que han surgido, que incluyen discursos de estigmatización y amenazas anónimas en redes sociales, y que han obligado a varias personas a retirarse de las campañas por el NO. Mientras personajes como el senador Esteban Quintero los señala como “petristas” y “guerrilleros” —muy acorde a lo que está de moda—, muchos otros y otras persisten. Alzan sus voces en representaciones de quienes quieren sembrar semillas en vez de cemento.
