Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 98)
Por: Caribe Investigación
1. Explotación eficiente
El servicio de taxi y moto en plataformas de transporte ganan terreno en las tres principales capitales del Caribe colombiano (Barranquilla, Cartagena y Santa Marta), según un reportaje publicado por El Tiempo la semana pasada.
“De acuerdo con Uber, la Costa es hoy la región con más rápido nivel de adopción tecnológica en el país, con una demanda que aumenta hasta un 23 % en fechas de alta actividad como los partidos de la Selección Colombia en el Metropolitano” de Barranquilla, precisa el diario citando a la empresa Uber.
Aunque el reportaje presenta una visión optimista y tecnocrática de la expansión de los servicios de transporte por aplicación en la región Caribe, destacando su papel en la modernización de la movilidad, la mejora del servicio y la seguridad, omite deliberadamente varios temas humanos y sociales que son inocultables.
La versión oficial ignora el contexto socioeconómico estructural que explica por qué miles de personas se ven forzadas a recurrir al mototaxismo y a estas plataformas. Esta “adopción tecnológica” no es solo una cuestión de eficiencia, sino una respuesta a la crónica debilidad del empleo formal en la costa Caribe.
Para una gran cantidad de jóvenes y familias con acceso limitado a la educación universitaria y a oportunidades laborales estables, conducir una moto o un carro para una aplicación se ha convertido en el principal oficio y no en una opción de complemento de ingresos. Esta economía supuestamente alternativa y tecnológicamente eficiente surge más bien como un salvavidas en una región que poco tiene que ofrecerles a los jóvenes.
Detrás de la narrativa de la mejora en la calidad del servicio se esconde una precarización laboral sistémica. El texto celebra que el 84% de los taxistas mejoren su servicio, pero no cuestiona el estatus de estos conductores como “socios independientes”, una figura jurídica que les niega los derechos laborales fundamentales.
Como sucede en otras ciudades de Colombia y de América Latina, al no ser reconocidos como empleados, los conductores afiliados a estas aplicaciones carecen de seguridad social, prestaciones, pensión, pago de horas extras y garantías de un salario mínimo. Los dueños de las plataformas adhieren todos los riesgos del negocio (mantenimiento del vehículo, el combustible y la fluctuación de la demanda) hacia el conductor, mientras se reservan un porcentaje de cada carrera y aumentan sus riquezas sin siquiera mover un dedo.
La situación es aún más crítica para los conductores de Uber Moto, presentados en el texto como un símbolo de “movilidad popular”. Si bien es cierto que la moto es una herramienta de movilidad por excelencia para las familias del Caribe, su masificación a través de plataformas lo que hace es consolidar un modelo de subsistencia precario y de alto riesgo. Estos mototaxistas, no solo están excluidos de la protección laboral, sino que además asumen un peligro físico constante en las carreteras, con escasa o nula cobertura en caso de accidente. La retórica de la “agilidad y el bajo costo” para el usuario enmascara las consecuencias humanas y sociales que recaen sobre el conductor: largas jornadas de trabajo para obtener un ingreso inestable, exposición a la violencia y desprotección total frente a los vaivenes del algoritmo que gestiona su empleo.
Ignorar las dimensiones estructurales de desigualdad y explotación que sostienen el modelo de negocio es complicidad y cortina de humo. La transformación en la movilidad, impulsada por la tecnología, no puede evaluarse solo por sus beneficios en eficiencia y seguridad para el turista o el usuario, debe analizarse a la luz de su impacto en los medios de vida de la gente pobre y vulnerable.
2. Crisis carcelaria
Crece la preocupación en el Caribe por la violencia que organizaciones criminales ejercen desde las cárceles con la finalidad de mantener el control de sus actividades extorsivas. El tema revivió recientemente por la amenaza que recibieron 13 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Barranquilla, específicamente trabajadores de la cárcel Modelo y de la Penitenciaría El Bosque.
Propicia la ocasión para recordar un tema crudo que ha sido postergado por el Estado colombiano: la vulnerabilidad de los derechos humanos y la crisis carcelaria del país.
En junio pasado, se cumplieron 10 años de alerta sobre la crisis carcelaria en Colombia, expuesta entre otros por la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión. A pesar de cuatro sentencias estructurales de la Corte Constitucional, el problema de fondo —el uso excesivo de la cárcel como herramienta de política criminal— sigue sin resolverse. La Sentencia T-388 de 2013 ya advertía sobre un Estado de Cosas Inconstitucional, señalando que el castigo penal desproporcionado provoca condiciones de reclusión irrazonables.
Durante estos diez años, la Comisión ha documentado cómo el hacinamiento ha agravado las deficiencias en salud, alimentación, infraestructura y programas de resocialización. Aunque el Estado ha implementado mejoras puntuales, la raíz del problema permanece intacta: se encarcela más gente de la que sale, lo que convierte a la expansión carcelaria en una solución ineficaz. Esta dinámica revela una política criminal centrada en la retribución, más que en la restauración social, lo que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales.
Los informes de la Comisión insisten en que el enfoque de derechos humanos debe ser el eje de cualquier reforma penitenciaria. Es decir, construir más cárceles sin revisar el modelo de criminalización solo profundiza la crisis. La evidencia apunta a que una pena digna debe orientarse a la reintegración, no a la retaliación. Este trabajo de la Comisión deja entrever que el sistema penal colombiano opera bajo una lógica punitiva que responde más a presiones mediáticas y estadísticas de seguridad que a principios de justicia.
En varias ocasiones, tanto la Comisión como otras organizaciones defensoras de derechos humanos, han llamado al Estado a revisar su política criminal, señalando fallas estructurales como la desproporción entre delitos y penas, la incoherencia normativa, y la tendencia a castigos ejemplarizantes. Esta crítica apunta a una necesidad urgente de reformas que prioricen la justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos, en lugar de seguir alimentando un sistema penitenciario colapsado por el exceso de encarcelamiento.
El modelo penitenciario colombiano enfrenta una doble crisis: la persistente violación de derechos humanos dentro de las cárceles, como lo ha documentado durante una década la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión; por otro lado, el creciente riesgo que enfrentan los funcionarios del Inpec, blanco de amenazas y atentados por parte de grupos criminales.
Ambos temas revelan un sistema colapsado, donde el exceso de encarcelamiento y la falta de protección institucional configuran un escenario de vulnerabilidad tanto para los internos como para quienes los custodian. Por lo tanto, urge que este tema se convierta en prioridad. Solo de esa manera se podría superar la crisis carcelaria que señalan desde los medios, pero también limitar y desarticular el poder de fuego que han amasado durante años bandas criminales, superar la corrupción carcelaria y lograr un modelo que garantice los derechos humanos.
3. Tregua sin resultados
A pesar de la tregua anunciada en septiembre entre las bandas “Los Pepes” y “Los Costeños”, con intermediación del Gobierno nacional, en Barranquilla y su área metropolitana la violencia continúa. Panfletos intimidantes, ataques armados y extorsiones siguen marcando la agenda diaria del departamento Atlántico. En barrios como Galán, Las Dunas y San Nicolás, los enfrentamientos entre estructuras criminales se mantienen activos, lo que mantiene la incertidumbre y temor entre los habitantes.
Los recientes ataques en establecimientos conocidos como La Caleta de El Chontaduro y La Caleta de La Cookie, atribuidos a “Los Pepes”, evidencian que la tregua anunciada no se refleja en las calles. Funcionarios judiciales citados por la prensa advierten que los sicarios y extorsionistas continúan operando al margen de las órdenes de sus cabecillas. En municipios como Sabanagrande y Soledad, los atentados por presunto incumplimiento de pagos extorsivos han sido seguidos por amenazas escritas que desmienten cualquier intención de paz.
Según el mayor Nelson Manríquez Ramírez, algunos miembros de estas bandas han desobedecido las directrices de alias ‘Castor’ y Digno Palomino, manteniendo sus actividades delictivas bajo nuevas fachadas.
Analistas señalan dos debilidades en este proceso: existe una fragmentación interna de las organizaciones criminales (y muchos otros combos y bandas de menor capacidad), que a su vez debilita los acuerdos de paz urbana promovidos por el Gobierno de Petro; o bien no existe una metodología clara que se traduzca en el corto plazo en la reducción de los niveles de violencia.
Aunque es muy temprano para sentenciar los alcances, una realidad sigue preocupando. Si efectivamente los dos actores en conflicto llegasen a un acuerdo concreto para deponer las armas y desmontar sus estructuras, otros actores los reemplazarán porque las condiciones que han ocasionado el conflicto actual seguirán intactas.
4. Mujeres víctimas
La violencia en el Atlántico no está supeditada a la existencia de bandas armadas dedicadas al microtráfico y la extorsión. Colectivos de mujeres emitieron la semana pasada alertas por el aumento sostenido de crímenes contra la población durante 2025.
De acuerdo con la Red de Mujeres del departamento, ya son 44 las víctimas mortales de hechos violentos en el territorio. Y dentro de este contexto doloroso, en el cual no existen ni mecanismos de prevención ni rutas de atención, las mujeres también comienzan a ser víctimas de la guerra entre bandas.
El mal llamado “ajuste de cuentas” no se limita ya a miembros masculinos de los actores delincuenciales. Las bandas en disputa están atacando a mujeres vinculadas al grupo contrario (también a familiares en general) y esto no solo está sucediendo en el Atlántico sino en otras ciudades del Caribe.
5. Los salvadores
No dejan de sorprender los mandatarios Eduardo Verano y Alex Char, gobernador del Atlántico y alcalde de Barranquilla, respectivamente. La semana pasada revelaron que hace dos meses le propusieron al presidente Petro comprar la empresa de energía AIR-e para que fuera operada en el departamento por la empresa de servicios Triple A, fortín de los Char.
Siempre se debe sospechar de las propuestas de ambos funcionarios, sobre todo del alcalde de Barranquilla, porque él y su familia han demostrado que el modelo de gestión pública que regentan en el departamento ha estado al servicio de contratistas y esquemas de corrupción de toda índole.
No podemos olvidar que una de las fichas claves de los Char en Triple A, Ramón Navarro, fue condenado por robarse más de 300 mil millones de pesos en operaciones ilícitas cometidas cuando dirigía la entidad (dirigió la empresa durante 11 años). Lo más descarado de este caso es que, mientras fue gerente de Triple A, Navarro recibió innumerables reconocimientos y elogios por partes de las instituciones departamentales.
Esta empresa terminó convirtiéndose en la caja menor de directivos y políticos para pagar coimas y financiar campañas tanto en Colombia como en España. El más emblemático de este caso, además de Navarro, fue el empresario y ex aliado de Alex Char, Héctor Amarís conocido como el Oso Yogui.
Amarís anunció a principios de 2025 su decisión de colaborar con la justicia en una investigación por corrupción que involucraría al alcalde Alejandro Char. Entre otros, aportaría pruebas sobre irregularidades en la empresa de servicios públicos Triple A, donde desviaron recursos a través de contratos fraudulentos.
6. Tarifas de energía
Con el objetivo de aliviar el costo del servicio de energía eléctrica para los hogares y las empresas en todo el país, el Ministerio de Minas y Energía expidió un decreto que modifica la forma en que se compra y comercializa la energía en el territorio nacional.
La nueva norma instruye a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que implemente mecanismos que obliguen a las generadoras de energía a vender, mediante contratos a largo plazo, al menos 95% de la energía que producen. De esta forma, se busca reducir la dependencia de las empresas distribuidoras hacia la compra de energía en el mercado spot (conocido como “bolsa”), donde los precios cambian constantemente y suelen ser más volátiles y elevados.
Hasta ahora, solo entre el 60% y 70% de la energía se negociaba mediante acuerdos de largo plazo. Al elevar este porcentaje a casi la totalidad de la producción, el Gobierno espera que las compañías distribuidoras puedan acceder a precios más estables y predecibles, lo que a su vez se traduciría en tarifas más bajas y menos variables para los usuarios finales.
“El resto (40% o menos) quedaba expuesto a las fluctuaciones y los sobreprecios del mercado en bolsa en el que, por ejemplo, puede pagarse un kilovatio por $1000, mientras que un contrato a largo plazo podría costar cinco veces menos, es decir, $200”, según citó el medio Blu Radio.
Aunque el ministerio da plazo de tres meses a la CREG para la implementación del decreto, toca esperar si el Consejo de Estado o la Corte Constitucional no lo obstaculizan, como lo han hecho con otras decisiones y decretos emitidos por el Gobierno de Petro durante su gestión.
7. Alianzas
El Ministerio de Minas y Energía está impulsando una alianza estratégica entre la generadora estatal Gecelca y la empresa de energía Air-e, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio a los usuarios de la costa Caribe. Durante una reunión celebrada en Barranquilla, el ministro Edwin Palma y el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán, evaluaron con los representantes de ambas empresas los detalles jurídicos y financieros que permitirían a Gecelca asumir la operación del mercado de Air-e. Esta iniciativa representa un respaldo explícito del Gobierno nacional a la generadora estatal como actor clave para solucionar la crítica situación de la empresa distribuidora.
En el encuentro se discutieron alternativas de financiamiento, esquemas de regulación especial y una solución empresarial integral que no solo busca estabilizar el servicio, sino que integra proyectos de transición energética como “Colombia Solar”. Este programa gubernamental busca reemplazar los subsidios tradicionales por energía generada mediante paneles solares en hogares de estratos 1 y 2, comenzando por Barranquilla.
La propuesta concreta del Gobierno es que Gecelca actúe como vehículo financiero del programa Colombia Solar, administrando vigencias futuras por aproximadamente 8 billones de pesos. Esta inyección de recursos busca garantizar la sostenibilidad de la iniciativa y facilitar la masificación de las soluciones solares entre la población más vulnerable. Con esta alianza buscan resolver un problema operativo crítico y posicionar a la generadora estatal como un pilar fundamental para la transición energética justa en la región.
Un duro golpe para las aspiraciones de los Char. Se les cayó la jugada, como dicen en la costa.
