Por: Wilmar Harley Castillo Amorocho
El 13 de octubre ocurrió uno de los ataques civiles contra la protesta social, que forma parte de las nuevas expresiones del paramilitarismo en Colombia. De acuerdo con el artículo de Periferia Prensa y la nota periodística de Colombia Informa, un grupo de personas armadas con cuchillos, palos, pistolas, botellas y piedras persiguió a manifestantes desde el municipio de Confines hasta San Gil. Las víctimas —integradas por campesinos, estudiantes universitarios, mujeres e internacionalistas que apoyan a las comunidades de Nuestra América— recibieron amenazas de muerte y de violación, y fueron estigmatizadas como “guerrilleros” y “petristas”.
Este no fue un hecho aislado. Es producto de un contexto sociocultural e institucional que prepara contingencias estatales contra la protesta social y las expresiones organizadas de las comunidades. Su objetivo es castigar a quienes denuncian el régimen político y el modelo económico capitalista.
Asimismo, se busca consolidar una población reaccionaria, violenta y patriarcal que legitime y defienda el estilo de vida de los ricos, aunque ella misma no acceda a dicha clase social. Esta dinámica también aleja el anhelo de paz con justicia social que las comunidades exigen y construyen en sus territorios.
Cultura paraca en el barrio y la vereda
No se pretende desconocer que grupos armados como el Clan del Golfo, las disidencias de las ex-FARC y las bandas locales de narco y microtráfico forman parte de las nuevas expresiones del paramilitarismo. Sin embargo, estos no son el tema central de este artículo.
En su obra El Sentido Práctico, el sociólogo Pierre Bourdieu explica que el habitus consiste en los principios que rigen nuestro actuar y nuestras representaciones del mundo, los cuales son duraderos y transferibles.
También señala que, en el habitus, los fines alcanzados se convierten en objetivos futuros por realizar, lo que deriva en una práctica circular de la vida. Así, las prácticas, representaciones y fines del pasado, disfrazados de futuro, nos ayudan a comprender mejor las nuevas expresiones paramilitares en las ciudades y municipios de Colombia.
Estado y paramilitarismo
La institucionalidad, representada en la Policía Nacional y las alcaldías y gobernaciones, promueve el habitus de “defender” un tipo de orden y seguridad. Esto se logra mediante la organización de grupos civiles que funcionan como fuentes de información sobre crímenes.
Estos grupos intervienen en conflictos entre vecinos y permanecen en alerta ante cualquier situación que “altere el orden público”. Mantienen una línea directa de comunicación con la policía, con quien coordinan acciones. Se les conoce como frentes de seguridad.
Además, las alcaldías y gobernaciones crean secretarías o contratan personal encargado de la convivencia y la seguridad, con el fin de apoyar a la Policía Nacional en el territorio y cumplir las funciones ya descritas.
Así, en Medellín se creó la Secretaría de Seguridad con personal contratado. En Santander se promueven los Frentes de Seguridad bajo el actual gobernador, el exmilitar Juvenal Díaz. En Bogotá, la Alcaldía Mayor formalizó la figura de gestores del orden y en Ibagué, la Alcaldía Municipal estableció gestores de convivencia bajo la dirección de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, dirigida también por un expolicía.
Estos son algunos ejemplos de la institucionalización de una forma de vivir y entender el mundo en torno a la “seguridad y el orden”, y sintetizan un actuar paramilitar. Esto fue evidente en las protestas de Aquí en Lucha o en las marchas de solidaridad con Palestina del pasado 7 de octubre.
¿Qué seguridad y orden buscan defender y promover?
El Equipo Jurídico Pueblos publicó una denuncia el 29 de octubre en la que caracteriza el actuar paramilitar de los grupos civiles coordinados por la Policía Nacional y las autoridades civiles como “contrainsurgente, anticomunista, patriarcal y discriminatorio”. Esto se evidencia en discursos de odio que incitan al exterminio de quienes consideran “enemigos de la seguridad y el orden”.
Ese discurso de odio y las prácticas violentas revelan el carácter contrainsurgente que estos grupos sociales practican bajo la coordinación de la policía y las autoridades civiles —muchas de las cuales formaron parte de las fuerzas militares—. De este modo, se reproduce actualmente la doctrina del enemigo interno expuesta por el padre jesuita Javier Giraldo.
El tipo de orden y estado de seguridad que defienden estos grupos sociales es el que representan figuras como Donald Trump, Javier Milei, Giorgia Meloni o personalidades como María Corina Machado. Incluso se refleja en Álvaro Uribe, cuyos dos mandatos —y el tercero a través del expresidente Iván Duque— consolidaron el paramilitarismo como referente social, económico y político en las comunidades. Esta etapa marca una nueva evolución hacia las expresiones que se analizan en este artículo.
Auge del paramilitarismo
Junto con el Equipo Jurídico Pueblos y otras organizaciones sociales defensoras de derechos humanos, se puede afirmar que los frentes de seguridad y las figuras municipales implementadas por las alcaldías mencionadas son la expresión criolla del fascismo mundial. Esto forma parte del conflicto entre modelos multipolar y unipolar de administración de la vida en el planeta.
Si retomamos los objetivos del habitus, no se expone una intención de mejorar las condiciones de vida de las personas que integran estas nuevas expresiones de paramilitarismo institucional.
Vigilar el barrio de los ladrones, instalar alarmas que alerten al cuadrante ante personas sospechosas o, como en el caso de Confines (Santander), donde la rabia reaccionaria buscó defender las haciendas y negocios de terratenientes locales. Estas no son alternativas que resuelvan estructuralmente la pobreza, los feminicidios, el abandono estatal en educación, salud, alimentación y otros derechos. Según estadísticas del DANE en su informe anual de 2024, el 60% de la población colombiana vive en situación de pobreza y miseria.
Estancarse en el pasado
Exigir y trabajar por “mayor seguridad” o para defender “el orden” implica reproducir el habitus paramilitar y contrainsurgente.
Esto se traduce en un estado de control social basado en la violencia, que permite a los sectores acomodados mantener sus privilegios, negocios y dominación sobre el resto de la sociedad.
Además, se busca favorecer a las multinacionales para que sus megaproyectos no enfrenten obstáculos sociales, políticos ni jurídicos. La muerte o el sometimiento violento son las principales armas de este estilo de vida.
Con este tema, se evidencia que el Estado colombiano gira en círculos: no avanza ni quiere hacerlo. Avanzar significaría realizar transformaciones estructurales para erradicar la pobreza y la miseria, y desarrollar plenamente las facultades humanas.
No obstante, el retroceso estatal se agudiza cuando se emplean nuevas formas de control social, como incorporar a parte de la población para que ejerza la “violencia legítima del Estado” con sus propias manos. Esto solo fortalece su aparato represivo y de inteligencia.
Ante este panorama, ¿vale la pena buscar formas de disputar el control del Estado vigente? O, por el contrario, ¿surge la necesidad de transformar el Estado actual mediante focos de poder popular autónomo e independiente?
