Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 99)
Por: Caribe Investigación
1. Seguridad para unos, exclusión para otros
En Cartagena, la ciudad amurallada que encanta a turistas con su arquitectura colonial y playas caribeñas, se desarrolla desde hace años una política urbana, económica, social, turística y de seguridad antisocial, racista, de estigmatización y criminalización de toda la población raizal y de los barrios pobres que colindan con el casco histórico, sobre todo del suroriente.
El anuncio de militarización hecho la semana pasada por el ministro de defensa, Pedro Sánchez, simplemente confirma lo anterior. La política de seguridad la diseñan para el disfrute de unos: la élite cartagenera principalmente, y el sector económico dedicado al turista foráneo; mientras se sigue condenado el disfrute de la ciudad a un sector que históricamente ha estado marginado, a su población afro, raizal, a jóvenes y mujeres pobres, a la comunidad LGTBIQ+.
Los barrios donde se desplegará la Policía Metropolitana y la Armada Nacional serán Olaya Herrera, Nelson Mandela, Nuevo Paraíso, El Pozón, La María, Fredonia, San Pedro Mártir y La Esperanza —todos ubicados en la zona suroriental—. Todos estos barrios y sectores aledaños al casco histórico estuvieron bajo la mira del Plan Titán anunciado a principios de 2024 por el alcalde Dumek Turbay, bajo el argumento de combatir la criminalidad, pero lo que se ha visto es una militarización progresiva de la ciudad.
Detrás del discurso oficial, se levantan voces que denuncian racismo institucional, estigmatización y una profundización de la exclusión histórica. Al Igual que sucede en Barranquilla, la aplicación de la política de seguridad en Cartagena parte de un diagnóstico errado y una visión excluyente de lo que es la ciudad, donde priorizan el aumento del pie de fuerza como solución cuantitativa para contener el crimen, pero ignora un problema estructural: cordones poblacionales marginalizados, excluidos de la bonanza turística y del derecho al disfrute de la ciudad y de los servicios básicos más elementales para vivir dignamente.
El Plan Titán, presentado como una respuesta contundente a los índices de violencia, ha sido criticado por su enfoque punitivo. Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos advierten que esta estrategia no solo ignora las causas estructurales de la inseguridad —como la pobreza, el desempleo, la carencia de servicios básicos—, sino que reproduce patrones de discriminación racial y territorial que se manifiestan desde la colonia hasta nuestros días. En barrios donde la mayoría de la población es afrodescendiente y vive en condiciones precarias, la presencia militar no se percibe como protección, sino como amenaza.
En Cartagena no solo aplican políticas restrictivas, policivas y racistas sobre el uso del espacio público en el casco histórico. Condenan la diversidad y las raíces afro de comunidades y sujetos históricos y ancestrales a cuestiones meramente decorativas, de consumo turístico. Tomemos un caso reciente para comprender lo planteado:
La semana pasada, un grupo de artistas y cultores denunció haber sido intimidado por agentes de la policía mientras realizaban una rueda de bullerengue en el Camellón de los Mártires. Los participantes, provenientes de María La Baja, Barranquilla, Cartagena y otros municipios se reunieron de forma espontánea para celebrar en el Centro Histórico de Cartagena. La policía amenazó con desalojarlos e imponerles comparendos.
Es una reacción institucional ante las expresiones culturales raizales del Caribe colombiano. Turistas de otros países explotan el Casco Histórico, lo utilizan de las peores maneras y no son sancionados. Pero la ciudad está vetada para los raizales; la ciudad blanqueada, refinada, depurada de su gente pobre, no existe para los jóvenes negros y mujeres de las comunidades pobres que colindan con el casco histórico.
Son las formas de violencia que se han perpetuado no solo en Cartagena, sino en toda la costa Caribe. Es el vivo ejemplo de lo que significa la gentrificación de las ciudades. Espacios y territorios que vienen siendo utilizados para el desarrollo de proyectos turísticos y urbanísticos con el apoyo del Estado, pero al servicio de sectores económicos locales, nacionales o internacionales, no sin antes desplazar a poblaciones y comunidades ancestrales o fundacionales.
La criminalización de la pobreza no es nueva en Cartagena. Desde hace décadas, los barrios periféricos han sido tratados como zonas de sacrificio, excluidos de los planes de desarrollo urbano y relegados en la inversión pública. Mientras el casco histórico se embellece para el turismo internacional, sus vecinos inmediatos sobreviven entre el abandono estatal y la estigmatización mediática. La narrativa oficial que asocia estos barrios con la delincuencia refuerza prejuicios y legitima intervenciones represivas, sin ofrecer soluciones reales.
El fenómeno de la gentrificación avanza sin que los sectores políticos tradicionales hagan apenas control. En el Centro Histórico, los precios de la vivienda se disparan, los negocios tradicionales desaparecen y las comunidades locales son desplazadas por el auge de hoteles boutique, restaurantes de lujo y condominios turísticos. La ciudad se transforma para otros, mientras sus pobladores originarios son empujados hacia los márgenes, física y simbólicamente.
La militarización de los barrios populares forma parte de un modelo de ciudad que prioriza la seguridad del turista sobre la dignidad de la población local, que embellece el centro mientras invisibiliza la periferia. En este contexto, el Plan Titán y el actual anuncio del Gobierno Nacional aparece como una pieza más de un engranaje que reproduce desigualdades y perpetúa exclusiones.
Lo que Cartagena necesita no son más soldados en sus calles, sino más inversión en educación, salud, empleo y cultura. Necesita reconocer el valor de sus comunidades afrodescendientes, no como amenaza, sino como parte esencial de su identidad. Necesita políticas públicas que reparen la deuda histórica con sus barrios populares, y que construyan seguridad desde la justicia social, mas no desde el miedo.
2. Macroproyecto Ciénaga-Barranquilla
Quieren vendernos como una bandera del progreso y de la conectividad el macroproyecto Ciénaga-Barranquilla, una obra de $8,14 billones que comprende la construcción de viaductos, dobles calzadas y obras “estratégicas”.
Sin embargo, la otra cara de la moneda alerta por su posible impacto ambiental, especialmente por el riesgo de repetir el ecocidio ocurrido en la Ciénaga Grande de Santa Marta durante intervenciones viales en décadas pasadas.
El proyecto consiste en la construcción de una doble calzada con viaductos entre Barranquilla y Ciénaga. Pero comunidades locales, ambientalistas y académicos exponen las siguientes razones para no celebrar tanto:
A) Se teme que la obra afecte los flujos de agua entre el mar y los cuerpos lagunares, lo que podría alterar gravemente los ecosistemas de manglares y humedales.
B) Los pescadores advierten que la disminución de agua dulce y el aumento de salinidad podrían reducir la biodiversidad y afectar su sustento.
C) La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha retrasado la aprobación de licencias por ausencia de estudios completos sobre el impacto ambiental.
En los años 50’s y 90’s, la construcción de una carretera sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta provocó un desastre ambiental con bloqueo de flujos hídricos: la vía interrumpió el intercambio natural entre el mar Caribe y la Ciénaga, lo que llevó a la muerte masiva de manglares y peces. Las poblaciones que dependían de la pesca fueron afectadas por la pérdida de biodiversidad y recursos.
3. Estudiantes del Atlántico amenazados
La Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (coordinación Atlántico), denunciaron la semana pasada graves hechos de estigmatización y señalamientos ocurridos en el marco de una asamblea de la Facultad de Ciencias Jurídicas celebrada el pasado 28 de octubre.
La denuncia en concreto especifica que dos representantes estudiantiles (Carla Henao y Juan Chamorro) en declaraciones en la asamblea tildaron a los miembros de la FEU de ser “guerrilleros” y “porquerías”; absolutamente reprochable y grave tomando en cuenta la estigmatización y persecución de la que ha sido víctima el movimiento estudiantil colombiano, pero en específico la comunidad estudiantil y docente del Caribe durante las décadas de mayor auge de las AUC (entre 1990 y 2000).
Los discursos de odio se siguen imponiendo en la vida colombiana. Lo más deplorable es que lo hagan desde el mismo sector estudiantil.
4. Atlántico: La bodega de las torturas
Una investigación periodística y académica ha revelado que una bodega ubicada en la Vía 40 de Barranquilla, entre los barrios Prado y Buenavista, funcionó como centro clandestino de torturas, ejecuciones y detenciones ilegales por parte de grupos paramilitares, especialmente del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El lugar, rodeado por instalaciones militares y policiales, operaba con complicidad de agentes del Estado, lo que refuerza las denuncias sobre la connivencia entre fuerzas oficiales y estructuras armadas ilegales en la región.
Entre los crímenes documentados en esta bodega se encuentran al menos ocho homicidios, siete de ellos correspondientes a pasajeros de un camión interceptado por paramilitares, quienes fueron torturados y asesinados por el simple hecho de haber visto a sus captores. Uno de los casos emblemáticos es el del abogado, profesor universitario y defensor de derechos humanos Jorge Adolfo Freytter Romero, secuestrado el 28 de agosto de 2001 y hallado muerto al día siguiente con signos de tortura y un disparo en la cabeza.
Testimonios de exparamilitares como Carlos Arturo Romero Cuartas, alias Montería, vinculan directamente a jefes paramilitares y miembros del Gaula de la Policía en el asesinato del profesor Freytter. Según Romero, el crimen fue ejecutado por alias ‘Moncho’ con la participación del teniente Flover Argeny Torres Sánchez y Julio César Pacheco Bolívar, alias La Cacha, quienes sometieron al profesor a torturas brutales en la misma bodega, que en el día funcionaba como empresa de fabricación de botes.
La historia de este sitio de horror ha sido reconstruida en el libro La bodega: donde la memoria fue secuestrada, resultado de tres años de investigación liderada por académicos colombianos y europeos, y editado por la Asociación Jorge Adolfo Freytter-Elkartea. La obra busca visibilizar las violaciones de derechos humanos cometidas en ese lugar y reivindicar la memoria de las víctimas. En medio de este contexto, el periodista Fabio Castillo, quien denunció las alianzas entre políticos y narcotraficantes, falleció recientemente, dejando como legado su firme convicción: “En Colombia usted es libre de todo, menos de decir la verdad”.
5. Régimen tarifario
Duramente criticada fue la decisión del Gobierno Nacional de prolongar por dos años el régimen tarifario transitorio especial para la región Caribe, según la resolución 4505 expedida por el Ministerio de Minas y Energías.
Tantas alternativas que puso sobre la mesa el ejecutivo para terminar dándole continuidad al esquema que se instauró con la salida de Electricaribe de la región y con el respaldo de la administración Duque. Esquema que el Gobierno de Petro había criticado desde sus inicios. Según el ministerio, la medida busca evitar “un riesgo sistémico en el mercado eléctrico y garantizar que las empresas mantengan los ingresos necesarios para desarrollar sus actividades de comercialización y mantenimiento”.
La principal crítica a esta resolución objeta el mantenimiento del cobro de la opción tarifaria de la era Duque, porque en la práctica afecta la economía de las familias más vulnerables. El Gobierno se centrará entonces en salvar a las empresas Afinia y Air-e que acumulan deudas por el orden de los $6,2 billones, incluyendo subsidios pendientes y saldos de la opción tarifaria.
Desde el principio, el asunto del sector eléctrico y de las tarifas en el Caribe se vislumbró como un chicharrón que Petro estaba obligado a resolver a favor de las familias más vulnerables. Varios de los intentos apuntaban a resolver la crisis, pero esta medida deja dudas sobre una solución a favor del bolsillo de la ciudadanía.
6. Pérdidas por “subnormalidad”
Otra de las crisis que enfrenta el Gobierno en materia eléctrica se desarrolla en el área que atiende la empresa Afinia (Sucre, Córdoba, Bolívar, Cesar y parte de Magdalena), por pérdidas de 300 mil millones de pesos anuales producto de la denominada “subnormalidad” o informalidad en la prestación de servicio en los barrios más pobres de la región.
En honor a la verdad, lo que se quiere achacar a los barrios pobres es producto del fracaso en la gestión y liquidación de Electricaribe, pero también del desastre de gestión que significó Afinia y del consentimiento de la administración Duque de la opción tarifaria. Se acumulan años de no inversión en infraestructura, mezclados con baja recaudación (y altas tarifas) y un consumo que sigue aumentando.
7. Vendedores ambulantes
Las principales ciudades del Caribe siguen con los peores desempeños en materia de empleo informal y vendedores ambulantes. Y no escribimos esta reflexión para estigmatizar la informalidad, sino para entender que sigue siendo una región con grandes deudas y desigualdades.
Citaremos al DANE para comprender este panorama: “La estadística de empleo informal del DANE se centra en la condición laboral de las personas, definiendo el empleo informal como todo trabajo que no está registrado, regulado o protegido por el marco legal y social, con o sin remuneración, independientemente del tamaño de la empresa. La estadística de micronegocios se enfoca en las unidades económicas de hasta 10 personas ocupadas, proporcionando datos sobre su estructura, operación, personal y otros indicadores económicos; no necesariamente todos los empleos en micronegocios son informales”.
Ahora bien, las cifras de empleo informal del DANE en siete ciudades del Caribe para el periodo junio, julio y agosto son las siguientes: en Sincelejo (69,1 %), Montería (64,1 %), Riohacha (63 %), Santa Marta (58 %), Barranquilla (54 %) y Cartagena (48,8 %)
En 2024, la encuesta del DANE conocida como EMICRON estimó la existencia de 507.266 propietarios de micronegocios de vendedores ambulantes en todo el país, de los cuales el 60,4% eran hombres y 39,6% mujeres. Distribuidos de la siguiente manera: 45,9 % comercio; 34,2 % servicios; 11,6 % industria manufacturera; y 8,2 % agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
En 2024, 45,5 % de los micronegocios de vendedores ambulantes en todo el país tenían 10 años o más de funcionamiento, mientras que 18,8 % tienen entre 5 a menos de 10 años. Una tendencia que se ha mantenido, lo que significa un reto para revertir en mediano plazo sobre todo por los siguientes datos:
“En 2024, los micronegocios de vendedores ambulantes consultados señalaron que, en un 59,8 % de los casos, su principal fuente de recursos para la creación o constitución del negocio fueron ahorros personales; el 16,9 % no requirió financiación; el 12,3 % solicitó préstamos a familiares; el 6,7 % recurrió a prestamistas y solo el 2,8 % accedió a préstamos bancarios”. Es decir, el sistema financiero no está diseñado para fortalecer la economía alternativa y popular. Y esto es diciente si tomamos en cuenta el dato del siguiente párrafo.
“Del total de los micronegocios de vendedores ambulantes que solicitaron un crédito, 56,2 % lo hicieron a prestamistas gota a gota”, y solo 30,2 % a instituciones financieras reguladas (banco, cooperativas, entre otros).
