Por: Plataforma Estudiantil A Pelear
La Universidad Nacional vuelve a conmocionarse, y esta vez el análisis debe permitir entender la profundidad de lo que viene ocurriendo, ya que esto no encarna solo la decisión jurídico-institucional sobre los derechos como rector de Ismael Peña, sino que hace más evidente lo que viene funcionando invisiblemente: un estado burgués y su democracia, que siempre estará en función de los intereses de una clase enemiga y en contra de los más mínimos cambios que puedan acercarse al beneficio de las mayorías.
Lo anterior no es y nunca ha sido un discurso, se ve reflejado en la materialidad de lo que viene sucediendo en la Universidad Nacional y otras esferas del país. Todo es parte de un plan que puso a andar todo el andamiaje del Estado burgues, o como prefieren llamarlo algunos el Estado social de derecho. Sí, en función de la democracia y el derecho, el Consejo de Estado y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá tomaron sus decisiones; por ello hoy la discusión debe trascender la pura defensa de la democracia y la autonomía. No podemos defender una democracia o autonomía escrita por nuestros contradictores, aquellos que estuvieron sentados escribiendo la constitución del 91, quienes redactaron la ley 30 de 1992, o quienes han determinado el rumbo de nuestras universidades con distintas caras, pero con los mismos intereses por décadas.
Esto ha ocurrido porque la Universidad Nacional es un gran diamante para el capital. Allí se manejan grandes cantidades de presupuestos, proyectos, contrataciones y empresas como Rottor, a ello es a lo que no están dispuestos a renunciar realmente esta elite académica y económica que representa Peña, Dolly, Mantilla y otros tantos, los cuales tienen relación con negocios de actores “externos” a la Universidad, como contratistas, políticos, partidos, empresas, multinacionales, etc. Además de este interés económico, la Universidad Nacional ha sido el laboratorio de reproducción del proyecto educativo en Colombia, no solo al ponerla en función del mercado, sino al desestructurar y destruir al movimiento popular que en ella se gesta, tanto de formas ilegales como legales, directas o indirectas, todo en la búsqueda de mantener una pasividad e inacción que pueda ser reflejada en todo el resto del sistema educativo. Por ello, los repertorios de persecución a liderazgos, discursos anti-organizaciones, a las reformas curriculares, las admisiones, las investigaciones, la extensión, y el bienestar universitario, entre otros asuntos, tienen un desarrollo profundo y violento en la Universidad Nacional, tal como en el caso de la elección a rectoría.
Por años, en muchas universidades los consejos superiores han sido enemigos de la clase popular, y el mensaje hoy es que, incluso logrando tener cierta correlación distinta en ellos, como en la Universidad Nacional (sin que del todo respondan a una transformación estratégica o radical), los representantes de las elites universitarias y de la burguesía no están dispuestos a seguir sus reglas básicas, sino que harán lo imposible para usar el estado burgués, en este caso la Rama Judicial, para no soltar el negocio de lo que hoy es la Universidad Nacional, y mucho menos dar una pequeña apertura a la discusión sobre el proyecto educativo nacional.
Esta burguesía persiguió en estos tiempos a todos quienes buscaron cambiar la Universidad Nacional, y seguro lo seguirán haciendo, pusieron a los medios de comunicación a actuar, a los jueces y magistrados, a políticos, a sus lacayos dentro de la Universidad, atacaron al consejo superior, pusieron denuncias y demandas; a directivos, representantes y lideres los llamaron miembros de insurgencias e intentaron llegar a la representación estudiantil al CSU sin éxito, esto muestra que lejos de la teoría de que todos somos el Estado, la realidad es que nos encontramos en un Estado social de derecho fallido al no estar al alcance de los intereses de nuestra clase.
De esta magnitud es el debate: los mecanismos democráticos y el andamiaje del cual dispone la burguesía solo serán permitidos a nosotros, la juventud, docentes, trabajadores e investigadores de la clase trabajadora, en tanto no trastoquemos los negocios que ellos poseen y en tanto no nos pensemos un nuevo proyecto educativo. Allí y ahora recae este momento para poder discutir ¿qué educación, qué investigación, qué proyección social, qué democracia requerimos? ¿Qué tipo de sociedad queremos y estamos dispuestos a construir?
El movimiento educativo de la Universidad Nacional debe entonces ser llamado a actuar con contundencia y profundidad política en sus análisis para ganar en legitimidad y movilización, consolidar asambleas populares que direccionen la praxis con organización y dirigir esta rabia que muchos y muchas sienten. Sí, hay que pedir la renuncia de Ismael Peña, consolidar una organización estudiantil y educativa fuerte, un programa de transformaciones en el campo de la democracia popular, de la investigación, la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura, la extensión, el bienestar universitario, el currículo, las admisiones, la organización productiva, la cooperativa de egresados, etc. Allí la Mesa constituyente debe estar compaginada y direccionada por las asambleas populares, ser un actor colectivo que sirva al momento y se consolide para potenciar las transformaciones.
Esta pelea no será sencilla, tal vez sea larga y no sea la única o el último round, pero hay que cerrarles las puertas a los enemigos de la educación pública y popular, dejar condiciones y caminos para la organización y un nuevo proyecto educativo. Es necesario formar al movimiento estudiantil y avanzar en la urgente discusión política; tarea que no es solo de la Universidad Nacional, sino de todo el movimiento educativo y del movimiento social nacional.
Finalmente nos dicen que no desconozcamos la ley, que hay que actuar en democracia, pero como respetar o reconocerla si siempre estarán en función de unos pocos, del capital, siempre en contravía de las necesidades de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad (tal como lo están haciendo desde las cortes con el salario vital). Por ello hay que desconocerla y construir una nueva democracia popular, una que quepa en un nuevo proyecto educativo, uno que realmente esté gestionado desde los intereses de la clase popular del país, que forme personas críticas para la transformación, que desarrolle ciencia, tecnología, cultura y arte para una sociedad sin pobreza, hambre o miseria. Es hora de que la comunidad educativa mantenga en alto la bandera por una nueva sociedad y no solo se acomode a las cuatro paredes de la Universidad.
En estos tiempos vale recordar que, en definitiva, la oligarquía no quiere entregar el poder de forma pacífica, las vías institucionales están cercenadas para los intereses de transformación de la clase popular. Solo queda dar avances hacia la organización y la lucha popular que rompa estos cercos y límites que se nos imponen.
