Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 106)
Por: Caribe Investigación
Atentado a la vida
La vida y estabilidad de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran comprometidas. Considerada el corazón del planeta, late con dificultad por el fallo del Consejo de Estado que anuló el Decreto 1500 de 2018, norma que reconocía la Línea Negra como límite espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo.
Este fallo, que no solo anula un decreto de Estado, algo de por sí regresivo e inconstitucional, desconoce, ignora y margina siglos de resistencia y lucha indígena; lapida a la vez “décadas de trabajo conjunto entre las autoridades indígenas y el Estado colombiano”, como reza el comunicado del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Con la consolidación del Plan Colombia a principios de la década de 2000, y la consecuente avanzada paramilitar sobre el Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta fue uno de los territorios más afectados. El gobierno de Álvaro Uribe logró varios propósitos: acabar con las guerrillas, diezmar la resistencia, el tejido social y dividir liderazgos; los intereses locales asociados a la tenencia de la tierra, proyectos extractivos mineros, agroindustriales y de actividades turísticas a gran escala quedaron intactos, se consolidaron.
Entonces la amenaza y postergación de la vida en la Sierra Nevada fue mutando. Al Estado nunca le interesó la paz en el territorio, el paramilitarismo continuó con nuevas estructuras y modalidades que le han permitido mantener un control férreo hasta hoy.
El decreto de la Línea Negra, sin embargo, se erigió como una palanca de resistencia legal-institucional y cultural que frenaría el desastre ambiental que se venía denunciando. Ante la barbarie de décadas, era una manera de preservar la cultura de cuatro pueblos indígenas, sus 348 sitios sagrados, el agua y la biodiversidad no solo de la Sierra Nevada, sino de las estribaciones en Magdalena, Cesar y La Guajira.
Hoy queda la puerta abierta para que proyectos extractivos, mineros, energéticos, turísticos y de infraestructura arrasen con el corazón del planeta. Se ha consolidado como un territorio de múltiples conflictividades que el Estado no alcanza a dimensionar en acciones, políticas y acompañamiento, sobre todo de reconocimiento de un territorio con diversidad de intereses, necesidades, liderazgos y culturas.
Leyendo la situación en perspectiva, podemos afirmar que el corazón del mundo tiene varias murallas que atravesar. La más visible tiene que ver con la muralla institucional. El Estado colombiano no guarda equilibrio entre las normas que lo componen, la arquitectura jurídica, el Estado social de derecho y la realidad espantosa de instituciones que atentan contra los derechos y luchas conquistadas.
El cierre del Tayrona
El Parque Nacional Natural Tayrona permanece oficialmente cerrado por decisión del Gobierno debido a la crisis de seguridad y ocupaciones ilegales que impactan el área protegida. Sin embargo, comunidades indígenas y líderes locales decidieron continuar con las actividades turísticas por cuenta propia pese al decreto de suspensión.
Esto deja por sentado una realidad: el Estado desconoce la complejidad del territorio y la diversidad de actores, el contexto y la historia de este parque sagrado. Al respecto, el sociólogo Lerber Dimas escribió una reflexión sobre lo que catalogó como “esta bomba de presión a punto de estallar”.
Escribe Dimas que hubo una imposición desde abril de 1964 cuando se creó la unidad protegida en “un territorio vivo y habitado por campesinos, indígenas, afro y terratenientes (con cédulas reales)… se desconoció y se pasó por encima sin concertación”.
La bonanza turística, sigue el sociólogo, “depende en gran medida de este espacio que juega un papel de bisagra y facilita la empleabilidad de familias, asociaciones y micro y macroproyectos hoteleros”.
El otro punto que plantea lo mencionamos al principio: el paramilitarismo como forma de dominación y control territorial sobre todo lo que se administra o hace en el área; incluso, plantea que la concertación y discusión para superar la crisis actual pasa por sentar también a las autodefensas en el territorio por ser un actor clave y predominante.
Coincidimos con Dimas: muchos intereses están en juego mientras sigue la voracidad medioambiental y de la vida en un territorio considerado refugio biodiverso del mundo.
Por lo tanto, la decisión del Gobierno —por muy justificada que parezca— no plantea una solución integral sobre las conflictivades que atraviesan el área, ni mucho menos es garantía de seguridad y paz en el territorio, tomando en cuenta que existe no solo un control militar violento paraestatal sobre el territorio, sino una disputa entre dos organizaciones paramilitares como los son las ACSN y las AGC; y liderazgos y comunidades que históricamente han convivido en el territorio y contribuyen con su preservación.
Ciclo de violencia en Santa Marta
A propósito de la violencia paramilitar que asecha en la Sierra Nevada, en el portal Opinión Caribe publicaron recientemente el artículo “Santa Marta y el ciclo de una violencia incontrolable”, en el cual describen una ciudad sumergida en una espiral de violencia que se recicla cada cierto tiempo: “En cuatro años, las cifras acumuladas superan las 770 víctimas, lo que confirma que la violencia no responde a un fenómeno coyuntural, sino a una dinámica sostenida en el tiempo. La ciudad continúa sometida al accionar de estructuras armadas ilegales”, escribe el columnista Arnol Sarmiento.
“De acuerdo con datos de la Plataforma de Derechos Humanos PDHAL, con base en registros de Medicina Legal, durante los últimos 24 meses —bajo la administración del alcalde Carlos Pinedo Cuello— han sido asesinadas 386 personas en Santa Marta: 206 en 2024 y 180 en 2025”, precisa Sarmiento, quien aclara que durante la administración anterior el comportamiento fue similar, es decir, que estamos ante un problema estructural. “Entre 2022 y 2023, durante la administración de la exalcaldesa Virna Johnson, se registraron 403 homicidios”.
Más adelante, Sarmiento escribe algo clave: “Las cifras consolidan una realidad cruda: la violencia en Santa Marta no disminuye de manera sustancial, solo fluctúa. La presencia y disputa de actores armados ilegales, sumada a debilidades en la articulación institucional y en las políticas de seguridad, han permitido que la ciudad permanezca bajo un esquema de control territorial informal donde el miedo sigue marcando el ritmo de la cotidianidad”.
Extorsión en Rodadero; paz mediática
El problema estructural de violencia que sufre Santa Marta quedó expuesto la semana pasada, cuando el defensor ambiental Luis Miguel Moisés denunció públicamente haber sido víctima de extorsión y amenazas por parte de las ACSN, tras un accidente de tránsito sufrido por su hijo en El Rodadero, frente al hotel Santa María del Mar, en la capital samaria.
No solo queda expuesta una crisis prolongada y postergada, sino la debilidad de la mesa de negociación que el Gobierno abre con las ACSN, principal actor armado de la región. Si bien es cierto que la paz se construye muchas veces en medio de escenarios complejos y violentos, esta agrupación ha demostrado que juega a la negociación cuando siente que militarmente pueden ser afectados por las acciones del Ejecutivo.
Con total impunidad ha operado este actor durante décadas (recordemos que son herederos del paramilitarismo de Hernán Giraldo) y con pasmosa tranquilidad han ido penetrando las AGC también en la Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones, lo que complica aún más las negociaciones con las ACSN.
Anunciar una mesa de negociación da esperanza, pero durante los últimos dos años se han hecho varios intentos que terminan en lo mismo: postergar el conflicto y toda la maraña de conflictividades que persisten en la región.
Suena cruel y hasta raya en el escepticismo, pero el anuncio de un acuerdo entre el Gobierno y las ACSN parece más mediático que real, lo mismo que el proceso que se lleva a cabo con las AGC. Por ejemplo, mientras el Gobierno daba la noticia, ambos actores se daban bala en Aracataca, Magdalena, afectando a familias de la localidad.
Gran Juntada Garrotera (fascistoide)
Circuló por redes sociales una convocatoria denominada La Gran Juntada Garrotera para “hacer un ajuste psicológico a los Therian”. En la foto del post, aparecen caricaturas jóvenes sonrientes con bates de béisbol en las manos. Invitaban a reunirse el 21 de febrero, irónicamente en el Parque de la Vida de Valledupar.
Este mensaje no necesita mayor interpretación. De corte fascistoide, reproduce lo que en Colombia ha permitido el asesinato o exclusión de cientos de miles de personas. Se impone la lógica del establecimiento, lo que no es igual a mí no existe o no tiene derecho a existir y debe ser marginado o aniquilado.
La defensora de derechos humanos Norma Vera Salazar, aludiendo al tema, nos recuerda por la red social X que el periodista Juan Sebastián Barriga publicó el año pasado la investigación “Sonar más duro que las balas: cómo el paramilitarismo persiguió punkeros y metaleros en el Caribe”. Este trabajo de Barriga expone la estigmatización de la que fueron víctimas los punkeros y metaleros de Santa Marta a manos del paramilitarismo entre 1999 y 2006.
“Empezó con discursos morales y terminó en violencia mal llamada limpieza social. Así comienzan estas campañas, no podemos permitir que el tiempo gire en redondo”, escribió Vera en X.
Sur de Bolívar en crisis
Al menos 22 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos alertaron sobre la grave situación que enfrentan las comunidades agromineras del sur de Bolívar por enfrentamientos armados entre disidencias, AGC, la fuerza pública y el ELN, según registró detalladamente Colombia Informa.
La denuncia vuelve a poner el foco en la presunta connivencia entre la Brigada 19 del Ejército Nacional y las AGC, y el plan de avance de esta agrupación paramilitar para consolidarse en el Sur de Bolívar y el Magdalena Medio, con intenciones de establecer un corredor hacia la frontera colombo-venezolana en la región del Catatumbo.
Asecho a Cañaverales
La minera Best Coal Company no se da por vencida. Pese a que la Corporación Ambiental de La Guajira negó hace poco la licencia ambiental a la transnacional para explotar carbón a cielo abierto en Cañaverales, la empresa presentó un recurso de apelación para darle continuidad al proyecto extractivo en los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca, al sur del departamento.
Ellos continuarán una batalla legal en la que no tienen nada que perder. Las comunidades y defensores ambientales continuarán denunciando y defendiendo la vida en el territorio.
¿Nuevo Plan Colombia?
“Para controlar a Venezuela es necesario intervenir militarmente a Colombia”, expresó el senador estadounidense por Georgia, Paul Coverdell, como ponente del Plan Colombia en el Congreso de Estados Unidos. Eso fue en abril de 2000.
Digamos que la profecía no se cumplió tal cual, aunque bastante se acercó al objetivo: controlar militarmente a Colombia para intentar doblegar a Venezuela. En Colombia, concretaron la modernización de la fuerza militar y el aumento del pie de lucha, a la par que el paramilitarismo se consolidó de la mano del Estado; fueron arrasadas guerrillas, liderazgos sociales, defensores y tejido social. Más que una política contra las drogas y contrainsurgente, se trató de una política contrasocial.
El objetivo principal era Venezuela, pero desde la década de 2000 Colombia sirvió como escenario, centro pivote y gravitacional de distintos planes y atentados dirigidos contra los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Casos concretos:
– Operación Daktari (2004), donde descubrieron a 152 paramilitares colombianos en una finca, donde se preparaban para participar en un golpe militar contra Chávez.
– En 2024, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso declaró que “sí hubo un interés grande de políticos y empresarios de Venezuela que vinieron a Colombia a buscar respaldo de la autodefensa para derrocar al presidente Hugo Chávez e incluso con apoyo de algunos militares venezolanos”.
– El 23 de febrero de 2019, sectores facinerosos y paramilitares intentaron usar a Cúcuta como centro de una agresión militar contra Venezuela. Lo que se conoce como Batalla de los Puentes, fue una batalla política y militar en la que venezolanos defendieron el no ingreso violento de sectores de ultraderecha a territorio venezolano. El gobierno de Duque fue auspiciador de estos hechos.
– Durante la primera administración de Trump, Colombia se convirtió en el principal promotor del “cerco diplomático” y las sanciones y asedio contra Venezuela, con un liderazgo de Iván Duque repulsivamente más radical que el de Santos y Uribe.
– En mayo de 2020, exmilitares y mercenarios venezolanos intentaron ingresar desde Colombia por las costas centrales venezolanas para ejecutar un atentado contra Venezuela. Habían sido entrenados en Colombia y las autoridades colombianas tenían conocimiento de ello. El plan, como muchos otros, fracasó y quedó en evidencia lo que ya mencionamos: el Plan Colombia seguía manifestando uno de los objetivos para el cual había sido creado, utilizar a Colombia para socavar la paz, estabilidad y soberanía de Venezuela.
Los tiempos cambiaron y Estados Unidos está llevando a cabo la Nueva Doctrina de Seguridad Nacional o Doctrina Trump: por las buenas o por las malas (casi siempre por las malas o bajo amenaza), Estados Unidos someterá a las naciones de América para hacerse de sus riquezas. Se acabó el merodeo: atacaron directamente y secuestraron a su presidente, Nicolás Maduro, y hoy mantienen una ocupación indirecta en Venezuela. Sí, el gobierno venezolano tiene puesta una pistola en la sien.
Que el Plan Colombia no se haya cumplido a cabalidad no quiere decir que no se haya llevado a cabo y que no haya tenido los resultados esperados. Los planes del imperialismo llevan años de ejecución. Lo más terrible de todo es que los hechos recientes apuntan a que Colombia se está reconvirtiendo en epicentro de un nuevo Plan Colombia, pero con miras a dominar y subyugar a toda la región. ¿No es consciente Petro de esto?
Petro no solo pide ayuda militar a Trump para combatir a disidencias y la guerrilla del ELN en la frontera colombo-venezolana, sino que se ofrece como vocero para una eventual negociación con Venezuela (en la práctica, esa negociación la lleva a cabo Estados Unidos en este momento con un dedo apretando el botón de un misil).
Lo tragicómico es que días atrás tanto Petro como Delcy Rodríguez hablaron de una reunión bilateral para discutir asuntos energéticos, económicos y de seguridad. Petro asomó la idea de trabajar en materia energética en un eje que comprende el corredor fronterizo de La Guajira hasta Arauca (por supuesto, la seguridad será lo primero para garantizar las inversiones).
A la par de estas declaraciones, el jefe del Comando Sur visitaba Venezuela para abordar con el Gobierno interino asuntos de “narcotráfico, terrorismo y migración” (estas mismas palabras utilizó el gobierno venezolano para referirse a la visita). Entonces sí, estamos ante un nuevo Plan Colombia que no solo apunta a Venezuela, sino a toda la región del Caribe y América del Sur.
