Por: Daniel Collazos Gómez y Betty Saucier
El Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) del Cañón de los Ríos Lagunilla y Azufrado no es una invención reciente ni una figura impuesta desde el escritorio de algún funcionario. Es el fruto de una larga y tenaz historia de organización, resistencia y amor por la tierra, forjada en las laderas de la cordillera Central del Tolima, en el municipio de Villahermosa. Su origen no se encuentra en un decreto, sino en la memoria viva de comunidades que, a pesar de la adversidad, decidieron no desaparecer, guiadas por la brújula política y organizativa del Coordinador Nacional Agrario (CNA).
La semilla de este TECAM se sembró en medio de la violencia y el abandono institucional. A principios de los años 2000, la expansión paramilitar y la estigmatización estatal asolaron el norte del Tolima, exterminando organizaciones campesinas como ASOPEMA y silenciando con el asesinato a líderes como Ángel María Rodríguez. Fue entonces cuando un grupo de campesinos sobrevivientes, en lugar de huir, optó por un acto de desafío y esperanza: fundar, en el año 2003, la Asociación Tienda Comunitaria de la Vereda La Esmeralda. Nacida del trueque y la necesidad en medio de la crisis cafetera, esta tienda no era un simple negocio, sino un símbolo de autonomía y resistencia. Funcionaba como un circuito económico cerrado, donde se intercambiaba café por panela y se fortalecía el principio de solidaridad por encima del lucro, manteniendo vivo el tejido social en una de las zonas más golpeadas por el conflicto.
Esta chispa organizativa no era un hecho aislado. Los campesinos y campesinas de esta región han sido históricamente parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA), una de las expresiones más importantes del movimiento social campesino en Colombia. A través del CNA, las comunidades de Villahermosa no solo se reconocieron como parte de una lucha nacional por la tierra y la soberanía alimentaria, sino que también accedieron a una escuela de formación política y organizativa. El CNA les aportó un marco de principios: la autonomía, la defensa de la vida, la comunalidad y la identidad campesina, así como la estrategia de la movilización y la exigibilidad de derechos. Fue en este crisol donde líderes como Ángel María Rodríguez y las bases de las veredas aprendieron a tejer alianzas, a participar en paros nacionales agrarios (como el de 2018, que permitió gestionar recursos para un trapiche comunitario) y a entender que su proyecto de vida digna requería una figura territorial propia.
Impulsadas por esta visión, surgieron otras iniciativas con el mismo espíritu de autogestión. Nació ASOURIBE, una asociación de caficultores que buscaba industrializar su propio grano para escapar de la cadena de intermediarios, un anhelo profundo del movimiento campesino organizado. También se consolidó la Asociación Campesina Aguaviva, que durante más de 20 años construyó un acueducto comunitario a base de mingas y convites, demostrando que la organización popular es la única vía para garantizar derechos como el agua, ante la ausencia del Estado.
La intención de unificar estas fuerzas bajo una sola figura territorial fue una decisión política madurada al calor de las asambleas y los diálogos promovidos por el CNA y la Corporación Semillas de Dignidad. Durante años, estas comunidades lucharon de manera fragmentada: la tienda, el acueducto, los caficultores. Comprendieron que, para incidir realmente en las políticas de reforma agraria y desarrollo rural, necesitaban hablar con una sola voz y con un estatus jurídico que les permitiera interlocutar con el Estado desde una posición de poder territorial. El reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional (Acto Legislativo 01 de 2023) y la posibilidad de constituir TECAM mediante el Decreto 780 de 2024, encontraron en esta región una tierra fértil, ya abonada por décadas de organización.
Fue así como, en el marco de su pertenencia al CNA, los campesinos de veredas como La Esmeralda, La Uribe, El Castillo y Guadualito decidieron dar el salto cualitativo: pasar de la resistencia a la propuesta. La creación del TECAM se convirtió en el instrumento para articular todas sus luchas históricas bajo un solo proyecto político: la defensa del territorio campesino agroalimentario. El 21 de marzo de 2026, en un acta fundacional que recoge ese espíritu, nació oficialmente el Territorio Campesino Agroalimentario TECAM del Cañón del Río Lagunilla y Azufrado. Este nombre, que honra las fuentes de agua que les dan vida, no es un punto de llegada, sino la coronación de un proceso organizativo que nace del CNA y que asegura que las futuras generaciones campesinas tengan un lugar digno para vivir, producir y decidir su propio futuro.
Hemos recorrido las veredas del TECAM del Cañón de los Ríos Lagunilla y Azufrado con el fin de conversar con sus residentes y comprender mejor los desafíos que enfrenta el territorio, pero también las apuestas que sostienen para su futuro. Asimismo, entrevistamos a tres miembros del comité de impulso del TECAM: Don Luis, líder histórico, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo y cofundador del Coordinador Nacional Agrario; Diego, joven líder y miembro de la Guardia Campesina Ambiental; y Paola, lideresa e integrante de la misma Guardia. Sus voces, presentadas a continuación, revelan las dinámicas en las que se enmarca su apuesta de territorialidad campesina.
Vivir en el territorio
Las veredas que constituyen el Territorio Campesino Agroalimentario del Cañón de los Ríos Lagunilla y Azufrado se enfrentan a múltiples desafíos que evidencian un abandono institucional persistente y la precariedad que de este se deriva, desde el estado de las vías hasta las amenazas de proyectos mineros. Las dificultades asociadas al transporte son un asunto transversal que, además de generar obstáculos en la comercialización de productos, afecta el acceso a la salud y la educación.
Anteriormente, se transitaba únicamente por medio de mulas o a pie. La llegada de una carretera al territorio permitió el uso generalizado de motos, así como la presencia de carros estilo Jeep o UAZ para transportar mercancías. Aun así, para varias familias cuya finca está ubicada en lo alto de las montañas o cerca del río Lagunilla, una parte considerable de los desplazamientos sigue haciéndose sin vehículo motorizado. La carretera, por su parte, carece de placa huellas o cinta huellas significativas y está en constante deterioro. En períodos de invierno, este proceso se acelera, creando huecos e inestabilidades, y haciendo el camino casi intransitable. Para arreglarlas, las veredas dependen de maquinaria prestada por la alcaldía municipal, a la cual se accede con dificultad.
Esta realidad impacta la capacidad de la comunidad para comercializar sus productos, como lo menciona Paola: “Por las vías sufrimos mucho para sacar los alimentos”. La necesidad de recurrir a transportes privados, adaptados a las condiciones de las vías, para enviar mercancía al abasto de Líbano añade un intermediario más en la cadena de suministro de alimentos, lo cual es significativo considerando, por ejemplo, que se recibe entre $35.000 y $40.000 localmente por una bolsa de plátanos que se vende a aproximadamente $80.000 en Corabastos, Bogotá.
“Uno acá se enferma y tiene que salir corriendo para Líbano”, afirma Paola. El tema de la salud problematiza nuevamente el descuido que ha tenido la institucionalidad frente a la situación de las vías. Considerando que el territorio carece de un puesto de salud veredal de primer nivel —que proporcione servicios de medicina general, enfermería y prevención, entre otros—, es necesario viajar a Líbano para acceder a tales servicios, lo cual requiere tiempo y recursos. Las personas mayores o con movilidad reducida están particularmente afectadas por esta realidad. Cuando se trata de urgencias médicas, estos factores pueden ser fatales.
Dinámicas similares se observan en el ámbito de la educación, cuyo acceso también se ve perjudicado por las dificultades relacionadas con el transporte. Aunque las veredas suelen contar con una escuela —salvo La Uribe, cuya escuela se derrumbó y no se volvió a construir—, el acceso al colegio implica un desplazamiento cotidiano adicional. Los varios jóvenes que estudian en el colegio de Pavas (una vereda que no es parte del TECAM) dependen del acompañamiento de sus padres en moto o deben recorrer largas distancias a pie, factores que ponen en riesgo la posibilidad de proseguir con sus estudios. La otra opción es el colegio de Líbano, que no permite a los jóvenes permanecer en su vereda entre semana. Por otra parte, la educación no es culturalmente apropiada y no estimula el arraigo al territorio en la juventud, como nos señala Paola: “En el colegio enseñan otras cosas… nunca enseñan agropecuaria. Es para que los niños estudien y se vayan a la ciudad”.
Este último punto conduce a dejar el tema de las vías para abordar una preocupación central en el territorio: el relevo generacional. Don Luis constata una ausencia ya manifiesta: “En las casas solamente están los ancianos… la juventud por ningún lado”. La educación inadecuada —que orienta a los jóvenes hacia un futuro proyectado en la ciudad más que en el campo—, la falta de oportunidades, la incertidumbre y la precariedad derivada del abandono estatal contribuyen a explicar este fenómeno creciente. Sin juventud, se teme que el territorio termine vaciándose, con la consecuente pérdida de formas de vida y de comunidad. Además, la deserción del campo tiene implicaciones graves en términos de abastecimiento alimentario, como lo subraya Don Luis: “La gran preocupación es que no va a haber quién produzca comida”.
Finalmente, la extracción de recursos constituye una amenaza significativa para la permanencia en el territorio. “Hay amenazas minero-energéticas que ponen en riesgo la vida campesina”, nos señala Diego. En particular, desde algunas veredas del TECAM se alcanza a divisar la mina de oro ubicada al otro lado del río Lagunilla. Desde las primeras actividades mineras realizadas en el área, se ha constatado contaminación, pese a las afirmaciones de una supuesta “minería sostenible”. En la actualidad, algunas zonas del TECAM son contempladas como posibles espacios para la expansión de proyectos mineros, lo cual afecta tanto el medioambiente como las condiciones de permanencia en el territorio.
El Horizonte del TECAM
El Territorio Campesino Agroalimentario es una apuesta por la permanencia en el territorio y la vida digna. En las veredas, se presenta como una oportunidad para enfrentar el abandono institucional, estableciendo una relación más directa con el gobierno nacional y obteniendo un respaldo incrementado en proyectos de mejoramiento de las vías, de acceso a la salud, de educación adecuada y más.
En su estrategia para asegurar permanencia y vida digna, los beneficios de este puente institucional se complementan con proyectos comunitarios que fortalecen el tejido social. Para Diego, por ejemplo, hablar de territorio “es hablar de una identidad” y “hablar de vida”. Así, un componente clave del TECAM es la Guardia Campesina Ambiental, cuya misión es defender el territorio. Sus actividades incluyen la formación ambiental, el cuidado del agua, el cuidado general del territorio y ejercicios pedagógicos de reforestación, huertas ecológicas y reciclaje en las escuelas. De esta forma, además de defender el territorio, la Guardia fomenta el arraigo de la niñez, apropiándose del sistema educativo para que refleje mejor la realidad local. Otros proyectos contemplados en el TECAM incluyen iniciativas productivas para las mujeres, la transición agroecológica, un banco comunitario de semillas, el rescate de bebidas artesanales, una huerta de plantas medicinales, talleres psicosociales y más.
Así, el TECAM permite expresar deseos para un futuro diferente en el territorio: “Los mayores anhelos son que la juventud sienta amor por estar en el campo”, asegura Don Luis. Para Diego, “pensarnos un territorio libre de minería sería un gran paso”. Mientras que Paola sueña con que “podamos sacar nuestros cultivos y que nos los paguen justo” y “que las mujeres tengamos nuestros propios productos para comercializar”.
Más que un pliego de demandas, estos anhelos expresan una voluntad de permanencia. El horizonte del TECAM es la posibilidad de seguir habitando el territorio con dignidad, de que la juventud se quede, de que la tierra siga produciendo alimento y de que la vida campesina no sea desplazada por la minería o el abandono.
Una herramienta de reforma agraria, derechos humanos y paz territorial
El TECAM del Cañón de los Ríos Lagunilla y Azufrado no es únicamente una figura administrativa o un proyecto productivo. En un país como Colombia, donde el conflicto armado tuvo en el problema agrario su origen y principal combustible, la apuesta por un TECAM se erige como una propuesta política integral que entrelaza la reforma agraria, la defensa colectiva de los derechos humanos y la construcción de paz territorial desde abajo. Para las comunidades organizadas en el Coordinador Nacional Agrario (CNA), este territorio es la materialización de su lucha histórica: la posibilidad de hacer realidad el artículo 64 de la Constitución, que reconoce al campesinado como sujeto de derechos, a través de una reforma agraria integral y con enfoque territorial.
En primer lugar, el TECAM se inscribe directamente en el corazón de la reforma agraria. El diagnóstico del propio plan de vida es contundente: en el territorio predomina el minifundio, la informalidad en la tenencia de la tierra supera el 45%, y la mayoría de las familias campesinas poseen predios por debajo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), lo que las condena a la inviabilidad económica. Frente a esta exclusión estructural, el TECAM no pide tierra, sino que propone un nuevo ordenamiento social de la propiedad rural. No se trata de una suma de títulos individuales, sino de un reconocimiento colectivo del territorio campesino como un bien común con función social y ecológica. Al formalizarse como TECAM, la comunidad recupera la capacidad de decidir sobre el uso del suelo, priorizando la producción de alimentos, frenando las presiones del extractivismo y los monocultivos. Así, el TECAM se convierte en el vehículo concreto para una reforma agraria campesina, que busca no solo repartir tierra, sino garantizar las condiciones (crédito, asistencia técnica, infraestructura, comercialización justa) para que quien la trabaja pueda vivir dignamente en ella.
En segundo lugar, este proceso constituye una estrategia avanzada de defensa colectiva de los derechos humanos. Históricamente, el campesinado del norte del Tolima ha sido víctima de despojo, estigmatización y asesinato por parte del paramilitarismo y agentes estatales, como lo demuestran los nombres de líderes asesinados que encabezan el plan de vida (Ángel María Rodríguez y Fernando Lombana). En este contexto de vulneración estructural, la organización colectiva es una herramienta de supervivencia y exigibilidad. El TECAM dignifica la identidad campesina, la saca del lugar de la víctima pasiva y la coloca como sujeto político con voz y voto en los escenarios de planificación municipal y nacional. Al ser una figura reconocida jurídicamente, el TECAM permite monitorear el cumplimiento del Estado, poner freno a la impunidad, denunciar las amenazas persistentes (como los panfletos o los títulos mineros en la zona) y construir memoria histórica. Es, en esencia, un escudo colectivo que defiende el derecho a la vida, al territorio y a la autodeterminación, transformando el abandono estatal en una plataforma de incidencia y control social.
El TECAM es una apuesta concreta por la construcción de paz. La firma del Acuerdo de Paz de 2016 abrió la puerta a la Reforma Rural Integral, pero su implementación ha sido lenta y fragmentada. Las comunidades del TECAM entienden que la paz no se decreta en las mesas de negociación, sino que se siembra en los territorios. Una paz sostenible requiere justicia social, y esa justicia pasa por el acceso a la tierra, el agua y la soberanía alimentaria. El TECAM construye paz todos los días al recuperar la confianza comunitaria mediante mingas, trueques y asambleas; al frenar el reclutamiento forzado de jóvenes ofreciéndoles alternativas productivas dignas como la apicultura o el turismo de naturaleza; y al demostrar que es posible un desarrollo económico que no destruya el medio ambiente ni excluya a los más débiles. En un territorio marcado por la violencia, la existencia misma de una asamblea campesina decidiendo su futuro es un acto de construcción de paz. El TECAM representa así el paso del “acuerdo de paz” a la “paz vivida”, donde los derechos humanos y la reforma agraria dejan de ser promesas lejanas para convertirse en realidades cotidianas en las veredas del cañón de los ríos Lagunilla y Azufrado.
