Por: Caribe Investigación
Tres temas aquejan al Caribe colombiano en los últimos años: violencia en general, sobre todo en las principales ciudades y zonas clave de la región; crisis del servicio de energía eléctrica y la consecuente debacle de los operadores Air-e y Afinia; y la corrupción, una cultura que ha socavado cualquier norma institucional o social en beneficio de individuos y grupos ajenos al interés colectivo.
Cuando nos referimos a los últimos años, queremos aclarar dos cosas. Lo primero, tanto la crisis de violencia y de derechos humanos como la crisis energética, corresponden a temas que se vienen acumulando, por lo menos, desde la gestión de Juan Manuel Santos. No nos sumaremos al concierto para criticar por criticar y responsabilizar al gobierno Petro como responsable único por estos dos temas, aunque tenga fallas y yerros evidentes. Lo segundo, la corrupción en el Caribe es estructural y cultural.
No queremos hacer un análisis exhaustivo sobre los tres temas. Los dos primeros los hemos planteado en reiteradas ocasiones. Corresponde una reflexión puntual porque los tres afectan profundamente la vida cotidiana de comunidades y ciudades, sobre todo de gente vulnerable que termina pagando las consecuencias de malas decisiones y gestiones sombrías. No son los únicos ni los más importantes, pero están permanentemente en el debate público y deberían ser temas de discusión en la actual campaña por la presidencia.
1. Crisis energética
La crisis eléctrica del Caribe colombiano ha escalado a un punto crítico durante el gobierno de Gustavo Petro. Suma décadas de problemas estructurales que ni la liquidación de Electricaribe ni la intervención de Air-e han logrado resolver. Con un déficit que ronda los 2.5 billones de pesos y un fenómeno de El Niño pronosticado para finales de 2026, el Gobierno ha implementado varias medidas que han provocado un intenso debate, desde la solidaridad nacional, el castigo a la mala gestión y sostenibilidad fiscal.
El plan del Ministerio de Minas y Energía se ha movido en dos frentes principales, buscando evitar un colapso total del servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira:
- Medidas de blindaje comercial y regulatorio: Conscientes de que la volatilidad de los precios de bolsa agrava la crisis, el ministro Edwin Palma solicitó a la CREG modificar las reglas para que Air-e pueda contratar energía a largo plazo y reducir su exposición al precio spot. Además, se ha pedido a las generadoras estatales que actúen como proveedoras de respaldo para evitar que el alza del dólar o la sequía disparen las deudas.
- La declaratoria de “Problema Nacional” y la sobretasa: Ante la negativa del Congreso para aprobar reformas que incluyeran partidas para subsidios, el Gobierno recurrió a una resolución ministerial para crear una sobretasa nacional. A partir de 2026, los usuarios de estratos 4, 5 y 6 en todo el país pagarán un adicional de 8 pesos por cada kilovatio/hora consumido.
La recién decretada sobretasa es, sin duda, la medida más controvertida y expone las tensiones actuales. El Gobierno proyecta recaudar 235.000 millones de pesos en 2026 para inyectar liquidez a Air-e. Sin embargo, el presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB), Juan Ricardo Ortega, explicó que el déficit es de $2.5 billones, y el recaudo planteado por la resolución tomaría entre 10 y 15 años para cubrir el hueco si no se producen nuevos pasivos.
La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) cuestionó los cálculos del Gobierno, señalando que, si la base de la sobretasa son solo los usuarios residenciales altos, el recaudo sería de apenas $40.000 millones, no los $235.000 millones anunciados.
Mientras el Gobierno asegura tener amplio apoyo en regiones como Bogotá y Antioquia, gremios del Atlántico han mostrado su preocupación por el impacto en pymes y hoteles, advirtiendo que podría disparar la inflación de costos operativos en un contexto ya difícil.
Pero la crisis no es exclusiva de Air-e. El gerente de Afinia (filial de EPM que opera en Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba) solicitó que la sobretasa también les sea destinada, argumentando que enfrentan pérdidas técnicas del 28.9% y un recaudo estancado, superiores al promedio nacional.
El gobierno de Petro insiste en que la salida definitiva no es el dinero, sino la transformación tecnológica, administrativa, de gestión y modelo. Se destaca al Atlántico como líder en generación solar distribuida y se plantea el programa “Colombia Solar” como pilar fundamental para que los hogares produzcan su propia energía, con la finalidad de reducir la presión sobre la red y los subsidios.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que, mientras se construye esa transición energética (que requiere inversiones millonarias en redes y baterías), la operación sigue atada a la térmica costosa y a una empresa intervenida (Air-e) que ha tenido cinco agentes interventores en menos de dos años.
Por lo pronto, no se vislumbra un debate genuino y propositivo en torno a la salida de la crisis. A pesar de los errores del Gobierno en el manejo del tema, no se puede ignorar que Petro ha intentado por distintas vías encontrar soluciones prácticas o estructurales a la crisis actual, y mucho menos omitir que el sector empresarial y político regional ha sido mezquino a la hora de abordar el tema. El Gobierno ha encontrado una oposición férrea en el debate nacional y regional, y en un Congreso secuestrado por intereses igualmente sórdidos.
La crisis energética del Caribe colombiano es además una crisis del modelo de administración y gestión. Se debe considerar de interés público y tiene que ver con el derecho para garantizar un servicio esencial para la vida cotidiana. Por el contrario, desde la década de 1990 se mercantilizó el servicio y se fraccionaron las responsabilidades: el Estado quedó como supuesto regulador y las operadoras asumieron el servicio y las ganancias; mientras tanto, las ruinas de la corrupción empresarial y política las asume el Estado y la gente más vulnerable del Caribe.
La sobretasa a los estratos altos es un parche de liquidez necesario para sortear la coyuntura de El Niño, pero no resuelve la mala salud financiera de los operadores ni la debilidad en el recaudo en la Costa, producto del modelo de gestión anteriormente señalado. La gran interrogante que queda es si esta inyección de recursos servirá como oxígeno para sanear a Air-e mientras se desarrollan las energías limpias, o si simplemente se convertirá en un nuevo salvavidas que será devorado por el inmenso déficit estructural del Caribe.
2. Corrupción
Líneas atrás decíamos que la corrupción no solo es uno de los grandes males del Caribe, sino que está enraizada en la institucionalidad y en la cultura política de la región. Podríamos escribir páginas enteras sobre casos de corrupción, tanto viejos como recientes. El esquema y la lógica se repetirían: una logia de bandidos con disfraz de servidores públicos, políticos o del sector empresarial, complotados para saquear las arcas y construir un poder regional inexpugnable y en manos de un reducido, retorcido y criminal grupo de familias.
Por ejemplo, y a propósito de Air-e, la compra de esta empresa se llegó a denominar como el Negocio del Siglo o compra a precio de huevo: Cuando el gobierno de Iván Duque adjudicó el servicio a Air-e en 2020, el empresario Alberto Ríos Velilla se hizo con la empresa pagando solo $285.000 millones. Sin embargo, los activos que recibió (cartera, pasivo pensional y redes) estaban valorados en cerca de $2.44 billones. Es decir, pagó aproximadamente el 11% de su valor real.
Air-e y los contratos amañados (la autocompra): una de las prácticas más graves de esta operadora ocurrió durante 2024. Air-e, aprovechando su posición dominante, se dedicó a comprar energía a sí misma a precios inflados. Mientras el precio promedio en bolsa era de $295.10/kWh, Air-e se pagó a sí misma $743.96/kWh. En solo seis meses, esta maniobra les dejó ganancias internas cercanas a los $240.000 millones a costa del bolsillo de los usuarios.
Si el caso Air-e afectó la prestación de un servicio público, el caso de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) es un caso de manual de cómo se fragmentan/roban los recursos de toda una región. En abril de 2026, la Fiscalía destapó una red que desvió recursos del Sistema General de Regalías. Aremca fue constituida supuestamente para ayudar a municipios pequeños a gestionar proyectos. Sin embargo, la Fiscalía descubrió que operaba sin estar inscrita en el registro oficial (Reat). Pese a ello, logró que alcaldías y gobernaciones le giraran recursos para ejecutar 101 contratos. El entramado logró direccionar más de $496.000 millones (cerca de medio billón de pesos) provenientes de las regalías del petróleo y el carbón. La mayoría de estos proyectos (alcantarillados, rellenos sanitarios) o no se ejecutaron o quedaron en el papel, mientras el dinero era captado por una banda de delincuentes y criminales con apellidos políticos. No solo se dedicaron a robar, ocultaron documentos para evadir responsabilidades, falsificaron documentos para justificar gastos, simularon el hurto de equipos.
Por ahora, en el caso Aremca solo han detenido a los operadores internos de la red de corrupción. Evidentemente, tuvo que haber beneficiarios más visibles y de mayor responsabilidad política. Como el OCAD Paz, el caso de Aremca puede terminar en un proceso largo, inútil y con poco alcance, es decir, los operadores de mediano rango pagarán las consecuencias del saqueo, pero los de alto perfil seguirán gozando de otro de los males del país: la impunidad.
El caso de OCAD Paz (2022) no debe pasar por alto. Se creó durante la administración Duque, parte de sus funcionarios, en alianza criminal con alcaldes de la región, robaron más de 500 mil millones de pesos de la paz a través del pago de coimas a funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas. La impunidad mantiene el caso en el olvido.
PAE, centro de operaciones criminales
El Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Caribe colombiano ha sido foco de hechos de corrupción de todo tipo. El más emblemático fue el acuerdo por más de 17.000 millones de pesos para la alimentación de los niños y niñas de los colegios públicos del Cesar, que tiene hoy tras las rejas al exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien deberá cumplir una pena de más de 21 años de cárcel por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.
Mencionaremos uno reciente: el festín de los 73.000 millones de pesos en el Atlántico. La Gobernación del Atlántico lanzó la Licitación Pública LP 0004-2026 por valor de $73.176 millones para alimentar a 48.000 estudiantes en municipios no certificados del departamento. En este caso se identificaron los siguientes patrones de corrupción:
- El “carrusel de fundaciones”: Los operadores cambian constantemente de razón social para aparentar pluralidad. La Unión Temporal Atlántic (conformada por Corporación Agrosocial y Corporación Fonvisol) operaba previamente como “UT Rivera del Río” —mismos dueños, diferente membrete.
- Exoneración de estampillas: La Asamblea del Atlántico aprobó exonerar del pago de siete estampillas departamentales al operador del PAE, un “regalo” de $2.549 millones que representa 11.8% del valor del contrato.
- Oficinas fantasmas: La UT Atlántic registró una dirección en Soledad que resultó ser el hogar de dos adultos mayores.
La Vianda S.A. y los niños intoxicados
El imperio de los Navarro Polanía, la familia propietaria de Servicios de Alimentación N.P. S.A. (La Vianda), construyó un imperio alimentario que entregaba 120.000 almuerzos diarios. Entre 2020 y 2022, obtuvieron contratos por $122.000 millones entre la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla. Múltiples fuentes describieron a La Vianda como aliados incondicionales de la Casa Char, el clan político que ha controlado Barranquilla y el Atlántico durante más de dos décadas.
El 24 de octubre de 2025, 174 estudiantes de ocho instituciones educativas de Barranquilla resultaron intoxicados con alimentos suministrados por La Vianda. En 2024 ya se había abierto otra investigación por la intoxicación de 170 niños en ocho colegios públicos.
El escándalo de Sincelejo (Sucre)
En noviembre de 2025, la Procuraduría abrió indagación contra el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, tras la difusión de un video en el que se le observa explicando cómo opera el “negocio del PAE” y cómo recibía millonarias coimas. En la grabación, el alcalde describe el manejo de los fondos, afirmando que recibiría al menos mil millones de pesos en sobornos del proveedor del PAE tras el pago de nómina de los trabajadores. “Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero… Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina”, expresó este criminal en el vídeo.
Como dijimos anteriormente, no alcanzarían las páginas para reseñar los casos de corrupción en torno a los recursos públicos que debieron ser destinados al Caribe colombiano. El patrón es evidente: el Estado cooptado por mafias políticas con respaldo partidista, poder regional y complicidad en el sector empresarial.
Los casos en el Caribe revelan un patrón sistemático. En detalle, el patrón de robo en torno al PAE es el siguiente:
- Cartelización de las licitaciones para que solo un oferente se presente.
- Uso de fundaciones sin ánimo de lucro que cambian de nombre para evadir controles.
- Cobro de raciones no entregadas.
- Suspensión del servicio por mala planeación, dejando niños sin comida.
- Vínculos políticos que protegen a los operadores (Casa Char en Atlántico).
- Sobornos millonarios a funcionarios públicos (caso Sincelejo).
3. Violencia y crisis humanitaria
Uno de los temas más complejos es el de la crisis de seguridad, violencia o crisis humanitaria que atraviesan varias ciudades, comunidades o subregiones del Caribe colombiano. Complejo por el impacto que la violencia, sea de carácter criminal o paramilitar, ha logrado en amplios territorios; también, por los múltiples diagnósticos, informes y análisis que se han hecho en torno a ello.
Nos limitaremos a describir la situación actual y para ello tomaremos como referencia otros trabajos que hemos escrito recientemente:
En algunos casos, la violencia y el crimen crecen y/o se impone un control armado que no solo desafía la capacidad del Estado para frenar delitos comunes y avanzadas paramilitares, sino que lo cuestiona en tanto y en cuanto sigue ausente a pesar de anuncios de operativos militares o mesas de diálogos con distintos actores armados ilegales.
El Sur de Bolívar con conexión al Magdalena Medio tiene más de dos años de conflictividad y repercusiones en derechos humanos, con denuncias de connivencia entre la Fuerza Pública y las AGC (autodenominados EGC). En el sur de Córdoba se ha denunciado reiteradamente el control absoluto que mantienen las AGC de la vida pública, social, política y comercial.
Cartagena, Barranquilla y su área metropolitana están dominadas y disputadas por bandas con alto poder de fuego y poder extorsivo: las principales víctimas son ciudadanos comunes, tenderos, transportistas, mujeres y jóvenes. Sucre, con énfasis en municipios aledaños al golfo de Morrosquillo, se ha convertido en un hervidero los últimos años por la disputa que las AGC mantienen con bandas locales por el control de este corredor.
Santa Marta y Ciénaga de Magdalena registraron una disminución al cierre del primer trimestre de 2026 como resultado del Acuerdo II entre el Gobierno Nacional y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra (ACSN), según el último informe de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos y Líderes Sociales de la Sierra Nevada. Según el informe, la violencia se concentra ahora en municipios como Fundación (14 casos), Ciénaga y Zona Bananera (11 cada uno), Aracataca (10) y Ariguaní (6).
Aunque sigue siendo la Sierra Nevada de Santa Marta el epicentro de una guerra entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), con impactos sociales y de derechos humanos en Magdalena, Cesar y La Guajira.
La Defensoría del Pueblo también alerta sobre la incursión y expansión de las ACSN hacia el sur del Cesar, con graves implicaciones en materia de seguridad en un contexto donde participan otros actores armados. Los hechos recientes evidencian una realidad que se venía expresando durante los últimos años, aunque no era foco de la atención mediática: el incremento de la violencia en el departamento de La Guajira producto de la expansión de las ACSN, la disputa de estos con las AGC o bandas locales.
El paro armado decretado hace una semana en La Guajira por una de las cabezas visibles de las ACSN deja en entredicho las versiones del Gobierno. A su vez, ratifica lo que la Defensoría del Pueblo viene alertando para el departamento, un incremento de la violencia que tanto los ACSN como las AGC vienen implementando en distintos corredores de La Guajira, con graves afectaciones en derechos humanos y la cotidianidad.
Aunque cada ciudad o subregión tiene dinámicas propias, según los actores armados y el tipo de violencia, vemos con preocupación cómo se consolida un patrón de crimen e imposición de miedo que impacta directamente a la gente más vulnerable (defensores y líderes, mujeres, jóvenes, tenderos, transportistas, barrios marginalizados y pobres).
Lo más preocupante es que la respuesta institucional se repite sin matices: militarización regional, aumento del pie de fuerza y megaoperativos que no resuelven la raíz de las inequidades y contradicciones que sufren las mayorías, ni el histórico problema de la repartición de tierras; intervenciones que incluso apelan a la discriminación racial y barrial como política de contención del crimen.
El desborde de la inseguridad y la guerra entre bandas o paramilitares no se debe exclusivamente a una guerra por el control de plazas y rutas de narcotráfico y extorsión. Porque controlar a poblaciones enteras está más allá de una disputa por economías ilícitas; controlar socialmente a través del miedo y del terror implica controlar el territorio e influir en decisiones y conducción políticas en el territorio.
Evidentemente, el Estado fracasó. La intervención militarista y paramilitar de la era Uribe fracasó. El escenario lo que hizo fue reconfigurarse a través de nuevas modalidades y nombres; los actores se readaptaron a la realidad posacuerdos (tanto el de Uribe como el de Santos). La impunidad en los crímenes cometidos quedó intacta, la verdad muchas veces enterrada, la complicidad o el dejar pasar se hizo común en quienes llegaron al poder regional.
Los intentos del Gobierno en materia de paz fueron tardíos y contradictorios, tanto con las AGC como con las ACSN y las principales bandas que operan en el Atlántico. Varias fueron las crisis humanitarias registradas durante los últimos dos años, con informes, alertas y recomendaciones de todo tipo (vale decir que estas crisis también son producto de las conflictividades acumuladas durante los gobiernos de Santos y Duque).
Con la crisis humanitaria de enero de 2025 en el Catatumbo, el Gobierno dio un giro militar que apenas muestra resultados operativos, pero no humanitarios. Hoy parece más bien acomodarse a una necesidad de campaña, robarle a la derecha el monopolio narrativo de la seguridad, parecer fuerte y minimizar las limitaciones de la paz total y los pocos resultados en materia de derechos humanos.
Por lo tanto, el anuncio de una ofensiva contra grupos armados como las AGC y las ACSN en la región Caribe no le dice nada a la gente, no disminuirá la percepción ni la realidad si efectivamente y en paralelo no se avanza en los diálogos con ambos actores u otras bandas delincuenciales que operan al servicio de estos, en disputa o de manera autónoma.
Por último, un tema que para algunos analistas está al margen o no responde a las dinámicas actuales. Si como sociedad no nos proponemos superar el paramilitarismo como política de Estado, difícilmente podremos superar los niveles de violencia que impactan el Caribe. Ciertamente, existen nuevas dinámicas y/o actores que no limitan la discusión a la superación del paramilitarismo, pero obviar esta realidad seguirá postergando la paz en una de las regiones más golpeadas por la violencia paramilitar de las décadas pasadas.
Para los que dudan sobre la influencia e impacto del paramilitarismo, o consideran que es tema superado: ¿cómo es posible superar el conflicto si siguen estos actores controlando tierras, a pesar de procesos judiciales que han ordenado devolver tierras a organizaciones campesinas? ¿Cómo explicar las denuncias de connivencia entre las AGC y sectores militares en el caso del Sur del Bolívar? ¿Por qué sigue impactando a sectores empobrecidos y vulnerables principalmente? Que hoy el Gobierno no tenga una alianza tácita o explícita con ninguno de ellos no quiere decir que no siga existiendo una política de Estado que les dio origen.
Un proceso de paz con estos actores debe involucrar a las víctimas, líderes y defensores, quienes han hecho aportes y recomendaciones para blindar el proceso, pero también debe mirar los procesos anteriores y desmontar las políticas vigentes que le dieron sustento al paramilitarismo, sobre todo enfocarse en la reparación y la verdad para cortar con la impunidad que hasta el sol de hoy sigue reinando en una región tan golpeada.
