Por: Juan Alejandro Echeverri
Fotos: La Constituyente Audiovisual
La Policía no tocó la puerta para anunciar el procedimiento y las razones, tal como ordena la Ley. Irrumpieron de manera violenta, lo sometieron, hicieron una inspección rápida de la casa, y luego socializaron la orden de allanamiento emitida por la Fiscalía. Tampoco respetaron su derecho a realizar o recibir llamadas. El agente policial, tal vez consciente de su infracción, anotó en una hoja blanca los nombres y los números de las personas de su red de apoyo que llamaron a su celular; querían saber si también habían ido por él.
Las autoridades lo capturaron porque según ellos era el ideólogo de varias acciones delictivas. Argumento que intentaron justificar con el mapa conceptual que había dibujado en el tablero que tenía en su casa, pese a que la gráfica hacía alusión al anteproyecto con el que pretendía postularse a una maestría. También arguyeron que la plata encontrada validaba sus premisas, pero con esos dos millones de pesos, que fueron hurtados por los policías, aspiraba pagar dicha maestría.
No fue el único allanado ni el único capturado. Dos días antes de una movilización que se convirtió en un Paro Nacional —el martes 19 de noviembre de 2019— la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación desarrollaron 27 operativos para dar con las personas que generaron acciones de vandalismo y terrorismo en anteriores protestas. Con el tiempo las y los afectados pudieron identificar dos patrones: la mayoría de víctimas eran militantes de procesos sociales, colectivos artísticos o de comunicación alternativa; y que la Policía preparó escenas ficticias para consumar montajes judiciales.
En el caso de la persona reseñada al principio, quien nos pidió omitir su identidad para no afectar su proceso, solo permaneció detenida un día y medio, pues en la audiencia de legalización de captura se demostraron los vicios del procedimiento. Sin embargo, aunque hoy puede defenderse lejos de las rejas, su libertad está en entredicho porque la Fiscalía apeló la decisión y un juez de segunda instancia le dio la razón, por lo que la investigación en su contra sigue vigente. Son escasos los detalles que puede dar de su caso. El proceso está activo, pero al mismo tiempo congelado. Ha pasado un buen tiempo sin que lo hayan citado a nuevas audiencias, lo que no significa que no se estén desarrollando investigaciones paralelas. Lo poco que puede afirmar es que los delitos imputados tienen penas altas por lo que su prescripción tardará un buen tiempo.
“[Este tipo de detenciones y procesos] es una práctica que no nace en 2019, pero que se hizo más recurrente en la administración del [expresidente] Iván Duque, y consiste en utilizar el aparato judicial como un ente represivo contra la movilización social”, plantea el joven que además hace parte de la Campaña Objetivo Libertad, un proceso que nace en el 2020 para denunciar, acompañar y exigir la libertad de los y las jóvenes que fueron víctimas de capturas y montajes judiciales por su participación en el Paro Nacional de 2019 y el Estallido Social de 2021.
El tiempo y, paradójicamente, la justicia terminaría por revalidar su afirmación. El 30 de marzo, la Revista Cambio reveló que la Fiscalía le había pedido a la Corte Suprema que revocara la condena de una de las cuatro personas que el Tribunal Superior de Bogotá había acusado, hace casi un año, por liderar actos de violencia y terrorismo durante el Paro Nacional de 2019. Al respecto el medio señaló que se trataba de “una de las condenas más duras en la historia reciente con relación a los actos de vandalismo durante la protesta social: impuso penas de entre 10 y 19 años de prisión a cuatro personas a quienes la Fiscalía acusó de crear una organización criminal llamada Comandos Urbanos”.
En la audiencia pública donde se sustentaron los argumentos de la solicitud, la fiscal Gloria Marcela Abadía Cubillos aseguró que “a partir de las inferencias prejuiciosas, la condena contra Greissy Perilla Vargas se construyó con discursos estigmatizantes que falsean la libertad de asociación, reunión o participación política, permitiendo así indebidas expansiones punitivas en la interpretación de los delitos de concierto para delinquir y terrorismo en contextos de protesta social”.
Amnistía a las y los presos por luchar
Más allá de temporalidades o momentos concretos, la Campaña Objetivo Libertad surge en rechazo al punitivismo carcelario que sirve como instrumento de persecución y castigo contra aquellos que reclaman sus derechos y cambios estructurales.
Además de movilizarse por las calles de Bogotá, el 21 de marzo de 2025 la iniciativa hizo un llamamiento para que se declare una amnistía total para los y las presas por luchar. Esa figura jurídica, que tiene antecedentes en el país y el continente, permitiría liberar o cerrar los procesos, sin importar la instancia judicial o penal, que hoy enfrentan decenas de jóvenes encarcelados o investigados en el marco de las memorables movilizaciones de hace unos años.
Entre 2019 y 2022, en Bogotá y otras ciudades del país, la Campaña ha contabilizado un aproximado de 311 judicializaciones asociadas al Paro Nacional de 2019 y el Estallido Social de 2021. Alrededor de 50 personas están privadas de la libertad en centros carcelarios o domiciliarios. 30 ya están condenadas y el resto se encuentran en etapa preparatoria o en juicio.
Para evitar que el término amnistía sea malinterpretado y termine cobijando a miembros de la fuerza pública o actores estatales, la campaña deja claro que su propuesta se circunscribe a las y los jóvenes criminalizados en el marco de las movilizaciones mencionadas, incluso a los sindicalistas, campesinas, indígenas, estudiantes, firmantes de paz, entre otros que están en las cárceles por levantar banderas satanizadas por la elite política y económica. “Por eso le ponemos otro apellido: amnistía total para los y las presas por luchar. Desafortunadamente, en el análisis de otras experiencias históricas, si bien [la amnistía] ha permitido la libertad y el fin de procesos contra personas que luchan, al mismo tiempo ha sido una herramienta que ha permitido limpiar y legalizar la impunidad de los victimarios que hacen parte del establecimiento”, precisa el integrante de la Campaña.
Este llamado de libertad viene de tiempo atrás. Con el actual Gobierno, la Campaña y otras organizaciones establecieron una comisión accidental para revisar los casos del estallido social de 2021; pese a la insistencia de que no tuviera esa delimitación circunstancial de tiempo. La comisión visitó algunas cárceles para censar la cantidad de personas privadas de la libertad, sus condiciones de reclusión, sus procesos judiciales, entre otros detalles. Pero el levantamiento de la información no derivó en los hechos esperados en términos de la libertad.
Además, han solicitado apoyo de congresistas y sectores políticos de izquierda sin obtener los mejores resultados. También participaron de la mesa del Estallido Social, la cual se constituyó en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, luego de que varios privados de la libertad de ese y otros centros penitenciarios iniciaran una huelga de hambre —hasta la fecha van cuatro acciones de este tipo.
En ese escenario de diálogo, que por parte del Gobierno estuvo liderado por Danilo Rueda, ex alto comisionado para la paz, se exploraron las soluciones políticas y jurídicas para las y los jóvenes privados de la libertad. Con la destitución de Rueda, a finales de 2023, la “mesa se fue a pique”, asegura el integrante de la Campaña. En su reemplazo fue designado Otty Patiño, “quien ha cumplido un rol perverso de estancamiento, dilación y ruptura de las distintas mesas de diálogo, y que no fue la excepción en la mesa de Palmira”. La inconformidad con la gestión de Patiño derivó en otra huelga de hambre, liderada por el proceso de Prisioneros Políticos Jhonatan Sabogal. Por parte del Gobierno, la respuesta fue trasladar la responsabilidad de la mesa de conversación al Ministerio del Interior y el Ministerio de la Igualdad. Pese al cambio, la mesa no sesiona hace más de un año. “Es un espacio que terminó siendo sepultado. Los esfuerzos que allí se dispusieron y los avances que se lograron fueron tirados al traste”.
En la Convención Campesina de 2022, el presidente prometió que las y los jóvenes detenidos durante el Estallido Social pasarían la navidad con sus familiares, algo que nunca ocurrió.
Meses después, el Gobierno pensó que algunos de ellos podrían recuperar su libertad por medio de las vocerías de paz, una figura jurídica análoga a las gestorías de paz, diseñadas para integrantes de grupos alzados en armas. El ejecutivo no escuchó las advertencias de la Campaña y otras organizaciones sobre los vacíos jurídicos de la propuesta, la cual terminó siendo hundida en los altos tribunales. “Las promesas que hizo este Gobierno frente a la libertad de los y las compañeras, se han convertido en una acción de daño contra las personas privadas de la libertad, sus familias y redes de apoyo, porque avivan esperanzas que no son cumplidas. Dada la negligencia del Gobierno, nuestra lectura es que han sido ejercicios de populismo más que un compromiso real y profundo. Además, si tenemos en cuenta el bloqueo institucional por el poder que aún tiene la derecha en nuestro país, nos lleva a nosotros y nosotras a reconocer que las vías institucionales por sí solas están agotadas. La libertad de las y los compañeros, tanto del Estallido Social como de otros ejercicios previos de movilización, solamente será posible si la ciudadanía y movimiento social y popular se moviliza y presiona. La salida es política y es desde la gente, desde pueblo, no desde la institucionalidad”, plantea el integrante de la Campaña Objetivo Libertad.
La juventud encarcelada, dice el vocero de la Campaña, hoy se siente instrumentalizada por parte de un “Gobierno del cambio” que les ha dado la espalda pese a que arriesgaron su libertad, su vida, y hasta la de sus familias, para que fuera posible su llegada al poder.
La amargura también se alimenta por la indiferencia del movimiento social, para quienes, según el entrevistado, las reivindicaciones alrededor de lo carcelario son temas marginales. La indolencia de sectores que se esperaría fuesen más críticos y empáticos, termina normalizando el punitivismo estatal y el castigo de jóvenes movilizados por un país digno y justo.
La Campaña Objetivo Libertad es un clamor, pero también un llamado a pensar en todo lo que implica la cárcel: por ejemplo, la atomización y la deserción de las organizaciones sociales por miedo a vivir lo mismo que algún compañero; la agudización de la pobreza en personas de por sí empobrecidas, que son obligadas a habitar presidios en los que se debe pagar altos costos por cosas básicas, y terminan convirtiéndose en cargas económicas para sus familias, a las que se les limitan las oportunidades laborales por tener un familiar privado de la libertad; o las afectaciones físicas por las violencias que ejerce la guardia y los internos, o que son autoinfringidas producto de las patologías psicológicas que afloran en los centros penitenciarios.
Punitivismo y paz urbana
En lugar de ser un método de resocialización, como se intentó hacernos creer, las cárceles, de manera implícita, sirven para despolitizar la sociedad. El hecho de que las reivindicaciones sociales y las movilizaciones sean castigadas con penas cada vez más severas, es un mensaje que pretende ahuyentar a la ciudadanía de los pulsos sociales propios de nuestro tiempo. Las corporaciones comunicativas han sido funcionales a ese propósito. No solo ahora, a lo largo del tiempo se han replicado narrativas que desdibujan la organización política, asociándola, aun sin pruebas, con vandalismo, terrorismo, usufructo de economías ilegales o pertenencia a grupos insurgentes.
El conservadurismo de la sociedad y las instituciones colombianas fue tierra fértil para la doctrina del enemigo interno, que desde la década del 60 se ha valido de un discurso contrainsurgente que no distingue entre ejércitos guerrilleros y expresiones políticas de izquierda.
Esa doctrina está viva y está interiorizada, muestra de ello es el punitivismo que nos ha llevado a pensar que el inconformismo generado por las desigualdades se dirime con la cárcel, o que entre menos derechos tengan los privados de la libertad, hay mayor justicia. Y aunque resulte paradójico, para el integrante de la Campaña Objetivo Libertad, ese conservadurismo punitivo también se manifiesta en la izquierda: “Tenemos una lectura de avanzada en términos de justicia social, pero para otros asuntos podemos ser profundamente conservadores como movimiento social y popular; y eso se expresa concretamente con el tema de los y las privadas de la libertad”.
Las cárceles y el sistema judicial no han solucionado los problemas estructurales del país, los exacerban. Tras más de medio siglo de lucha contrainsurgente, el conflicto armado, social y político está latente. Y contrario a los que muchos piensan, el entrevistado precisa que se sufre también en las capitales: “En los últimos años, se ha profundizado el paramilitarismo en el país y en la sociedad. En el caso de Bogotá, y sus distintas localidades, se expresa a través de distintas prácticas como la mal llamada limpieza social, que en realidad son ejecuciones extrajudiciales contra las poblaciones precarizadas y contra el movimiento social y popular. También a través de los gota a gota, la prostitución y otras economías del microtráfico articuladas al narcotráfico, que les permiten no solamente grandes fuentes económicas, sino control social, territorial y político”.
Sin desmantelar las redes económicas y armadas del paramilitarismo no habrá paz urbana. Pero la Campaña advierte que no puede olvidarse otro componente: si el aparato de justicia se ha utilizado para perseguir y criminalizar al movimiento social, en campos y ciudades por igual, paz urbana significa también recapacitar nuestra normalización del punitivismo.
Cinco años de la masacre en La Modelo
El pasado 21 de marzo, la movilización de la Campaña Objetivo por la Libertad también conmemoró los 5 años de la masacre que el Estado perpetró en la Cárcel La Modelo, el 21 de marzo de 2020.
El gobierno de entonces construyó un relato mediático que le dio el tinte de “motín” a una jornada de protesta con la que los privados de la libertad quisieron advertir los riesgos que corrían por la propagación del COVID-19. Al parecer solo los reclusos, y tal vez sus familiares, eran conscientes de lo expuestos que estaban debido al hacinamiento de los centros carcelarios —que para ese año, según el INPEC, llegaba al 55%—, la no garantía de acceso al agua, la mala alimentación, la falta de estrategias preventivas de higiene, entre otras circunstancias no resueltas por las que en 2013, la Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-388, declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.
La protesta se desarrolló de manera coordinada en varias cárceles, en La Modelo —que en aquel momento albergaba aproximadamente 5.000 internos, aunque tuviera capacidad para 3.100— las consecuencias fueron trágicas. Esa noche de marzo, hubo gritos, llamas y disparos. Familiares de las víctimas y los mismos internos aseguran que fueron asesinados más de 30, las cifras oficiales reportaron 24 muertos y 76 heridos.
Meses después, Human Rights Watch publicó un informe forense que concluyó que “la mayoría de las heridas de bala descritas en los informes de necropsia son consistentes con que hayan sido infligidas con intención de matar […] Los informes de autopsia no registran ningún indicio de heridas de bala que hayan sido efectuadas únicamente con el fin de herir a las personas, en vez de matarlas”.
Pese a que su exigencia tenga pocas posibilidades de prosperar, en la movilización del pasado 21 de marzo, la Campaña Objetivo Libertad pidió que se investigara y castigara a toda la cadena de mando responsable, la cual incluye al expresidente Iván Duque; la exalcaldesa Claudia López; el exsecretario de seguridad, justicia y convivencia de Bogotá, Hugo Acero; al brigadier general Norberto Mujica, que en aquel entonces era el director del INPEC; al exdirector de La Modelo Carlos Augusto Hincapié; al exdirector encargado Jorge Gama; a la excomadante de custodia y vigilancia Elizabeth Vergara; y a la exprocuradora general de la nación Margarita Cabello, quien junto al exfiscal general de la nación, Francisco Barbosa, instalaron una narrativa mediática que justificó la masacre, argumentando que había sido un motín organizado por las Disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Al igual que la mayoría de presos y presas en Colombia, las víctimas de la masacre, manifiesta el integrante de la Campaña Objetivo Libertad, eran personas precarizadas y condenadas o imputadas por delitos de pobreza o delincuencia común. “Es la radiografía de las víctimas, pero también de sus familias. Eso permite identificar por qué para un caso de estos, es tan difícil que se avance en términos de justicia, reparación y no repetición. Por un lado, no son personas que cuenten con una capacidad económica que les permita movilizar recursos, bien sea para la defensa, para visibilizar, o denunciar el caso. Y al mismo tiempo pertenecen a sectores sociales marginados, no hay un interés de la sociedad por lo que pueda o haya sucedido con estas personas. Además, tienen un profundo desconocimiento de las lógicas y el desarrollo de los procesos jurídicos”.
