Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 80)
Por: Caribe Investigación
1. Trimestre violento
Al cierre del primer trimestre de 2025, tres ciudades del Caribe se ubican entre las diez más violentas del país, según estadísticas de Medicina Legal.
Atlántico, Bolívar y Magdalena destacan entre los diez departamentos con mayor índice de muertes violentas, con 147.123 y 94 muertes, respectivamente, según el Boletín estadístico mensual enero-febrero de 2025, emitido por la entidad a finales de marzo.
Si se discrimina por ciudades capitales, después de Bogotá y Santiago de Cali, aparecen Barranquilla y Cartagena de Indias, con 81 y 58 muertes por homicidio, respectivamente.
En cuanto a las cifras de lesiones no fatales por contexto de violencia en ciudades capitales, Barranquilla registró 349 casos de violencia interpersonal y Cartagena 227, solo superadas por Bogotá, Medellín y Santiago de Cali.
Si se revisa el rubro de lesiones no fatales (violencia interpersonal) por departamento, Atlántico y Bolívar se ubican primeros en la región Caribe, con 568 y 319 casos, respectivamente, seguidos por Magdalena con 245.
Aunque el boletín no detalla los casos de muerte violenta por grupo de edad por departamento, llama la atención que “Juventud” (12 a 17 años) y “Adultez temprana” (45 a 59 años) representen el 78 % del registro total de homicidios.
Atlántico
Particular es el caso del departamento del Atlántico, cuya violencia se ha mantenido casi inalterable desde inicios de 2025. Para comprender el grave panorama de violencia en este departamento, citaremos parte del análisis expuesto por el académico e investigador de la Universidad del Norte, Janiel Melamed, en su red social X:
“El cierre del primer trimestre del año refleja dos tendencias diferentes en materia de homicidios en el Distrito de Barranquilla y el departamento del Atlántico”, puntualizó. “Preliminarmente, la situación en el Distrito de Barranquilla muestra una desaceleración y cierra el trimestre con una leve disminución de dos casos frente al trimestre del año anterior”.
La situación en los municipios que no hacen parte del Área Metropolitana de Barranquilla “muestra una tendencia de detrimento vertiginoso y acelerado”, precisa Melamed. Al cierre del primer trimestre de 2025, se registraron 32 homicidios intencionales en el Atlántico, frente a 14 registrados durante el mismo período de 2024, lo que representa un incremento del 128 %.
Melamed advierte que en informes anteriores de la Universidad del Norte “se había advertido en un mapa el nivel de riesgo departamental por presencia de estructuras criminales en el Atlántico, que requieren atención focalizada”.
A todas luces, lo ocurrido en el Atlántico resulta más alarmante si se toma en cuenta que, en los últimos años, ha sido tendencia el crecimiento de la violencia y los índices de homicidio, los enfrentamientos entre grupos armados, bandas y combos. Se ha convertido en un departamento controlado por el crimen, el narcotráfico y el paramilitarismo.
Sur de Bolívar y Córdoba
Para cerrar, no deja de preocupar el impacto humanitario que la confrontación entre grupos armados deja en regiones del Sur de Bolívar y Córdoba, como reportó la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en su informe de enero y febrero de 2025.
Solo en tres municipios del Sur de Bolívar (Arenal, Montecristo y Santa Rosa del Sur) se registraron 921 víctimas y/o eventos de desplazamiento masivo, y 667 víctimas y/o eventos de confinamiento. En el caso de Córdoba, el municipio de Tierralta reportó 605 víctimas de desplazamiento masivo.
El informe precisa que “preocupa la limitada capacidad de respuesta provocada por la cantidad de víctimas, la recurrencia de las emergencias y el impacto del congelamiento de los fondos por parte de los programas de asistencia humanitaria de EE.UU., dado que algunas organizaciones ya se han retirado del territorio. Esto agudiza el desborde de capacidades, mientras las condiciones de vida y bienestar de las personas se deterioran progresivamente”.
En Bolívar, según el informe de la OCHA, las acciones armadas aumentaron un 57 %, con incremento de los enfrentamientos entre organizaciones armadas ilegales (6 %), combates (49 %) y bloqueo de vías y retenes ilegales (100 %).
Una verdadera crisis humanitaria que desborda también las capacidades del Estado para atender a las víctimas y poblaciones afectadas, así como las respuestas del Gobierno para proteger los liderazgos amenazados.
Sincelejo y Sierra Nevada
Especialmente llama la atención el caso de Sincelejo, que hoy las autoridades presentan como una de las ciudades más seguras de Colombia. Opera, en todo caso, una lógica similar a la del Atlántico: medios al servicio de la casa Char que ocultan o minimizan la realidad.
El urbanista Carlos Enrique Paternina cuestionó a través de su red social X la narrativa que se ha construido en torno a la seguridad de Sincelejo: “¿De verdad podemos decir que Sincelejo es la ciudad más segura de Colombia cuando el Clan del Golfo (Ejército Gaitanista) ordena el cierre de establecimientos comerciales?”.
“No es lógico ni mucho menos estratégico vender una imagen de seguridad mientras grupos armados controlan territorios, rutas de narcotráfico y redes de microtráfico”, agregó Paternina.
“Una ciudad es verdaderamente segura cuando el crimen no impone reglas, cuando la ciudadanía confía en sus autoridades y cuando el Estado no comparte el poder con estructuras ilegales”, sentenció.
No habría nada más que agregar. Solo repetir que la narrativa que imponen en Sincelejo es similar a la del Atlántico, que opera subrepticiamente un subregistro que no permite visualizar con precisión lo que está pasando, y que se repite en otras ciudades del Caribe como Santa Marta, Valledupar, Riohacha o Maicao, desbordadas por las acciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) o de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
A propósito de la Sierra Nevada de Santa Marta y los territorios adyacentes, es posible que no se avance en nada en temas de paz y derechos humanos, a pesar de los anuncios del Gobierno y de las ACSN cuando formalizaron una mesa de negociación.
En primer lugar, por la suspensión de la mesa de negociación anunciada por las ACSN tras un combate entre ellos y la fuerza pública, que esta organización paramilitar catalogó como desproporcionado: “No podemos hablar de paz cuando se atenta contra quienes hemos dado muestras claras de voluntad para negociar”, expresó el grupo armado.
Es difícil que un proceso de paz avance en la Sierra Nevada si no se establecen protocolos claros entre las partes (Gobierno y paramilitares), si no participan directamente en el diseño de una ruta de paz las poblaciones y liderazgos, y si el Gobierno no avanza al mismo tiempo con la negociación con las AGC, porque este último grupo le disputa el territorio a las ACSN.
Queremos agregar una breve conclusión sobre este escenario desesperanzador en el Caribe. Como hemos afirmado en otras ocasiones, el conflicto armado y social migró de manera definitiva del campo a las principales ciudades del país.
Ejemplo de ello es la violencia ejercida por bandas, combos y estructuras paramilitares, que migraron a las principales ciudades del Caribe colombiano en los últimos diez años. Y no se limita a establecer o disputar el monopolio de las rutas del narcotráfico y redes de microtráfico, como concluyen varios analistas, sino a establecer un perímetro de acción permanente para el desarrollo de fuerza militar.
Controlar las ciudades hoy les ayuda a consolidar centros de operaciones y logística sostenibles en el tiempo, participar del circuito económico legal e ilegal, y penetrar instituciones públicas de todo tipo, incluyendo las de seguridad.
Además, se presentan como una fuerza de control social que apunta hacia las capas poblacionales más vulnerables de la región: transportistas, tenderos, pequeños comerciantes, líderes comunales y vecinales, mujeres y jóvenes. Los jóvenes, por cierto, son los más vulnerables, porque son foco de reclutamiento y también sirven como carne de cañón en la confrontación criminal que reina en el Caribe.
2. Fedegan al acecho
Fedegan desplegó toda una campaña de criminalización y estigmatización contra el movimiento campesino del departamento del Cesar y, en específico, contra el Coordinador Nacional Agrario. Cuentan con el apoyo irrestricto de su principal vocero mediático, Contexto Ganadero (y de otros medios, por supuesto), incluso con la complacencia de la Policía Nacional.
Esta campaña tiene varias caras. Como ya dijimos, intentan desprestigiar y deslegitimar la lucha por la recuperación de tierras en el Cesar y el país. También pretenden ocultar que las mal llamadas Brigadas Solidarias Ganaderas, con apoyo abierto de la Policía Nacional, se han convertido en el brazo armado de los ganaderos para atropellar e intimidar a los campesinos, como sucedió la semana pasada en las fincas Las Carmelas y Siete Plagas (Codazzi), donde las comunidades fueron agredidas por parte de estas brigadas.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y máximo vocero de esta campaña, aseguró en un artículo reciente que “las Guardias Campesinas, tras su apariencia pacífica, esconden organizaciones uniformadas, entrenadas, ideologizadas y, de hecho, responsables de bloqueos, invasiones, violencia urbana y secuestro de miembros de la Fuerza Pública”. Le faltó decir que eran apéndices de organizaciones guerrilleras.
Incluso, Lafaurie afirma que el Gobierno le ha dado mucho poder y concesiones al campesinado. La única concesión que vemos es la que le dieron a Fedegan para que despliegue, con apoyo de la Policía Nacional, las Brigadas Solidarias Ganaderas. ¿O acaso Petro las ha condenado y ordenado desarticular?
Quieren mostrar que las Brigadas Solidarias son una especie de hermanitas de la caridad que, de buena fe, contribuyen con el orden en los territorios y están a disposición de las autoridades.
Se ha advertido desde hace más de un año que la creación de estas brigadas puede conducir a nuevas formas de paramilitarismo, como sucedió en la década de 1990, cuando sectores ganaderos apoyaron y formaron parte de las AUC con el pretexto de combatir a las guerrillas.
3. Conveniencia
Gremios del Caribe hicieron un llamado al Gobierno nacional para que cancele la deuda del subsidio con las operadoras Air-e y Afinia. Bastante enérgicos con el tema, pero cuando las operadoras desangraban los bolsillos de los ciudadanos, guardaron silencio.
4. Congreso de Paz
Circuló un comunicado a nombre del Congreso de Paz con varios puntos que consideramos urgentes y acertados. Sobre todo, el dirigido a las delegaciones de paz tanto del Gobierno como del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que retomen el camino del diálogo.
Ambas delegaciones tienen sobre sí una responsabilidad enorme para la construcción de una alternativa de paz efectiva, en la que prevalezca el interés de todos los que han aportado a la mesa: comunidades, territorios, liderazgos, entre otros.
Hace falta un diálogo franco, pero también una reflexión para asumir los errores que cada cual haya podido cometer, sin más acusaciones de parte y parte.
5. Petro y Kristi Noem
El presidente Petro se despachó contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por el tema de la banda delincuencial Tren de Aragua. En parte tiene razón: la crisis migratoria venezolana se debe a las más de 900 sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa contra Venezuela. “El bloqueo ha lanzado a centenares de miles de jóvenes venezolanos”, sentenció el mandatario.
Ahora bien, el discurso de Petro fue bastante patético, un tanto a la defensiva. Se presenta como el bueno de la película, el conciliador, y coloca en el eje negativo a Estados Unidos o a Nicolás Maduro; por ello hizo énfasis en que nunca reconoció ni reconocerá el triunfo de Maduro.
“No se puede estar bien con Dios y con el Diablo al mismo tiempo”, reza el refrán, porque Estados Unidos se está moviendo en la región con un propósito claro: frenar a los chinos y rusos, y doblegar a quien no obedezca a sus intereses.
De todos modos, habría que recordarle a Petro que la semana pasada, de forma ingenua y cándida, su canciller firmó un acuerdo bilateral con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el intercambio de datos biométricos, con la finalidad de frenar a criminales que intentan cruzar las fronteras de los gringos.
Estados Unidos no tiene amigos, y sus aliados son transitorios y desechables. Que lo tenga muy en cuenta Petro y demás gobiernos de América.
