Por Caribe Investigación
El Caribe colombiano necesita un cambio de rumbo político, es la tendencia que marca la agenda de la región, y es lo que hemos constatado con este ejercicio de Aproximaciones a la agenda pública del Caribe. Igual corre riesgo de repetir y/o continuar con el actual orden de cosas: corrupción, violencia, asedio y asesinato de líderes, poder de las élites intacto -representado por los clanes-, el extractivismo y su estela de muerte; en contrapartida, solo la movilización social y las luchas de distinto signo podrían frenar esta hecatombe.
De la transición energética y otras transiciones
La transición energética es casi que el centro del debate en el Caribe. Actores, propuestas y perspectivas de distintas orillas están empujando con fuerza la agenda, sobre todo en los departamentos Cesar, La Guajira y Magdalena, epicentro por décadas de la explotación minera en la región.
Tal vez el único consenso logrado hasta hoy gira en torno a la producción de energías limpias en el marco de la crisis climática mundial. No es para menos, es una demanda de orden mundial y Colombia -la región Caribe en particular, por su posición privilegiada-, está en el centro de esta agenda.
Lo que prevalece en la discusión y merece la atención de los sectores tradicionales de poder, sin embargo, es el cambio de la matriz energética, la inversión en energías renovables no convencionales; otras consideraciones humanas y ecosociales pasan de agache.
Este 13 y 14 de abril el departamento de La Guajira será el escenario del VI Congreso Internacional de Energías Renovables, evento en el cual participarán expertos, empresarios, académicos, investigadores, entidades públicas y privadas relacionadas con las energías renovables.
La invitación la hace el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). Ahora bien, ¿por qué escogen La Guajira como escenario de este evento internacional? Pues es el territorio del Caribe -y de Colombia- con la mayor reserva energética en cantidad y variedad; en este departamento están asentados los proyectos de 19 transnacionales de energía eólica, cuyo propósito es hacer de la transición energética un manjar jugoso para aumentar sus ganancias.
La participación de la USAID no es fortuita ni altruista. Desde 2015, según indica el SENA, se han formado 2.313 aprendices en el programa técnico en mantenimiento e instalación de sistemas solares fotovoltaicos y generación eólica, gracias al apoyo financiero de esta agencia estadounidense. Uno de los temas centrales del congreso girará en torno a la extracción de nuevos minerales para garantizar la transición energética: cobre, zinc, cobalto, entre otros.
Existen marcados intereses del capital transnacional para hacerse de esta dinámica. Por lo tanto, lo que se debe debatir hoy con urgencia es si la transición energética en Colombia y el Caribe estará marcada solo por el cambio de matriz energética y una nueva era extractivista denominada inocentemente “minería verde”, o si ésta comprenderá el cambio del modelo económico, el fortalecimiento de procesos y experiencias comunitarias, académicas y de investigación centradas en la vida como eje fundamental, en la justicia ambiental, la soberanía energética y territorial, entre otros.
Hacia dónde va el ordenamiento territorial
En nuestro primer Cuaderno de Coyuntura Regional cuestionábamos el tema de la organización territorial ya que ésta ha estado al servicio de las élites, los clanes corruptos y sus contratistas. El trasfondo de diversos conflictos sociales del Caribe tiene que ver con el ordenamiento territorial.
Importante resaltar dos cosas. Por un lado, la desactualización de los planes de ordenamiento territorial -POT- en todo el país; en 2021, cerca de 80 % de los municipios Colombia no lo habían actualizado. Lo segundo es que en el Congreso debaten el Plan Nacional de Desarrollo (PND), cuyo pilar central será organizar los territorios en torno a la defensa del agua como sujeto de derecho y bien común.
Veamos a grandes trazos cómo se manifiesta en el Caribe. El POT de Montería declaró zona de expansión de la ciudad el área norte, es decir, las tierras más fértiles para la agricultura, el distrito de riego construido durante las últimas seis décadas –y que sirvió para paliar la crisis de los alimentos durante la pandemia-, serán avasalladas por los proyectos urbanísticos y residenciales, por el cemento y el concreto, como bien explicó el docente e investigador de la Universidad de Córdoba, Rubén Godoy, durante el Primer Encuentro de Investigación Geográfica y Ambiental celebrado a finales de marzo.
Lo mismo ha sucedido históricamente en el Cesar, donde las tierras fértiles fueron destinadas para la ganadería extensiva y el monocultivo (palma), y en el peor de los casos a la explotación del carbón, dejando como consecuencia desplazamientos de familias campesinas y daños e impactos ambientales irreversibles sobre las fuentes hídricas del departamento.
Actualmente los proyectos de ecoparque del río Guatapurí (Cesar) y de la Ciénaga de Mallorquín tienen de ecológico el nombre, pues repiten la misma lógica del plan de expansión de Montería: beneficiar el desarrollo de proyectos de construcción urbana en detrimento de las poblaciones, del ecosistema y del agua.
Cualquier propósito de ordenamiento territorial tiene que abordar el tema de la reforma agraria, la conservación y recuperación de las fuentes hídricas y los derechos al agua para frenar la maquinaria de cemento que viene dilapidando la vida en el Caribe. Las recientes medidas de expandir el área de protección del Parque Sierra Nevada de Santa Marta apuntan a ello.
El hambre y la miseria arrecian
Hay distintas maneras para medir el hambre y la pobreza en Colombia y el Caribe. Lo cierto es que en ningunas de las encuestas salimos bien librados.
Cartagena, encumbrada constantemente como un paraíso turístico, es una de las ciudades más hostiles con sus habitantes, con niveles de pobreza y hambre en aumento, con guetos que pocas veces son enfocados por los medios, a no ser que sean protagonistas de crímenes, masacres, enfrentamiento entre bandas, prostitución. La violencia también vende.
La última actualización de la consultora internacional Living Cost indica que Cartagena es la ciudad más cara para vivir en Colombia. Una persona necesita 771 dólares para vivir un mes, mientras que el sueldo mínimo nacional es de 306 dólares. Una familia promedio de cuatro miembros necesitaría entonces 1.637 dólares.
Mientras tanto, la Barranquilla de ensueño de los Char ocupa el cuarto lugar en esta lista. Una persona necesita 595 dólares para atender los gastos básicos del mes, mientras que una familia de cuatro personas requiere 1.531 dólares para vivir durante este periodo.
En Colombia en general es imposible vivir dignamente. Por eso se necesita una revolución en mayúscula, la revolución de la dignidad para vivir de manera decente.
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