Por Wilmar Harley Castillo Amorocho
En la vía conocida como La Línea es obligado el paso por Cajamarca. Un municipio caracterizado por sus altas montañas que nutren de alimentos al departamento del Tolima y al país, tanto que allí se celebra la fiesta y el reinado de la arracacha. Su casco urbano, atravesado por esa arteria vial, fue protagonista del recordado Paro Nacional de 2021.
La juventud montañera, sus mamás, defensores y defensoras de derechos humanos, ambientalistas y algunos comerciantes se unieron al aguacero social que irrumpió en esta despensa agrícola tolimense, que no dejó noche en silencio en el pueblo por las marchas y los plantones.
Cuando bajaron los ánimos, poco a poco la cotidianidad cajamarcuna volvió a su cauce monótono hasta agosto, mes en el que capturaron a cinco personas por haber participado del Paro Nacional. El tercer régimen de Uribe, en representación de Iván Duque, se vengaba de las comunidades con montajes judiciales, como si no le bastara las vidas y los ojos robados por la Policía Nacional. Juan David Díaz Cortez, Jhon Fredy Amaya Parra y Rodolfo Loaiza Ortegon (“rolo”, “papas” y “chayan” respectivamente) hacen parte de las decenas de montajes judiciales en el país.
Al hablar con los abogados defensores, Johan Granados y Sidney Sánchez, estos resaltan las curiosidades de este caso, entre ellas la agilidad de la Fiscalía a la hora de presentar pruebas (pocos consistentes), el análisis de dichas pruebas, las versiones de los “testigos”, la solicitud de la medida intramural (dos jóvenes duraron casi un año en Inspección Permanente Central de Ibagué y el otro encerrado en su propia casa) sin tener en cuenta las condiciones de vida de las tres víctimas, pues Rodolfo tiene discapacidad cognitiva, y su mamá, quien está en silla de ruedas, depende de lo que levante su hijo como cotero en la plaza de mercado; mientras que Jhon Fredy tiene una hija menor de edad.
Hay cierta tranquilidad por parte de los jóvenes abogados para lograr la libertad plena en este caso, pues por donde se les mire, las pruebas de la Fiscalía no son suficientes para dejarlos en la cárcel. Algunos argumentos rayan con la ridiculez y la falta de sentido, incluso alguien que no está relacionado con el derecho comprende que el ente acusador está dando patadas de ahogado. Existe un aspecto sombrío en el paquete probatorio de la Fiscalía, las conocidas “fuentes codificadas” a quienes se les desconoce por parte de los abogados defensores, y para contactarlas debe hacerse a través de la SIJIN. Esto recuerda a los jueces sin rostro del Estado de sitio de los años ochenta, pues el misterio sigue usándose como ventaja en las acusaciones del Estado.
Este testigo sin nombre, como un fantasma, da fe de lo que hizo Jhon Fredy durante las protestas en las que participó, brinda códigos ID de celulares que no son de su propiedad, y estuvo en ocho de nueve hechos usados como prueba de la Fiscalía. El argumento del organismo judicial para encubrir la identidad de su testigo estrella, es la de proteger su seguridad. Sin embargo, la institución está pasando por alto la función de estos testigos codificados al no ser llevados a los juicios, sino que son fuentes de información que luego verifica el fiscal.
La otra perla de la Fiscalía es usar a un soldado del Ejército Nacional para demostrar que Juan David Díaz llevaba un arma de fuego en las protestas, porque según el uniformado “se le vio un bulto debajo del buzo”, y en cuestión de segundos pudo identificar que era un arma de fuego lista para usarse. Existe la acusación de porte ilegal de arma de fuego, pero sin haberle encontrado arma de fuego a Juan David.
Con Rodolfo Loaiza ocurre algo similar, a él se le acusa de constreñimiento ilegal, que en palabras castizas se traduce en obligar a alguien a hacer algo por fuera de la ley. A este joven lo conoce casi todo el pueblo, desde las personas de la plaza de mercado, hasta funcionarios de la actual alcaldía, dan fe de que es una buena persona, en parte por su condición de discapacidad cognoscitiva. El adecuado proceder de la Fiscalía hubiera sido el de examinar con profesionales de la salud a Rodolfo y darle el tratamiento correspondiente.
Las inconsistencias aumentan la deslegitimad del ente acusador, que no ve gente que protesta por las injusticias estatales, sino a personas por manifestarse en la calle deben ser tratadas automáticamente como criminales.
¿Quién es Jhon Fredy?
Jhon Fredy Amaya Parra, conocido como “papas”, es el típico hijo de un pueblo. Nacido y criado en Cajamarca, ha hecho su vida arropado con las montañas de este municipio y rodeado del amor de amigos, amigas y familiares. En el momento del Paro Nacional, trabajaba como operario de maquinaria pesada en COMCAI, además de ser papá y esposo con tan solo 31 años.
Tal vez esa hoja de vida no tenía ningún rasgo delictivo que levantara sospecha para la Fiscalía, por lo que era necesario encontrar otras razones que justificaran un “delito”, el Paro Nacional fue el momento perfecto para el ente acusador. ¿Qué hizo Jhon Fredy en el estallido social del 2021? Dar de comer y pasar el día junto a otras personas al borde de la vía que atraviesa al municipio. Así lo narra él:
“Había mujeres, hombres, adultos, pelaos más jóvenes, y cada uno se encargaba de pelar la papa, otro de pelar el plátano, comprar lo que hacía falta, recoger para conseguir platos, cucharas, en regar la bola de que iba a haber comida ese día para que la gente llegara. Al medio día nos encargábamos de la fila de la gente, de pasarla bueno. Por la tarde jugábamos futbol o jugábamos parqués, hablábamos sobre las reformas. Era muy sano. Ayudábamos a la gente del pueblo. Nosotros no éramos una obstrucción. La carpa no estaba sobre la vía, estaba sobre una cuadra.”
Al igual que el resto de manifestantes en Cajamarca y en Colombia, Jhon Fredy sintió la necesidad de protestar y aportar su grano de arena con la comunidad para demostrar la inconformidad que el gobierno de Iván Duque despertó con sus políticas. Sin importar la condición de este joven, y de las otras dos víctimas del montaje judicial, el Estado usó toda su maquinaria para imponer miedo y soledad, porque en este caso la impotencia y otros sentimientos llevaron a Jhon Fredy por un abismo sin final, a tal punto de desear la muerte para detener esa tortura:
“Yo le pegaba a las paredes, le pegaba cabezazos, le pegaba puños a las paredes, lloraba, una vez me iba a cortar, me iba a tirar por la ventana del tercer piso de la casa de mi mamá. En la unidad mental me dieron recaídas. Gracias a Dios pude superar un poquito todo eso, los medicamentos me han ayudado. Pero yo no vivo tranquilo porque hasta que no tenga la libertad, yo no voy a descansar”.
En la unidad mental del Hospital Federico Lleras de la ciudad de Ibagué, Jhon estuvo aproximadamente quince días internado. Allí le detectaron un cuadro de ansiedad generalizada y un trastorno depresivo recurrente. Al momento de la entrevista estaba medicado contra la ansiedad.
Su imagen y su reputación fue destruida no solo por la Fiscalía, la prensa local también hizo lo suyo para que los señalamientos cayeran como un aguacero que aún no escampa. Jhon Fredy dice que fue usado para amedrentar al pueblo con las órdenes de captura y así evitar futuras protestas en Cajamarca. A pesar de estas afectaciones que se llevaron por delante a esposa, hija, mamá, amigos, amigas, su puesto laboral, y la salud física y mental, él sigue firme en demostrar su inocencia.
La versión de los hechos desde un protagonista
En una de las fotos que presenta la Fiscalía como prueba contra Jhon Fredy, se le observa interactúando con la persona que está dentro del vehículo, y que según el ente acusador fue la víctima de constreñimiento ilegal. También se usa el caso de un muchacho que tiene un taller de carros cerca de una de las bombas de gasolina del pueblo, quien regaló veinte mil pesos.
Pese a ello, no existe registró del momento exacto ni el audio que compruebe la extorsión a las personas que aparecen en las fotos: “¿Dónde está donde yo le exijo dinero a él (sic)? ¿Dónde está la prueba, la llamada, o el video? Una cosa es darle a usted y otra pedirle. Una extorsión va basada en pedir, en amenazar, amedrantar, pero si no hay eso no hay extorsión. No hay una denuncia, un testigo, un escrito, una llamada, nada. Allá era rotundamente prohibido pedirle plata a la gente para evitar esto”.
A partir de estas aclaraciones dadas por un protagonista de los hechos, las cuales son materia de “pruebas” de la Fiscalía, quedan preguntas trancadas en la garganta cual espina de pescado. El uso planeado de la institucionalidad, sus funcionarios, leyes y herramientas tecnológicas contra unos jóvenes que se ganaban la vida sin dañar a nadie, que decidieron voluntariamente protestar en el Paro Nacional, deja mucho que pensar.
“No entiendo por qué me dieron una orden de captura. Si yo pienso que este país se le deben dar órdenes de captura a los violadores, a los que cometen un homicidio, a los que roban, a los que maltratan a una mujer, pero yo no entiendo por qué a mí me dieron una orden de captura por estar en una foto y en una foto que no dice nada. Mire que yo he pensado tanto y tanto… he estudiado tanto esas fotos, que yo pienso esta gente es un mal pal mundo (sic), cómo son capaces de dañarle la vida a una persona y no solamente a mí, se la dañaron a mi mamá, a mi hija, a mi mujer, dañaron la tranquilidad a una familia completa”, asegura Jhon Fredy.
Otro de las fotos en las que se intenta transformar la protesta en un delito por parte del Estado colombiano, es en la que aparece un señor con un megáfono. Este aparato es común en cualquier protesta o manifestación en el espacio público para compartir información relacionada con el acto público; pero para algunos funcionarios es visto como un elemento constitutivo de un supuesto delito.
No dejemos de luchar
Un destello de tristeza se asoma en la mirada de Jhon Fredy. Él mismo reconoce que no es completamente feliz, mientras el proceso continúe y la libertad no esté afirmada por un juez. A pesar de los duros golpes que la judicialización provocó en su vida y la de sus seres queridos, no pierde la esperanza en la decisión final que le permitirá caminar feliz por la calle.
Como él son muchas las víctimas de montajes judiciales que están en sus casas o en las cárceles luchando contra el Estado para demostrar su inocencia, ayudadas por abogadas, defensores de derechos humanos y amistades que siguen, de una u otra manera, manteniendo el fuego de la rebeldía que ardió durante el Paro Nacional. Es esa solidaridad radical la que le da fuerzas a Jhon Fredy para darle un consejo a quienes pasan por una situación similar:
“Que hablen, que no se queden callados. Porque uno se queda callado y es peor. Si uno se atraganta todo esto, se muere en vida. Buscar ayudas, buscar la gente de derechos humanos. Que para adelante, que luchen. Porque a pesar de que caí en la depresión, no he dejado de luchar, no he dejado de buscar contactos, personas, de hablar, de preguntar. Que no se dejen llevar por eso. En este mundo hay muchas personas buenas que me han ayudado. Que nunca se declaren culpables por algo que no han hecho. Yo sé que vamos a salir todos, porque la justicia divina existe para los que de verdad somos inocentes”.
