Por Caribe Investigación
Las dos audiencias celebradas la semana pasada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), con la participación del ex jefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, abrieron un nuevo capítulo en la historia del conflicto de Colombia y el Caribe.
Desde marzo pasado elaboramos semanalmente una síntesis o aproximación a la agenda pública del Caribe a partir de los principales hechos registrados en la región. Hoy queremos dedicarla a las declaraciones de Mancuso por su impacto y trascendencia en la historia reciente, además porque la continuidad de la violencia paramilitar en esta región ha sido denunciada suficientemente desde hace más de una década.
Como señalan diversos autores, después del proceso de Justicia y Paz el paramilitarismo en Colombia y el Caribe mutó y creció y se consolidó después de la firma del Acuerdo de La Habana (2016). Desde entonces la violencia contra líderes sociales y defensores ambientales y de derechos humanos no ha parado.
Ahora bien, Salvatore Mancuso ratifica la alianza-relación entre paramilitarismo, poder económico nacional y transnacional, político, militar y Estado. En detalle, confirma lo que pocos autores han denunciado y demostrado: el paramilitarismo fue una política de Estado diseñada para silenciar, acabar y diezmar a la disidencia del Establecimiento.
Y va mucho más allá de la “bisagra” entre las Convivir (como instrumento legal), la creación de las AUC y la Fuerza Pública, o del reclutamiento/cooptación que el Estado hizo de Mancuso y muchos otros jefes paramilitares en las décadas de 1980 y 1990.
Paramilitarismo, política de Estado
Uno de los pocos autores que ha demostrado que el paramilitarismo fue una política de Estado ha sido el padre jesuita Javier Giraldo Moreno. En el ensayo La “democratización” del Genocidio reseña los orígenes del conflicto, pero también del paramilitarismo como respuesta y diseño del Estado para frenar y aniquilar a los que no cabían en su concepto de sociedad.
Desde 1954 –escribe Giraldo- “mediante el Acto Legislativo No.6 de la Constituyente dictatorial, se había declarado fuera de la Constitución toda actividad inspirada en el Comunismo. El Decreto 434 de 1956 tipificó enseguida 13 delitos de colaboración con el comunismo cuyos autores debían ser procesados en consejos de guerra militares. En esa proscripción del Comunismo se inspirarían en adelante todas las persecuciones y matanzas de militantes de izquierda y de movimientos sociales alternativos que hasta hoy día conmocionan a las franjas poblacionales que no hacen parte del Estado-Establecimiento”.
Es uno de los primeros indicios, revisemos otra cita: “En los años 80 las censuras internacionales comenzaron a cohibir al Estado-Establecimiento colombiano. Éste sacó entonces de su armario la solución aportada por la Misión Yarborough (1962) que en sus directrices secretas le había ordenado crear grupos mixtos de civiles y militares para involucrar a la población civil en la guerra y constituir fuerzas paramilitares que pudieran hacerse cargo de “atentados terroristas paramilitares” (como textualmente lo reza el documento), sin necesidad de comprometer la legitimidad del Estado ni de su fuerza pública”.
EL ensayo de Giraldo es mucho más complejo. Queríamos rescatar estas dos citas para reafirmar la tesis del paramilitarismo como política de Estado enmarcada incluso en la doctrina de Seguridad Nacional de los Estados Unidos; no surgió como respuesta espontánea de sectores campesinos y ganaderos golpeados por las guerrillas como muchos autores defienden.
Cuando Mancuso entrega detalles sobre la relación entre la Fuera Pública y el paramilitarismo (de connivencia y protección mutua), el financiamiento y apoyo recibido por las AUC de empresas nacionales e internacionales, de sectores políticos tradicionales y figuras claves de Estado, lo que hace es ratificar lo que distintos investigadores han denunciado durante décadas.
Continuidad del genocidio
Esa “bisagra” de la que habla Mancuso nunca terminó. En toda la región desde el Magdalena Medio hasta el sur y centro del Cesar el paramilitarismo ha crecido de la mano con la Fuerza Pública la última década, conforme crecen también los proyectos mega mineros y de ganadería extensiva o agroindustriales.
Giraldo Moreno aportó hace unos años un elemento novedoso que hoy también mutó. Después de las AUC, los asesinatos de líderes sociales y defensores ambientales y de derechos humanos dejó de tener un autor material visible para no comprometer la legitimidad del Estado.
Hoy la violencia y gobernanza paramilitar está tan desbordada que tanto las Autodefensas Gaitanistas (AGC) como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta, y demás estructuras narcoparamilitares que operan en la región, no solo asumen la autoría de sus amenazas y estados de sitio, sino que operan públicamente, reclutan adolescentes y jóvenes abiertamente y amenazan a los sectores sociales más vulnerables.
En Montes de María, señala el Foro Nacional por Colombia y Foro Costa Atlántica en un artículo publicado en El Espectador, “encontramos que los líderes y lideresas sociales temen por la repetición de la guerra y sus nefastas consecuencias en la cotidianidad rural. En está subregión se demostró que el conflicto nunca se detuvo; solo mutó”.
En el Caribe -puntualizan- existen 5 grandes focos de conflictos en la actualidad: sur de Bolívar, Montes de María, sur de Córdoba, Sierra Nevada y centro del Cesar.
Los niveles de violencia narcoparamilitar registrados en Barranquilla y su área metropolitana dejan entre ver la inercia e ineptitud de la clase dirigente que ha gobernado este departamento desde hace dos décadas, y es una realidad que se repite en todo el Caribe.
La Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla (Asocentro) anunció que entre enero y abril de 2022 en la capital atlanticense y su área metropolitana la extorsión a comerciantes se incrementó 443 por ciento, frente al mismo periodo de 2022.
Desde el reencauche paramilitar, el municipio Codazzi (Cesar) y toda la Sierra Nevada de Santa Marta se ha convertido en centro de operaciones de los paramilitares, lo que ha incidido en el aumento de asesinatos y amenaza a líderes sin que el Estado haga absolutamente nada.
El pasado 8 de mayo la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 016-2023, con la cual advirtió la presencia de las AGC en los barrios de las afueras de la cabecera municipal de Codazzi, el reclutamiento de adolescentes y jóvenes y la persecución de otros con el regreso de las mal llamadas “limpiezas sociales”.
En conclusión, el paramilitarismo ha venido creciendo y consolidándose el sur de Bolívar, Montes de María, sur de Córdoba, Atlántico, Cartagena, en la Sierra Nevada de Santa Marta con conexión específica a la Troncal del Caribe, sur de La Guajira, sur y centro de Cesar, Valledupar y sus periferias, con objetivos muy claros: controlar los corredores mineros, agroindustriales y turísticos, las plazas de microtráfico y las rutas de exportación de drogas.
