Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 47)
Por Caribe Investigación
- Crisis Gobierno-ELN
Concluyó en una nueva crisis el anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de congelamiento de los diálogos de paz con el Gobierno, como consecuencia del proceso de diálogo regional anunciado en Nariño, que incluyen a una estructura del ELN, el Frente Guerrillero Comuneros del Sur.
La repuesta de la delegación del Gobierno fue inmediata y dejó en manos del ELN la responsabilidad sobre la continuidad o no de la mesa.
El tema se ha analizado con amplitud desde diversos espacios y medios. Destacamos lo más controversial.
La contradicción sobre quién impulsa o promueve el proceso de diálogo regional en Nariño aún no termina de zanjarse.
Desde noviembre pasado el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, venía planteando la propuesta públicamente y pidió apoyo del Gobierno nacional. Desde la controversia de la semana pasada ha encabezado el tema con distintas declaraciones.
El comunicado de respuesta del Gobierno al ELN dejó claro que “respeta y alienta las iniciativas que mandatarios locales lideran para proteger a la población y realizar transformaciones sociales”.
También alega que no son inducidos por el Gobierno nacional los acercamientos que estructuras del ELN hacen a la propuesta de diálogo regional.
Lo anterior lo contradijo el ELN con un comunicado bastante delicado: el diálogo regional en Nariño, asegura la guerrilla, es “en esencia, una operación dirigida por la inteligencia del Estado para proteger agentes de inteligencia militar infiltrados”.
Lo claro en todo esto es que el diálogo en Nariño no podría desarrollarse sin la anuencia del Gobierno, quien en última instancia es el principal y único responsable para abordar temas de paz como cabeza de Estado.
El reclamo del ELN se centra en que este apoyo del Gobierno nacional (tácito o no), tomando en cuenta la participación de la estructura Comuneros del Sur por fuera de la delegación de paz guerrillera, desconoce al ELN como actor y debilita lo ya pactado en los últimos quince meses.
El Gobierno nacional no ha negado que, a lo interno de la mesa, el ELN les planteó el tema de la participación de los Comuneros en los diálogos de Nariño como un escollo para continuar la mesa.
El ELN tampoco ha mostrado algún documento donde se corrobore este reclamo. Como tampoco ha presentado prueba alguna sobre la operación de inteligencia del Estado dirigida para socavar a la guerrilla en Nariño.
Un paréntesis. Si luego de la designación de Vera Grabe como negociadora, ambas delegaciones se comprometieron a practicar una comunicación pública asertiva y transparente, ambos deben intentar cumplirlo.
Los señalamientos cruzados debilitan la imagen de los diálogos y de ambas delegaciones.
Comunicación de los Comuneros
Lo verídico es que luego de la visita del ministro de defensa, Iván Velásquez, a la mesa de negociación entre el Gobierno y el ELN en La Habana, se conoció un comunicado en el cual los Comuneros del Sur pedían pista en el proceso de diálogo regional de Nariño.
Esto quiere decir que la crisis venía incubándose por lo menos desde finales de 2023 y que las tensiones públicas de los últimos dos meses no se deben exclusivamente a la discusión por renovar el Cese Bilateral al fuego.
Si el Gobierno es la cabeza del Estado para negociar la paz con un grupo armado, lo hace y al mismo tiempo -y por fuera de lo que acuerda con este grupo- avala un diálogo regional con una estructura de esta organización, es apenas lógico que se produzca una crisis.
Otra cosa muy distinta es que a lo interno de la guerrilla existan problemas o divisiones (caso Comuneros del Sur), ya esto corresponde resolverlo al ELN como tal.
También es totalmente distinto, y bastante legítimo, que las comunidades en los territorios exijan resultados concretos en materia de paz, bien sea en el marco de propuestas regionales, territorializadas o de alcance nacional.
Pero mezclar estos tres elementos no aporta nada al debate. Confunde y esconde las falencias en los diálogos entre los dos actores.
Recorderis
A mediados de la década de 1990, la Unión Camilista del Ejercito de Liberación Nacional (UCELN) se dividió. La disidente Corriente de Renovación Socialista (CRS) se sentó a negociar con el Estado y el ELN fue señalado de intransigente por no aceptar o participar en estos acuerdos.
Luego de negociar la paz durante el gobierno de César Gaviria, 64 miembros de la CRS fueron asesinados.
- Retorno de Mancuso
El retorno de Salvatore Mancuso a Colombia ha generado expectativas de todo tipo.
Los aportes que haga Mancuso serán fundamentales para la verdad y reparación de las víctimas de la guerra.
Destacamos, sin embargo, un artículo reciente de la Fundación Pares: “Las verdades de Mancuso que pondrán a temblar a Uribe”.
No podemos olvidar que el paramilitarismo durante la era Uribe experimentó no solo un crecimiento militar y operacional, sino total impunidad ante los crímenes de lesa humanidad que cometieron en todo el país.
¿Será definitiva la verdad de Mancuso para demostrar que la Seguridad Democrática estuvo entrelazada con el paramilitarismo? Recomendada entonces la lectura de este artículo.
- Sierra Nevada
Dolorosa la situación que están viviendo más de 250 indígenas wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta, desplazados por los combates que las AGC y Los Pachencas mantienen desde el pasado sábado 24 de febrero en las inmediaciones de las comunidades El Limón, La Laguna, Carrizal, Las Casitas y Potrerito.
La zona de disputa comprende las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta (jurisdicción de Riohacha), según aseguraron a la prensa los indígenas y campesinos las detonaciones de los combates se pueden escuchar en la parte alta de la cuenca del Río Ranchería.
En la zona no se presentaban desplazamientos desde hace 12 años. En el sgundo semestre de 2012, la vereda Marquetalia fue practicamente desocupada.
La guerra o pugna entre estas dos agrupaciones paramilitares por el control territorial de la troncal del Caribe lleva más de 10 años, pero se ha recrudecido desde el año pasado con impactos humanitarios y de seguridad en general en la zona rural de Riohacha.
No menos grave es el audio que circula en cadenas de WhatsApp, a través del cual una lideresa indígena denuncia que existen sobrevuelos de drones en las comunidades afectadas, incluso estos drones le hicieron seguimiento a una de las caravanas de los wiwas desplazados.
- Audiencia pública y DD.HH.
A propósito de los desplazamientos de comunidades indígenas por el enfrentamiento entre las AGC y Los Pachencas, se celebraba este lunes 26 de febrero una audiencia pública en Valledupar con la Comisión de Derechos Humanos (DD.HH.) del Senado.
Uno de los temas que serían planteados en esta audiencia tienen que ver con los niveles de violencia que vive la ciudad de Santa Marta, los constantes combates entre paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta y la profunda crisis humanitaria que padece la región, según anunció la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL Sierra Nevada de Santa Marta).
Esta plataforma, y otras organizaciones de defensa de DD.HH. y líderes de los diversos territorios le vienen exigiendo al Gobierno nacional atención a la creciente crisis humanitaria de la región y a los graves problemas de inseguridad de ciudades como Santa Marta, Valledupar o Riohacha.
También le han reclamado para que retome los diálogos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada de Santa Marta (ACSN), en un escenario de participación de diversos sujetos sociales del territorio para que comience a construir un camino de paz en la región.
- Barranquilla y el parrillero en moto
La política del Distrito de Barranquilla sigue siendo desacertada.
Desde hace meses, ante el incremento de la violencia en la ciudad (sicariatos, homicidios, atracos) el único paliativo que presentan es el aumento del pie de fuerza policial y las ya consabidas recetas de seguridad.
No menos desacertado fue el decreto por medio del cual la Alcaldía prolonga la prohibición del parrillero hombre en la zona norte de la ciudad, las 24 horas del día de todos los días de la semana hasta el 31 de diciembre de 2024.
El incumplimiento de este decreto acarrea una multa de 15 salarios mínimos.
Esta medida lleva aplicándose en Colombia desde la década de 1990 y tiene su contracara. Afecta el derecho de movilidad de los sectores populares del país, sobre todo de aquellas familias que dependen de este medio de transporte para conseguir el sustento diario o trasladarse.
En otras ocasiones analistas han asegurado que este tipo de medidas no tienen mucho impacto sobre la criminalidad, pero sí sobre la percepción de seguridad.
Además, en parte estigmatiza a los motociclistas al relacionar motociclismo con delincuencia e inseguridad.
En fin, que la clase media y comerciantes se sientan seguros con la medida no implica que esta sea efectiva para reducir el delito en el norte de Barranquilla.
- Sintracarbón
Saludamos con entusiasmo el acuerdo logrado por la dirigencia de Sintracarbón con la transnacional Cerrejón, luego de varios meses de pugnas, desacuerdos, estigmatización y persecución de la dirigencia sindical.
Esto apaga las alarmas de una huelga general anunciada recientemente, y da paso a la implementación de una nueva convención colectiva que tendrá vigencia del 1 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2027.
“El acuerdo, que para el 12 de febrero parecía inalcanzable, se llegó gracias a la decisión de ambas comisiones de trabajar arduamente los últimos 11 días cuando cerró la etapa de arreglo directo. Convocamos a los trabajadores a la votación a huelga y con su firme intención de hacerlo afirmativamente, en la mesa de negociación se fueron destrabando los puntos más significativos de nuestro pliego de peticiones”, expresó Sintracarbón a la prensa.
Cerrejón, por su parte, afirmó que el acuerdo es beneficioso para todos e invitó a los trabajadores y sindicatos a “seguir trabajando unidos, en un ambiente de respeto, igualdad, diversidad y seguridad”.
- La energía en el Caribe
El uso de la energía, su modelo y costo es uno de los temas claves del Caribe colombiano.
Casi todas las semanas de los últimos meses se han celebrado asambleas de usuarios para evaluar el panorama de las tarifas de energía en la región, las protestas ante los injustificados aumentos de las tarifas son sistemáticas, autoridades y voces de la región reclaman revertir este panorama que golpea el bolsillo de los usuarios.
La semana pasada, la representante a la Cámara, Ana Monsalve, radicó una solicitud de debate de control político contra el Ministerio de Minas por las altas tarifas de energía en el Caribe colombiano.
Monsalve pidió además reformular la base de los costos del servicio en la región “desde lo justo y equitativo”.
Sí, es un clamor regional lograr una estructura de costo justa que no supere la capacidad de pago de las familias de estrato 1, 2 y 3, pero es injusto endilgarle la responsabilidad absoluta al Gobierno nacional.
Olvida la representante que durante la administración de Duque se presentó con bombos y platillos a los operadores Aire y Afinia como solución al ineficiente servicio de energía que prestaba Electricaribe en la región. Nada ha cambiado desde entonces.
Olvida Monsalve también que el modelo privatizador del servicio de energía de la década de los noventa nos trajo hasta aquí.
