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Desde la Convención Nacional Campesina, impulsamos la reforma agraria, integral y popular

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Este 4 de diciembre culminamos la Convención Nacional Campesina (CNC) en Bogotá, con la participación de más de 2.000 campesinas y campesinos representantes de diversas organizaciones del país. En este escenario, parte del movimiento social decidió construir y desarrollar conjuntamente con el Gobierno Nacional un espacio de diálogo para formular colectivamente la política agraria en el país, partiendo de los análisis y propuestas de los territorios.

Los ejes que orientaron las discusiones fueron: Política agraria estructural; garantías para la vida, protección de derechos y reconocimiento del campesinado; políticas públicas y Plan Nacional de Desarrollo; y tierras y ordenamiento productivo, social y ambiental del territorio.

Es importante decir que partimos del reconocimiento de que la vida campesina en el país, en todas sus dimensiones, ha estado amenazada por una guerra sistemática contra el campesinado, originada por las formas de producción y reproducción propias del sistema económico actual, el cual profundiza las desigualdades y expulsa a las y los campesinos de sus territorios.

Cuatro de las propuestas más importantes y sólidas que presentamos tienen que ver con i) avanzar y continuar materializando la Reforma Agraria, Integral y Popular, ii) el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, iii) el reconocimiento y construcción de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, y iv) la consolidación de la economía de fondos públicos como estrategia para apalancar y sostener la transformación estructural del campo colombiano.

Frente a la Reforma Agraria, Integral y Popular, destacamos la necesidad de superar la visión de que la mera entrega y titulación de tierras al campesinado resuelve los problemas históricos y estructurales que se padecen en el campo y transitar hacia la necesidad de modificar la estructura polarizada de la tierra, la ampliación y consolidación de la transformación productiva de la tierra de acuerdo a los principios de la agroecología, la instalación y ampliación de bienes de consumo colectivo y la planificación, administración y decisión de las organizaciones sociales campesinas frente al reordenamiento territorial.

Sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto político, social y cultural de derechos, planteamos la necesidad de contemplar las territorialidades colectivas y comunitarias del campesinado, así como garantizar y defender las formas propias de organización colectiva y popular del campesinado

Acerca del reconocimiento y construcción de los Territorios Campesinos Agroalimentarios, es preciso mencionar que estos se construyen de acuerdo a contextos particulares de los territorios y se diseñan sobre los planes de vida que posibilitan la planeación social y comunitaria del territorio desde apuestas colectivas de corto, mediano y largo plazo, teniendo como referencia estratégica la garantía de la soberanía alimentaria así como el rescate de la identidad campesina, el desarrollo de un modelo productivo propio y la organización para el poder popular: gobierno propio, legislación propia y guardia campesina.

Dejamos claro que la economía de fondos públicos que proponemos, busca superar la contradicción histórica sobre la cual la administración de recursos destinados a la resolución del problema agrario ha estado vinculada con los intereses de las multinacionales y los terratenientes, quienes han utilizado los mecanismos institucionales del Estado para desplazar y despojar al campesinado de sus territorios, aumentar el acaparamiento de las tierras productivas en el país y profundizar la brecha de la desigualdad y la crisis de hambre en Colombia.

Por ello, necesitamos “impulsar una empresa pública de plataforma que coordine e integre los esfuerzos de las cadenas de producción y las vincule a nivel nacional: economía campesina, empresas sociales de proletarios del campo, redes productivas de insumos y comercialización, empresas públicas o cooperativas de asesoría tecnológica y oferta de bienes de consumo colectivo para el campo” (praxis, asonalca, cna 2022).

El balance general del trabajo en esta Convención Nacional Campesina es positivo, por las posibilidades que arroja en términos de construir conjuntamente, entre organizaciones campesinas y el Gobierno nacional, soluciones efectivas para la crisis alimentaria y la defensa, permanencia y reproducción de la vida campesina en condiciones de dignidad; sin embargo, nos siguen preocupando algunas de las decisiones que ha tomado el Estado frente a la política de tierras, como el hecho de legitimar el despojo paramilitar a través de la compra de 3 millones de hectáreas a Fedegan, y los pronunciamientos de criminalización contra los procesos de recuperación de tierra en el país.

La CNC cerró con la propuesta de consolidar una comisión o equipo de seguimiento a la implementación de lo planteado en este espacio.

Tres entrevistas al Jefe de la Delegacion de Paz del ELN 2018-2022

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