Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 45)
Por Caribe Investigación
- La Paz en el centro.
El tema de la paz es fundamental para el país y la región. Es el único camino para superar la guerra y éste, por supuesto, debe ir acompañado de la participación de la sociedad y de transformaciones sociales, económicas y políticas reales.
La semana pasada fue determinante por varias razones: la extensión del Cese al Fuego con el ELN, el inicio formal de los diálogos con la disidencia de las FARC (Segunda Marquetalia), y la celebración de la mesa de diálogos protagonizada por el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca.
Este panorama positivo para la imagen del Gobierno, incluye también la visita de una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU para hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz de La Habana, firmado en 2016, organismo que igualmente revisará los avances en los actuales procesos de diálogos que el Gobierno adelanta en el país.
Varias consideraciones hacemos al respecto.
Primero, nuestros buenos deseos para el proceso que inicia con la Segunda Marquetalia, y nuestro reconocimiento a Cuba, Noruega y Venezuela por su disposición a participar como garantes.
Uno de los puntos a resaltar es que tanto el Gobierno como las disidencias de la Segunda Marquetalia expresaron su interés de impulsar “la conformación de zonas fronterizas de paz”.
No faltó la interpretación sesgada y manipulada de los medios tradicionales al señalar que el interés por este punto de los disidentes se debe a su estancia en zonas de frontera con Venezuela.
La transformación social y económica de las zonas de fronteras ha sido un reclamo histórico de comunidades colombo venezolanas que se han mantenido al margen de las políticas de ambos Estados, y no precisamente de las guerrillas.
Otro punto que debe llamarnos a la reflexión, y tiene que ver con las declaraciones de Petro en torno a la visita de la ONU, es sobre la insistencia del Gobierno con el tema de la “economía ilícita”.
En más de una ocasión el presidente cae en el error de usar el término de la “economía ilícita” porque con éste arropa a guerrillas, paramilitares, mafias y comunidades, todos en un mismo saco, bien sea para referirse al tema de los cultivos de coca, minería u otros.
Le recordamos al Gobierno que las comunidades excluidas del circuito de poder económico “institucionalizado” no han tenido más alternativas que dedicarse a la minería artesanal e informal o al cultivo de la hoja de coca para subsistir, ni siquiera para enriquecerse.
Buena señal para la paz la mesa instalada la semana pasada entre el Gobierno y las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca, sobre todo a lo que respecta al Cañón del Micay.
La gran duda con todo lo que se adelanta con las tres organizaciones anteriormente mencionadas es cómo se materializan estos procesos en el territorio y cómo incidirían nacionalmente en términos de paz.
Hasta ahora, lo que se asoma en el horizonte es una intención del Gobierno de desescalar el conflicto por zonas y territorios específicos, y con actores armados por separados.
Esto, como ya aseguramos en ediciones pasadas, puede traer beneficios circunstanciales y parciales, pero no permanentes y definitivos para el país, mucho menos si no existe una política para desmantelar el paramilitarismo, con el cual el Estado sigue teniendo vínculos.
El otro grave error es pensar la paz entre y desde los actores armados (Estado-guerrillas-paramilitares-bandas).
Algún aporte en este sentido ha hecho la mesa con el ELN, en el plano general se sigue pensando y diseñando la paz desde la visión de Bogotá, sin el concierto de las regiones y los diversos sujetos sociales que componen a Colombia.
- Desmantelar el paramilitarismo.
Organizaciones sociales diversas aprovecharon la movilización del pasado 8 de febrero para exigir sin más el desmonte del paramilitarismo. Nos sumamos a este clamor.
En el marco de la mesa de diálogos Gobierno-ELN, el anuncio de la creación del Observatorio sobre las formas del paramilitarismo fue bien recibido públicamente.
No se conocen mayores detalles sobre cómo funcionará ni cuándo comenzará a ejecutar sus funciones. Tampoco si este observatorio tendrá como objetivo apuntar al desmonte del paramilitarismo.
Ahora bien, aunque sea un consenso casi que unánime el desmonte del paramilitarismo tiene más trabas que caminos despejados.
En primer lugar, por la terquedad del Gobierno de no reconocer el estatus político de organizaciones paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).
Ciertamente es complicado otorgarle este estatus porque esto implicaría reconocer que el Estado sigue amparando este fenómeno o por lo menos que el establecimiento sigue beneficiándose.
Y los estudios sobre el conflicto armado de instituciones tradicionales o apegadas a la narrativa del pos conflicto no contribuyen en nada. Para unos son organizaciones criminales politizadas, o simples herederos del paramilitarismo.
A la luz de los acontecimientos de la última década, el paramilitarismo continuó por otras vías y formas, como bien lo ha estudiado el jesuita Javier Giraldo Moreno.
Se sabe de alianzas pasadas recientes de sectores militares y las AGC en el tema del narcotráfico (gobierno de Duque), o de la connivencia y/o operaciones conjuntas que ambos mantienen en el sur de Bolívar desde el año pasado, según denuncias de organizaciones de derechos humanos del territorio.
El paramilitarismo de hoy, en todo caso, sigue operando como arma de contención contra los reclamos sociales y ambientales de los territorios; sus principales benefactores son los grandes poderes económicos.
Es una forma de mantener el orden social criminal en el que nos han mantenido por décadas.
Lo más complejo de este tema tiene que ver con un tema poco abordado: el desmonte de la doctrina militar y de la política del enemigo interno, que depende a su vez de la doctrina de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Por décadas, este ha sido el talón de Aquiles para la paz en Colombia. Hasta hoy el Gobierno no tiene ninguna intención de abordar este tema.
- Estigmatización al día.
Peligrosa estigmatización hace Luis Fernando Trejo y Reynell Badillo de los movimientos sociales del sur del Cesar, en reciente análisis titulado “La Paz Total en el Caribe: gobernanzas armadas y politización acelerada del crimen organizado””
Citamos textualmente:
“En el sur del Cesar, el ELN ha asumido un rol de agente dinamizador de la participación de las comunidades en la gestión de los problemas locales. Para ello, utilizan unas comisiones de Trabajo Político Organizativo (TPO) que contribuyen a la creación, promoción y orientación de organizaciones sociales legales como Juntas de Acción Comunal, Comités de Caminos o clubes deportivos”.
“Paralelamente gestionan las organizaciones clandestinas, como colectivos o grupos de estudio que pretenden orientar el trabajo de sus milicianos”.
Les recordamos a ambos que el sur de Cesar ha sido un territorio de alta conflictividad. Pero también de liderazgos genuinos e independientes en la lucha por la tierra que fueron diezmados y criminalizados en los años más duros del paramilitarismo en la región.
- Sur de Bolívar.
La situación de los derechos humanos en el sur de Bolívar tiende a agravarse, como hemos reiterado en varias oportunidades.
La semana pasada la Defensoría del Pueblo informó que durante el 2023 se presentaron nueve casos de desplazamiento forzado con un registro de víctimas de 7.579 personas.
Más del doble de lo que representó 2022. Y aún el Gobierno no da luces de cómo afrontar esta situación, salvo hacer anuncios de incremento del pie de fuerza.
- Cerrejón y Sintracarbón
Sintracarbón denunció la semana pasada que la reciente oferta hecha por Cerrejón a los trabajadores mineros “representa una humillación a la dignidad de los trabajadores”.
“Se está desconociendo las necesidades que tenemos en materia de salud, educación, plan de desarrollo individual, vivienda y sobre nuestras patologías, es decir, todas aquellas necesidades laborales y de nuestra vida cotidiana y, sobre todo, aquellas que garantizan el bienestar de nuestras familias”, reclama Sintracarbón.
Reiterada y sistemática ha sido la dilación que le ha dado Cerrejón el tema e incluye persecución laboral y sindical y horarios de trabajo esclavizantes para debilitar el movimiento sindical y los justos reclamos de Sintracarbón.
- OCAD Paz en manos de la mafia
Mal presagio la designación de la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, como presidenta del OCAD Paz, OCAD del Río y presidenta ante el consejo directivo por el Caribe de la Federación de Departamentos.
Su vinculación con el clan político mafioso Gnecco es inocultable, en más de una ocasión la gobernadora ha adulado sin rubor alguno a los cuestionados Cielo Gnecco y el ex gobernador Gnecco Monsalve.
Por su parte, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, fue nombrado como nuevo presidente de la RAP Caribe.
Todo queda en casa parece ser la consigna… en casa de los mafiosos.
- Crisis en La Guajira.
En editorial del pasado 5 de febrero, el Diario del Norte se preguntaba: “¿existe un affaire en La Alta Guajira?”, para referirse a la violencia que se ha venido apoderando de la Alta Guajira.
“Parece que en la Alta Guajira rondara un extraño affaire. Bandas extremadamente armadas circulan, acampan, hacen formaciones de corte militar, patrullan, y al parecer cometen ilícitos en lo que, hasta hace un tiempo, fue la zona más tranquila del territorio nacional”, reseña el editorial.
Coincidimos en que ésta afecta directamente la movilidad y seguridad de las comunidades wayuu, la actividad turística y el desempeño de cualquier actividad económica en la región.
Agregamos que este nivel de violencia debilita la lucha de las comunidades wayuu por participar en los proyectos de energía eólica, o la lucha que denuncia los atropellos de las transnacionales del viento.
El territorio wayuu ha sido utilizado en las últimas décadas como ruta para el trasiego de drogas, pero nada tiene que ver con su siembra o procesamiento, y son los jóvenes las principales víctimas de esta tragedia.
No menciona Diario del Norte que a mediados del año pasado se registraron enfrentamientos entre el ELN y la banda Tren de Aragua (al servicio de las AGC) en territorios fronterizos con Venezuela, hacia la Alta Guajira.
