Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (Edición 95)
Por: Caribe Investigación
1. ¿Ecoparque?
Se viene imponiendo en el Caribe colombiano una modalidad de destrucción ambiental con serias afectaciones sociales y de movilidad, disfrazada de ecologismo. Nos referimos a la política del concreto y cemento que ya ha consumado Barranquilla a través de la casa Char y sus contratistas, pero también al intento por “cementar” una margen del río Guatapurí en Valledupar.
La Sociedad de Ingenieros del Cesar ha alertado sobre los significativos riesgos ambientales asociados al proyecto de construcción de la vía circunvalar en Valledupar, cuyo trazado afectaría directamente el Ecoparque Lineal del Río Guatapurí. Esta área, protegida por el Plan de Ordenamiento Territorial como Zona de Manejo y Preservación, abarca 279 hectáreas que cumplen funciones ecológicas cruciales como el control de inundaciones, la conservación de biodiversidad y la provisión de espacio público. El principal riesgo identificado es la posible invasión de este corredor ecológico, lo que comprometería su capacidad para limitar la expansión urbana descontrolada y suplir el déficit de áreas verdes en la ciudad.
Entre las preocupaciones técnicas específicas se destaca la alteración hidrológica del río Guatapurí, ya que el proyecto no cuenta con estudios detallados que modelen el comportamiento del caudal ante crecidas y fenómenos climáticos extremos. Los ingenieros advierten que intervenir esta zona sin las debidas precauciones podría aumentar la vulnerabilidad ante inundaciones y afectar la calidad del agua, además de fragmentar hábitats esenciales para la biodiversidad local. La falta de evaluaciones ambientales rigurosas que cuantifiquen los impactos sobre los servicios ecosistémicos representa un vacío crítico en la planificación del proyecto.
El gremio exige la realización de estudios técnicos comprehensivos que incluyan modelaciones bidimensionales del río y evaluaciones de impacto ambiental que permitan diseñar medidas de mitigación efectivas para evitar la pérdida neta de biodiversidad. Como alternativas, proponen soluciones de ingeniería resiliente como estructuras elevadas y sistemas de drenaje especializado que minimicen la intervención en el ecoparque, además de recomendar mesas técnicas con Corpocesar y autoridades ambientales para revisar los diseños bajo criterios de sostenibilidad.
La Sociedad de Ingenieros insiste en que cualquier avance del proyecto debe armonizarse con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca (POMCA) del Río Guatapurí, mediante ajustes formales que requieren socialización con el Consejo Territorial de Planeación y organizaciones ambientales. Subrayan que solo mediante este rigor técnico y articulación interinstitucional se podrá convertir la obra en un referente de infraestructura sostenible, equilibrando la conectividad vial con la preservación ambiental y la gestión adecuada de riesgos en este ecosistema estratégico.
2. Riesgo de apagón
Un informe del Consejo Nacional de Operación (CNO) encendió las alarmas en la región Caribe colombiana al advertir sobre la posibilidad de racionamientos de energía entre el 10 y el 14 de octubre. Esta situación se debe a un mantenimiento programado en la planta regasificadora SPEC en Cartagena, que abastece de gas a varias termoeléctricas.
Según distintos reportes de prensa, de materializarse el déficit, departamentos como Atlántico, Bolívar, La Guajira, Cesar y Magdalena sufrirían cortes programados del servicio, ya que la región depende en un 30 % a 40 % de la energía generada por estas plantas. Paradójicamente estos departamentos sufren racionamientos de energía constante debido a la deficiencia del servicio.
Ante la advertencia, el Ministerio de Minas y Energía emitió una resolución con lineamientos para priorizar el abastecimiento de gas a sectores esenciales como el residencial, pequeños comercios y refinerías, con el objetivo de proteger la estabilidad del sistema. Además, exigió a los actores del sector presentar reportes detallados de sus balances de gas disponibles para finales de septiembre, en un esfuerzo por mitigar el posible déficit y planificar la contingencia.
Mientras autoridades como el comisionado Orlando Velandia restan dramatismo argumentando que se trata de un evento planificado para el cual el sistema tiene medidas de contingencia y embalses con niveles razonables, los gremios generadores como la Andeg son más pesimistas. Estos últimos advierten que, a diferencia de ocasiones anteriores, los proveedores de gas no tienen excedentes para abastecer las plantas, lo que podría generar un déficit del 30% en la energía de la región.
En conclusión, la región Caribe se encuentra a la expectativa, con un Gobierno que asegura tener la situación bajo control y gremios que insisten en la urgencia de una solución estructural para reducir la alta dependencia de la regasificadora. Las decisiones de las próximas semanas determinarán si la región logra superar este escollo sin apagones, o si, por el contrario, se ven obligados a implementar racionamientos.
3. Caregato: cuatro años
Desde agosto de 2021, la región de La Mojana enfrenta una crisis humanitaria y ambiental tras la ruptura del dique ‘Caregato’ en el río Cauca. Lo que comenzó como un boquete de 15 metros se amplió hasta alcanzar un kilómetro de ancho, desviando el caudal e inundando persistentemente tierras de varios municipios de Bolívar, Sucre, Córdoba y Antioquia. Esta situación ha afectado gravemente a miles de familias y ha impactado actividades económicas clave como la agricultura y la ganadería, generando una emergencia que se prolonga por más de cuatro años.
La respuesta institucional de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres (UNGRD) ha estado marcada por la polémica y la ineficacia. Recientemente, la Procuraduría sancionó a dos exdirectores de la entidad (Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez) por omisiones en la prevención y manejo del desastre. A pesar de la asignación de millonarios recursos, las obras emprendidas fracasaron; un contrato de $129 mil millones en 2023 culminó con un nuevo colapso del dique, lo que llevó a la actual administración a terminar unilateralmente ese contrato por deficiencias técnicas.
Para 2025, el gobierno anunció un nuevo plan integral con una inversión de $170 mil millones, que incluye la ampliación del canal La Esperanza como medida prioritaria para aliviar la presión sobre el dique dañado. Según reportes oficiales, esta obra presenta un avance del 50% y ya logra desviar más de la mitad del caudal del río, reduciendo el riesgo de inundaciones. No obstante, el proyecto ha enfrentado inconvenientes debido a reclamaciones de propiedad sobre los terrenos de intervención.
A pesar de los avances reportados en esta nueva fase, la situación en La Mojana evidencia la fragilidad institucional y la dificultad para implementar soluciones permanentes a una problemática socioambiental compleja. La región y sus habitantes continúan a la espera de que, tras múltiples intentos fallidos y cuantiosas inversiones, se concrete finalmente una solución estructural que ponga fin a años de inundaciones y vulnerabilidad.
- Justicia a las víctimas
El jueves pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó la primera sentencia contra 12 exmilitares del Batallón La Popa, hallados responsables de uno de los crímenes más crueles del conflicto social y armado: los mal llamados falsos positivos, política del gobierno de Uribe con la cual miembros del Ejército asesinaron a más de un centenar de campesinos, indígenas, afros en los departamentos Cesar y La Guajira entre 2002 y 2005.
“Ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal que se encargó de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes con el único fin de convertirlas en cifras, números, estadísticas frías y viciadas”, dijo Alejandro Ramelli, presidente de la JEP antes de dar paso a la lectura del fallo.
Según el Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC), entre los años 1958 y julio de 2018 el departamento de Cesar formó parte de los diez departamentos con mayores víctimas de asesinatos selectivos.
- Sin ninguna consideración
Tras el atentado ocurrido el pasado domingo 21 de septiembre contra el hermano de alias ‘Negro Ober’, líder de una de las bandas en disputa en Barranquilla, las autoridades alertan sobre un nuevo giro en esta lucha encarnizada que atenta contra la paz del Atlántico: ataque a familiares de líderes de las bandas rivales para afectarse mutuamente.
Según detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, el 3 de julio fueron asesinados la madre, un hermano y el cuñado de Otón Alfredo Peralta Estupiñán, alias ‘Otón’, “hechos que estarían relacionados con retaliaciones entre estructuras criminales”.
Aunque no da detalles de otros casos, no deja de ser preocupante la escalada de violencia en el departamento Atlántico porque esto nos lleva a recordar los peores años del conflicto social y armado entre las décadas de 1990 y 2000, donde el Estado y paramilitares también persiguieron, amenazaron o asesinaron a familiares de mandos y miembros de las otrora FARC o del ELN.
6. Protesta por la tierra
El pasado miércoles 17 de septiembre, campesinos de la Asociación Agropecuaria del Cesar iniciaron una protesta tomando y bloqueando el acceso al edificio de la Caja Agraria en Valledupar. La acción tenía como objetivo exigir a la Agencia Nacional de Tierras el cumplimiento de la entrega de predios a aproximadamente 300 familias de los municipios de Manaure y Pueblo Bello, quienes llevan más de seis años esperando la titulación de sus tierras.
Esta protesta tiene antecedentes recientes, ya que hace un mes se realizó una movilización similar con campesinos de otros municipios del Cesar. En esa ocasión, la Agencia Nacional de Tierras se comprometió a avanzar en los acuerdos pactados, que incluyen la distribución de 2.500 hectáreas, de las cuales se han asegurado 1.900 para su próxima entrega.
A pesar de los compromisos y de la programación de mesas técnicas para la siguiente semana en Bogotá, los campesinos decidieron mantener la protesta hasta ver avances tangibles. La situación refleja la frustración por la demora en los procesos de formalización y restitución de tierras, un reclamo que se extiende por años en la región.
7. Minga Regional
Desde la madrugada del jueves 18 de septiembre, comunidades indígenas y afrocolombianas de la región Caribe iniciaron una Minga Regional con bloqueos en corredores viales estratégicos. La protesta, convocada por la organización Convite Étnico, Ecológico y Social, surge como respuesta al incumplimiento del Gobierno Nacional de instalar la Mesa de Concertación Interestatal, un compromiso adquirido desde enero de 2025. El cacique zenú y presidente de la organización, Leonardo Oviedo, afirmó que la movilización busca presionar por un acuerdo real sobre la reglamentación de cabildos y garantías para los pueblos étnicos.
Los bloqueos tuvieron como epicentros críticos la vía Valledupar-Bosconia, a la altura del cementerio Jardines de Paz, y el cruce de Bosconia (Cesar), lo que afectó la movilidad hacia ciudades como Barranquilla y Valledupar, así como otras rutas del departamento.
La Minga cuenta con el respaldo de un comité interétnico que agrupa a comunidades de Córdoba, Sucre y Cesar, un esfuerzo conjunto para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Ministerio del Interior.
- ¿Los últimos tres años?
En todos los espacios mediáticos del país se impuso la semana pasada una verdad a medias: “Colombia es por tercer año consecutivo el país más mortal para los defensores ambientales”, al menos ese fue el titular sobre el informe anual (2024) que elabora la ONG Global Witness desde 2012.
Engañoso por el contexto en que se da la información: una campaña política y mediática que la derecha ha impulsado para tratar de revivir la “necesidad” de implementar de nuevo la seguridad democrática de Uribe, la política del garrote y la persecución del Estado terrorista colombiano (que por cierto no ha sido desmantelada).
Aclaremos algo. No es que el Gobierno de Gustavo Petro haya estado exento de la situación de seguridad que vive el país, o que su política de paz total carezca de yerros y desaciertos. La situación de violencia que vivimos hoy tiene múltiples lecturas y causas que van mucho más allá del actual gobierno.
Sobre el informe se hace una lectura general de lo que sucede en Colombia y sus supuestas causas. En todo caso también amañada porque omite varios de los elementos estructurales que inciden esta violencia:
Persistencia del paramilitarismo y el consecuente control social ejercido en los territorios ocupados; fracaso del proceso de paz con las antiguas FARC; conflicto por el acceso a la tierra; conflictos territoriales causados por proyectos extractivos de distinta índole: minería, agroindustria, explotación forestal, energía hidroeléctrica o eólica; pocos avances de la paz total.
Según la Global Witness, esta lectura se aplica a otros países que han liderado la lista desde 2012, no solo a Colombia. Otro dato que debe tomarse en cuenta lo recoge la ONG en un informe presentado el año pasado que resume la violencia contra defensores entre 2012 y 2024: 2.253 personas fueron asesinadas o desaparecidas durante este período.
Colombia ocupa el primer puesto con 509 personas, le sigue Brasil (413), México (222), Honduras (155) y Guatemala (106). La región ocupa el deshonroso primer lugar en todo el mundo con una tendencia histórica.
Justo es decir entonces que la violencia que se cierne contra defensores ambientales en Colombia, por lo menos desde que se elabora de esta ONG, viene acumulándose desde hace más de una década. Con dos ejemplos concretos podemos corroborar este contexto, que ya no solo abarca la seguridad de defensores ambientales:
La disputa territorial y la violencia paramilitar que ensombrece a Santa Marta, la Troncal del Caribe y las adyacencias de la Sierra Nevada se viene incubando desde hace más de diez años como explicamos en estos dos artículos sobre la disputa paramilitar en Riohacha y los retos difíciles de sortear por el Gobierno en el Caribe.
Por otro lado, la violencia del crimen organizado en Atlántico también tiene por lo menos una década de acumulado y se asemeja hoy a la violencia desatada por las AUC a principios de la década de 2000 como bien explica el equipo de investigación de La Liga Contra el Silencio.
9. Nombre mancillado
No solo Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, se siente indignada por el reconocimiento como grupo armado que el Gobierno del presidente Gustavo Petro le dio a las AGC, que ahora será llamado Ejército Gaitanista de Colombia.
Gloria Gaitán entró a una huelga de hambre como forma de protesta por esta decisión. En otras ocasiones, defensores de derechos humanos, víctimas y analistas se han opuesto al uso del nombre de Jorge Eliécer Gaitán por razones más que obvias: las AGC es una organización que heredó el paramilitarismo de las AUC, ideológicamente no tienen nada que ver con el gaitanismo.
Ahora bien, hay una tergiversación en la que han incurrido varios periodistas y la prensa en general. No es que esta organización se autodenominase Clan del Golfo desde siempre. Ellos se autobautizaron primeramente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y en una jugada política y mediática para cambiar su imagen y la percepción pública que se tiene de ellos, en febrero de 2024 pasaron a autodenominarse Ejército Gaitanista de Colombia.
Hacemos esta aclaratoria porque la denominación de Clan del Golfo fue una estrategia iniciada por Álvaro Uribe y continuada por Juan Manuel Santos, con la cual se pretendió lavarle la cara principalmente al Estado para desconocer así que el paramilitarismo continuaba vigente, como explicó el defensor de derechos humanos Javier Giraldo Moreno en esta entrevista.
¿El fin justifica los medios? Parece que no son escuchadas las críticas, aportes o reflexiones de la misma gente que acompaña a Petro en su empeño por construir la paz ¿Se impone el pragmatismo para lograr resultados
