Por: Juan Alejandro Echeverri
Collages: Estefanía Romero
El 7 de agosto de 2022, Gustavo Petro repitió diecinueve veces la palabra paz en el discurso de posesión presidencial que pronunció en la Plaza de Bolívar: “La paz es el sentido de mi vida […] Este es el Gobierno de la vida, de la Paz, y así será recordado […] Para que la paz sea posible en Colombia, necesitamos dialogar, dialogar mucho, entendernos, buscar los caminos comunes, producir cambios”.
El primer error del Gobierno en la materia, fue semántico. El objetivo ambicioso y rimbombante, negociar, desmovilizar, someter y lograr la “paz total” con todos los grupos armados, en principio despertó muchas expectativas entre una porción mayoritaria de la población que le votó. Para mediados de 2023, el primer gobierno progresista de Colombia tenía en marcha cuatro mesas de negociación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc (EMC), bandas criminales de Medellín, Los Shottas y Los Espartanos de Buenaventura; y tres negociaciones exploratorias con la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Tener a los grupos negociando en una mesa eran hechos políticos que le daban gasolina al Gobierno. Pero con el paso del tiempo, sin poder mostrar acuerdos maduros y sin una concatenación estratégica de las distintas mesas, empezaron a ser evidentes los desaciertos en la forma y el fondo. A menos de un año de que Petro termine su mandato, el país, otra vez, vuelve a sufrir un episodio de incendio y guerra total. Los grupos armados tienen presencia en el 71 % de los municipios, cada dos días asesinan un líder social, cada diez días asesinan un firmante de paz y cada cuatro días ocurre una masacre.
Los indicadores humanitarios dan cuenta de que la paz total no cumplió su propósito. Alberto Yepes, vocero de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, considera que el fracaso no tiene una única explicación. Una de las razones, argumenta, se debe a la continuidad de ese matrimonio entre las elites regionales y el paramilitarismo con el fin de mantener un dominio territorial y las rentas de negocios ilegales lucrativos como el narcotráfico, la minería, la deforestación, el tráfico de personas, el tráfico de armas, entre otros. A eso le suma el bloqueo del Legislativo y de las altas Cortes a las reformas económicas, sociales y políticas estructurales que cimentaban la paz. Sin reformas sociales, y con unas elites que ven en la paz una amenaza para sus ansias de lucro, el defensor de derechos humanos considera que no existe un estímulo para que los grupos renuncien a su accionar delictivo, más aún cuando la otra parte negociadora no tenía —ni tiene todavía— un marco jurídico distinto a las altas penas de la justicia ordinaria.
Soraya Gutiérrez, coordinadora del eje de paz del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), agrega que también faltó articulación entre las distintas mesas, las cuales iniciaron en diferentes momentos y se desarrollaron en regiones donde había otros actores armados que no estaban negociando. Tampoco, considera ella, hubo una articulación de la política de paz, la política de derechos humanos y la política de seguridad. Si, por ejemplo, las negociaciones hubieran sido complementarias a la política de desmantelamiento de estructuras paramilitares, o a las estrategias de prevención y de protección para los liderazgos sociales, se habrían generado mejores condiciones en los territorios para el desarrollo de las diferentes mesas.
En el análisis de Jorge Mantilla, investigador y experto en temas de conflicto, el Gobierno se arriesgó por una metodología que consistía en “empezar por el final”, porque desde un principio, como un mecanismo de generación de confianza, se acordaron ceses al fuego bilaterales que no estuvieran atados a una agenda de conversaciones, ni se establecieron unas líneas rojas como el respeto al derecho internacional humanitario y parar las hostilidades contra las comunidades y sus liderazgos sociales. Aunque los ceses disminuyeron de manera notoria las confrontaciones con la fuerza pública, llevaron alivios temporales a ciertos territorios, a la larga la población siguió sometida al flagelo armado de los actores que estaban negociando y aquellos que rechazaron cualquier diálogo.
Ante la pregunta, qué hubieran hecho diferente, Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), responde que “hubiera tenido un plan, una estrategia. Una negociación es difícil, pero múltiples es mucho más difícil. Hubiera tenido apoyo técnico para los equipos mucho más consistente y grande. Hubiera hecho mucho trabajo intermesas, entender cómo una afecta a la otra. Hubiera resuelto lo legal lo más temprano posible. Hay un montón de cosas más detalladas, pero hubiera hecho un gran esfuerzo para entender y conocer con quién estoy sentado”.
Camilo González Posso conoce los pormenores de la paz total. El hoy presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), fue hasta el 27 de junio de 2025 el jefe de la delegación del Gobierno en la mesa con el autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMB) de las disidencias de las Farc, una confederación de estructuras que se separaron del Estado Mayor Central (EMC). “La paz total es un programa para varios años, que no ha sido suficientemente divulgado ni mucho menos entendido. Lo que tenemos es avances en algunos asuntos locales. Pero con grandes dificultades frente a los problemas mayores, que tienen que ver con grandes transformaciones definidas por el Plan Nacional de Desarrollo. El método particular es lo que puede tener ajustes, pero cualquier gobierno, en cualquier momento, no puede renunciar y decir yo trabajo para desestructurar unos y a los otros los dejo para pasado mañana”, asegura el exnegociador.
De su experiencia, admite que una de las principales dificultades para llevar a buen puerto las negociaciones fueron las confrontaciones que los grupos en diálogos mantienen con otros actores por un mismo territorio, sus recursos, sus rutas, y el control poblacional. “Eso ha ido cambiando el eje de la preocupación de estas organizaciones, para concentrarse en sus guerras, en su fortalecimiento militar, en los reclutamientos, en su economía, y no en avanzar efectivamente hacia un acuerdo de transición a la vida civil o de disminución de violencia”.
Otro obstáculo, con el que coinciden casi todas las personas entrevistadas, fue la ausencia de un marco jurídico, lo que frenó cualquier acuerdo sobre asuntos estratégicos, como la dejación o disposición de las armas. Aunque en el caso particular de las negociaciones con el EMB no fue un tema vedado, de entrada esta facción manifestó que no iba a dejar su arsenal bajo los preceptos que se ha hecho en acuerdos anteriores. El gran reto, entonces, era idear un modelo distinto. Para Posso lo ideal es abordar de manera simultánea el asunto de las economías ilegales, la garantía de los derechos a la población civil, el sometimiento a la justicia, la disposición de las armas y la incorporación a la vida civil, a sabiendas de que no todo va a avanzar al mismo tiempo.
El presidente de INDEPAZ recalca además la necesidad de una acción fuerte del conjunto del Estado y la vinculación de la población en las negociaciones, de no ser así, cualquier proceso tendrá poca credibilidad y las negociaciones girarán sobre asuntos meramente militares. Para él resulta inexacto plantear que el aterrizaje postergado del Estado en los territorios, les restó aire a las negociaciones. Según él, los actores armados han impedido grandes inversiones en el Guaviare, el Sur del Meta, Caquetá, y Putumayo. Los proyectos quedaron en el papel porque los grupos exigen un porcentaje a los contratistas a cambio de permitirles la entrada a los territorios: “Se convierte en un freno a la inversión para después decir que el Estado no tiene presencia. Y eso es una contradicción difícil de resolver. Su objetivo es establecer control, y si hay alguna conversación, ser los únicos mediadores […] Es necesario que haya una gran alianza con la gente para esas inversiones. De modo que, con mesa o sin mesa, con cese o sin cese, se acelere la transformación territorial por acción del Estado”.
El ELN
“Yo me hubiera concentrado en la negociación con el ELN, que además debía haber estado precedida por una actualización de lo que es el ELN hoy, cuáles son sus centros de gravedad a nivel de toma de decisiones, a nivel de intereses económicos, cuáles son los distintos formatos del ELN que hoy existen en el país”, plantea Jorge Mantilla.
Los diálogos entre las partes están suspendidos desde el 17 de enero de 2025. Las conversaciones empezaron a congelarse desde el primer semestre del 2024, cuando el Gobierno reafirmó su intención de adelantar una negociación paralela con el Frente Comuneros del Sur, facción que opera en Nariño y se separó del Comando Central y la Dirección Nacional de esa guerrilla. La crisis humanitaria provocada en el Catatumbo a principios de este año por la confrontación entre el ELN y el Frente 33 de las Disidencias de las Farc terminaría por sellar el destino de la mesa.
Delegaciones del ELN y el Gobierno durante la ronda de negociaciones en México en 2023
Una persona que solicitó omitir su nombre y trabajó en una de las mesas técnicas del Comité Nacional de Participación (CNP), instancia que surgió de los acuerdos logrados entre ambas partes, coincide en que el Ejecutivo debió darle mayor relevancia política a la negociación con el ELN, quien “estaba planteando una metodología que implicaba la participación protagónica de la sociedad, que incluso hubiese servido para potenciar toda la agenda de reformas de este Gobierno; eso hubiese desatado un ejercicio constituyente como el mismo presidente Pedro lo ha planteado un montón de veces”.
En lugar de ver la participación como una oportunidad, según la fuente, varias fuerzas de Gobierno obstaculizaron con tecnicismos y asuntos logísticos ese proceso. Otty Patiño, quien hasta finales del 2023 fue el jefe negociador de esa mesa, manifestó desde un inicio su animadversión. Patiño consideraba prioritario concentrarse en el asunto de las armas. “El papel de Otty no es el de un comisionado de paz que busque un proceso de paz integral, sino un hombre que va dinamitando las mesas que pueden tener mayor alcance nacional, para obtener resultados que pueden ser más inmediatos, que todavía en este momento no son inmediatos”.
La fuente considera que la táctica de Patiño, que en teoría es quien debía operativizar la directriz del Gobierno, terminó replicando el modelo tradicional de los anteriores acuerdos de paz: desarme, desmovilización y reinserción: “Ese modelo se preocupa por atender una de las consecuencias del conflicto que son las armas, quitarle las armas a una de las partes en confrontación, sin que se ponga en riesgo ninguna transformación. Ese modelo entiende a las mesas de diálogo como una extensión más de la confrontación político-militar. Entonces ves en una mesa de diálogos movimientos de inteligencia, movimientos para sabotear la mesa, para fracturar al adversario con el que se está dialogando”.
Las disidencias
El 16 de abril de 2023, en las Sabanas del Yarí, Iván Mordisco —por quien el Ministerio de Defensa está ofreciendo $ 5.000 millones de recompensa— rodeado de los mandos de las cinco grandes estructuras que componían el Estado Mayor Central (EMC), realizaron una puesta en escena ante miles de campesinos, en la que anunciaban la instalación de una mesa de negociación para el mes próximo. Jorge Mantilla considera que fue un grave error permitir dicha reunión, con la que intentaron “darle [a las disidencias] una suerte de carácter unitario o de carácter monolítico que no tenían. Al final eso que llamaron Estado Mayor Central fue un artificio del propio Gobierno para poder, al menos sobre el papel, tener un actor unificado con el cual negociar. Eso condujo fue a una fragmentación aún mayor de estos grupos. Hoy tenemos al menos cuatro o cinco disidencias distintas”.
Más que un error, Kyle Johnson considera que el evento del Yarí fue una jugada arriesgada que salió mal. Pues en aquel entonces, el mismo EMC reconocía que las coordinaciones que lo integraban tenían bastante autonomía e independencia; además de diferencias internas que no revelaban en público. “Tratar de fortalecer la cohesión es una espada de doble filo. Si se fortalece la cohesión, negocias y llegas a un acuerdo, puede que ese acuerdo tenga mayor alcance. Pero si la negociación no funciona, puedes tener un grupo fortalecido internamente que te puede hacer daño”. Al final, el EMC volaría en pedazos, sus facciones se fortalecieron militarmente, y las mesas con las facciones que siguieron negociando presentan pocos avances inmediatos.
Iván Mordisco (en el centro) junto a los demás comandantes del llamado Estado Mayor Central en la Sabana del Yarí en 2023
En cuanto a los errores cometidos en las negociaciones con las disidencias, el investigador de Conflict Responses asegura que son muchos, como que el Gobierno no sabía muy bien con quién estaban negociando, pero hace especial énfasis en tres: el primero, dedicar todo un año al acuerdo de cese al fuego sin definir una agenda que abordara otros temas; el segundo, ceder a la exigencia de otorgarles un estatus político, sin exigir nada a cambio; y el tercero, restarle importancia a la estrategia de comunicación que necesita cualquier negociación de este tipo.
Pese a no atravesar por su mejor momento, el Gobierno mantiene en pie las negociaciones con dos disidencias: el Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de Bloques y Frentes, y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que opera en Nariño y Putumayo. Johnson plantea que en el tiempo que le queda, el Ejecutivo no debería intentar lograr un acuerdo final, sino más bien corregir lo que no ha funcionado, avanzar en asuntos problemáticos como el tema jurídico, y encontrar la manera de hacer sostenible las mesas en un próximo mandato.
El cuello de botella de la coca
A diferencia de lo que opinan las y los entrevistados, Estefanía Ciro, experta en drogas y directora del colectivo de investigación A la Orilla del Río, considera que el Gobierno sí tenía una línea clara, “el problema es que no es la que compartimos. Hay una cercanía muy fuerte de la paz total con una mirada muy despolitizada, narcotizada y militarista”.
Para quien además fue coordinadora del área de Narcotráfico, Economía de Drogas Ilegalizadas y Conflicto Armado en la Comisión de la Verdad, faltó una perspectiva que se desmarcara del paradigma convencional con el que se han abordado las economías ilícitas, y atreverse a pensar fórmulas diferentes a las de la sustitución y el prohibicionismo, de manera que no se supeditaran las negociaciones a la reducción de hectáreas, la incautación o la erradicación forzada. “Cuando usted supedita la agenda de paz a los objetivos del prohibicionismo y de la agenda antinarcóticos, su objetivo no es solucionar el problema en el país y la reconfiguración del conflicto. Su objetivo es agradarle y mostrarle a los Estados Unidos que sus intereses se están cumpliendo. Que por supuesto no son los intereses del país, ni son los intereses que van a recomponer las dinámicas de conflicto en el país, al contrario, las va a agudizar”.
En el espinoso asunto de las drogas, el Gobierno utilizó una carta que, según Estefanía, destruye el tejido social y reconfigura el conflicto. Los relatos que ella ha podido recolectar dan cuenta de que, una vez firmados los Acuerdos de Paz con las FARC-EP, la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) dividió a las comunidades entre aquellos que se la jugaron por creer en el programa y aquellos que no. Las confrontaciones entre los mismos cocaleros, que interactuaran en medio de una economía que no se debilitaba pese a que estuviera en marcha el PNIS, legitimó a los actores armados e incendiaron nuevas confrontaciones. Algo similar está provocando hoy Petro con un discurso que divide al campesinado entre aquellos que hacen parte de la “mafia” por no querer erradicar sus cultivos, y otra porción que quiere la paz y tiene intenciones de arrancar las matas.
El reto entonces, plantea la experta, es encontrar una manera de hacer la paz en un contexto en el que los mercados de cocaína no van a desaparecer y van a seguir demandando el producto. “Las economías de la cocaína no son extirpables. Es una falacia creer que el mercado va a desaparecer del mundo porque ataquemos la oferta o aun cuando critiquemos la demanda. Que Petro salga y diga: “es culpa de los europeos”, es ingenuo […] Cuando el Gobierno dice: “me tienen que entregar 30.000 hectáreas [sembradas de coca]”. ¿Esa coca es de quién, del actor armado o de la gente? ¿Se ha conversado eso con la gente? ¿Cómo se refuerza la legitimidad de los actores? Eso quiebra las comunidades, porque son economías territoriales que tienen un reflejo en lo nacional también”.
Altercados entre campesinos cocaleros y soldados en Vista Hermosa, Meta
Además de la sustitución, el Gobierno fue víctima de otra falacia. En su afán de proyectarse como el policía que más cocaína ha incautado en la historia de Colombia, el presidente no se dio cuenta de que las incautaciones generan una demanda artificial que tiene al país en niveles récord de producción. En el 2020 se produjeron 2.000 toneladas y se incautaron 1.400, lo que quiere decir que llegaran al mercado 600. El año pasado reportamos una producción de 3.700 y se incautaron 2.200, es decir que llegaron al mercado 1.500. Esos datos, plantea Etefanía, nos deberían poner a “pensar que tal vez las incautaciones y la sustitución no están disminuyendo la oferta en el mercado, y al contrario están produciendo mayores conflictividades y se está dividiendo más a la comunidad”.
El mercado de la droga atravesó una crisis que afectó principalmente al pequeño campesino cultivador entre 2022 y 2024. Todo estaba dado para que, aprovechando el capital político y las esperanzas que la gente depositó en él, Petro diera un giro radical en el tratamiento del problema. Sin embargo, la investigadora asegura que fueron nombrados funcionarios de dudosa capacidad, los cuales tardaron año y medio en expedir una política de drogas que recriminalizó y reforzó la lógica prohibicionista, y no materializó la transformación territorial prometida. “Cuántas agroindustrias territoriales han inaugurado en territorios cocaleros en estos últimos 3 años, ninguna. Esto lo sabemos hace 10 años, lo que hay que fortalecer son los procesos productivos, el valor agregado y las agroindustrias territoriales. Pero han entregado lo mismo de hace 25 años en el Plan Colombia: productos, materiales, palas y guadañas, que además salen malas y a la gente les tocó devolverlas”.
En su último informe, la ONU contabilizó un total de 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Un estudio del economista Daniel Mejía concluye que el mercado de la cocaína genera ingresos promedio anuales por 15.300 millones de dólares, cifra que representa el 4,2% del PIB nacional, igualando sectores como el de la construcción. Resulta obvio y hasta redundante afirmar que si no se resuelve el asunto de las economías de la cocaína, no habrá paz en Colombia. El motor del conflicto, plantea la experta, es en gran parte la regulación prohibicionista con la que Estados Unidos justifica su injerencia. Somos el país del mundo que recibe mayor inversión de la DEA, y el principal receptor de recursos de actividades antinarcóticos. “Sería ingenuo creer que la estrategia antinarcóticos es para controlar y disminuir la oferta de cocaína en el mundo. En este escenario multipolar, la influencia de las agencias de inteligencia, la relación con la Policía y el Ejército, son fundamentales para tener un control geopolítico de este momento y justo de esta región”, puntualiza Estefanía; quien además agrega que si no hay un viraje en la política de drogas, pueden desaparecer los Comandos de Frontera, el Estado Mayor de Bloques y Frentes, dar de baja o capturar a Iván Mordisco, pero van a aparecer otros actores.
El comisionado
Desde finales de 2024, cada vez son más las colectividades y organizaciones de derechos humanos que han exigido la remoción o la renuncia de Otty Patiño a la Consejería de Paz. Uno de los principales reproches que Alberto Yepes hace de la gestión de Patiño es su negativa a dialogar con las plataformas de derechos humanos y cerrarle la puerta a la participación activa de la sociedad civil en el proyecto de la paz: “La paz hoy requiere una participación decisiva de la sociedad civil. El comisionado tiene que dejar de pensar que los acuerdos de paz van a salir de unas negociaciones con unos grupos armados de manera secreta, inclusive desarrollados en el exterior, o sobre unas agendas que la sociedad no conoce bien, como está sucediendo en el Golfo Pérsico con los paramilitares del Clan del Golfo”.
Los territorios refrendan las afirmaciones de Alberto. Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PdhalSN) asegura que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una entidad que “ni trabaja, ni dejan trabajar. Por más que nos hemos acercado a través de diferentes organizaciones, no fue posible tener una interlocución directa con la Oficina para hablar de los propósitos de la paz total”.
Si del Pacífico dependiera, Otty Patiño también reprobaría el examen. Berenyce Celeyta, directora de la NOMADESC y de la Universidad Intercultural de los Pueblos, organizaciones que desarrollan incidencia y acompañamiento en el Pacífico y el Suroccidente colombiano, señala que el Comisionado no representa una garantía para enrutar el propósito del Gobierno, pues en lugar de desactivar conflictos los ha activado. Sin embargo, también asegura que no se trata solamente de particularizar funcionarios: “En este Gobierno no vemos la coordinación entre las diferentes instancias. Cada una se excusa en la otra, y es un rosario de disculpas frente a la no ejecución de una política pública de prevención, de protección, y una política de paz que realmente genere credibilidad en lo que se dice y en lo que se plantea”.
“Se ha construido un relato de que el fracaso de la paz total es exclusivamente una responsabilidad de Otty Patiño. Creo que no. Si Petro lo sostiene ahí es porque le resulta funcional a los propósitos de este Gobierno. Si no, hace mucho rato lo hubiera sacado como lo ha hecho con otros funcionarios”, plantea la persona que hizo parte de las mesas técnicas del Comité Nacional de Participación (CNP) y pidió omitir su nombre.
Por su parte, Juan Carlos Houghton integrante de la Corporación Ensayos y del Espacio Regional de Paz del Cauca (ERPAZ), plantea que el tono pendenciero y provocador que adoptó Patiño cuando asumió la Consejería generó un clima de molestia en las delegaciones. Sin embargo, considera equivocado atribuirle a él las consecuencias de las decisiones estratégicas: “Esto no significa obviar que algunos comportamientos sean mucho más problemáticos, por su impacto en sabotear o alterar los procesos que pudieran desarrollarse de manera mucho más ponderada, más realista y más efectiva con personalidades experimentadas en procesos de diálogo y portadoras de estilos sensatos”.
Otty Patiño (a la derecha) junto a Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN
Aunque no haya podido resolver la descoordinación entre la política de paz y seguridad, a diferencia de los que reprochan su gestión, Jorge Mantilla valora que Patiño le imprimió un tono de mayor seriedad, compromiso y autoridad a la voz del Gobierno en las mesas. Además, considera que el Comisionado acertó con empeñarse en una paz territorializada y negociar con quien se pudiera, donde se pudiera. “De alguna manera le permitió al Gobierno avanzar de manera despaciosa con algunos grupos. Hubo una salida intermedia mucho más realista a lo que era el planteamiento original, mucho más grandilocuente, de hacer la paz con todo el mundo en todas partes”.
Pese a las críticas que ha recibido la llamada paz territorializada, Kyle Johnson no la considera del todo desacertada. Tampoco le endilga la responsabilidad de todos los errores a Patiño, ni cree que su renuncia sea la solución a las inconsistencias del Gobierno: “Algunos problemas son de él, por ejemplo, el tema de comunicaciones o su visión sobre ciertos temas de la negociación en general, él mismo dice que no entiende las mesas urbanas. Pero hay conflictos y divisiones del Gobierno que no han ayudado. Se necesitaba más claridad y liderazgo de Petro”.
Periferia se comunicó con la Consejeria Comisionada de Paz para conocer la versión de Otty Patiño al respecto. El comisionado, nos dijeron, solo daría entrevistas la proxima semana. Eviamos un cuestionario de preguntas, pero hasta la fecha de publicacion de este reportaje no ha sido respondido.
Las regiones: la Sierra Nevada
A pesar de las divisiones políticas y las prevenciones, según Lerber Dimas, las gobernaciones y alcaldías que confluyen en el macizo montañoso de la Sierra Nevada se montaron de manera genuina al bus de la paz total; más aún cuando la directriz fue clara desde un principio: Mauricio Silva, delegado de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz Total, llevaría la batuta y tomaría las decisiones.
Los primeros meses, la región experimentó momentos de “micropacificacion” que no tuvieron continuidad en el tiempo porque quienes estaban delegados para ello no lograron la convergencia de las gobernaciones y las alcaldías, instituciones y organizaciones sociales de los tres departamentos (Magdalena, Cesar y La Guajira). La capacidad de un equipo de apenas dos funcionarios solo alcanzó para hacer algunos intentos en Magdalena. Las limitaciones humanas impidieron que se materializara lo que proponían organizaciones como la de Lerber: construir un documento tipo CONPES, que asegurara los recursos y condensara los planes de desarrollo en material ambiental y de seguridad para los tres departamentos de manera uniforme.
Tampoco se pudo establecer una ruta ni una articulación clara con la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, la ONU, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para hacerle un seguimiento a lo que se pactaba entre el Gobierno y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), no solo el cese al fuego, también asuntos como la suspensión temporal de las extorsiones. “Hoy la Sierra Nevada no tiene el primer documento técnico de seguimiento al proceso de paz. Cuando este tipo de cosas pasan, se pierde mucha credibilidad y mucha confianza con las organizaciones, con las personas, con las instituciones, porque queda en el aire de que son anuncios vacíos”, asegura el defensor de derechos humanos.
Jose Luis Pérez ‘Cholo’, jefe militar del Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Foto tomada de El Espectador
Las organizaciones de la Sierra Nevada intentaron poner de su parte para suplir las limitaciones operativas. Pusieron al servicio de la paz una red de profesores e investigadores que conocen las problemáticas del territorio, pero el delegado Mauricio Silva desechó cualquier canal de comunicación y cooperación: “Si hay una cosa difícil, difícil, difícil, es hablar con el consejero comisionado para la paz. Nunca está, nunca atiende a las organizaciones”, dice Lerber.
Mauricio Silva, asegura el director de la PdhalSN, se empecinó en que para hablar de paz en la Sierra Nevada era prioritario transformar con inversión el territorio. Voces como Lerber insistían en que no era posible llevar a cabo esas inversiones sin tener la capacidad de convocar a las instituciones, y sin antes parar las muertes, la extorsión, el reclutamiento forzado y los delitos de alto impacto. El delegado hizo caso omiso y firmó dos acuerdos con las ACSN para incentivar las economías populares y prevenir el reclutamiento de jóvenes. Iniciativas muy loables sin una metodología clara que especificara, por ejemplo, quién lo iba a hacer, si se iban a establecer rutas de prevención con el ICBF, que caracterizara qué era una economía popular ―¿un tendero, un mototaxista―, que definiera si por incentivos se refería a capacitaciones o inyecciones de capital.
La animosidad inicial quedó convertida en falsas expectativas y anuncios gaseosos. Hoy los municipios y las ciudades de la Sierra Nevada, y de la región Caribe, tienen uno de los índices de criminalidad más altos del país. “La suerte está echada para este territorio. Creo que ahora al actor armado tampoco le interesa mucho. Todo esto ha pasado por falta de voluntad política, falta de equipo y de metodología de trabajo. Desafortunadamente, no tenemos el tiempo, no tenemos la capacidad, no tenemos la información y no tenemos el apoyo para avanzar en un propósito legítimo. Nos quedamos con la violencia después de 3 años de acciones en búsqueda de la paz total”, sentencia Lerber.
El Pacífico
Lo primero que Berenyce Celeyta plantea es que el techo era demasiado alto, que todo comenzó mal con el nombre. Lo que a su juicio debió plantearse era una paz participativa, territorial, con enfoque de derechos humanos, y que tuviera en cuenta lo que las comunidades han exigido durante décadas.
Tal como lo plantearon en anteriores gobiernos, NOMADEC y la Universidad Intercultural de los Pueblos insistieron en que la paz no podía ser un diálogo exprés e indiscriminado con todos los actores, sin antes abordar dos asuntos de carácter estructural: transformar el modelo de desarrollo neoliberal, que va en detrimento de los derechos de las comunidades; y el modelo de seguridad que ha victimizado principalmente al movimiento social en esta larga guerra.
¿Cómo se puede hablar de paz, si en el caso particular de Buenaventura, una ciudad que le aporta más de 6.5 billones de pesos a las arcas del país, con nueve cuencas hidrográficas, con la mayor biodiversidad por centímetro cuadrado del mundo, solo tiene agua en algunos sectores empobrecidos durante 4 o 5 horas a la semana, y debe trasladar sus enfermos a Cali porque no tiene un sistema de salud de calidad?, pregunta la defensora de derechos humanos.
Una manera de aterrizar una iniciativa de paz al territorio, empezaría, según ella, por cumplir los acuerdos firmados entre el Estado colombiano y los bonaverenses en 2017 después del paro cívico que paralizó el puerto durante veintidós días. Otro punto de partida, acorde con las urgencias de la población, sería, por ejemplo, garantizar el retorno en condiciones de seguridad para comunidades que llevan meses desplazadas y hacinadas en Buenaventura; o recuperar los cuerpos de Abencio Caicedo y Edinson Valencia, dos de los etnoeducadores más representativos de la cuenca del río Yurumangui, presuntamente desaparecidos en 2021 por la estructura Jaime Martínez de las Disidencias de las Farc; grupo que en palabras de Berenyce, se tomó el Pacífico colombiano en las narices de la Armada.
Instalación de los diálogos socio jurídicos en Buenaventura con los Shottas y los Espartanos.
En el caso de Buenaventura, el Gobierno intentó desescalar el conflicto con una mesa de diálogo sociojurídico y una tregua entre las bandas autodenominadas Los Shottas y Los Espartanos. Medida que para Berenyce no aborda lo estructural: “Los jóvenes de nuestro país, que son víctimas de estas macroestructuras criminales, no son con quienes hay que sentarse a dialogar sobre el desescalamiento del conflicto. Existen unas macroestructuras que son las que definen la vida cotidiana de las comunidades, incluido el hecho de nombrar y renombrar grupos que aparecen y desaparecen. Los Shottas y Los Espartanos son parte de esa forma impune de desarrollar la guerra. Por Buenaventura han pasado cualquier tipo de grupos, que mantienen una estructura de mando y de control territorial unificada. Un joven de Buenaventura o de cualquier parte de nuestros territorios, no tiene 30 millones para comprar un arma. ¿Quién es el que maneja estas estructuras? ¿Qué es lo que está detrás? Es allí donde este Gobierno fracasó; y le extendió la voz a quienes no tendría que extenderle la voz en esas negociaciones”.
El Cauca
El 25 de marzo de 2025, la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca registró enfrentamientos, hostigamientos y atentados simultáneos en 9 de los 42 municipios del departamento. Y el 14 de septiembre pasado, contabilizó otra oleada de ataques sincronizados en 8 municipios. Las acciones son atribuidas al frente Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño que hacen parte del Estado Mayor Central de las Disidencias de las Farc.
El Cauca es el departamento que ha sufrido con mayor rigor la escalada militar de los grupos armados reacios a las negociaciones. Según INDEPAZ, de los 478 liderazgos sociales asesinados y los 108 firmantes de paz ultimados entre el 2 de enero de 2023 y el 12 de septiembre de 2025, 203 líderes y 23 excombatientes fueron asesinados en el Cauca, lo que corresponde al 42 % y el 21 % del total respectivamente.
Según Juan Carlos Houghton, estas estructuras armadas regulan la economía y garantizan el ingreso familiar en el departamento, expresan sectores de la comunidad que no encuentran alternativas en los proyectos comunitarios o en el proyecto estatal, cobran impuestos, ejecutan obras públicas y disputan gobiernos locales, lo que los convierte en fenómenos políticos. “La gran mayoría de las formas de la guerra contemporánea ya no se hacen en contra del Estado. Esto genera una tendencia de las organizaciones armadas a disputar el poder a los poderes locales constituidos, sean los delegados por el Estado central o sean los comunitarios que han ido construyéndose, en el caso del Cauca los gobiernos indígenas, los emergentes gobiernos negros y algunas experiencias de poder comunitario campesino. La hegemonía en determinados territorios se resuelve por vía de acuerdos más o menos forzados, pero en la mayoría de los casos se está resolviendo por vía de una muy violenta confrontación contra el poder comunitario territorial”.
Desde octubre del 2024, el Gobierno ha desarrollado varias ofensivas militares en el departamento. Como en otras regiones del país, la arremetida estatal no ha mejorado las condiciones de seguridad de la población. En una confrontación con lógicas milicianas, los grupos se han replegado de manera parcial a zonas aledañas y han respondido con atentados que generan hechos mediáticos que no debilitan al Estado ni a las fuerzas militares, pero desgastan políticamente al Gobierno. Juan Carlos plantea que al ser garantes de las economías comunitarias, “los ataques del ejército contra la base económica de las organizaciones irregulares se perciban como ataques a la base económica de las comunidades, deslegitimando al gobierno de Petro”.
Militares en El Plateado, corregimiento de Argelia, municipio del Cauca
El Cauca es el mejor ejemplo de que en las condiciones actuales, la opción militar no tiene ninguna posibilidad de éxito, ni parcial ni total. Las organizaciones sociales, indígenas, de mujeres y personas LGBTIQ del departamento han optado por impulsar un diálogo regional multiactor y plural por la paz que busca lograr compromisos humanitarios por parte de los actores armados; el desescalamiento de la confrontación; y crear condiciones para recomponer los diálogos entre el Gobierno y los grupos. El integrante de ERPAZ asegura que “el presidente ha dado un leve respaldo a la iniciativa, pero al tiempo mantiene la política de guerra a las organizaciones armadas. En el Cauca no habrá una solución consistente mandando más soldados, más drones, o usando más explosivos. Parar o desescalar la guerra es vital para preservar a unas organizaciones sociales que han sido el soporte de la lucha popular; seguir con esta situación es debilitarlas sistemáticamente, es condenar a las comunidades a un desangre permanente y alimentar una guerra descompuesta”.
Cuando el barco se hunde
Quienes sufren el naufragio de la paz son las organizaciones sociales y las comunidades. En algunos territorios, afirma Kyle Johnson, hay visiones encontradas: muchas personas que eligieron el Gobierno creen que la situación está peor que antes, algunas culpan a Petro, otras a la oposición, y también a los grupos. Pero pese al sentimiento de decepción, la esperanza de la paz sigue siendo una urgencia atemporal.
Todo indica que la conflictividad va seguir, y puede escalar. Para Jorge Mantilla resulta prioritario contener la emergencia humanitaria que viven diferentes regiones, y evitar la expansión del conflicto hacia zonas en aparente calma.
“Estamos en un escenario de paz incompleta. Por lo tanto, tienen que hacerse los ajustes, tomar las lecciones de este periodo y de periodos pasados. Pasar de la paz total a la guerra total, conduce a una situación de mayor violencia, como se demostró en el pasado. No se puede renunciar en ningún momento a la obligación constitucional del derecho a la paz”, afirma Camilo González Posso.
“La paz —complementa Alberto Yepes—, sigue siendo la prioridad absoluta de la Nación. El país no aguanta más transitar por la vía de la guerra. Aunque hay sectores que tratan de desviar la agenda del país hacia una línea dura de seguridad, de fuerza, de violencia, el esfuerzo de todos las demócratas de este país es seguir en este empeño de convencer a la sociedad de que no tenemos opción distinta que la salida política y negociada a los conflictos armados”.
Johnson plantea que “en vez de varios mensajes contradictorios, tiene que haber una voz que dé claridades. El Gobierno pensando en elecciones y pensando en la continuidad política del proyecto de Petro, ha ido por un tono mucho más militarista. Si tienes un tono muy agresivo, puede dañar la confianza. Pero si tienes un tono demasiado suave, eso puede dañar tu poder en la mesa. El error del Gobierno es tener una visión de paz versus seguridad y mano dura, cuando son cosas que van de la mano”.
Los tiempos del conflicto no son los tiempos de la política. Las balas son súbitas, las negociaciones son prolongadas y engorrosas. A todos los gobiernos la historia les exige resultados. Quedan pocos meses para saber si Petro, más por obligacion que por gusto, hace suyo el discurso militarista que tanto critico en el pasado; si opta por un pragmatismo cuyo fin justifique los medios, y pueda ufanarse de acuerdos más publicitarios que estructurales con algunos grupos; o si, por el contrario, se la juega por corregir los errores no forzados y dejar las bases de una paz sólida de largo plazo, aunque los resultados del futuro no se los atribuyan a él. “Un bosque —dijo una autora latinoamericana— es más grande por dentro que por fuera”.
