Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 58)
Por Caribe Investigación
- El estigma y la doble moral
No es la primera ni la última vez que medios de comunicación como El Colombiano y usuarios de las redes sociales se explayan en epítetos para descalificar y estigmatizar a las comunidades de Tasajera, corregimiento de Puebloviejo en el Magdalena, cuando protagonizan un saqueo como el registrado el pasado 31 de mayo a un furgón que transportaba guitarras.
“¿Cuántas serenatas darán en Tasajera con las guitarras robadas? Aquí los mejores memes que dejó la situación”, fue el titular de El Colombiano. En su primer párrafo citó a Gabriel García Márquez para introducir (¿o justificar?) el tema: “Tan surreales son las cosas que pasan aquí que las personas se debaten entre la indignación profunda y las risas a las que conduce el sin sentido de nuestra cotidianidad”.
¿Indignación profunda de la gente o la de ellos como medio, que en los tiempos más oscuros del uribismo defendieron lo indefendible? ¿Portadores de la ética y las buenas costumbres, quienes en la década pasada censuraron e intimidaron a periodistas de su plantilla que cubrían temas de restitución de tierras en el municipio Apartadó, donde accionistas de El Colombiano eran dueños de las tierras en disputa?
A propósito del tema, el usuario de la cuenta X @CaciqueTayro posteó que “los discursos fuertemente clasistas por parte de la progresía cachaca sobre la situación en Tasajera, solo demuestra su desconocimiento de las condiciones estructurales de dichas comunidades, que fueron históricamente expoliadas de la pesca y han sido objeto de discriminación”.
Razón no le falta al usuario. Hacer periodismo o reportar un hecho no significa convertir en circo las tragedias sociales, mucho menos invisibilizar el contexto y antecedentes de lo que se reseña. Estigma y doble moral no es sinónimo de periodismo.
Para hablar de Tasajera con propiedad, los medios de comunicación deben apelar por el periodismo de investigación y de interpretación para que los usuarios puedan entender qué se esconde detrás de estos hechos, aparentemente condenables.
El rostro que nadie quiere ver
En julio de 2020 hubo hecho similar, aunque mucho más trágico. Un vehículo lleno de combustible se volcó cerca del peaje de Tasajera luego de sufrir un accidente. Habitantes se acercaron para recolectar gasolina y el vehículo estalló: más de 20 personas murieron y 60 quedaron heridas.
Pocos medios, entre ellos El Espectador, le dieron una mirada más humana al tema bajo el título “La otra tragedia de Tasajera”. Y es que este evento dejó al descubierto las condiciones de miseria en las que viven las comunidades de Tasajera, quienes se agolpan ante cualquier accidente no porque sean unos criminales, sino porque ven en los vehículos volcados una oportunidad para sobrevivir.
No tienen suministro permanente de agua potable ni de energía, viven hacinados, el problema ambiental se ha venido agravando porque la gente usa la basura como relleno para que la temporada de lluvias no arrase con sus casas.
En retrospectiva, la tragedia es mucho más profunda, y la ambiental no tiene nada que ver con los asentamientos precarios que se levantaron al margen de la vialidad que comunica a Barranquilla con Santa Marta.
Con la construcción de la carretera Troncal del Caribe comenzó uno de los ecocidios más grandes del Caribe colombiano y del país. La construcción de la vía llevó a que se taponaran numerosas entradas de agua salada que se mezclaban con aguas de caños del río Magdalena, mezcla que garantizaba el equilibrio biológico de la Ciénaga Grande.
Se perdieron más de 285 kilómetros cuadrados de bosques de manglar, se registraron varios episodios de mortandad de peces en la década de 1990, varios caños y sectores de la Ciénaga fueron sepultados por gran cantidad de sedimento (esto último aprovechado por grandes terratenientes para expandir sus tierras), en los últimos 40 años ha habido un retroceso de la línea de la costa equivalente a 800 metros.
La vocación pesquera de la Ciénaga fue truncada y las poblaciones de Tasajera, Palmira y Pueblo Viejo se convirtieron en las más pobres de la región, comenzaron a asentarse a orillas de la carretera y a construir casas con materiales precarios, añorando su pasado pesquero promisorio y abundante.
Para colmo de males, en noviembre de 2000 el Bloque Norte de las AUC cometió una de las masacres más espantosas registradas en esta región. En la incursión a Ciénaga Grande asesinaron a más de 50 personas, entre pescadores que encontraban en plena faena de pesca y habitantes de Nueva Venecia. Con la sangre de los muertos los paramilitares escribieron: “Ahí les dejo los aguinaldos, que tengan una feliz navidad”.
Un poco más de empatía y menos burla, más responsabilidad ética y periodística es lo que se necesita para abordar temas como estos.
- Por el desmonte paramilitar
Este fin de semana, organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos protagonizaron el “tuiteratón” por el desmonte del paramilitarismo en Colombia y por el derecho a la vida digna en el territorio.
En este sentido, comunidades campesinas y distintos sectores populares, defensores ambientales y organizaciones sociales agrupadas o en alianza con el Congreso de los Pueblos y el Coordinador Nacional
Agrario (CNA) anunciaron a inicios de esta semana la Movilización Nacional por la Vida y la Permanencia en los Territorios.
En el marco de la convocatoria, los voceros del Congreso de los Pueblos y el CNA dieron a conocer las ocho exigencias que le hacen al Gobierno nacional como cabeza del Estado.
De antemano denunciaron “la arremetida genocida paramilitar contra de las comunidades en nuestros territorios, esta arremetida hace parte de la aplicación de la estrategia imperialista contrainsurgente y antipopular y la aplicación de la doctrina de seguridad, que nos considera como enemigo interno a quienes nos oponemos al régimen y luchamos por una sociedad alternativa”.
Entre las exigencias destacan el cambio de la doctrina de la seguridad nacional (vigente desde la década de 1960), garantías para los liderazgos y las comunidades, mecanismos de protección y autoprotección para líderes, defensores, comunidades y territorios, desmonte del paramilitarismo, mesa de interlocución y cumplimiento de acuerdos.
La movilización, pautada para Bogotá, Chocó, el Suroccidente y el Cesar, se da en el marco de un incremento de la violencia paramilitar en regiones como el Urabá antioqueño, Noreste antioqueño, Valle del Cauca, nororiente, sur de Bolívar, sur de Córdoba, Montes de María, región de los Dos Ríos (Magdalena Medio), sur y centro del Cesar, Sierra Nevada de Santa Marta y sus estribaciones, la Troncal del Caribe, La Guajira, entre otras.
Desde distintas organizaciones se considera que el campesinado colombiano, los liderazgos sociales y ambientales, siguen siendo víctimas del proyecto paramilitar que en otrora casi que exterminó el tejido social en los territorios.
Como escribimos semanas atrás, la arremetida paramilitar de los últimos años, sobre todo desde la asunción de Petro a la Presidencia, tiene como finalidad aleccionar a las clases populares, a los movimientos alternativos y de defensa de la vida, descabezar los movimientos sociales para evitar una irrupción política que termine por hacer saltar los resortes del Estado genocida.
En la mira del Establecimiento están todas las formas de vida y de organización alternativas que se oponen a los megaproyectos extractivos y a todo el circuito de acumulación de capital, y el paramilitarismo sigue siendo afín a los intereses no solo de la oligarquía, sino también del imperialismo estadounidense.
- 3. Política para el desmonte
Es propicia la jornada de movilización para exigir el desmonte del paramilitarismo tomando en cuenta que hace pocos días el Gobierno dio a conocer a través del decreto 0665, la Política Pública y Plan de Acción Permanente para el desmantelamiento de organizaciones criminales, incluyendo las denominadas sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, según reseñó El Espectador el pasado 28 de mayo.
Esta política es una de las grandes deudas del Estado en cuanto al cumplimiento del Acuerdo de Paz de 2016. Es más, se introdujo esta exigencia en aquella negociación con las FARC gracias a las denuncias de defensores de derechos humanos, quienes exigieron al gobierno de Juan Manuel Santos reconocer que el paramilitarismo continuaba operando en los territorios, asediando y exterminado el tejido social.
La violencia contra líderes sociales y firmantes de paz se recrudeció durante el gobierno de Iván Duque, ya que éste no avanzó en la formulación de la política del desmonte paramilitar acordada en la negociación con las FARC, ni tomó medidas para la protección de los liderazgos y comunidades.
Este decreto y su publicación pasó casi que de agache. Sin embargo, tiene cuatro componentes claves orientados al desmonte del paramilitarismo: desmantelamiento de estructuras y redes de apoyo; contribución a la transformación del Estado; acción integral del Estado; monitoreo y evaluación.
En cuanto al desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y la contribución a la transformación del Estado, sin embargo, no entregan detalles sobre cómo lograrlo ni a través de cuáles mecanismos, mucho menos habla sobre una política para el desmonte del paramilitarismo como política de Estado.
Esta última es la principal exigencia del movimiento social colombiano, de líderes sociales y defensores de derechos humanos: desmontar la doctrina de seguridad nacional y la política contrainsurgente y contrasocial asumidas por el Estado desde la década de 1960 por orientación de los Estados Unidos; así como derogar todos los manuales de contrainsurgencia vigentes hasta hoy.
Tampoco existe claridad si esta política estará relacionada o tenderá puentes con el recién creado Observatorio sobre las formas del paramilitarismo. Lo cierto es que el anuncio cobra importancia especial por toda la arremetida paramilitar que vienen sufriendo las comunidades en los distintos territorios, y porque la defensa de la vida de los liderazgos sociales y las comunidades fue una de las principales banderas del Gobierno del Cambio.
- Clamor del Sur de Bolívar
A pesar de la visita de principios de mayo de una misión humanitaria conformada por delegados del Gobierno y del ELN para constatar la crisis humanitaria en el sur de Bolívar, la situación sigue siendo delicada.
La semana pasada, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos alertó que se está viviendo una arremetida en territorios estratégicos del departamento de Antioquia y al sur de Bolívar, “cuya finalidad es el control para fines extractivistas”.
El 22 de mayo, resalta la denuncia, paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) incursionaron en el caserío de la vereda Minguillo, ubicado entre los municipios de Santa Rosa del Sur de Bolívar y El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, “generando gran temor y zozobra en la población civil”.
En su avanzada, explican en el comunicado, las AGC emprendieron una estrategia de rodear el territorio para desplazar al ELN y las disidencias de las FARC. “Tienen diferentes grupos avanzando por la vereda Mina Nueva del municipio Segovia, y otros ubicados en el punto conocido como La Corona, por la vía que conduce del municipio El Bagre hacia Guamocó”.
También tienen avanzadas en las veredas Catalina, las Nieves, el Golfo, Pueblo Gato, el Alto del Lechal y San Juan de Río Grande, por la vía que conduce de Santa Rosa del Sur hacia Guamocó. “Van en forma de circunferencia cercando la región de Guamacó con el objetivo de tomarse el corregimiento minero de la Marisoza”, advierten.
Las denuncias sobre la crisis humanitaria del sur de Bolívar y la avanzada paramilitar en el territorio han ido acompañadas de llamados al Gobierno nacional para que investigue la connivencia entre las AGC y
militares acantonados en el territorio, específicamente de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte. Hasta hoy, el Gobierno no ha tomado ni una sola decisión al respecto.
El panorama que describe la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos se repite en otros territorios de Colombia, donde las AGC mantienen un férreo control o han avanzado a sangre y fuego para consolidar nuevas regiones. Algunos analistas enfocan el tema a partir de dos variables bastante discutibles.
Limitan el avance de las AGC por el Magdalena Medio hacia el sur del Cesar como una estrategia para entrar a disputar la región del Catatumbo y los cultivos ilícitos de esta zona, reducen el análisis a una mera expansión por control territorial con fines económicos.
Olvidan dos elementos. Si se revisa el mapa de crecimiento y expansión territorial actual encontramos similitudes al de las AUC entre la década de 1990 y 2000, y éste implica no solo el Magdalena Medio, el nororiente y el oriente, sino todo el norte de Colombia, lo que nos lleva a concluir que existe un interés implícito por copar todo el corredor fronterizo con Venezuela que, por añadidura, está dentro de los planes de desestabilización que Estados Unidos ha venido ejecutando contra nuestro país hermano.
Lo segundo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el crecimiento y consolidación del paramilitarismo en la actualidad responde a un interés de control social de todas las capas poblacionales que adversan el proyecto depredador y genocida del Estado y el Establecimiento colombiano.
- Inseguridad en Santa Marta
La orden de la Alcaldía de Santa Marta orientada a la movilización masiva de la Policía y el Ejército para patrullar las calles de la capital del Magdalena ante la ola de inseguridad y crimen en general, no dará ningún tipo de resultados. Es lo que suelen hacer los gobernantes de las principales ciudades del Caribe los últimos años sin encontrar ningún tipo de resultado.
Parte del conflicto social y armado se comenzó a concentrar en las principales ciudades del país desde hace una década y los métodos con los cuales se le pretende hacer frente son totalmente errados. Lo mismo viene sucediendo en Cartagena, Barranquilla, Malambo, Riohacha, Sincelejo o Valledupar, incrementa la violencia, el crimen, el sicariato y anuncian aumentos de pie de fuerza que no reducen para nada los índices de criminalidad.
Lo que sucede en Santa Marta responde a un acumulado de violencia de años vinculada al narcotráfico, la delincuencia organizada, la disputa por el control de la renta de la extorsión, el no desmantelamiento del paramilitarismo, la confrontación paramilitar entre las AGC y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada por el control de la ciudad y la Troncal del Caribe que conecta con La Guajira.
Al cierre de mayo se habían contabilizado 84 homicidios desde enero de 2024, la cifra más alarmante de los últimos años.
- La victoria de Turbaco
La movilización social de las comunidades de Turbaco, Bolívar, de comerciantes, transportistas y miembros del Comité anti peaje, obtuvo una victoria ejemplar pero circunstancial. El Gobierno suspendió temporalmente el cobro de peaje pata vehículos de categorías I y II, y estableció mesas de trabajo para encontrar soluciones concertadas a la crisis.
Por la suspensión del cobro durante el mes estipulado, la Agencia Nacional de Infraestructura compensará aproximadamente al concesionario con $3.007 millones. Soluciones tibias que en nada cambiarán la realidad de Turbaco y del país: un puñado de familias ricas controlan la vialidad y movilidad de Colombia desde la década de 1990, amparados por la Constitución y la ley.
La misma salida temporal encontró el Gobierno al anunciar el pago de la deuda con los operadores de energía para el Caribe, Afinia y Air-e, sin tocar de fondo el régimen tarifario impuesto durante la administración Duque, que es lo que exigen distintos sectores sociales y económicos afectados por las altas tarifas de energía.
Ambas medidas dan cuenta de las condiciones pocos favorables que tiene el Gobierno para cambiar algunas realidades en el Caribe y el país. Desde las instituciones del Estado han boicoteado sus intentos de reforma para superar la crisis humanitaria en La Guajira, modificar la CREG o cambiar las reglas de juego en el cobro de las tarifas de energía; tampoco puede hacer nada para cambiar el régimen de concesiones viales vigente desde la ola neoliberal de la década de 1990.
