Por Antonia Bedoya Zuluaga
El 15 de febrero una mujer fue brutalmente agredida en El Retiro, oriente de Antioquia. Solo 10 días después, el caso salió a la luz pública porque las autoridades municipales prefirieron mantenerlo en silencio antes que brindarle un acompañamiento adecuado. A pesar de las dilaciones y los retrasos para llevarla a un centro de salud de primer nivel, el cuerpo de Janeth resiste, lucha por su vida en estado de coma en un hospital de Rionegro.
Este no es un caso aislado, en lo que va del 2024 el Observatorio de Feminicidios ha registrado 64 mujeres asesinadas y 39 intentos no consumados, más de una agresión de este tipo por día. Este, como algunos otros casos esporádicos cobran especial visibilidad por la crueldad de los actos. Sin embargo, ninguno de estos casos merece menos atención porque hacen parte de la misma problemática: muertes violentas de mujeres provocadas por hombres.
El 15 de febrero, Janeth fue rescatada por los bomberos del Retiro, estaba irreconocible por las heridas. A pesar de su grave estado de salud, fue llevada al hospital local de tercer nivel, el San Juan de Dios de El Retiro. Solo por la petición de su familia, fue trasladada a uno de primer nivel en Rionegro, donde se encuentra aún sin recuperar la consciencia.
La atención del municipio en materia legal y de seguridad ha sido mínima, solo se ha centrado en ofrecer ayuda psicosocial a las y los familiares de Janeth. La casa de la mujer de El Retiro es cómplice del silencio. No ha brindado un acompañamiento cercano y sororo. Las respuestas son protocolarias y pareciera que no están preocupadas por buscar justicia para el caso. “Nosotras no tenemos ninguna responsabilidad jurídica, es de orientación en la ruta y de acompañamiento psicosocial. Lo que son datos específicos del caso, de los hallazgos, de todo eso, ni tenemos certeza, ni podemos difundir”, aseguró Maria José de la casa de la mujer.
El sábado 24 de febrero, bajo petición de su familia, dada la sensación de negligencia en el proceso penal, se convocó a una velatón en el Parque del Retiro para darle visibilidad al caso y presionar la atención de la justicia. Fue gracias a este acto que el caso salió a la luz pública. Ese mismo día, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, trinó al respecto en X (antiguo Twitter): “Una mujer en El Retiro fue víctima de violencia de género. El cobarde, que casi le provoca la muerte, ya está judicializado. Su captura será pronto, me reporta la Policía. Estaré atento para que eso tome lugar.”
Cuatro días más tarde, el secretario de gobierno de El Retiro, Andrés Felipe Puerta Salazar, contradijo lo trinado por el gobernador: “En este momento que se tenga un proceso de judicialización, no. En este momento no hay una persona capturada, aunque las investigaciones obviamente están caminando. Nada más ayer estuvo una unidad del CTI acá en el municipio haciendo trabajo de campo.”
Este tipo de atención difusa y dilatadora tampoco es una excepción. La impunidad patriarcal es sistemática, incluso en los casos que generan más conmoción. La respuesta y la activación de rutas puede ser aún más precaria en los casos menos mediáticos, y aunque en teoría existe una ruta, en la práctica esta suele ser un saco roto de denuncias.
Un asunto interseccional
Para el Observatorio de Feminicidios este concepto necesita una visión más amplia de la que indica la ley: “Para nosotras los feminicidios no solo ocurren por los comportamientos patriarcales, que efectivamente están presentes. Pero también hay otras causas que se evidencian en los feminicidios. Esa muerte violenta está inmersa en muchas lógicas y formas de organización social que no podemos excluir”, asegura Carol Rojas, directora de la Red Feminista Antimilitarista y miembro del Observatorio de Feminicidios.
Para entender el contexto completo de este fenómeno social, es necesario reconocer las relaciones desiguales que históricamente les han servido a los hombres para ejercer dominación: “Una de ellas obviamente es la relación asimétrica entre hombres y mujeres, o en el mundo masculino sobre todo lo que sea feminizado. Otra de ellas es del orden racial, donde los hombres blanco mestizos tienen más valor social que las mujeres negras indígenas. Por último, un orden económico, que implica que la mayoría de feminicidios en este país son cometidos en contra de mujeres empobrecidas”, agrega Carol.
No somos un grupo, somos la mitad de la población
Atender con perspectiva de género estos casos no debe implicar ser atendido por un grupo cerrado de mujeres o personas que se especialicen en el tema. Esto lo demuestra el caso de Janeth, en el que, aun teniendo una casa de la mujer municipal, con personas supuestamente aptas para reaccionar en estos casos, no supieron acompañarlo correctamente, bien sea por incapacidad, falta de voluntad o coacción.
“La perspectiva de género no es atender a un grupo, sino que es entender un lenguaje y una dimensión desigual de la vida, de la forma en que se estructura la vida. Entonces si hay unas personas especializadas que se encargan de eso, hay otras que no lo estarán. Es que no somos un sector, ni somos un grupo, somos la mitad de la humanidad. Es un poder que debemos entender cómo funciona y cómo contrarrestarlo, no solamente una pequeña parte de personas, sino que debe ser una visión estructural. Ese es el reto”, manifiesta Rojas.
Antioquia, el departamento más feminicida
En los informes del 2022 y 2023, el Observatorio indicó que Antioquia fue el departamento con mayor número de feminicidios, este año parece que no va a ser la excepción. En lo que va del 2024 es el departamento con más casos.
La explicación que se da desde el Observatorio apunta a que en un lugar donde el uso de la fuerza es protagonista en el ejercicio del poder, y hay tantos hombres en armas, la violencia hacia las mujeres se agudiza. Todas las estrategias y métodos de violencia que se emprenden en las disputas por el control político y económico se replican en las preexistentes relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.
Esto explica además por qué en cualquier contexto, incluso en los de violencia desmesurada como el conflicto armado, ser mujer implica unas vulneraciones particulares, que además se ven acentuadas en mujeres empobrecidas y racializadas: “En Colombia hay bandas criminales que operan también con el narcotráfico, y que si bien su intención no es asesinar a las mujeres, su intención sí es disputar poder económico, político y social, y lo hacen bajo las estructuras que ya venían antes: patriarcado, racismo y clasismo. En estos contextos la muerte violenta de una mujer puede parecer que simplemente fue porque la mataron, pero nosotras consideramos que las dimensiones de ser mujer están en todas partes, y que los feminicidios tienen que ver con todas esas formas de ser mujer, que están atravesadas también por la militarización de la vida en este país desde hace varios años.”
Además, es muy fuerte la presencia del segundo estado en Antioquia —término acuñado por la antropóloga Rita Segato-, que se refiere a los estados paralelos que regulan la vida social para obtener ganancias de ellos. Eso dificulta que los gobiernos municipales y departamentales logren enfrentar esta forma de poder que cobra la vida de mujeres.
Y en lo rural qué
Hay un gran subregistro en términos de lo rural. La fuente más confiable para el registro de casos de feminicidios es el Observatorio, y la principal fuente suya son los periódicos digitales, los cuales suelen tener mejor cobertura en los cascos urbanos. Los datos de la Fiscalía suelen tener un subregistro mucho mayor, pues solo puede catalogarlo como feminicidio después de que se haya cerrado el caso. Es decir, en la menor parte de los casos y mucho más tarde.
Otro agravante es que los casos que más generan revuelo suceden en los cascos urbanos, dejando a las mujeres rurales altamente desprotegidas, incomunicadas o lejos de mecanismos de reacción y acción, y de la fuerza de la luz pública. A las mujeres en la ruralidad solo les queda la fuerza de agrupaciones y colectivos locales que puedan ayudarlas a alzar su voz.
Seguimos desprotegidas, no más impunidad patriarcal
La peor forma de revictimización de las familias es una atención tardía y solapada con los agresores. Esto se hace evidente en el caso de Janeth, en el que la familia en medio de su dolor tiene que recurrir a métodos como la velatón para ponerse en el ojo de la opinión pública y así presionar a las autoridades.
Los casos de violencia necesitan ser atendidos con urgencia para que las mujeres y sus familias estén seguras. La burocracia oficial parece ponerse en contra de las víctimas, incluso en algunos casos juzga a la mujer con sesgos morales. “Necesitamos un Estado que haga lo que ya está en la Constitución, que pare un poco los juicios morales, que son además juicios patriarcales y conservadores sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Pero, además, que actúe de forma efectiva, eficiente y con celeridad para poder evitar esto”, manifiesta Carol Rojas.
Como informa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe Violencia Feminicida en Cifras: América Latina y el Caribe (2023), los Estados también son responsables de actos privados si no adoptan medidas adecuadas para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar estos actos de violencia y aportar a una reparación.
Este informe hizo énfasis en la importancia de la recopilación de datos referentes a la información sociodemográfica de las víctimas y los victimarios, modus operandi y, “especialmente, si la víctima había presentado alguna queja o denuncia previa contra el agresor”. Aunque Colombia quede “bien parada” con los mecanismos presentados, entre ellos el protocolo de valoración del riesgo de violencia mortal contra mujeres por parte de su pareja o expareja, realizado por Medicina Legal, en la práctica, cuando se aplican, estos mecanismos rara vez ponen a la mujer en un lugar más seguro. Y, peor aún, en muchos casos las mujeres ni siquiera conocen sus derechos o temen activar estas rutas.
“La información oportuna puede salvar vidas, por lo que el desarrollo de mecanismos de seguimiento, la interoperabilidad de la información y los sistemas de valoración de riesgos y peligro individual, junto a las alertas de la violencia feminicida, son prácticas promisorias que están implementando algunos países y pueden ser extendidas a otros países de la región”, indicó la Cepal en su informe.
Una lucha más que vigente, necesaria
Lamentablemente, es muy probable que, en el tiempo transcurrido entre la redacción de esta nota y la impresión de estas páginas, los datos del Observatorio ya estén desactualizados. Las tentativas o casos consumados de feminicidio aumentan casi que todos los días sin parar. Ojalá que también Janeth haya recuperado su consciencia sin mayores consecuencias para su salud.
El año pasado ocurrieron 525 feminicidios en Colombia, la mayoría de estos casos en las casas de las víctimas. Aunque fue el año con menor número de casos desde el 2018, las cifras no dejan de ser alarmantes, hubo más de un feminicidio por día. La recurrencia de estos casos no puede significar que normalicemos esta oleada de violencia feminicida, es nuestra responsabilidad no bajar la guardia, crear redes de apoyo y hacer el trabajo feminista desde donde sea que actuemos.
Las mujeres no estamos solas, pero no nos cuida la policía, nos cuidan nuestras amigas y las colectivas y organizaciones feministas que día a día trabajan para conquistar y garantizar nuestros derechos. Mientras el conteo siga aumentando, también lo hará la fuerza que moviliza a las mujeres a tomarse las calles, las curules y la cultura.
