Por Isabel Preciado Ochoa
La historia de Guacamayas se entrelaza con el presente y el futuro de la transición energética en Colombia. En 1983, la construcción de la primera microcentral hidroeléctrica en esta inspección, ubicada en el municipio de San Vicente del Caguán, marcó un hito histórico para la región. Hubo alegría en la comunidad por el avance, era el primer poblado de la zona que tendría energía eléctrica a través de una turbina. La luz atrajo muchas personas de otras partes. El crecimiento de la población provocó tensiones y desafíos adicionales debido a la infraestructura, servicios y recursos disponibles.
Las obras complementarias de la microcentral hidroeléctrica desviaron y redujeron el caudal usado de la quebrada Guacamayas, disminuyeron la cantidad de peces y modificaron los ciclos naturales del agua. Pese a que se realizaron estudios ambientales y se protegió el caudal ecológico, entre otras medidas que en teoría iban a mitigar estos impactos, fueron y son evidentes los cambios en los ecosistemas locales y la biodiversidad de la zona.
Con el pasar de los años, la alegría se ha disipado, pues son más los problemas que han tenido que sortear con la microcentral. Hoy la comunidad no cuenta con suministro eléctrico permanente y confiable. Electrocaquetá, el prestador del servicio de energía, quien administra, opera y es el responsable del mantenimiento del proyecto, dice no tener la capacidad para operarlo. Las interrupciones constantes del servicio estropean los electrodomésticos, daña los alimentos, limita el acceso a internet, genera una sensación de inseguridad en las noches, impacta en el normal desarrollo de la vida cotidiana.
Contexto histórico de Guacamayas
Según los relatos de líderes locales como Davier Vargas, Guacamayas, que hoy está compuesta por un aproximado de 2.100 personas, comenzó a poblarse alrededor de 1889 con la llegada de un explorador que buscaba el árbol de quina, pero terminó descubriendo gran cantidad de árboles de caucho. Los primeros caucheros que llegaron en 1890 establecieron el primer campamento conocido como Valle de La Estrella, que posteriormente se convirtió en la hacienda La Estrella, heredada por Hernando Turbay, hijo de Abbas Turbay, un migrante libanés que se estableció en el Caquetá a comienzos del siglo XX.
Los caucheros, conocidos como “terciarios”, transportaban la materia prima hasta Campoalegre, en el departamento de Huila, después de arduos recorridos que podían durar hasta ocho días. Esta actividad atrajo a numerosos trabajadores y colonos, contribuyendo al fortalecimiento de la economía, la ampliación de la frontera agrícola y el aumento poblacional. La bonanza cauchera finalizó alrededor de 1914.
La Guerra de los Mil Días también tuvo un impacto significativo en la región. Nuevos pobladores llegaron en busca de refugio. En 1916, colonos antioqueños, como Jorge Robledo y Víctor Garay, pisaron Guacamayas con la intención de dedicarse a la ganadería, lo que marcó una nueva tradición productiva en la comunidad. Otros datos registrados, como las misiones religiosas entre las que llegó el sacerdote Pacífico Villanova, plantean que Guacamayas fue fundada el 25 de diciembre de 1921 por caucheros de la casa Perdomo Falla, quienes venían del Huila.
Es importante destacar, tal y como lo señala Teófilo Vásquez Delgado, que este precedente sentó las bases para el actual modelo ganadero, la élite regional que se consolidó en el piedemonte del Caquetá y las oleadas de colonizaciones espontáneas y dirigidas. “Muchos de los caucheros se convirtieron posteriormente en ganaderos que adquirieron sus tierras en el proceso de adjudicación de baldíos durante los años veinte y treinta”.
Como a lo largo y ancho de Colombia, el conflicto armado vivido desde mediados del siglo XX dejó una huella profunda en la zona. El Plan de Desarrollo Sostenible 2022-2032 señala que la violencia de los años 50 impulsó migraciones hacia la Amazonía, específicamente hacia el Caquetá, donde varios de sus territorios se establecieron como refugio para poblaciones que huían de la violencia partidista en las zonas andinas. En este periodo también tuvieron lugar procesos migratorios promovidos por el Estado para expandir la frontera amazónica y aliviar tensiones sociales y económicas en las regiones andinas. Sin embargo, en esta zona se replicaron las dinámicas de violencia por la llegada de bandoleros, exguerrilleros y la formación de autodefensas campesinas. Guacamayas, debido a su historia política liberal, fue quemada por los conservadores en 1951.
Entre los años 80 y 90, la construcción de la microcentral hidroeléctrica y la construcción de una vía en 1994 trajeron nuevas dinámicas a la comunidad. El contexto actual de la inspección se caracteriza por actividades económicas pecuarias y en menor medida agrícolas. Anteriormente, la agricultura dominaba el paisaje, con cultivos de maíz, plátano y yuca como principales fuentes de sustento. En los años 90, el café se convirtió en el motor económico del pueblo y dio lugar a una época de auge que se extendió hasta principios de los años 2000. En este mismo periodo se registró un ascenso en los cultivos de coca.
La ganadería ha retomado su posición predominante. La expansión de las cabezas de ganado y los cultivos de coca han incremento la deforestación. Los habitantes manifiestan especial preocupación por la reducción significativa de los hábitats naturales, y de especies como los chigüiros y venados, que han sido tradicionalmente cazados para el autoconsumo.
En Guacamayas la carne se procesa en un matadero antiguo, donde se sacrifican dos reses semanalmente, además de uno o dos cerdos. Esta actividad es parte fundamental de la economía local, pues además proporciona alimentos básicos para la comunidad, siempre y cuando tengan la energía necesaria para su refrigeración. Dos horas y media de travesía por una vía sin pavimentar separan Guacamayas de San Vicente del Caguán, uno de los centros poblados y económicos más importantes de Caquetá. Distancia que puede influir en la dinámica económica y social del pueblo, y, por tanto, en el limitado acceso a servicios y oportunidades de los habitantes.
Energía que no conecta
A los problemas en las conexiones terrestres, se le suma la desconexión eléctrica de Guacamayas. La condición actual de la microcentral enciende múltiples interrogantes. En 2014, CORPOAMAZONIA otorgó una concesión de aguas superficiales al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE). Entre otras cosas, la resolución menciona que el sistema de la microcentral de Guacamayas “sería respaldado con una planta diésel de 75 kilovoltios amperios (KVA), la cual apoyará el suministro de energía en caso de ser necesario”. Sin embargo, las personas entrevistadas manifestaron nunca haber contado con dicha planta. Y se preguntan además si acaso estaba incluida en el contrato que IPSE firmó con la empresa Gestión Energética S.A E.S.P. (GENSA) en 2013, por un monto de $1.923.000.000, para “revisar, actualizar y/o estructurar proyectos para el incremento del servicio de energía en localidades de las zonas no interconectadas”. El contrato en mención, dicen las fuentes consultadas, se destinó a mejoras en el canal por donde fluye el agua hacia la planta generadora. Se realizó también una mejora en la infraestructura de la casa de máquinas, pero no se proporcionó el equipo de respaldo necesario en caso de emergencia.
El 24 de enero de 2024, la comunidad envió derechos de petición al IPSE (con número de radicado DOC-2024124-WA014), al Ministerio de Minas y Energía (con Radicado 1-2024-003214), y a la Unidad de Planeación Mineroenergética (UPME) con Radicado (20241110012312). Al IPSE le solicitaron información detallada sobre el convenio firmado con GENSA en 2013, y responder por qué a pesar de la inversión realizada las condiciones de la microcentral no mejoraron. También pidieron explicaciones sobre el contrato 143 del 2021 firmado con ENERGUAVIARE, pues no se sabe cuál fue la ejecución financiera con respecto al desarrollo del proyecto, si fue liquidado, si va a continuar o no. A las otras dos entidades, la comunidad les solicitó una solución que garantizara el suministro de energía; la creación de una mesa consultiva para garantizar su participación activa en cualquier acción que pretenda mejorar el servicio; y una socialización y capacitación para determinar la viabilidad de su participación en la conformación de las llamadas comunidades energéticas, una de las estrategias claves en la transición energética propuesta por el gobierno.
Los habitantes están frustrados por las evasivas de las entidades involucradas. Las respuestas no han sido claras, tampoco se anuncian soluciones concretas al problema, lo que genera desconfianza hacia la institucionalidad responsable. En menos de 10 años, el presupuesto asignado a mejorar la microcentral y el servicio de energía asciende a cerca de $3.515.892.915, sin que se haya logrado garantizar el suministro eléctrico confiable y permanente.
Una comisión de la comunidad viajó a Bogotá para reunirse el 6 de febrero de 2024 con varios funcionarios del IPSE, incluido su actual director, Danny Fernando Ramírez Bastidas. El esfuerzo fue en vano, pues no consiguieron respuestas alentadoras. Sobre la ejecución presupuestal pagada a Energuaviare por el contrato 143 del 2021, les informaron que las dificultades de orden público solo permitieron ejecutar un 9,8% del presupuesto asignado, así sin más detalle.
Una transición energética justa y popular en Guacamayas
El 11 de febrero de 2024 se reactivó el servicio con un arreglo provisional en la planta, pero Electrocaquetá, el operador y administrador actual, manifestó no tener la capacidad para seguir prestando el servicio a la comunidad.
Dado el potencial organizativo y los conocimientos técnicos de algunas personas de la comunidad en el manejo de la microcentral, sería estratégico involucrarlos en el pilotaje de un proyecto en el marco de las comunidades energéticas, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo mediante el Decreto 2236 de 2023. Definidas como “formas de asociatividad entre usuarios y/o potenciales usuarios de servicios energéticos”, con el propósito de generar, comercializar y usar de manera eficiente la energía; mejorar y garantizar el acceso del servicio de las poblaciones vulnerables; democratizar la energía a partir de la participación de los usuarios; descentralizar la generación, el almacenamiento y el consumo; “desarrollar la economía local y territorial en el marco del desarrollo sostenible”; y fomentar modelos energéticos “respetuosos con el medio ambiente”.
Desafortunadamente, las entidades optaron por derivar la responsabilidad o callar. El Ministerio de Minas y Energía remitió la solicitud al IPSE, mientras que la UPME la trasladó al Ministerio de Minas. El IPSE, a pesar de haber excedido todos los tiempos legales para responder el derecho de petición, aún permanece en silencio. Este círculo vicioso y burocrático impide aprovechar los conocimientos e historias previas de las comunidades para dar pasos reales hacia una transición energética que sea justa y vinculante.
La comunidad aspira que al reparar los daños que impiden el correcto funcionamiento de la microcentral, puedan interconectarse al Sistema Nacional de Interconexión (SIN), generar y utilizar su propia energía, y enviar excedentes al SIN. Por eso llenaron el formulario dispuesto en la página web del Ministerio de Minas y Energía a través del cual los territorios pueden postularse al programa de comunidades energéticas. Una de las preguntas pide aclarar el grado de avance del sistema energético que se quiere implementar en el territorio, Guacamayas detalló la situación de la microcentral. Desde el Ministerio les respondieron que iban a programar una visita para valorar la viabilidad de conformar la comunidad energética, y que además estaban considerando la idea de instalar paneles solares para satisfacer la demanda energética de la inspección.
La respuesta da cuenta de las decisiones precipitadas que pueden tomarse en Bogotá, sin tener en cuenta las condiciones naturales más favorables, los deseos de las comunidades, las dinámicas culturales, ni los proyectos energéticos ya existentes en sus territorios. Una de las preocupaciones centrales es que las comunidades energéticas puedan ser aprovechadas por las empresas prestadoras de servicios, que históricamente han dominado en las zonas no interconectadas (ZNI). Además, no es claro cómo hará el gobierno para que el rentable negocio de las tecnologías fotovoltaicas no lo monopolicen y capitalicen unas pocas empresas, desvirtuando así el verdadero propósito.
Vale la pena señalar que, dado el auge de las nuevas tecnologías energéticas, especialmente la energía solar, poco se menciona el costo ambiental asociado con la extracción de minerales necesarios para su producción. Tanto las baterías como los paneles solares, cuyo material principal es el litio, tienen una vida útil de menos de 10 años, incluso en condiciones óptimas de mantenimiento. Estos aspectos, entre otros como la disposición final de los residuos electrónicos una vez acaba su vida útil, parecen pasar desapercibidos en las decisiones actuales.
Transitar a formas populares y autónomas de producir y consumir la energía es un cambio fundamental para disminuir las desigualdades sociales, los conflictos territoriales, las injusticias energéticas y aportar en la reducción de los impactos que producen y profundizan la crisis climática.
Dado que el gobierno ha reiterado que la transición energética tiene especial interés en proteger de manera decidida las comunidades vulnerables, para demostrar su compromiso con poblaciones como la de Guacamayas, deberá establecer un diálogo transparente y claro con la comunidad, dar pronta respuesta a las inquietudes, mejorar las condiciones actuales de la microcentral, proporcionar servicios de calidad, cumplir con las promesas de interconexión previamente establecidas —requerimiento reiterado que hace la comunidad—, y achicar la brecha energética, que le impide a sus habitantes fortalecer sus actividades productivas, sacar provecho de sus queseras, mejorar sus oportunidades comerciales, y tener acceso permanente a las telecomunicaciones, privilegio del que hoy solo gozan algunas familias que tienen sus propias plantas diésel.
Anteponer la posición de la comunidad de Guacamayas resulta clave en este proceso, sobre todo por la capacidad organizativa de la población involucrada. El gobierno, representado por el Ministerio de Minas y Energía y sus unidades adscritas, tiene ahora el reto de demostrar la verdadera aplicabilidad y sostenibilidad de su política, así como su voluntad de tomar decisiones acordes a los contextos y los deseos de los territorios. Es fundamental que se subsanen y eviten errores cometidos en el pasado, y, sobre todo, que se reduzcan los costos sociales y ambientales de la energía. El diálogo y la construcción colectiva con comunidades locales como la de Guacamayas deben ser prioritarios para aclarar el camino de la anhelada y necesaria transición energética. De no ser así, todo terminará en una reconversión tecnológica.
