Por: Natalia Bedoya Alcaraz
Fotos: Laura Isabel Marín y David Alejandro Pérez
En la casa de Lázaro Bitucay Murri saluda de primera una perra. Volea la cola y anda detrás de quien pida permiso para entrar, oliéndole y pidiéndole caricias. Hay dibujos de hombres y de corazones en las paredes de tabla de la entrada, ropa colgada en el corredor y una cocina amplia con fogón de leña en la parte de atrás. Después de la perra, viene seguida la sonrisa amable de Marinela Murillo Queragama, madre de Juan Pablo, Blancalicia, Héctor y Germán, de 18, 16, 15 y 7 años respectivamente. No saluda Lázaro porque está en la Cárcel de Varones de Pereira, “en las mejores condiciones”, según lo señaló Lina María Naranjo, la Defensora del Pueblo de Risaralda en una mesa de diálogo que pronto sabrán por qué se dió.
No saluda, pero sepan que tiene 65 años, y que ellas y ellos son su familia. Sepan que ellas y ellos, que son su familia, eligen palabras en español como “tristeza” y “aburrimiento” para expresar lo que la ausencia de Lázaro les provoca. Sepan que, aunque en las llamadas telefónicas que han logrado sostener, él exprese que está bien, se les hace injusto que esté lejos. Dicen, después de algunos murmullos en Embera, que hay que pelear por su papá y que no tienen miedo; que esperan que vuelva a casa y que ya sabe que va a ser abuelo.
Lázaro nació el 16 de abril de 1960 en el río Andágueda, en la comunidad indígena de Aguasal, Chocó. Su madre, María Petronila, y su padre, Gabriel Bitucay, sobrevivieron trabajando gratuitamente en tierras arrebatadas por terratenientes a su propia comunidad, a cambio de poder tener una pequeña parcela donde asentarse. Fue así que desde niño aprendió las artes de la agricultura y empezó a cuestionarse por los atropellos y violaciones normalizadas contra su pueblo.
Según sus compañeras y compañeros más allegados, durante su servicio en la guardia indígena, Lázaro aprendió a leer y a escribir, y desarrolló un interés profundo por la defensa de los derechos de la población indígena Embera Katío del departamento del Chocó. Fue inspirador, además, del movimiento indígena nacional desde sus inicios, cuando se empezaba apenas a buscar la reivindicación de algunos de los derechos que fueron consagrados en la Constitución Política de 1991 en favor de estas comunidades, como el reconocimiento y protección de sus territorios ancestrales, el respeto y la conservación de su cultura, la educación, la participación y la autonomía.
De manera autodidacta empezó a enseñar lo aprendido a diferentes generaciones, hasta convertirse en uno de los caciques de la comunidad El 16 – Unión Río Playa del municipio del Carmen de Atrato, Chocó, donde llegó a vivir con su familia hace más de cinco años. Allí se dedicó, además, a sembrar piña, plátano, yuca y maíz. Precisamente, en la mañana de ese miércoles 27 de noviembre del año pasado, Lázaro estaba en su jornada habitual de siembra en los alrededores de su casa cuando llegaron por él. Así, sin previo aviso y en razón de vínculos con la guerrilla que tenían reportados, y que son señalados como acusaciones falsas por parte de los voceros de las comunidades indígenas de la zona.
En su informe Hechos Victimizantes y Violaciones de Derechos Humanos a Comunidades Indígenas en El Carmen de Atrato, Chocó, la Jurisdicción del Cabildo Mayor Indígena de Camaica, a la que están adscritas las comunidades indígenas del municipio, señala la captura ejecutada por el Ejército como un falso positivo judicial, estrategia que la fuerza castrense ha utilizado históricamente contra su población para desprestigiar sus luchas y sus movimientos. Adicionalmente, los relatos de la comunidad respecto al evento delatan que, en el intento de sacar a la fuerza al líder social hacia la calle y llevárselo, cuando personas que estaban alrededor se opusieron, los uniformados dispararon en su contra, dejando heridas de bala a dos personas.
Sobre la captura no hubo más información hasta el pasado 15 de julio de 2025, día en el que más de 1.400 personas se encontraron frente al Palacio de Justicia de Pereira para exigir respuestas sobre el caso, tras la declaración de una Minga pacífica que reunió por lo menos a 35 comunidades indígenas del departamento del Chocó y a otras organizaciones sociales de carácter nacional e internacional como la Red de Derechos Humanos del Pacífico Colombiano (Reddhhpac), el Coordinador Nacional Agrario (CNA), el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente Colombiano (MPMSPCOC), la Región de los Dos Ríos, la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (Redher), entre otras.
“Para nosotros como pueblos indígenas de la zona, esta situación significa el quebrantamiento y debilitamiento de nuestro proceso organizativo territorial, porque él es un padre ejemplar que le hace falta al pueblo como mayor de edad Cacique de la zona. Ahorita no tenemos conocimiento claro frente a él, qué avances tiene frente a la acusación. Ha habido audiencias, pero no nos han dado mucha claridad”, expresó Julio Cesar Queragama, vocero del movimiento indígena chocoano.
Las comunidades alegan que es negligente darle dicho trato al caso de Lázaro Bitucay, teniendo en cuenta que el proceso de detención fue irregular porque violó una de las normas más importantes para ellas y ellos: la consulta previa antes de que las fuerzas militares entren a sus resguardos. Una de las exigencias de la Minga pacífica era el traslado del líder indígena al centro de armonización del resguardo Embera Katío en el municipio del Carmen de Atrato, además de pedir la no estigmatización, persecución y criminalización en contra de los líderes indígenas.
“Lo que nosotros esperamos, primero, es que se lleve un tratamiento justo como debería ser con cualquier ciudadano, y más como indígena. Segundo, esperamos que ese proceso se lleve acorde a la Ley indígena, a la Ley propia, porque nosotros tenemos maneras propias sobre cómo proceder con nuestra propia justicia cuando se trata de un miembro de nuestras comunidades. Igualmente, como hay muchas acusaciones falsas, exigimos al Gobierno Nacional y a la fuerza pública que a nuestros miembros y a nuestros jóvenes no los estén utilizando como redes de informantes para señalarles a nuestros dirigentes, porque ya en la zona ha habido estos casos, ha habido esta incidencia de la fuerza pública y eso es lo que nosotros no queremos, que el Estado nos siga utilizando de esa manera. Queremos que tengan respeto porque a quienes están acusando no son guerrilleros”, agregó Julio Cesar.
Esa última frase, escrita también en una de las carteleras, acompañó la movilización a la que fueron llamadas y llamados los funcionarios de la Alcaldía de Pereira, la Personería, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, el Ejército Nacional, el director del INPEC, el juez del caso y la Policía; quienes tuvieron previo acceso, como la mayoría de asistentes, al pliego de peticiones preparado para la jornada, entre las cuales se encontraba la instalación inmediata de una mesa de diálogo, el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra líderes y comuneros indígenas de la zona, la desmilitarización progresiva de los resguardos y espacios ancestrales, la creación de rutas de protección colectiva para las comunidades indígenas con enfoque diferencial y territorial, entre otras.
Siendo las 6:30 p.m. las representaciones de algunas de estas instituciones se encontraron por fin con los 10 voceros y voceras de la Minga. La delegada de la Procuraduría habló la mayor parte del tiempo. Tenía excusas suficientes para justificar su tardanza desde las 9 o 10 a.m. cuando empezaron los acuerdos sobre posibles horarios de reunión. Doce y media, dos de la tarde, tres y media, cinco. Que habían estado gestionado un salón en el piso 15 de no se sabe dónde, cuando se les había dejado claro que la mesa sería en el lugar del plantón y tendría por seguridad a la Guardia Indígena. Que sí habían gestionado agua y baños, pero que estaban en otro parque porque ese no les parecía un lugar adecuado para niñas, niños y mujeres. Que no vinieron más temprano, aunque lo hubieran prometido, porque se estaba exigiendo la presencia de personajes que no estaban en la ciudad.
Habiendo leído el pliego de peticiones, se empezaron a abordar las exigencias una por una. Respecto a la situación de Lázaro, argumentaron que no estaba dentro de su jurisdicción, porque había sucedido en otro departamento, ni dentro de sus competencias, porque al tratarse de un proceso penal nadie más que el abogado y el juez podían interferir. La solución ofrecida fue, entonces, esperar al momento condenatorio que es el único en el que tendrían la oportunidad, dado el caso, de pedir que cumpla su condena con la lógica propia de justicia de su comunidad. “Su autonomía no es absoluta”, dijeron además. Para los funcionarios es gratuito que el líder social esté recluido en un centro penitenciario de otro departamento, porque eso “se decide de acuerdo a los cupos”, para la comunidad indígena fue una acción con claras intenciones de entorpecimiento. Respecto a esto, se comprometieron a interlocutar con sus homólogos en el Chocó, por lo menos, para que se otorgue un Procurador Judicial al caso que haga veeduría e informe a la comunidad sobre el caso.
Frente a las demás peticiones, la delegada de la Procuraduría tuvo otros desfaces. Dijo, por ejemplo, que no necesitaban una comisión que fuera al territorio, como las comunidades lo estaban planteando, para registrar sus denuncias y condiciones reales de vida, porque ella sabía que los indígenas “eran unos tesos manejando el celular”, y por ahí sencillamente podían hacerlo. Evidentemente, desconocía el difícil acceso a servicios básicos como agua y luz, y, claramente, a internet.
La decisión final fue establecer una mesa de interlocución con la presencia de todas las instituciones llamadas, enfatizando en la Unidad de Víctimas, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, que tendrá su primera reunión con los liderazgos indígenas en un plazo máximo de 15 días.
En la conversación se dejó claro que deben ir presencialmente delegados o delegadas con capacidad y poder de decisión para darle solución a las situaciones violentas y victimizantes que han sido documentadas por las comunidades y el movimiento social en el informe final de la Caravana Humanitaria realizada en el Chocó el año pasado.
Así mismo, se exigieron garantías para la no estigmatización y el retorno seguro de todos los procesos que organizaron y mantuvieron la movilización hasta las 9:00 p.m., cuando cerró la discusión. Julián Alvaran Muñoz, vocero del Congreso de los Pueblos, hizo un llamado a mantener en pie la articulación entre los mismos:
“Es muy importante articularnos en estos ejercicios de denuncia, de visibilización de lo que sucede en los territorios contra los liderazgos sociales, indígenas, afros, populares, contra las mujeres, contra los jóvenes, porque no son hechos aislados. Lo que le pasa hoy al resguardo indígena Unión Río Playa no es algo que pasa sólo con ellos, pasa con todos los procesos sociales y populares que estamos construyendo un país para la vida digna, que estamos peleando constantemente, movilizándonos y luchando contra un orden injusto que el modelo capitalista nos impone. Por eso cuando golpean al movimiento indígena, el conjunto del movimiento social debe movilizarse. Cuando golpean a las mujeres, el conjunto del movimiento social debe movilizarse. Porque a quien se persigue en este país, pese a tener un gobierno de carácter progresista, es al movimiento social que lucha por transformaciones estructurales contra este orden”.
Pancartas y ollas fueron guardadas. Buses y carros se dieron vuelta de regreso a Quibdó, El 16, El 18, El 20, Montaña, Eborro, Río Grande, Guayabal, Bella Vista, Alto Bonito, Toldas, Las Palmas, Conondó, Mirlas y demás. “Guardía, guardia, fuerza, fuerza”, retumbó en una ciudad en donde usted puede escuchar que los indios siguen siendo llamados “animales”.
Los diálogos, de todas formas, no garantizaban que no los pare en el camino algún retén de “inteligencia”.
