Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 53)
Por Caribe Investigación
- Violencia en sur de Bolívar
La crisis humanitaria que sufren las comunidades del sur de Bolívar no da tregua. Se intensificó los últimos dos meses ante la inoperancia del Gobierno nacional y la connivencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y el ejército, como han reiterado desde el año pasado la Corporación de Derechos Humanos Jesús María Valle y otras organizaciones sociales del territorio.
La noche del pasado domingo 21 de abril, consternó a la región y el país el asesinato del destacado líder campesino y defensor de los derechos humanos Narciso Beleño, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol), quien en otras ocasiones había sido víctima de amenazas por parte de las AGC y de persecución judicial y estigmatización por parte del Estado.
La muerte de Beleño, registrada en el municipio Santa Rosa del Sur, ocurrió en medio de un contexto de violencia y avanzada paramilitar en las comunidades de esta zona del departamento. “Las comunidades de la zona alta y media del municipio de Cantagallo siguen siendo víctimas de graves violaciones a los DDHH como: retenes ilegales, requisas, desplazamiento forzado, confinamientos y prohibición de realizar sus actividades de soberanía alimentaria”, denunció el pasado domingo en su red social X la Corporación Jesús María Valle.
La Corporación también alertó que “paramilitares del Clan del Golfo asesinan a dos personas y secuestran a líder social en el corregimiento de Micoahumado, municipio de Morales (Sur de Bolívar) como parte del plan de genocidio que se viene perpetrando contra el movimiento social”.
Robert Daza, reconocido senador campesino, se pronunció en X ante la crisis humanitaria que vive la región: “Alarmante situación en San Agustín y Micoahumado, Sur de Bolívar. Paramilitares del ‘clan del golfo’ han sembrado el terror, secuestrando y asesinando a líderes sociales. Ya son 3 días de persecución, exigimos acción inmediata del @mindefensa, @MinInterior, @UnidadVictimas, para proteger a nuestras comunidades. Es deber del Estado garantizar la seguridad y la vida de los campesinos, campesinas, líderes y lideresas”, alertó.
Comisión de Paz
En un comunicado conjunto (N 25) emitido por la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, fue condenado el asesinato de Narciso Beleño, quien también fuera miembro del Coordinador Agrario Nacional – CNA.
“Condenamos este crimen que pone en evidencia la necesidad de reforzar garantías para las organizaciones, movimientos populares y la población civil. En particular, en la región donde fue asesinado las comunidades han denunciado una fuerte y amplia presencia de estructuras paramilitares, que están realizando una nueva incursión desde el 18 de abril”.
Según el comunicado, las partes enviarán una misión al territorio que les permitirá tomar “las decisiones pertinentes”.
“Mientras no se trabaje para encontrar las raíces que causaron el conflicto, nunca va a haber tranquilidad en las regiones”, fue una de las citas que en redes sociales hicieron de Beleño para honrar su trabajo. Ciertamente, mientras no se cambien las condiciones sociales y políticas que originaron el conflicto armado, ni se desmonte la política paramilitar y la doctrina del enemigo interno, seguiremos padeciendo los estertores de la guerra.
- Abogado de las AGC estigmatiza
A propósito de la avanzada paramilitar en el sur de Bolívar y la connivencia con el ejército en esta región del país, queremos resaltar lo expuesto ayer por la Comunidad de San José de Apartadó ante el control territorial y violencia ejercida por las AGC en el Urabá.
“A lo largo de los 27 años de vida que lleva nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó, hemos identificado como nuestro mayor victimario, junto con las instituciones del Estado colombiano, a las estructuras paramilitares que actúan como grupos de civiles armados y que gozan de pleno apoyo, aquiescencia y tolerancia del Estado y de las élites políticas que lo sustentan, lo cual se evidencia, sin dejar ninguna duda, cuando se comprueba la absoluta impunidad de todos sus crímenes”, escribió en su portal la Comunidad de Paz, bajo el título de “Daltonismo ideológico impuesto: recurso extremo del paramilitarismo”.
El escrito resume el trasegar de las AGC en el Urabá, ante la mirada cómplice del Estado, y desmonta las falacias presentadas por esta organización paramilitar en un comunicado reciente con el cual pretenden deslindarse del paramilitarismo autodenominándose Ejército Gaitanista.
No pasaron 24 horas para que el abogado de las AGC, Ricardo Giraldo, escribiera un mensaje intimidante y estigmatizador contra la Comunidad de Paz. Un peligroso perfilamiento que reproducimos textualmente:
“Hay una comunidad de ´paz´ que no es de ´paz´, destila odio, resentimiento. A toda costa lanzan improperios para que no les quiten su falso ´reconocimiento´. Lo más irónico es que sus propias comunidades no los quieren, no los aceptan y se niegan a ser representados por la mencionada ´comunidad de paz´. Harán todo lo posible por desvirtuar cualquier hecho o gesto de paz, claro, y cómo no, se les acaba el negocio”, escribió el abogado en su red social X.
No es la primera vez que el letrado intimida a alguien en esta red social. En marzo pasado, escribió un comentario irrespetuoso e irresponsable acerca de una publicación hecha por el defensor de derechos humanos Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada (PDHAL).
Son los métodos que desde hace décadas reproducen Estado y paramilitares para deslegitimar los movimientos sociales y organizaciones que defienden los derechos humanos. Los que no caben en su modelo de sociedad son perfilados, estigmatizados, perseguidos, judicializados y exterminados física o moralmente.
- Pensamiento en la mira
Continúa la amenaza y persecución contra docentes del Caribe colombiano. El objetivo es el mismo de siempre: frenar y/o controlar el pensamiento crítico y la denuncia social en contra del extractivismo, las desigualdades o la violencia en general.
Al respecto, el defensor de derechos humanos Lerber Dimas escribió lo siguiente: “Asesinaron en los Montes de María al profesor, Luis A. Leones. Hace 20 días mataron en Juan y Mina (La Guajira), al profesor Roberto, y 15 días antes a Guillermo en Fundación. Así va la violencia contra educadores, sin contar hijos de profesores asesinados y 2 que sufrieron atentados”.
Recordemos que durante 2023 se registraron amenazas contra seis docentes e investigadores del Caribe que recibieron panfletos amenazantes, al igual que varios grupos de docentes del departamento del Atlántico. Varias de las amenazas con autoría de las AGC.
¿Recuerdan cuando las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) infiltraron las universidades públicas del Caribe a finales de la década de 1990 y principios de 2000? Perfilaron, amenazaron, persiguieron y asesinaron a docentes, estudiantes y dirigentes sindicales universitarios.
- AGC en Córdoba
La Defensoría del Pueblo alertó la semana pasada sobre el riesgo de expansión territorial de las AGC en el departamento de Córdoba.
Según la Alerta Temprana 011 de 2024, los municipios en peligro por la presencia de las AGC son Chinú, Sahagún, Ciénaga de Oro, San Carlos, Chimá, Tuchín y San Andrés de Sotavento. Afirmó la Defensoría que “hay vulneraciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad y libertades civiles y políticas de los habitantes de los municipios antes mencionados”.
“También la emitimos por la posible ocurrencia de infracciones al derecho internacional humanitario, debido al accionar indiscriminado de grupos armados ilegales, específicamente, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo)”, advirtió ante medios el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Alerta Temprana está acompañada de 17 recomendaciones para el Gobierno nacional y “contienen parámetros de focalización territorial y tiempos de respuesta, como el efectivo acceso a la administración de justicia, la adopción urgente de medidas de prevención temprana y protección apremiante en favor de los grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad, asistencia y atención humanitaria integral”.
- Conquistadores mostrando poder
La captura de uno de los voceros más conocidos de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), César Becerra Gómez (comandante Camilo), provocó todo tipo de especulaciones acerca de la repercusión que tendría este hecho sobre un escenario de diálogos con el Gobierno nacional y la paz en territorio.
Muy lejano a lo que se esperaba, los Conquistadores mostraron fuerza y control territorial al movilizar a más de 2.000 personas desde El Campano hacia Minca (Magdalena) para exigir la liberación de Camilo, con mensajes que mostraban a este comandante como “pacificador” de la Sierra Nevada.
“No es la primera vez que este tipo de controvertidas manifestaciones se realizan, puesto que el 24 de enero de 2024, comunidades de la Sierra bloquearon por horas la Troncal del Caribe para protestar por la captura de Freddy Castillo Carrillo, alias ´Pinocho´, sindicado de ser máximo líder de Los Pachencas”, reseñó el portal samario Seguimiento.co.
Algo que queda claro es que los últimos meses las ACSN insistieron al gobierno comenzar diálogos de paz. La administración Petro ignoró por completo estos mensajes y, más grave aún, ha ignorado el clamor de líderes y defensores del territorio preocupados por el impacto de la violencia en la Sierra Nevada y por la disputa militar entre los Conquistadores y las AGC.
- Pobreza y exclusión
Los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional presentados recientemente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), vuelven a mostrar a la región Caribe como una de las más pobres del país junto con el Pacífico (menos Valle del Cauca).
Tanto el Caribe como el Pacífico fueron las regiones que más le caminaron a la propuesta de Cambio del presidente Petro en las elecciones presidenciales de 2022, sobre todo en la segunda vuelta. Hoy son las regiones más golpeadas por el conflicto social, político y armado y por los índices de pobreza.
Que el Valle del Cauca, Bogotá y Antioquia ocupen los primeros lugares en índice positivo en pobreza multidimensional habla de un país estructuralmente excluyente, centralista. Esto sin mencionar que la región Caribe viene incubando una crisis social sin precedentes por el aumento desproporcional de las tarifas de energía, sin que se asome en el panorama una solución eventual o definitiva.
Si bien el origen de la crisis actual del Caribe por las altas tarifas de energía la encontramos en el régimen especial tarifario aprobado por Duque, apoyado por senadores del Centro Democrático, Cambio Radical y la casa Char, queda en manos del Gobierno decidir una hoja de ruta para proteger los derechos de los ciudadanos caribeños.
Según datos del Dane (2023), en Santa Marta los precios de la energía subieron 35,38 %; en Riohacha, 34,42 %, y en Barranquilla 33,04 %.
“El top 5 de las ciudades con la inflación más alta en Colombia el año pasado solo lo conforman capitales del Caribe: Valledupar (10,69 por ciento), Santa Marta (10,5 por ciento), Montería (10,48 por ciento), Barranquilla (10,35 por ciento) y Cartagena (9,91 por ciento)”, puntualizó un reporte de la Revista Cambio.
Si el Gobierno no atiende esta situación, no solo seguiría atizándose el fuego para un estallido social en el Caribe, como han advertido varios voceros, sino un descontento generalizado tanto en la región caribeña como en el Pacífico de cara a las elecciones de 2026.
- Niños mueren de hambre
“Cada muerte de un niño o niña de La Guajira es un homicidio por omisión, alguien debe responder”, fue la frase lapidaria expresada por el presidente de la Corte, José Fernando Reyes, en el marco de la mesa técnica ‘Diálogo sobre la imparcialidad y la transparencia en el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017”.
Reyes manifestó su preocupación por los “altos niveles de posible corrupción que tienen que ver con la asignación de recursos para el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, donde se ordena al Gobierno nacional, de La Guajira, y los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha, se garantice a los niños y niñas wayuú el derecho al agua potable, seguridad alimentaria y salud”, según reseña del 16 de abril publicada por el Diario del Norte.
- Masacre de Bahía Portete
Pocos medios publicaron una reflexión el pasado 18 de abril sobre los 20 años de la masacre de Bahía Portete, ocurrida en 2004 en La Guajira. Lo que alcanzamos a leer fue un artículo publicado por el Diario del Norte y otro escrito por el antropólogo Weildler Guerra publicado en El Espectador.
Haciendo un ejercicio de memoria histórica y de honra a las víctimas queremos recordar varios elementos de esta tragedia.
Más de 40 paramilitares del Frente de Contrainsurgencia Wayuu de las AUC se trasladaron a Bahía Portete con ayuda de militares del Batallón Cartagena. Durante dos días torturaron y asesinaron a varias mujeres, crimen de lesa humanidad que ocasionó el desplazamiento de más de 490 personas a territorio venezolano.
La noticia se dio a conocer gracias a las denuncias que hiciera el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien brindó ayuda humanitaria a las familias desplazadas y acusó al gobierno de Álvaro Uribe Vélez de desestimar el crimen.
De manera irresponsable, Uribe negó cualquier connivencia entre las AUC y el Batallón Cartagena y aseguró que el desplazamiento fue provocado por enfrentamientos entre clanes wayuu. Lo cierto es que la masacre de Bahía Portete, según testimonios de paramilitares, versiones de la Fiscalía y del Centro Nacional de Memoria Histórica, fue preparada con antelación con el objetivo golpear directamente al núcleo primario de la organización Wayuu: las mujeres.
A pesar del negacionismo del Estado, y gracias al trabajo de apoyo y acompañamiento que la Comisión Colombiana de Juristas les brindara a las víctimas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró en diciembre de 2017 la responsabilidad del Estado por el desplazamiento forzado de 490 personas de la comunidad como consecuencia de la masacre, y ordenó reparar integralmente a las víctimas.
Cuatro años después de aquella sentencia, el Ministerio de Defensa interpuso un recurso de revisión para dejar sin efectos esta decisión. Lo anterior nos permite concluir dos cosas: la impunidad en el país es sistemática. Es el Estado el principal responsable de la tragedia social del país, el principal actor impune del conflicto.
