Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 62)
Por Caribe Investigación
La paz de Venezuela…
Venezuela es un país clave para el proceso de paz colombiano. Desconocer esto significa ignorar el apoyo irrestricto que desde 1990 nuestro vecino le ha brindado al país. El gobierno de Carlos Andrés Pérez fue decisivo para el paso del M-19 a la vida política sin armas; durante su gobierno, Caracas fue sede de una mesa de diálogos entre el gobierno de Gaviria, las FARC-EP, el ELN y una fracción del EPL.
Desde el triunfo de Hugo Chávez en 1999, la apuesta de Venezuela por la paz de Colombia ha sido radicalmente categórica. Venezuela fue país facilitador entre los diálogos de la administración Santos con las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, y hoy es clave en el proceso que se adelanta con el ELN y recientemente con la Segunda Marquetalia.
Con mucho tino, Chávez afirmó en una ocasión que la paz de Colombia no solo era la paz de Venezuela, sino también de la región. Con la misma pertinencia denunció que el Plan Colombia era el instrumento que utilizaría Estados Unidos para profundizar el despojo y la desestabilización tanto en Colombia como en Venezuela. Y no se equivocó, la perfidia fue lo que caracterizó a los gobiernos Uribe-Santos-Duque.
Desde hace poco más de 20 años, Colombia ha sido escenario para la planificación de atentados, sabotajes y operaciones encubiertas cuyo objetivo principal era derrocar al gobierno venezolano. Operación Daktari (2004), atentado con drones contra Maduro (2018), operación Gedeón (2020), entre otros.
El pasado 5 de julio, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a través de un comunicado denunciaron que sectores de la derecha venezolana los contactaron en La Guajira para que los ayudasen a ejecutar varias acciones de desestabilización contra Venezuela. Esto conllevó a que las fiscalías de ambos países llegasen a un acuerdo de cooperación para investigar esta denuncia.
Días después, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso le pidió al gobierno venezolano permiso para entrar a su territorio para identificar fosas de desaparecidos colombianos, cuya responsabilidad directa fue de las AUC.
Colombia se ha convertido en escenario predilecto para la confabulación contra Venezuela. A contrapartida, tanto el comunicado de las ACSN como las declaraciones de Mancuso robustecen y redimensionan el papel de Venezuela como “socio” principal de Colombia en temas de paz.
¿Podría Venezuela convertirse en país facilitador o garante de un eventual proceso de paz con organizaciones paramilitares? Esto sería oportuno, necesario y beneficioso para la paz de ambas naciones, teniendo en cuenta la sistemática violación de derechos humanos en el país y la persecución y aniquilación del tejido social por parte del paramilitarismo, y el no menos importante interés geopolítico de los Estados Unidos para controlar la región.
También se debe considerar la instrumentalización histórica del paramilitarismo para desestabilizar la frontera colombo venezolana, o el crecimiento de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia hacia los ejes Magdalena Medio-Sur, de Cesar-Catatumbo y el norte del país (con miras al corredor fronterizo).
Del proceso electoral que se celebrará en Venezuela los próximos días depende todo lo anterior. La derecha venezolana, por ejemplo, nunca ha calificado positivamente el rol de Venezuela en el proceso de paz colombiano (por razones más que obvias). Parafraseando a Chávez, hoy la paz de Venezuela es la paz de Colombia y la paz de la región.
- Gentrificación, una forma desplazamiento
La gentrificación es un proceso gradual de desplazamiento de sectores populares en zonas de interés urbanístico, turístico o comercial, del cual poblaciones pobres del Caribe colombiano han sido víctimas las últimas décadas. En ocasiones, significa un proceso violento, física o simbólicamente, con participación directa del Estado o con la omisión de éste, como ha teorizado en los últimos años el geógrafo estadounidense David Harvey.
La semana pasada, la W Radio publicó un reportaje para exponer el caso de gentrificación del Centro Histórico de Cartagena. “La reconstrucción urbana que se ha generado en el Centro Histórico, ante el acrecentamiento de la gentrificación, está llevando a residentes al punto de pedir ayuda frente al desplazamiento que aseguran han sido víctimas en los últimos años”, explica el medio. “Afirman que les está cambiando la condición de residente por visitantes, actualmente solo el 12% de los habitantes del barrio Getsemaní son residentes”, precisa W Radio.
“Creo que ningún humano tiene la condición para comprar una casa en Getsemaní, de aquí de Cartagena, ya las casas son de sociedades, porque los costos son elevadísimos, ya son sociedades que vienen de extranjero”, expresó al medio Miguel Caballero, representante del Colectivo Centro Histórico. En resumen, lo que se viene presentando en el Casco Histórico de Cartagena responde a un proceso gradual pero efectivo para desplazar a los originarios habitantes de este importante sector.
Al inicio citamos a Harvey porque la gentrificación se ha convertido en una política de los principales Estados del mundo (principalmente capitalistas) con la finalidad de conseguir recursos, impuestos y el desarrollo de infraestructuras en importantes zonas urbanas. El Caribe no ha sido ajeno a esta política.
Recordemos lo que significa el proyecto Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla. Más allá del costosísimo marketing al que apostó la casa Char para darle legitimidad a este proyecto, de fondo fueron afectadas las poblaciones raizales de la zona. Detrás del ecosistema lagunar, por ejemplo, se construye actualmente una ciudadela de 16 mil unidades habitacionales que acabará con el bosque seco tropical que le proporciona oxígeno a la ciudad.
Todo lo que publicitaron con esa narrativa ecológica, no fue más que una cortina de humo para lograr la ejecución de un mega proyecto de obra civil que desplazó a las comunidades locales y acabará con la biodiversidad de la zona. Gentrificación que desplaza y anula las formas de organización comunitaria y pone en jaque toda forma de vida.
La construcción de la Troncal del Caribe se tradujo en el ecocidio más grande que cometió el Estado en la región, igualmente representó el desplazamiento y empobrecimiento de las poblaciones raizales de la zona y el deterioro de sus economías comunitarias. Ejemplos sobran, lo que quiere decir que la gentrificación en el Caribe colombiano es sistemática. Lo que no han hecho por medio de balas y masacres lo han logrado por medio de “políticas de desarrollo” urbanístico y de infraestructura.
- Desalojos
Se conoció la semana pasada que el antiguo Esmad desalojó violentamente a la comunidad del barrio Pinar del Río, en el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla. “La comunidad denunció que el escuadrón Undmo utilizó la fuerza desmedida y gases lacrimógenos para dispersar a los residentes que intentaban defender sus viviendas”, reseñó El Tiempo.
El concejal de Barranquilla, Antonio Bohórquez, denunció ante el Ministerio del Interior la violencia utilizada en el proceso y calificó la actuación de la Alcaldía y la Policía como “inaceptable”, señaló igualmente que trataron a los habitantes del Pinar del Río “como desechables”.
La misma suerte corren las comunidades wayuu en territorios ancestrales no resguardados de la zona rural de Riohacha, que desde hace dos años han sido víctimas de las órdenes de desalojo ejecutadas por el Distrito con el pretexto de la legalidad, cuando en realidad están resguardando los intereses de la constructora de la Mega Cárcel de la capital guajira y de otras obras urbanísticas y de infraestructura proyectadas para la zona.
No sin razón, el pasado lunes 8 de julio miembros de la comunidad Sumainwayuu (una de las varias comunidades afectadas), se tomaron la Mega Cárcel para denunciar de nuevo que las órdenes de desalojo amparadas por el Distrito socavan los derechos humanos de cientos de familias, de ancianos y niños de las comunidades Villa Fátima, Wayukaso, El Propio Patrón, Patrón 1 y 2, Jarijnamana, Sumainwayuu, Kari Kari, Walinay, Santa Rita y Santa Clara.
En general, son más de 270 comunidades indígenas que viven desde hace 50, 80 y hasta 100 años en territorios ancestrales no resguardados en todo el departamento guajiro. Comunidades que desde hace 16 años vienen luchando para que el gobierno otorgue la titularidad de sus tierras, como es el caso de las más de 21 comunidades asentadas en la periferia de Riohacha.
“La destrucción de su cultura no puede continuar. La construcción de una cárcel en su territorio, ya sea en comunidades resguardadas o no, equivale a destruir su identidad cultural, imponer modos opresivos de sanción colonizada y fracturar sus relaciones sociales, organizativas, productivas y culturales”, posteó el senador Robert Daza en su cuenta X.
La persecución del Distrito a las comunidades wayuu pone de manifiesto otro caso de gentrificación, en el fondo la institucionalidad está al servicio del capital y de los intereses “desarrollistas” en detrimento del derecho a la vida y a la vivienda de comunidades ancestralmente radicadas en los territorios en conflicto.
- La crisis de la energía
La semana pasada iniciaron las mesas de trabajo entre la operadora Air-e y las alcaldías municipales en el Atlántico con la finalidad debatir “alternativas” al racionamiento implementado por la empresa en varios sectores de siete municipios del centro y sur del departamento por la millonaria deuda de $650 mil millones.
De acuerdo con la propuesta, la comercializadora asumiría el 50 por ciento, mientras que las alcaldías el otro 50 por ciento, “monto que deberán cancelar en 16 meses para acogerse al descuento total en la cartera morosa”, según la W Radio.
Son más de 10 mil habitantes que están sometidos a racionamiento eléctrico por no contar con el servicio adecuado de electricidad, lo que la legislación colombiana denomina despectivamente y de forma discriminatoria como barrios subnormales; deberían catalogarse como sectores vulnerables y excluidos, y ser sujetos de derechos especiales para acceder a viviendas y servicios dignos.
Lo que presentan como una solución para evitar el racionamiento del servicio, no es más que el servilismo de los gobiernos locales a favor de las comercializadoras del servicio eléctrico. El racionamiento lo viene implementando Air-e en otras comunidades del Caribe sin ninguna consideración, pero las comunidades le vienen haciendo frente con protestas enérgicas.
En mayo pasado se presentaron dos protestas significativas contra la operadora. Una en Maicao, con la toma de la sede principal de Air-e; y otra protagonizada por comunidades de Carraipía, que se tomaron la planta de tratamiento de agua potable Jordán y dejaron al municipio sin agua por varios días.
La semana pasada habitantes de Uribia protestaron por la medida de racionamiento que comenzará a implementar Air-e a 14 barrios morosos, lo que se traduce en la suspensión del servicio de energía durante siete horas diarias de lunes a sábado a 1.258 usuarios. Esto afectará el servicio de agua potable, que depende de pozos que funcionan con plantas eléctricas.
“La empresa ha decidido retroceder al municipio unos 50 años en el tiempo, cuando solo existía una planta eléctrica y se podía disfrutar de electricidad unas cuantas horas al día”, señaló un usuario al diario El Tiempo.
Más de 200 personas también participaron la semana pasada en una marcha de las antorchas en las calles de Riohacha para protestar contra las impagables facturas de Air-e y la continua suspensión del servicio. Los manifestantes calificaron a Air-e “como un poder dominante ante los usuarios”, según reseñó el Diario del Norte.
Mientras tanto, el Gobierno anunció como un gran logro la reducción de la tarifa de energía a partir de julio tras un acuerdo al cual llegaron el Ministerio de Minas y las operadoras de energía del Caribe, Air-e y Afinia, sin embargo, esta reducción es de apenas 4%, lo que representa la ridícula suma de 50 pesos en promedio.
La crisis de la energía se ha convertido el tema de mayor urgencia para el Caribe colombiano. La solución debe ser alternativa al modelo privado criminal actual, por lo cual la propuesta de crear una empresa pública regional de energía se presenta como la más adecuada para salir de la actual pesadilla y evitar así un estallido social de magnitudes impredecibles.
- Descaro improcedente
Por orden judicial se declaró improcedente la tutela interpuesta por el alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, que buscaba lograr el giro de 231 mil millones de pesos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) para solucionar problemas de agua en este municipio de La Guajira.
Sin duda, una decisión que frena las descaradas pretensiones del alcalde de Uribia, quien quería conseguir los recursos tramitados de manera exprés y de manera fraudulenta por el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y Sneyder Pinilla, a través del Fondo de Inversión Colectiva.
