Aproximaciones a la agenda pública del Caribe (edición 52)
Por Caribe Investigación
- La movilización
La movilización del pasado 11 de abril en contra de las injustas y desproporcionadas tarifas de energía en el Caribe tuvo gran impacto mediático. Aunque en principio la jornada de protesta fue convocada por Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, desde distintos sectores sociales se fueron apropiando de la convocatoria y de los temas objeto de debate.
Ciudadanos de a pie, comerciantes, líderes comunales, dirigentes gremiales, entre otros, se manifestaron en contra del modelo de gestión privatizado de Afinia y Air-e. Sobre todo, protestaron en contra de medidas como el cobro de pérdidas no técnicas por robo (pagada por los usuarios), o el incremento del impuesto de alumbrado público de diciembre de 2023 para los estratos 3, 4, 5 y 6, cobrado en el recibo de la luz. Gabelas aprobadas en plena pandemia por el expresidente Iván Duque.
Dos titulares de prensa de la semana pasada resumen parte de la situación del Caribe: “Indignación en Cartagena por facturas de la luz que llegaron casi al doble”, escribió El Universal. “Tarifa de energía eléctrica dispara inflación en Valledupar: la más alta del país”, tituló El Pilón.
Esto impacta en la vida cotidiana de la gente, que, como se ha repetido los últimos meses, se debate entre comer o pagar la luz. También en la incidencia de las tarifas en los costos de producción de la pequeña industria y del comercio. Aquello de que se está incubando un estallido social no es exageración. Miremos en cifras cómo ha sido el impacto.
El costo unitario del kilovatio hora pasó en marzo de $1.071 a $1.095. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril subió 7,36%, según cifra del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El costo de la energía despachada por Afinia en la costa Caribe representó más de 300% por encima del costo de la vida.
Dirigencia desprestigiada
Vale recordar que la venta de Electricaribe a las empresas Afinia y Air-e no resolvió los problemas estructurales del sistema eléctrico en la región. El trasfondo de esta transacción fraudulenta es de manejo público: la administración Duque les entregó prerrogativas a estas operadoras, maquilló el costo real de Electricaribe, todo con la complacencia y connivencia de la casa Char y Cambio Radical.
Y los manifestantes se fueron en contra de esta dirigencia política tradicional, deslegitimada y oportunista, ya que han pasado meses tratando de desviar la atención con falsas propuestas y señalamientos en contra del gobierno Petro como responsable de la actual situación.
“Pese a la responsabilidad irrefutable de los políticos charistas, la marcha de este jueves no es en contra del alcalde de Barranquilla ni del presidente Petro, ni de ningún partido, como han dejado claro los organizadores. Es un grito de auxilio, y a la vez de rebeldía, de una región unida por una injusticia”, escribió el articulista Juan Alejandro Tapia en La Contratopedia Caribe.
De entrada, Tapia escribe un párrafo lapidario: “Cuando el alcalde de la ciudad más golpeada por el costo del servicio de energía eléctrica en el país, que es, también, una de las más inseguras, saca pecho por una encuesta que le da 85% de favorabilidad mientras sus habitantes están contra las cuerdas por el cobro de la luz y el pago de extorsiones, algo o alguien no anda bien en esa ciudad: quizá el mismo alcalde o los que califican de “excelente” su gestión, quizá los encuestadores o, quizá, todos los anteriores”.
La crisis actual es una oportunidad para replantear cómo se gestiona y se distribuye la energía, y para asegurar que las decisiones tomadas beneficien a la mayoría y no solo a los operadores. Propuestas varias están en el debate. Cambio de modelo de gestión para crear una empresa pública con apoyo del Estado. El nombramiento de los miembros directivos faltantes de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para que esta pueda regular los precios, responsabilidad que recae en el Gobierno nacional. Fortalecer y avanzar en la transición energética y las comunidades energéticas.
- Pánico en Poponte
Cerca de 40 familias campesinas de Poponte, zona rural de Chiriguaná, Cesar, abandonaron sus viviendas y parcelas antes las amenazas para que abandonaran su territorio y la muerte del campesino José Luis Martínez, registrada el pasado 4 de abril. “Son alrededor de 50 familias las que han salido de ese hermoso corregimiento de Poponte atemorizadas, aterradas, buscando proteger sus vidas y la de los suyos. Las calles permanecen solitarias, parecían calles de terror, fuimos hasta esa zona y, más que hacer un Consejo de Seguridad, lo que hicimos fue llevar una comisión humanitaria para que evalúe la situación”, informó a la prensa el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel.
A pesar del pánico, sus habitantes marcharon este fin de semana para exigir paz y reconciliación bajo la consigna “Poponte pide la Paz”. Según cifras de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2015), en el municipio Chiriguaná existía un total de 4.802 personas en situación de desplazamiento y 1.164 personas víctimas de otros hechos.
- Salinas de Manaure: conflictividad y alternativas
Las Salinas de Manaure ha sido el epicentro de una conflictividad de larga data. Conflictividad marcada por la lucha por el control de este recurso vital, luchas por reivindicación salarial y laboral no atendidas, huelgas prolongadas, y amenaza constante de liquidación de la empresa.
Las alternativas para salir del conflicto deben partir del diálogo social tanto con los trabajadores como de las comunidades que viven en torno a las salinas. Que este sea el eje de trabajo de la inversión anunciada por el Gobierno nacional recientemente. Es determinan que se respeten los derechos de las comunidades wayuu, se les incluya en la gestión y beneficios de las salinas como parte de una solución sostenible y justa.
- “El Perijá conversa”
“Perijá Conversa” es nombre de la asamblea celebrada recientemente con campesinos y yukpas en la Paz, Cesar. Se presentó como un espacio de diálogo y reconciliación. Esta actividad contó con la participación del Gobierno nacional y la Universidad Nacional. La colaboración intersectorial puede, y debe, contribuir a la resolución de conflictos y la construcción de paz en territorios donde los pueblos han sido históricamente invisibilizados.
Se debe promover la conversión de la Serranía del Perijá en espacios de defensa del derecho a la vida, esencial para la producción sostenible de alimentos y la garantía de la paz.
- Desnutrición en La Guajira
La desnutrición crónica de niños y niñas de La Guajira no solo impacta en la crisis humanitaria latente del departamento. Es el espejo de la inacción estatal que, desde 2017, no les ha hecho frente a las recomendaciones por la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-302 de 2017.
Según el Instituto Nacional de Salud, durante los primeros tres meses del 2024 fueron reportados en cerca de 649 casos de desnutrición aguda moderada y severa en menores de cinco años en La Guajira (84 % de los casos correspondió a población indígena).
Oportuno que la Corte Constitucional anunciara la semana pasada la revisión de los protocolos institucionales de transparencia en el marco de la Sentencia T-302 de 2017, con el objetivo evaluar las acciones del Estado en función de superar la crisis humanitaria en La Guajira.
La Sala Especial de Seguimiento, reseña el Diario del Norte, establecerá “una ruta eficaz para reportar la información financiera de manera oportuna y adecuada”. Asimismo, se ha señalado la ausencia de un sistema de información que facilite la verificación de las prácticas de las autoridades encargadas de cumplir la sentencia.
Inconcebible que un territorio tan rico, del que se han extraído millones de toneladas de carbón, petróleo y gas durante los últimos 40 años, y que se vislumbra como un departamento clave para el desarrollo de proyectos de energía renovable, siga liderando la lista de los más pobres de Colombia.
- Comunidad LGBTQ+ perseguida
La comunidad LGBTIQ+ del Carmen de Bolívar y de La Guajira ha estado bajo amenaza constante según informes de la organización Caribe Afirmativo. Reseñas de El Heraldo y Diario del Norte indican que los responsables de estas amenazas son grupos armados ilegales, específicamente “Los Ángeles Negros” en el Carmen de Bolívar y el grupo “Conquistadores de La Guajira–Bloque Renacer” en La Guajira.
Estos grupos están promoviendo el “exterminio social” en la región. Existe una práctica sistemática de violencia paramilitar en contra de esta comunidad en La Guajira, Cesar y Magdalena y Bolívar.
La comunidad LGBTQ+ en el Caribe colombiano se encuentra en una encrucijada. Por un lado, hay un movimiento creciente de resistencia y afirmación de derechos; por otro, enfrentan una vulnerabilidad extrema ante las amenazas y la violencia que buscan silenciar sus voces y negar su existencia.
- Los 100 días de Dumek
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se ha caracterizado por venderse en estos 100 días de gobierno como el Mesías de Cartagena. El manejo de la prensa y las redes sociales lo han ayudado, sin duda. Algo parecido a lo que sucede con la casa Char en Barranquilla: mucha publicidad y cero control o contrapeso de la prensa a su gestión.
La Contratopedia Caribe, en un análisis publicado el pasado 9 de abril, indica que en la evaluación de los primeros 100 días existe “un mayor ambiente de optimismo y de percepción generalizada de que en Cartagena las cosas van por buen camino”. Sin embargo, La Contratopedia Caribe y otros medios de la región destacan los siguientes puntos poco claros en esta gestión que se vende bien sobre una realidad que sigue mal:
Hay una percepción generalizada de mejora, pero no se visualizan cambios estructurales en pobreza, desigualdad y hambre. A pesar de las medidas tomadas para restringir la circulación y contrarrestar la prostitución y el consumo de drogas en plazas y sitios turísticos del Centro Histórico, la prostitución continúa siendo visible en otros sectores del Centro.
Con bombos y platillos anunciaron la implementación del Plan de Seguridad Titán 24, aunque la criminalidad sigue siendo alta. Lo peor de este plan es que contará con la asesoría de los Estados Unidos en materia de seguridad (tan desinteresados ellos).
No han entregado información sobre los recursos con los que contrataron maquinaria amarilla para los trabajos de infraestructura durante la primera semana de gobierno. La contratación durante el inicio de su gobierno ha sido mayoritariamente directa. Esto incide en la falta de competencia y oferentes para las contrataciones. Una práctica común de la casa Char. Así como no tiene contrapesos en la prensa, tampoco los tiene en el Concejo. No pinta nada bien su gobierno.
- Cuidado con Venezuela
Los acuerdos energéticos y de seguridad alcanzados durante la visita del presidente Petro a Venezuela dejan un mensaje claro, Venezuela es clave para la transición energética de Colombia. Es una apuesta ganar-ganar para ambos países.
La posibilidad de que Ecopetrol pueda explotar e importar gas en la frontera colombo- venezolana, y petróleo en condiciones de alta calidad, o importar energía eléctrica, significa para Colombia una alternativa viable y rentable para enfrentar distintas dificultades: alto costo del gas importado desde Estados Unidos, oportunidad de negocios para Ecopetrol o estabilidad en el despacho de energía eléctrica, que en la actualidad se torna complicado por la disminución de los niveles de los embalses por el impacto del fenómeno El Niño.
“La balanza de pagos para este año puede alcanzar unos 1.200 millones de dólares de exportación de Colombia hacia Venezuela y 200 o 300 millones de importaciones de Venezuela hacia Colombia”, aseguró Petro en declaraciones a la prensa.
Es tanta la importancia de Venezuela para la economía colombiana, que el mismo presidente Petro afirmó: “Nos ha ayudado a mitigar el déficit comercial abultado que traía el país. Ha sido, digamos, de importancia para la reactivación económica colombiana. Podría ser mucho más si logramos levantar las sanciones”. Sin embargo, al presidente Petro y su gobierno queremos hacerle un llamado. No olviden lo que significa Venezuela no solo por el tema económico y comercial.
Por ejemplo, fue el gobierno de Hugo Chávez el que financió el gasoducto Antonio Ricaurte, hoy desvalijado después de varios años de ruptura de relaciones bilaterales. Fue el gobierno de Venezuela el que acogió a millones de colombianos desplazados las últimas dos décadas, sin ningún tipo de reparo.
Fue el gobierno de Hugo Chávez el que visibilizó y denunció –y atendió desde el punto de vista humanitario- el desplazamiento de la comunidad wayuu de Bahía Portete (La Guajira), cuando el Frente de Contrainsurgencia Wayuu de las AUC incursionó en el territorio en 2004. Por cierto, este 18 de abril se cumplen 20 años de aquella masacre, de la que el Estado colombiano fue responsable por omisión según investigaciones judiciales.
Venezuela ha sido clave como país garante en los procesos de paz con las FARC y el ELN. Por ello, el principio de respeto por la autodeterminación de los pueblos es lo que debe prevalecer en las relaciones. Los asuntos políticos de Venezuela que lo resuelvan los venezolanos. Si este país requiere de nuestra ayuda para abrir diálogos y caminos de entendimiento entre el Gobierno de Maduro y la derecha venezolana, pues que lo soliciten ellos.
El Presidente Petro se inmiscuyó en los asuntos de Venezuela de manera irresponsable al criticar al gobierno de venezolano por la inhabilitación de la opositora María Corina Machado. El gobierno debe evitar caer en agendas ocultas de sectores de la derecha y los medios tradicionales, empeñados en opacar o distanciar a ambos países. Bastantes problemas estructurales tenemos por resolver como para criticar a nuestro vecino, haciendo de adalides de la democracia.
Es claro que existe una campaña mediática nacional e internacional diseñada para deslegitimar a Venezuela y aislarla, más allá de su gobierno (por cierto, criticable por varios asuntos); campaña también dirigida para debilitar o enturbiar el rol de Venezuela como garante en la mesa de diálogos entre el Gobierno y la guerrilla del ELN. Cuidado.
- Congreso Fronterizo colombo-venezolano
Próximamente se estará celebrando en Valledupar el Primer Congreso Fronterizo Internacional Colombo-venezolano bajo el nombre “A revivir nuestra frontera con Venezuela”, según informó el Diario del Norte en un editorial del pasado 12 de abril.
Existe actualmente un ambiente propicio para un evento como este. Aunque no debe girar exclusivamente en torno a los intereses comerciales y económicos de ambas naciones. Son importantes, pero solo un reducido sector se beneficia de ellos.
En las comunidades fronterizas colombo venezolanas se viven realidades muy distintas y contrarias a los planteamientos de las clases dirigentes y empresariales de ambos países. Más allá de lo económico, se deben afianzar las relaciones de fraternidad y solidaridad de ambos países.
Y este mensaje es para ambos gobiernos. Los acuerdos que hasta ahora han logrado no tienen ningún eje real de incidencia en las dinámicas sociales, culturales y de economía popular de las comunidades fronterizas. La economía popular, por ejemplo, es el sustento diario de miles de familias. Debe ser reconocida y apoyada por su contribución económica y por su valor cultural, social y de arraigo.
Cuando ambos países hablen de derechos humanos, movilidad, economía popular, proyectos de atención social, deben hacerlo sobre la base de realidades concretas, permitiendo y alentando canales de participación directa de estas comunidades fronterizas para el diseño de políticas o programas para transformar sus territorios.
